En la década del ´30, los conservadores en el poder en la Argentina instauraron el concepto de “fraude patriótico” para adulterar elecciones donde se suponía que ganaría el radicalismo, como de hecho sucedía. Se buscaba cerrar el camino al partido que se consideraba de la “chusma” iletrada, incapaz de decidir sobre su destino político.
En 1962, el peronista Andrés Framini ganó la elección para gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no pudo asumir porque un sector importante de las Fuerzas Armadas consideró que esta decisión ciudadana desestabilizaba al país. Poco tiempo después se consideró que el presidente Arturo Frondizi era parte del mismo problema, y un golpe de estado lo destituyó.
En 1966, el peronismo logró otros triunfos en elecciones provinciales y la reacción militar fue la misma, incluyendo el derrocamiento del presidente Arturo Illia. El golpe de estado de 1976 se realizó a siete meses de una elección presidencial que hubiera permitido, de realizarse (pudo incluso haberse adelantado), una salida institucional a la crisis política. Durante la dictadura que siguió, no fueron pocas las voces que pregonaban la conveniencia del voto calificado, o de una democracia restringida, aduciendo una incapacidad de la voluntad ciudadana para elegir los gobernantes que requería la Nación. Se esgrimía un interés nacional difuso y separado del interés de los ciudadanos, que no estarían preparados para elegir a sus gobernantes. El periodista Bernardo Neustadt ponía como ejemplo el de un padre que todas las mañanas le preguntara a sus hijos si deseaban ir a la escuela, a lo que estos le responderían que no…
Los recientes episodios en la Legislatura de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación trajeron la memoria de estos atropellos. La suspensión de Anibal Ibarra como Jefe de Gobierno, el pase a Comisión de los títulos del ex comisario Luis Patti (electo como diputado nacional), los episodios alrededor de Bielsa, Borocotó, Maza y otros casos similares, volvieron a traer los mismos argumentos y los mismos procedimientos. La vieja idea conservadora reapareció en los discursos oficiales, aunque en este caso para sostener otras posiciones. El periodista, escritor y diputado Miguel Bonasso, por ejemplo, sostuvo desde su banca que “la voluntad popular no es irrestricta” y que puede ser corregida por intervenciones como las que Bonasso promovió y sus colegas aceptaron, frenando la asunción de Patti al cargo para el que lo eligieron unos 370.000 bonaerenses (cifra que, aunque solo represente un pequeño porcentaje del padrón electoral de la provincia, es considerable y de hecho permitió al sector del justicialismo que lidera Patti obtener otras diputaciones).
Es bueno recordar que existen mecanismos constitucionales que permiten desaforar a un legislador para ser juzgado por sus eventuales delitos; la ciudadanía no está indefensa ante la eventual impunidad de Patti o de cualquier otro legislador. Suele mencionarse el ascenso de Hitler en Alemania como un ejemplo de voluntad popular equivocada; sin embargo, no fue la mayoría absoluta (que nunca la tuvo) la que llevó al poder a Hitler, sino la circunstancial constitución de un bloque parlamentario en condiciones de aliarse para constituir gobierno, y la desorientación y negligencia de los políticos conservadores.
Considero a Patti como un exponente de la peor especie de autoritarismo, que es el que se combina con la incultura y la ignorancia. Creo que hasta el mote de fascista le queda grande (como se ha dicho en general de los protagonistas de la última dictadura argentina), porque el fascismo tenía componentes culturales muy sofisticados que el ex comisario no estaría en condiciones intelectuales de comprender. Me parece increíble que se lo vote, incluso desde una posición de paranoia por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede suponerse que el “sabueso” que dictaminó que el crimen de Maria Soledad Morales en Catamarca era de índole pasional pueda contribuir en modo alguno a combatir el delito? Patti está catalogado de torturador y asesino, y sus tenebrosas declaraciones públicas eximen de comentarios al respecto.
Ninguna simpatía, ninguna afinidad me unen con Patti ni con sus votantes. Pero de eso se trata precisamente la defensa de la voluntad popular y de las garantías ciudadanas: de defender las garantías de la gente con la que nada compartimos. Es fácil ser tolerante con los que más o menos piensan como uno, pero la prueba de fuego de una auténtica vocación democrática es justamente la de ser tolerantes con quienes piensan exactamente lo contrario que nosotros.
Podría suponerse además que la proscripción de Patti lo beneficia a largo plazo por victimizarlo y por evitarle el bochorno de debatir ideas en el marco parlamentario. En tal caso sería preferible un Patti desluciéndose en un Congreso en el que tendría dificultades intelectuales para ejercer dignamente su rol de legislador, que un supuesto perseguido político recorriendo la televisión y las radios para pasear su proscripción. No recorreré esta línea de pensamiento porque adolece de una falla sustancial: el respeto de las garantías ciudadanas, aun de quienes las amenazan, no es una cuestión a decidir en términos de estrategia política, sino un absoluto que trasciende cualquier conveniencia en un sentido o en otro. Sí, en cambio, creo que es menos peligroso un diputado antidemocrático que abrir la caja de Pandora de una revisión “ilustrada” de la voluntad popular.
Otros desatinos se han cometido en estos días: la Legislatura de Buenos Aires suspende a un Jefe de Gobierno por influencia de un grupo de presión particular (que a diferencia de, por ejemplo, los familiares de las victimas del incendio en la prisión de Magdalena, tienen comprensión popular y acceso a los medios), el PRO de Mauricio Macri solicita la no asunción de Borocotó, como si las bancas fueran de los partidos y no de los individuos que son electos (dicho sea de paso, postura histórica de la derecha argentina para debilitar los bloques de los partidos populares mayoritarios), decenas de legisladores electos (no solamente Bielsa) renuncian a las bancas para las que se postularon unas semanas antes para ejercer o seguir ejerciendo otras funciones que en realidad nunca habían pensado dejar… Algunos medios reproducen en su tratamiento del tema estas actitudes de dudosa matriz democrática: la nota de Eduardo Aliverti en Página 12 sobre “el fraude informativo” agrega al pensamiento habitualmente rústico de su autor un tono “disciplinador” e intolerante, en la más auténtica tradición del autoritarismo argentino.
Estas distorsiones de las prácticas democráticas son una lamentable tradición argentina, que puede precisarse en algo más que una genérica “mala calidad” institucional: los cuestionamientos por derecha a la democracia desde el golpe fascista de 1930, los reiterados cuestionamientos por izquierda a la “democracia formal” (como si la democracia no fuera nada más y nada menos que una forma de gobierno, con sus reglas y sus instrumentos), la manía cada vez más extendida en ciertos políticos de gobernar u opinar con las encuestas como guía, la herencia (y el temor) del “que se vayan todos“…
Sobre el “que se vayan todos”, ver la nota Las 10 boludeces más repetidas sobre los piqueteros y otros personajes, situaciones y escenarios de la crisis argentina.Con un prólogo sobre la derecha, otro sobre Jauretche, y un epílogo sobre la consigna más idiota de la historia, de Carmelo Ricot, en el número 15 de café de las ciudades.
Sobre la actualidad política de Buenos Aires, ver la nota Buenos Aires, 2005,
de Mario L. Tercco, en el número 37 de café de las ciudades.
Ver la nota El fraude informátivo, de Eduardo Aliverti, en Página 12 del 12 de diciembre, para comprobar hasta que punto puede llegar la intolerancia de un periodista.
