Escribo desde la sede cordobesa de café de las ciudades, en una tarde de calor y calles desiertas, luego de la huelga policial y los actos de vandalismo y saqueo del martes 3 y el miércoles 4 de diciembre. Las preguntas, y sobre todo las desazones, son más abundantes que las certezas. ¿Qué internas y externas políticas esconde el reclamo de una institución policial cuestionada (muy especialmente en las últimas semanas) por su vinculación al narcotráfico y por la facilidad de su gatillo hacia jóvenes y pobres? ¿En qué punto entre el mero lumpenaje y la organización pandillera o directamente mafiosa se puede ubicar a los grupos de saqueadores? ¿Son exclusivamente sectores marginales o excluidos, o incluyen algunas capas de la clase media menos acomodada, como las que algunos amigos identificaron en sus barrios? ¿Cuál es el límite en el que la organización defensiva de vecinos y comerciantes contra los saqueadores mantiene su legitimidad y cuando pasa a liberar y potenciar expresiones de racismo y odio de clase?
Una mujer trabajadora me dijo que en su casa no tuvo problemas porque los ladrones de su barrio “saben robar…”, queriendo decir que robaban supermercados y no las casas de sus vecinos. En de San Vicente dicen haber visto camionetas Hilux entre los vehículos que se llevaban la mercadería saqueada. Según el comunicado de la Biblioteca Popular de Bellavista, “nunca en la historia de los saqueos se dieron características como ahora, de extrema coordinación entre los grupos que accionaron. Tal fue el grado de organización que algunos sitios comerciales gozaron de una especie de extraña suerte. Hiper Libertad, Paseo del Buen Pastor, Patio Olmos, Dinosaurio Mall, no sufrieron saqueos”.
Para la filosofía, Witgenstein tenía un sano consejo: “De lo que no se puede hablar” (de lo que no se sabe), “mejor es callarse”. Para la acción en el mundo, ese principio no sirve. La realidad nos interpela entonces en un punto en que la prudencia no siempre es la actitud más prudente.
Desde la lectura urbana, Córdoba ofrece al menos algunas pistas, si no respuestas. Por ejemplo, “las ciudades dormitorios, satélites o como quiera llamárselas” que menciona el antropólogo Pablo Semán, “bantustanes”, como él decide llamarlas, “segregadas y miserables” en que se deportó a los habitantes de villas erradicadas del centro de la ciudad a principios de este siglo. En una de ellas, Ciudad Evita, se registró una de las dos muertes de esa noche infernal, la del joven Javier Rodríguez.
La contraparte de estas “ciudades de los sueños” fue un desarrollo urbano sin asomos de planificación, que abundó en barrios cerrados o pseudo-cerrados y en torres-fortalezas, supuestos baluartes contra la inseguridad. En Nueva Córdoba, en cambio, el dinero de la soja se tradujo en un barrio denso, próspero y juvenil, cuyo paisaje se vio conmovido por las barricadas anti-motos en la noche que vivimos en peligro. Las grandes obras públicas gestionadas desde la provincia, mientras tanto, no aportaron racionalidad ni equilibrio a ese desarrollo, sino incluso mayor segregación. “Que bien la hicieron con el Centro Cívico”, me dijo irónicamente un joven que participó el mismo martes de la marcha contra Monsanto -otro exponente de época- y había intentado sin éxito acercarse a las oficinas del gobierno provincial. O como señala Inés Moisset, “los programas arquitectónicos develan ideologías: un centro cívico sin espacio para la expresión de la comunidad ya nos dice algo…”.
Oscar Arias, Presidente de Fundación La Luciérnaga (editora de un periódico distribuido por gente en situación de calle), lo señala con precisión: “Hoy se fortalecen los peores liderazgos. El que organiza en la villa como saquear el comercio más cercano, incluidos los más chicos. Y también se fortalece el liderazgo de los que piden mano dura y represión contra los negros de mierda. La realidad parece darle la razón a estos dos bandos. ¿Con que fuerza nos plantamos para seguir reivindicando banderas de tolerancia y convivencia?”. Conocedor del territorio y de sus actores, Arias cuestiona a la vez los argumentos del racismo criollo y la más ingenua, pero no menos falaz identificación del “choreo” con la redistribución de riquezas (una suerte de delirante vía delicuencial al socialismo).
Este nuevo entramado social de excluidos fuori le mura e incluidos encerrados difiere estructuralmente del que generó el Cordobazo de 1969, donde la clase obrera mejor pagada de la Argentina enfrentó y lastimó de muerte a una dictadura militar. Como sostiene el abogado Juan Pablo Ruiz, el proceso de transformación social que se inició en la última dictadura ha impactado en la práctica política: “en el territorio se desarrolló el clientelismo y ahora una versión mucho más perversa, cual es la asociación de estructuras punteriles de los partidos tradicionales con el narcotráfico. Pero lo más grave es el abandono que han hecho los políticos de los grandes partidos, a quienes les gusta llamarse “clase política”, de las banderas de la justicia social. La renuncia explicita y silenciosa de esa dirigencia a la construcción de una sociedad con pleno empleo, con estabilidad en el trabajo y con derechos laborales es la gran responsable de la explosiva situación social”. En otras palabras, el paso del Cordobazo a los saqueos solo se explica por la destrucción del (relativo, modesto, endeble y todos los adjetivos que queramos anteponerle) Estado de Bienestar que la Argentina pudo construir durante largos y convulsionados años del siglo XX, de la mano de la educación pública, el voto secreto y obligatorio, la Reforma Universitaria y las conquistas sociales del peronismo.
En un texto reciente, aun inédito, Fabio Quetglas sostiene que durante el largo ciclo de “los treinta años gloriosos” entre el fin de la segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo se consolidó la idea de que el “efecto redistribuidor” del Estado de Bienestar “constituía un elemento de gobernabilidad del sistema económico capitalista en occidente, y generalmente su arquitectura se fundaba en dos grandes pilares: a) prestaciones de servicios públicos igualitarios, financiados mayoritariamente con el presupuesto público, b) asignaciones económicas directas frente a situaciones específicas”. Como contrapartida, hoy “la desigualdad de ingresos y exclusión son dos fenómenos diferentes, que estamos enfrentando con herramientas políticas inadecuadas. (…) La exclusión, es un fenómeno que excede (y mucho) la desigualdad de ingresos; y por eso no puede resolverse (exclusivamente) con planes de asignación de recursos”. Para concluir: “Tal vez el centro del debate social sea sencillamente ese, como construir economías competitivas y políticas públicas constructoras de ciudadanía hoy. Lo cierto es que el debate está abierto, los dos objetivos indirectos del estado de bienestar son parte de su legado y deben ser recuperados con nuevos y más eficientes instrumentos, no como una rémora del tiempo que perdimos, sino como un desafío por una sociedad más justa”. En ese sentido, los episodios de Córdoba parecieran darnos la razón a los que creemos que no hay ciudadanía ni ciudad posible en el siglo XXI sin reconstitución del Estado de Bienestar.
MC
Sobre Córdoba, ver también en café de las ciudades la sección POSICiones cordobesas y, entre otras, las siguientes notas:
Número 73 | Lugares
Córdoba siempre estuvo cerca… | La ciudad de la Reforma Universitaria y el Cordobazo | Marcelo Corti
Número 73 | Planes y Normativa de las ciudades
Planificación y crecimiento urbano en la ciudad de Córdoba | Acuerdos, disonancias y contradicciones | Celina Caporossi
Número 73 | Historia de las ciudades
Ahí…, abajo, entre los pastos (la Ciudad Docta) | Córdoba en 1825, “forzada a replegarse sobre sí misma” | Domingo Faustino Sarmiento
Número 93 | Planes de las ciudades (II)
Córdoba: lineamientos de un plan | Un nuevo contrato social entre el estado, el mercado y la sociedad civil | Alejandro Cohen
