N. de la R.: Debido a su extensión, publicamos esta nota en dos números sucesivos. Ver la primera parte (Antecedentes, relevamiento, registro y ley) en nuestro número 228, diciembre de 2023.
Cabe señalar que el pasado 21 de diciembre el nuevo gobierno nacional dispuso por Decreto 73/2023/APN transferir “los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha de la Secretaría De Integración Socio-Urbana” al Ministerio de Infraestructura, ahora con rango de Subsecretaría dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
¿Cuál es la situación actual de los barrios populares en Argentina?
Actualización del RENABAP
El relevamiento de barrios populares es un trabajo que se ha mantenido en constante desarrollo y actualización luego de la institucionalización del RENABAP. En 2021 se realizó un nuevo relevamiento, que extendió el rango demográfico y temporal, ampliando el registro a aquellos barrios conformados hasta el 31 de diciembre de 2018, a la vez que se rastrillaron las localidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes. Como resultado de este proceso el RENABAP quedó conformado por un total de 5.687 Barrios Populares y alrededor de 5 millones de personas.
En total, los barrios populares ocupan una superficie territorial de más de 590 km2 (similar a la superficie de tres veces la Ciudad de Buenos Aires). Sólo el 19,5% tiene una alta densidad poblacional y una trama urbana tipo laberinto (lo que comúnmente se denomina villa) mientras que el otro 80,5%, poseen una densidad poblacional más baja que las “villas” y una trama definida (usualmente denominado asentamiento).
El RENABAP observó que las provincias que albergan la mayor cantidad de barrios populares del total del país son: Buenos Aires (34%), seguida por Santa Fe (7%), Misiones (7%) y Chaco (7%). Las provincias con mayor porcentaje de la población viviendo en barrios populares considerando los datos del último censo realizado en el 2022 son: Misiones (11%), Chaco (12%) y Formosa (11%).
Mapa de barrios populares distribuidos por provincias.
Fuente: Secretaría de Integración Socio Urbana (Informe de Gestión, 2022)
En relación con la infraestructura y acceso formal a los servicios básicos: el 66% no cuenta con acceso formal a la energía eléctrica; el 90% no accede formalmente a una red de agua potable; el 97% no posee sus viviendas conectadas a una red cloacal; y un 99% no cuenta con acceso a conexiones de gas natural, prácticamente ningún barrio cuenta con ese servicio.
En cuanto a la antigüedad de los barrios, el 55% son anteriores al año 2000 y el promedio general es de 28 años. El 21,7% existe desde hace más de 43 años, mientras que el 28,5%, entre 43 y 24 años. Es decir, más de la mitad de los barrios (50,2%, información suministrada por el RENABAP en base a datos de 4.416 barrios) están expuestos desde hace un cuarto de siglo a situaciones de precariedad –esto significa que, casi todos los habitantes de los barrios podrían obtener el título en sentido instrumental (las herramientas jurídicas avalan este proceso), ya que sus habitantes construyen no sólo sus casas, sino también sus barrios y con poca ayuda del Estado.
En términos de titularidad de los inmuebles, los datos indican que la mayoría de quienes residen en los barrios no cuentan con título de propiedad o contrato de locación sobre el inmueble que habitan. Respecto a la situación dominial, un 70% de las parcelas de los barrios son de dominio privado, en tanto, un 30% son de dominio público.
Por otro lado, un fenómeno muy extendido, sobre todo en los barrios populares, es la feminización e infantilización de la pobreza. Los cuidados y las responsabilidades sociales en el barrio recaen predominantemente en las mujeres. Un 73% de ellas son responsables de hogar y el 92% de los hogares monoparentales están a cargo de compañeras. La brecha de género también se extiende al ámbito laboral y es más significativa en barrios populares, donde sólo el 40% de las mujeres perciben remuneración por su trabajo y solo el 10% del total lo hace en blanco. Por otra parte, la infantilización de la pobreza en los barrios populares es un 15% mayor que la media nacional. La pobreza de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 24 años representa un 41% en Argentina, mientras que en villas y asentamientos alcanza a un 56% de la población.
[…] el 66% no cuenta con acceso formal a la energía eléctrica; el 90% no accede formalmente a una red de agua potable; el 97% no posee sus viviendas conectadas a una red cloacal; y un 99% no cuenta con acceso a conexiones de gas natural
La infraestructura vial y peatonal, esencial para el desarrollo de la vida diaria, es significativamente deficitaria en estos barrios: el 71% de ellos no cuentan con ninguna calle asfaltada y el 57% tampoco dispone de veredas. El acceso limitado a esta infraestructura impacta en la movilidad cotidiana de las familias, sobre todo en momentos de emergencias sanitarias, situaciones de riesgo o inundaciones, entre otras contingencias.
En los barrios populares, el 87,5% de la población utiliza principalmente centros de salud y hospitales públicos, sin embargo, el 33% de los barrios no cuentan con centros de salud u hospitales a menos de 5 kilómetros. A su vez, el 57% de los barrios cuenta con espacios de salud a una distancia de entre 1 y 5 km; y sólo el 9% de los barrios cuenta con un espacio de salud a menos de 1km o en el perímetro.
El acceso a espacios educativos también presenta un panorama deficitario. El 63% no cuenta con guarderías a menos de 1 km del polígono del mismo y el 29% no tiene un jardín de infantes en un radio similar. En el 73% de los barrios hay escuelas primarias ubicadas a una distancia menor a 1 km, pero sólo el 6% de los barrios tiene un establecimiento de este tipo dentro del polígono. En cuanto al nivel secundario, la situación es similar, ya que el 57% de los barrios cuenta con escuela en las cercanías del mismo, pero sólo un 4% posee una escuela con oferta de nivel secundario, dentro del polígono.
Para analizar los factores de riesgo ambiental a los que está expuesta la población de barrios populares, se realizó una muestra sobre 1.001 barrios populares del Gran Buenos Aires y se registró que en más del 86% se identifica al menos un factor de riesgo. Entre el universo estudiado, los factores de riesgo con más presencia son: la inundabilidad por precipitaciones (61%), la cercanía a sitios de disposición de residuos (52%) ya sea basurales, microbasurales o desechos industriales y la existencia de cuerpos y/o cursos de agua linderos (43%).
La falta de acceso a servicios, las dificultades en la movilidad y el transporte, la ausencia de equipamiento urbano y comunitario, en su conjunto, traen consigo mayores complejidades en la gestión de la vida cotidiana en barrios populares.
La consolidación de una política de Estado
En diciembre de 2019, con el cambio de gestión y contra todo pronóstico, Fernanda Miño se convirtió en Secretaría del Estado Nacional, asumiendo la conducción de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU; ver N. de la R. al comienzo de esta nota). Por primera vez, una mujer villera pasó a liderar la política de integración de los barrios populares, junto a un equipo que, desde el 2016, viene trabajando incansablemente en un proyecto sólido que busca transformar las demandas en soluciones reales. Fernanda comenzó su militancia como catequista en su barrio, La Cava. Tuvo una importante participación en espacios comunitarios y fundó el espacio de niñez Enbarriarte, desde donde participó en redes locales que luchaban por la integración socio urbana. En 2017 fue elegida como concejala de San Isidro por el Frente de Todos y formó parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares.
La implementación de un proyecto estratégico de estas características ha sido una tarea compleja. Por un lado, implicó conmover y transformar lógicas burocráticas muy asentadas en el funcionamiento del Estado. En este sentido, avanzamos en un marco para llevar a cabo acciones inéditas que la política pública no había podido garantizar hasta el momento: el desarrollo de obras de integración urbana en tierras con declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación; la creación de dispositivos legales para garantizar el acceso formal a servicios básicos y otros derechos; y la aceleración de procesos administrativos para garantizar derechos a partir de la declaración de la emergencia sociosanitaria y habitacional en barrios del RENABAP; entre otros aspectos inéditos.
Además, conseguir la efectividad de este plan requirió de una fuerte participación de los Estados provinciales y municipales, en el marco de una articulación inédita con los sectores populares y la comunidad organizada en los territorios.
En medio de estas complejidades fue necesario pensar propuestas que fueran capaces de revertir las lógicas neoliberales que han despojado al Estado de herramientas esenciales para la planificación estratégica de políticas públicas. La recomposición del tejido social a partir de un plan que aborde los problemas habitacionales y territoriales de manera efectiva debe sustentarse en una agenda integral basada en los ejes de Tierra, Techo y Trabajo, y así garantizar la justicia social que el mercado y los grupos de poder le han arrebatado a los sectores populares. Esto significa un Estado activo, implicado en un plan de largo aliento.
Para abordar el problema estructural de la informalidad socio urbana fue clave incorporar las acciones y programas que venían desarrollando los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. El desarrollo de la política de integración socio urbana desde el Estado resultó en la ejecución de propuestas marcadas por una hoja de ruta clara y planificada. Así surgió una política de naturaleza popular, que emergió desde y para el barrio y creció exponencialmente.
A través de la política de la SISU, el Estado ha recobrado un rol dinamizador, financiando obras de infraestructura sobre suelo disponible en Provincias y Municipios; adquiriendo tierras a privados; refuncionalizando tierras ociosas de otros organismos del Estado Nacional o financiando a organizaciones con experiencia en el desarrollo comunitario para la construcción de barrios sustentables, con el objetivo de recomponer el deterioro de los lazos sociales en las comunidades excluidas.
Quizá hay dos acontecimientos que en el último tiempo explican el crecimiento y consolidación de la política de integración socio urbana. Por un lado, la sanción de la Ley 27.453 de Barrios Populares, en 2018, y su correspondiente reforma en 2022; por otro, la creación y operacionalización del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Con respecto al segundo hito, toda planificación, sin un debido impulso financiero, es letra muerta. La política de integración de la SISU cuenta hoy en día con el financiamiento de Fondos Federales y un Préstamo Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero fue recién desde los primeros días de 2021, cuando se puso en funcionamiento el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), su principal fuente de financiamiento, que logró el crecimiento significativo en la capacidad operativa. Esto implicó un salto exponencial en el desarrollo de las obras generales de infraestructura, lotes con servicios para el desarrollo de nuevo suelo urbano, mejoramiento de viviendas e integración social y productiva, obras de integración que hoy superan las mil activas o finalizadas.
El inicio de la gestión de la SISU estuvo marcado por un panorama global complejo, la pandemia. Este hecho cristalizó las profundas desigualdades y vulnerabilidades que viven día a día los compañeros y compañeras de los barrios populares. Los riesgos asociados al déficit de servicios básicos y condiciones de hacinamiento aumentaban las posibilidades de contagio y, a su vez, se mostraban como una condición básica para la supervivencia de las familias. Esto llevó a que la SISU, durante sus primeros años de gestión, priorizara proyectos de emergencia para morigerar los efectos más críticos de la pandemia (Secretaría de Integración Socio Urbana, 2021).
A pesar de las limitaciones de la coyuntura descrita, se iniciaron proyectos de obras a nivel nacional que abarcaron un total de 8 provincias, ejecutando el 100% del presupuesto destinado. En la actualidad, esta tarea no ha descansado y se consiguió llegar a todo el país, ejecutando obras de infraestructura y servicios en 23 provincias y la CABA, impactando en un 95% de los barrios que componen el RENABAP hacia finales de 2022. Para fortalecer el avance y consolidación de esta política se cuenta con equipos territoriales con presencia en todas las provincias, estos son transversales a las distintas áreas, acompañan y orientan la implementación de todos los proyectos de integración.
Abordar el problema de la informalidad urbana en términos estructurales implica que los programas se centren en la integración urbana y se amplíen a otras áreas, como la integración social y productiva, con impulso a la economía popular –entendiendo que sus trabajadores y trabajadoras son quienes pueblan, mayoritariamente, los barrios en proceso de integración– y sus necesidades también deben ser contempladas y alcanzadas con las políticas del Estado en el territorio. Estas líneas de trabajo se complementan y se posicionan como una respuesta articulada a un problema mayor de base, la distribución desigual de la riqueza y la precarización y exclusión de millones de personas.
En el Master Plan y en el Plan de Integración Socio Urbana se había previsto la participación de las entidades asociativas de la economía popular para legitimar y reivindicar una nueva forma de trabajo que han ido adoptado compañeros y compañeras de las cooperativas, quienes, al quedar fuera de los mercados formales, buscan nuevos marcos de dignidad para el desarrollo de las actividades que garantizan su subsistencia. Este círculo virtuoso entre la integración socio urbana y la puesta en valor del trabajo de las entidades asociativas de la economía popular ha permitido, en el último tiempo, articular los procesos de integración socio urbana con el problema del desempleo y la informalidad laboral en los barrios, apostando a la reactivación de las economías barriales.
Las organizaciones de la economía popular se transformaron en un pilar fundamental para garantizar la capilaridad de la política de integración. Actualmente, más de la mitad de los proyectos (56%) son ejecutados por estas entidades, dando cumplimiento directo al artículo 12° de la Ley 27.453 y permitiendo dinamizar la actividad económica de los barrios populares y la participación efectiva de los vecinos y las vecinas en las obras, desde su diseño a su ejecución. El resto de los proyectos son ejecutados a través de unidades gubernamentales (provincias o municipios), en cuyos convenios también se exige la adjudicación de al menos un 25% de las obras del proyecto a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular.
El impulso social y productivo en los barrios también se consolidó con la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Cooperativas (RENOCIBP), un registro público de entidades de la economía popular que desempeñan actividades vinculadas a la integración socio urbana, mejoramiento del hábitat e infraestructura social, con capacidad de ejecutar proyectos en barrios populares a nivel federal. Las entidades inscritas pueden ser contactadas por Provincias, Municipios y Unidades Ejecutoras, quienes acceden al listado oficial del ReNOCIBP, estimulando la agilidad y transparencia en los procesos de contratación y el cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Barrios Populares.
[…] se cuenta con equipos territoriales con presencia en todas las provincias, estos son transversales a las distintas áreas, acompañan y orientan la implementación de todos los proyectos de integración.
En simultáneo al impulso financiero dado por ejecución del Fideicomiso, que permitió el crecimiento de las obras y la capacidad operativa de la Secretaría, la oficialización de la actualización del ReNaBaP permitió ampliar el rango de llegada de la política, cuya escala y extensión territorial aumentó significativamente. El trabajo permanente del RENABAP hace posible que el Estado cuente con más y mejores datos sobre la población de barrios populares. Los barrios incorporados al registro, además, tenían que ser integrados y quedar bajo el amparo de la Ley, en el marco de un proceso de reforma que tuvo lugar en octubre de 2022 y que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Ese año, nuevamente gracias a la movilización de la comunidad organizada, la realización de asambleas, mesas de trabajo, entre otras iniciativas, el proyecto de reforma de la Ley de Barrios Populares consiguió una sanción histórica, cosechando por segunda vez el consenso nacional de todo el arco político.
Dos hechos marcaban la necesidad apremiante de reformar la Ley: por un lado, en octubre de 2022, vencía el plazo de 4 años de suspensión de desalojos; por otro, era necesario incorporar a la Ley el anexo resultante de la actualización del ReNaBaP. El notable impulso dado por la comunidad organizada en la Mesa de Barrios al debate por la reforma permitió un amplio respaldo de las dos cámaras del Congreso que finalmente aprobó el proyecto:
- Reconociendo la ampliación del Registro Nacional de Barrios Populares, oficializando los 5.687 barrios RENABAP.
- Garantizando un marco normativo favorable para que los hogares puedan soportar la tarifa de los servicios básicos.
- Declarando la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares del RENABAP, por dos años.
- Prorrogando la suspensión de desalojos por 10 años.
- Incorporando la perspectiva de género como criterio de prioridad en la titularidad de las viviendas.
Entre los aspectos centrales de la reforma, se destacó, además, la novedad de incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad en la titularidad de las viviendas. La feminización e infantilización de la pobreza son fenómenos de creciente impacto social que se agravan en el cruce de las desigualdades y precariedad sociales existentes. Las mujeres representan más del 50% de la población de barrios populares y, según los datos de los relevamientos de viviendas familiares del RENABAP, son las principales responsables de los hogares, tanto biparentales como monoparentales, siendo las titulares del 73% y el 92% de ellos, respectivamente.
Una de las herramientas más importantes desarrolladas tras el relevamiento de barrios fue el Certificado de Vivienda Familiar (CVF), que permitió que durante estos años las familias puedan acreditar la posesión de la vivienda y acceder a los servicios básicos, además de efectivizar el derecho a la permanencia en sus hogares. Garantizar la titularidad de las mujeres en los CVF permitirá priorizar y reconocer el lugar y rol protagónico de las mujeres en los barrios, necesidad desde primer orden que quedó plasmada en la reforma de la Ley.
En este mismo sentido, durante estos años de gestión, se diseñó otra política con perspectiva de género e impacto multidimensional en la vida de las mujeres y sus familias: la Línea Mi Pieza. Esta brinda asistencia económica a las mujeres que residen en barrios populares y cuentan con un CVF vigente. El objetivo principal es darles la posibilidad de mejorar, refaccionar y ampliar sus hogares, reduciendo el déficit habitacional y el hacinamiento, mejorando las condiciones sanitarias y con ello, la calidad de vida de las beneficiarias y sus grupos familiares. Hacia el cierre de 2022 eran más de 736.000 las personas beneficiadas por esta línea. No existen numerosos ejemplos de una política de estas características, en la que son las mujeres quienes protagonizan los procesos de integración socio urbana.
Mi pieza, además, devino en una política con un impacto destacado más allá de los aspectos de género. Otro de los elementos fundamentales de esta línea es su efecto dinamizador de las economías barriales, ya que la mayoría de las beneficiarias compró materiales de construcción en comercios de cercanía y contrató mano de obra del barrio, generando un círculo virtuoso en el que las obras tuvieron significativo impacto productivo en la economía local (ODSA- UCA, 2021).
En otro orden de cosas, uno de los mayores desafíos de la política de integración socio urbana fue y sigue siendo el problema del acceso al suelo y la regularidad dominial de las tierras, garantía de seguridad en la tenencia para las familias. En los últimos años, se impulsó y fortaleció la cobertura del Certificado de Vivienda Familiar, que ya alcanza a más del 69% de las unidades familiares de barrios populares. Además, se está trabajando en la ampliación de los derechos y garantías asociados a este dispositivo, con la incorporación del Código Barrial, que mejora la precisión cartográfica, permite la transferencia de Certificados y la registración de alquileres. A lo que se sumó, recientemente, el despliegue de otras herramientas, como la mediación barrial; mediante la introducción de este dispositivo se busca la gestión no confrontativa de los conflictos entre vecinos y vecinas.
Durante estos 3 años de gestión, la Secretaría alcanzó con políticas públicas a segmentos de la población a los que el Estado no había llegado antes. Los resultados son un logro colectivo, ya que, si bien la Secretaría ha proporcionado capacidades técnicas e institucionales en el desarrollo del Máster Plan, estos logros no serían posibles sin la Mesa Nacional de Barrios Populares y la participación de la comunidad organizada. Se trata de avances importantes en un camino mucho más extenso, que se profundiza a medida que crece el proyecto de integración.
De esta forma, el trabajo de la SISU reconoce el potencial creativo de los barrios en la respuesta a problemas que el Estado no había sido capaz de resolver, ya sea por falta de voluntad o déficit en la planificación y ejecución de las políticas. El Estado está llamado a potenciar la capacidad organizativa del pueblo trabajador, que protagonizó y mantuvo viva la agenda de integración de los barrios populares y de la economía popular, marco de subsistencia a la mayoría de las familias que habitan en ellos.
El hecho de asumir la conducción de la política de integración socio urbana desde la gestión pública ha sido una oportunidad para demostrar a las cúpulas políticas tradicionales que existen nuevos caminos para trabajar en la ampliación de los derechos de todas y todos los compañeros. A veces, hace falta pensar por fuera de los paradigmas heredados y aprender de los procesos de organización popular, apostando a cambios estructurales que se asienten en la planificación y la cogestión con la comunidad, los movimientos y organizaciones sociales.
Desafíos
La gestión de la SISU ha logrado convertirse en una de las pocas políticas públicas capaz de resolver la pobreza estructural de la Argentina, ya que trabaja en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares, considerando el trabajo existente en cada uno de esos territorios y sosteniendo las redes existentes al interior y al exterior. La implementación de esta política ha vislumbrado una serie de desafíos que permitirían garantizar su viabilidad en el tiempo: acceso a los servicios básicos, sostenibilidad de la política de integración socio urbana y lotes con servicios.
Entre los desafíos resulta prioritario efectivizar el acceso a los servicios a todas las familias. Frente a un escenario social y político cambiante, las dificultades y limitantes son crecientes; durante estos años hemos tenido un vínculo complejo con algunas prestadoras, es indispensable fortalecer y dinamizar el espacio de diálogo, junto a la articulación con otros organismos que aún se mantienen reticentes frente al avance de la integración socio urbana en los barrios. Se debe buscar acuerdos políticos que pongan en el centro de la escena el mejoramiento en la calidad de vida de los sectores populares.
Por otra parte, para continuar y profundizar lo desarrollado hasta ahora, se requiere de fuentes de financiamiento que sean permanentes. Se debería garantizar un presupuesto que sea permanente, puesto que parte de la financiación actual del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) provienen de impuestos extraordinarios (ingresa un 9% del Impuesto PAÍS y un 15% por única vez del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas). Es necesario garantizar el financiamiento público permanente para la ejecución de los programas y la completa integración de todos los barrios populares.
Finalmente, cuando hablamos de desafíos y proyecciones de la integración socio urbana, resulta clave tomar lo que plantea Grabois (2022), puesto que, si esta política “depende de los vaivenes políticos, y muy particularmente no se crean lotes nuevos para las nuevas familias que se van formando, no hay posibilidad de sacar al país adelante y proteger el futuro de su gente”. Es por esto, que, en anticipación a la lógica de la necesidad, es preciso prever el acceso al suelo, generando lotes con servicios que sean habitables y de calidad para todos y todas quienes demanden tener un lugar para habitar.
Regularización dominial
En el año 2018 se lograron las condiciones para la mayor expropiación en la historia de nuestro país, que incluyó todo el perímetro de la tierra donde se asientan los barrios populares. A partir de allí, el trabajo desarrollado principalmente en los últimos años para efectivizar las expropiaciones ha dado resultados exiguos, ya que existen fuertes limitaciones de todo tipo; la falta de concordancia entre diferentes normativas y procedimientos burocráticos, constituyen un escenario donde predomina la fragmentación administrativa. Para continuar con el proceso actual se requiere de una multiplicidad de actores y factores técnicos, jurídicos, políticos, económicos y administrativos y principalmente a través de la creación de un marco normativo específico que nos permita avanzar con la compra masiva de los barrios populares en manos del FISU. Debe existir una estrategia que tenga en cuenta la necesidad de planificar el pasaje del dominio de los inmuebles donde se asientan los Barrios Populares al FISU.
En paralelo nos hemos abocado fuertemente a crear e implementar instrumentos normativos y herramientas novedosas para garantizar la seguridad en la tenencia. Recuperamos y formalizamos, a través del Código Barrial, la falta de reconocimiento formal y/o regulación legal de las relaciones sociales que se desarrollan en los barrios populares, en tanto prácticas cotidianas en torno al acceso a la vivienda, como, por ejemplo, las compraventas, alquileres, préstamos, sucesiones, entre otros, los que generaban mayores niveles de incertidumbre y de inseguridad en la tenencia de sus habitantes.
De esta manera, para resolver los conflictos de la seguridad en la tenencia en los barrios, desarrollamos y dimos vida a este código específico, a nivel normativo, dirigido a promover y generar pisos de seguridad en el acceso y tenencia de la tierra en manos de vecinos y vecinas de los barrios y comunidades que residen en ella. Con esto queremos lograr, que las competencias de herramientas como el CVF y la capacidad de registración del RENABAP se puedan ampliar, permitiendo, por ejemplo, la transferencia del certificado, y el registro de alquileres. El desafío hoy radica en lograr que la capacidad del código barrial proyecte su masificación a nivel nacional.
Actualización del RENABAP
El trabajo del RENABAP confirma que las lógicas del hábitat son dinámicas y que la histórica falta de planificación y los programas focalizados han impedido cubrir la demanda de tierras y viviendas. Los polígonos crecen y surgen nuevos barrios permanentemente. Con el objetivo de poner en pie de igualdad a todas las y los habitantes del país es necesario que la actualización de barrios populares resulte permanente. Por otra parte, resulta necesario incorporar nuevas tipologías de hábitat popular e informalidad habitacional a las existentes, ya que únicamente se incluyen las denominadas villas y asentamientos; sin embargo, la irregularidad dominial, el déficit en el acceso a los servicios básicos y la precariedad habitacional no son atributos exclusivos de las villas y asentamientos. Ejemplo de ello son las viviendas colectivas populares más conocidas como conventillos o los conjuntos habitacionales degradados.
Creación del Consejo Federal para la Integración socio urbana
Uno de los desafíos actuales es avanzar en la institucionalización federal de la política pública de integración socio urbana. Para ello es fundamental crear un Consejo Federal de Integración Socio Urbana, que incluya a todas las provincias. Este Consejo deberá tener como finalidad garantizar la integración socio urbana de barrios populares en todo el territorio nacional y la implementación efectiva de la Ley 27.453, constituyéndose en un ámbito de articulación de políticas de integración socio urbana en los distintos niveles jurisdiccionales. De esta manera, cada Provincia tendrá una clara Unidad Ejecutora responsable de implementar los proyectos en su territorio y formará parte de un esquema nacional con articulación con todos los actores.
Desafío a corto plazo. Actualización del Master Plan
Adicionalmente, resulta necesario avanzar en la actualización del plan de Integración Socio Urbana (apostando a la proyección de la política hacia los próximos años), que cristalice la conformación de un consenso de todos los actores implicados, desde la Secretaría hasta el Consejo Federal, pasando por actores locales y la comunidad organizada. El plan debe ser viable y contemplar las obras estructurales para la completa integración urbana de los barrios. Además, es necesario trabajar en el mapeo del crecimiento poblacional de los barrios para poder proyectar la extensión de suelo necesario y así reducir el déficit habitacional. Este plan es una cristalización del acuerdo alcanzado intersectorialmente y entre todos los niveles de gobierno y permitirá la institucionalización y sostenibilidad de la política de integración socio urbana en el futuro.
Recuperamos y formalizamos, a través del Código Barrial, la falta de reconocimiento formal y/o regulación legal de las relaciones sociales que se desarrollan en los barrios populares, en tanto prácticas cotidianas en torno al acceso a la vivienda
La generalidad nos pone como desafío principal que la integración socio urbana sea una política que, además de consolidarse, esté al servicio del pueblo y se mantenga fiel al espíritu del trabajo articulado entre vecinos, vecinas y técnicos, con las organizaciones y el Estado, con arraigo y conciencia barrial. Sin esta base es difícil imaginar la sostenibilidad de la política en el largo plazo. En este sentido, resulta necesario fortalecer a la comunidad organizada en la Mesa Nacional de Barrios Populares, potenciar la participación de la economía popular en las obras de sus propios barrios y siempre trabajar con los vecinos y las vecinas de los Barrios.
Conclusiones
La política de integración socio urbana, desde su planificación hasta su ejecución, fue un trabajo articulado con la comunidad. En ello consistió su principal fortaleza y lo que permitió, en última instancia que el Estado sea capaz de abordar parte de las innumerables problemáticas a las cuales, durante décadas, diversos programas o políticas no habían dado respuesta. Logró dinamizar procesos que mantenían esquemas de trabajo exclusivamente orientados por el saber técnico y la tradición política. Permitió al Estado nuevas formas de orientar y gestionar una problemática compleja, como es la informalidad urbana.
Desde el primer relevamiento hasta la consolidación de la política de integración socio urbana como política de Estado, quedó demostrado que, para aprovechar todas las capacidades estatales, es indispensable poner foco en soluciones estructurales, que plantean respuestas a los problemas más urgentes desde los territorios.
También resulta indispensable seguir contemplando a la economía popular como un sector clave para la ejecución de la obra pública en los barrios populares. Hay que darle continuidad al involucramiento de vecinos, vecinas y unidades productivas en los proyectos a ejecutar en el barrio. La contratación de mano de obra vecinal no es un aspecto anecdótico, sino al contrario, esencial para promover la integración social y productiva, puesto que la economía popular tiene una productividad barrial que fortalece el tejido social y el círculo virtuoso del desarrollo de la economía local.
Lograr la integración socio urbana de todos los barrios populares requiere de desafíos futuros y de la voluntad de todo el espectro político, ya que la tarea necesariamente trasciende una gestión de un gobierno, requiere de un compromiso político sostenido, de inversión pública y de la inclusión de todos los actores con especial foco en garantizar la participación de vecinos y vecinas en el diseño y ejecución de los proyectos. Solo así lograremos que se conviertan en realidad los deseos de una Argentina con tierra, techo y trabajo para todas y todos.
FGM
Ver la primera parte (Antecedentes, relevamiento, registro y ley) en nuestro número 228.
La autora es contadora (UBA) y abogada (Siglo 21). Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Buenos Aires, Argentina.
Sobre la Ley 27.453 hemos publicado las notas Asentamientos populares, entre la regularización y la nada, de María Cristina Cravino, Un paso necesario hacia una sociedad más integrada, de Fabio Quetglas, La reglamentación de la ley de barrios populares, de Marcelo Corti, y Esperanzas y cuentas pendientes de la integración socio-urbana de los barrios populares, de Santiago Chudnovsky. Ver también la nota La regularización de asentamientos y villas, de Marcelo Corti en El Estadista.
Sobre el financiamiento del programa, ver Subsidiar energía o urbanizar barrios populares. ¿Es posible este debate en Argentina?, por Marcelo Corti, y ¿Cómo financiar a escala la integración socio urbana de barrios populares? Hacia una solución sistémica para una verdadera política de Estado, por Sebastián Welisiejko.
Una experiencia concreta: Que el mundo que queremos llegue antes. Nuevo Alberdi: historia, aprendizajes y desafíos de la urbanización más grande de Argentina, por Alejandro Gelfuso y Caren Tepp.
Los curas villeros son un equipo de sacerdotes para la pastoral en las villas de CABA y GBA. Llevan más de 50 años trabajando desde los valores evangélicos en la cultura del encuentro. El Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires fue fundado en 1969, buscando una mayor inserción en el pueblo pobre trabajador. Con el ejemplo del cura Carlos Mugica, se involucraron con los reclamos por la situación de vida en las villas y resistieron, junto a los vecinos y vecinas, los intentos de desalojos de la última dictadura y de la década de los ‘90.
A través del Decreto 819/19 se creó el FISU y se lo facultó a mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el RENABAP con el objeto de afectarlos al régimen de regularización dominial, conforme lo definido en la Ley 27.453. Desde el 2020, hasta la actualidad, cuenta con dos fuentes de financiamiento con afectación específica al FISU: el 9% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia a las grandes fortunas.
Bibliografía
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Clichevsky,N.; Prévôt Schapira, M.F.; y Schneier, G. (1990) Loteos populares, sector inmobiliario y gestión local en Buenos Aires. Buenos Aires: CEUR.
Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11 de junio de 2007) Reflexiones en torno a la urbanización y el respeto a la cultura villera. Curas Villeros.
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Secretaría de Integración Socio Urbana (2021) Informe de Gestión 2021. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Secretaría de Integración Socio Urbana (2022) Informe de Gestión 2022. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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RENABAP; TECHO Argentina (2022). Factores de riesgo en barrios populares del Gran Buenos Aires. Según diagnósticos urbanos. SISU – Ministerio de Desarrollo Social de Argentina
Legislación
Ley 27.453/2018 y sus modificatorias
