¿Cómo afectan las medidas del nuevo gobierno de Javier Milei a la política de vivienda social en Argentina? Entendiéndose por tal, a las medidas adoptadas desde el Estado para ayudar a acceder a una vivienda digna a quienes no pueden por medios propios, tal como afirma el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Para comenzar, llama la atención la escasa importancia dada a esta problemática dentro del conjunto de anuncios realizados y medidas tomadas hasta la fecha por el gobierno entrante. Se trata de un problema estructural de la sociedad y es común que todos los presidentes al asumir anuncien lo que aspiran a hacer para mitigarlo.
¿Por qué es un problema estructural? Porque la vivienda es primordial en la resolución adecuada de las condiciones de vida de las personas y hogares. En este sentido, el Estado argentino tiene aún una enorme deuda pendiente con la sociedad argentina.
De acuerdo con los datos del Censo 2022, recientemente dados a conocer por el INDEC, en el país hay 14,2 millones de personas habitando viviendas particulares que no son propias y esta cifra asciende a 18,3 millones al haber un poco más de 4 millones que no poseen documentación que acredite la vivienda propia; hay 7,9 millones de personas habitando viviendas particulares en alquiler; hay 19,4 millones de personas habitando viviendas particulares sin desagüe a cloaca; hay 25,6 millones de personas habitando viviendas particulares que no disponen gas de red; hay 16,2 millones de personas habitando viviendas particulares sin cielorrasos; 7,8 millones de personas habitando viviendas particulares sin pisos; hay 7,3 millones de personas habitando viviendas particulares sin provisión de agua por red pública, y hay 3,3 millones de personas habitando viviendas particulares sin internet en la vivienda ni en el celular. Además, según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, RENABAP, existen 6.467 barrios populares o asentamientos precarios en el país, en los que habitan unas 5,5 millones de personas aproximadamente.
Por lo tanto, no solo se trata de una problemática estructural de la Argentina, sino que su magnitud adquiere ribetes vergonzantes para cualquier país que aspira a ser alguna vez desarrollado. Estas cifras representan una enorme deuda pendiente del Estado que no puede ser dejada de lado por ningún gobierno y las pocas medidas anunciadas hasta la fecha solamente auguran un mayor agravamiento del problema.

(…) no solo se trata de una problemática estructural de la Argentina, sino que su magnitud adquiere ribetes vergonzantes para cualquier país que aspira a ser alguna vez desarrollado. Estas cifras representan una enorme deuda pendiente del Estado
Desde los anuncios previos a la asunción, el presidente electo Javier Milei en persona, anunció en distintos medios de comunicación la paralización de la obra pública hasta llevarla a cero; luego de la asunción se precisó desde el gobierno que solo continuarán las obras que estaban iniciadas y que no licitarán nuevos proyectos ni avanzarán en aquellos que aún no han comenzado.
Esto implica que el Estado dejará de impulsar la construcción de viviendas sociales para subsidiar el acceso a la vivienda y al hábitat digno de los sectores que no pueden hacerlo por medios propios, tal como lo vino haciendo desde mediados del siglo pasado. Con vaivenes, según las orientaciones de los distintos gobiernos, pero en definitiva el Estado aportó más del 25% del stock total de viviendas particulares existentes en el país. No quedó claro hasta ahora en los anuncios realizados y las medidas adoptadas que va a pasar con las obras de integración sociourbana de los barrios populares, si solo se culminarán los proyectos licitados de los barrios iniciados, apenas un 5% del total, o se continuarán licitando nuevos proyectos para este sector social carenciado.
En todo caso, lo que sí queda claro es que el nuevo gobierno impulsa un enfoque para profundizar al extremo la mercantilización de la vivienda. Esto implica su transformación total en un bien accesible solamente a través del mercado, eliminándola de la categoría de derecho social, como hasta hoy se encuentra consagrada en la Constitución Nacional.
Esto se trasluce en el proyecto de la denominada Ley Ómnibus (en debate en la Cámara de Diputados al momento de publicarse este artículo). En el apartado destinado al impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, el nuevo gobierno espera que el sector privado abarque con las ofertas de desarrollos inmobiliarios a los sectores que hasta hoy no pueden acceder a la vivienda a través del mercado, entendiéndose que lo hará de la mano del sector financiero con el otorgamiento de créditos hipotecarios. Gran utopía del neoliberalismo mundial, de imposible concreción sin la ayuda de los subsidios públicos, ya sea en el financiamiento directo o a través de la banca pública y/o privada.
Otra medida que avanza en esta misma dirección es la del Decreto 70-2023 (DNU) que deroga la Ley de Alquileres Nº 27.551 y liberaliza casi completamente la relación entre propietarios e inquilinos, dejando al arbitrio de las partes la determinación de las cantidades y tipo de monedas entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía, y la forma en que serán devueltas al finalizar la locación. Asimismo, habilita a las partes a pactar el ajuste del valor de los alquileres y de igual modo, a pactar libremente la periodicidad del pago, que no podrá ser inferior a mensual y también el plazo de las locaciones será el que las partes establezcan. En síntesis, desregula prácticamente toda la relación entre locatarios e inquilinos, dejando de contar el Estado con instrumentos para defender a los inquilinos en casos de subas por encima de lo razonable (medidas en porcentaje de la canasta de vida) o de cualquier otro exceso que pueda ocurrir.
(…) el nuevo gobierno impulsa un enfoque para profundizar al extremo la mercantilización de la vivienda. Esto implica su transformación total en un bien accesible solamente a través del mercado, eliminándola de la categoría de derecho social

Finalmente, las medidas tomadas sobre la nueva organización institucional (Ley de Ministerios) también implican un retroceso desde la perspectiva de la vivienda como derecho social, ya que degradan el espacio institucional otorgado a la atención de la problemática. Si bien el Estado nacional aún está lejos de contar con un sistema habitacional integral para los sectores de menores recursos, había avanzado en las últimas décadas en la organización institucional de la política habitacional y en el gobierno anterior se había dado un paso importante con la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con amplia competencia sobre la problemática, que reconocía a la vivienda como un derecho y una necesidad para el bienestar de la población y al que le correspondía implementar políticas nacionales en todas las materias relacionadas con el desarrollo del hábitat, la vivienda y la integración socio urbana, atendiendo a las diversidades, demandas y modos de habitar de las diferentes regiones del país (aunque luego la Subsecretaría de Integración Socio Urbana fue transferida al Ministerio de Desarrollo Social). Sin embargo, ese Ministerio ha sido degradado en esta nueva gestión al rango de Secretaría y ubicada dentro del Ministerio de Infraestructura, aunque al momento de escribirse este artículo, se anunciaba la renuncia del Ministro de Infraestructura y la subsunción de este Ministerio al Ministerio de Economía (donde se insertará la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda) y la Jefatura de Gabinete.
En síntesis, si bien aún es prematuro realizar un análisis detallado de la política habitacional que implementará el nuevo gobierno de Javier Milei, los anuncios realizados y las medidas propuestas no avizoran nada bueno. Minimiza una problemática estructural muy grave del país, como es la resolución adecuada del problema habitacional de una amplia franja de la población, y propone un enfoque anticonstitucional que busca profundizar la mercantilización de la vivienda y que solamente agravará aún más la situación actual.
MAB
Resistencia, 24 de enero de 2024
El autor es Arquitecto, Magister y Doctor en Antropología Social, Investigador Principal del CONICET con experticia en políticas habitacionales y territoriales y es Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. Es uno de los autores de Hacia una política integral del hábitat. Aportes para un observatorio de política habitacional en Argentina