MANIFIESTO INTERPROFESIONAL SOBRE LAS INUNDACIONES ACAECIDAS EL PASADO 29 DE OCTUBRE DE 2024 EN ESPAÑA
Valencia, 29 de noviembre de 2024
En plena conformidad y adhesión a la declaración de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT) del pasado día 3 de noviembre, y en virtud de la capacidad recogida en sus estatutos, las entidades firmantes acuerdan ratificar el siguiente Manifiesto conjunto:
Las inundaciones ocurridas desde la tarde del pasado martes 29 de octubre en diferentes ámbitos del territorio español, como Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana han consternado al mundo entero y en particular a quienes integramos el conjunto de entidades firmantes, desde donde queremos trasladar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas, como también a todos aquellos que están contribuyendo con su esfuerzo a la recuperación de este desastre de extraordinaria magnitud y efectos.
El conjunto de entidades firmantes está integrado por profesionales que brindan su apoyo a las personas y administraciones que deben velar por la ordenación del territorio como columna vertebral a la hora de tomar las decisiones de intervención sobre el mismo.
Los riesgos naturales, como las inundaciones, deben incorporarse en planes con una visión integral que contemple todos los usos del territorio (desarrollos urbanísticos, infraestructuras, actividades económicas y espacios abiertos
En el caso de la Comunitat Valenciana, con larga tradición en este tipo de eventos, con los destacados referentes de la riada de 1957, de la pantanada de Tous de 1982 y del nuevo episodio de noviembre de 1987, esta cuenta con instrumentos de ordenación del territorio, como es el Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) desde enero de 2003, revisado en octubre de 2015. Se trata de un instrumento de carácter preventivo que debe regular la localización de nuevos usos en el territorio a partir de cartografías de peligrosidad y de una Normativa Urbanística de carácter supramunicipal y vinculante en zonas afectadas por peligrosidad de inundación. Estas cartografías de peligrosidad se vieron complementadas y reforzadas con las primeras cartografías del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del año 2013, como resultado de la Directiva Europea 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, cuya transposición al ordenamiento jurídico español se realizó a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Actualmente se dispone en algunas de las zonas afectadas en la Comunitat Valenciana de proyectos y planes sectoriales en materia inundaciones, mediante el desarrollo de infraestructuras que no han sido ejecutadas. A día de hoy cabe ya pensar en su realización combinando las soluciones basadas en la naturaleza junto con las de obra tradicional, para poder obtener unos resultados adecuados a las nuevas necesidades.
Si entendemos que los cauces fluviales y los riesgos hidrológicos no entienden de límites administrativos, es razonable considerar que la planificación puede contribuir a mejorar la seguridad de las personas de cada territorio
Desde nuestro punto de vista, consideramos que los riesgos naturales, como las inundaciones, deben incorporarse en planes con una visión integral que contemple todos los usos del territorio (desarrollos urbanísticos, infraestructuras, actividades económicas y espacios abiertos) y su interrelación como parte de un mismo sistema territorial que evoluciona en el tiempo. En el caso particular de l’Horta Sud, en el área metropolitana de la ciudad de Valencia, nos encontramos con un territorio muy complejo, con alta ocupación por la edificación proveniente en su mayor parte por desarrollos anteriores a este siglo, en la que los riesgos han sido ampliamente estudiados pero escasamente integrados en los instrumentos locales de ordenación y de gestión territorial, y en la toma de decisiones. Los Ayuntamientos deben desarrollar sin demora los Planes Especiales de Minimización del Impacto Ambiental y Territorial (PEMIT) para las edificaciones situadas en zonas críticas con riesgo de inundación.
La práctica habitual del urbanismo, como instrumento para moldear el territorio a las necesidades de sociedades cada vez más complejas, encuentra límites tanto en una lógica político- administrativa excesivamente sectorial y no integrada, así como excesivamente constreñida por unos límites municipales que en absoluto se ajustan a la escala a la que este tipo de riesgos actúa ni a las acciones a adoptar por parte de los actores del territorio (administraciones, empresas, sociedad civil y ciudadanía). Si entendemos que los cauces fluviales y los riesgos hidrológicos no entienden de límites administrativos, es razonable considerar que la planificación puede contribuir a mejorar la seguridad de las personas de cada territorio, a través de sus instrumentos de ordenación. Además, debe tenderse a una gestión cada vez más dinámica en continua revisión, adecuación y seguimiento. También resulta imprescindible una adecuada gobernanza, a través de la cooperación y coordinación de las diferentes administraciones, agentes públicos y privados que intervienen y desarrollan sus funciones vitales (residencia, trabajo, cuidados, etc.) en el territorio. Esto supone incluir necesariamente a las personas en la consecución de ciudades y territorios socialmente sostenibles.
Esta imprescindible colaboración, recogida y plasmada en los instrumentos de ordenación, es la clave fundamental para resolver los conflictos y prepararse para las amenazas que en el territorio se producen, favoreciendo un mejor entendimiento y cultura territorial de la ciudadanía en su conjunto. De esta cultura territorial también forma parte el conocimiento de que se vive en un territorio afectado por un determinado tipo y probabilidad de riesgo. La planificación, prevención, planes de alarma (en especial la alerta temprana, que resulta crucial tal y como se ha demostrado por desgracia en la actual catástrofe), de reacción y de emergencias (que deberán procurar una mayor integración en la planificación territorial para fijar las rutas y sistemas de evacuación más eficientes), y la atención a la población afectada exigen de una coordinación interadministrativa y con la sociedad civil que debe quedar fuera del conflicto partidista, como verdadera y necesaria cuestión de Estado. En caso contrario, los efectos y los daños que esto genera, en especial la pérdida de vidas, superan, en mucho, los supuestos costes o efectos económicos de tomar las pertinentes medidas desde las respectivas políticas sectoriales, urbanísticas y territoriales.
Una mejor relación entre ciencia y política resulta necesaria. Es algo que parece estar asumido en estos momentos de catástrofe, pero hay que procurar que no se olvide pronto, como suele ocurrir, en cuanto la situación de shock desaparece.
Hemos de acostumbrarnos a incorporar el conocimiento (cultura) territorial en nuestras vidas para una adecuada organización comunitaria, y estar preparados para reaccionar adecuadamente al contexto en el que se enmarca nuestro espacio de vida. Más si tenemos en cuenta que este tipo de episodios se prevé van a ser más frecuentes y de intensidad creciente en el futuro ante el progresivo proceso de calentamiento global. En el mismo sentido, también es evidente que una mayor atención a las evidencias científicas por parte de los tomadores de decisiones, una mejor relación entre ciencia y política resulta necesaria. Es algo que parece estar asumido en estos momentos de catástrofe, pero hay que procurar que no se olvide pronto, como suele ocurrir, en cuanto la situación de shock desaparece.
Es momento de aprender bien esta nueva lección, poner soluciones sobre lo hecho y tenerlo muy en cuenta para nuevos desarrollos de cara al futuro. Los profesionales del territorio, como es el caso de las entidades firmantes, han venido hablando alto y claro a este respecto. De nuevo, desde todas ellas queremos manifestar nuestro compromiso con las personas y con el territorio, poniéndonos a su disposición para prestar nuestra máxima colaboración para poder estar mejor preparados y evitar en lo sucesivo la inasumible pérdida de más vidas humanas, así como para poder minimizar los daños materiales en el futuro; algo que una sociedad como la nuestra no puede permitirse con el actual nivel de conocimientos.
Firman:
Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos (AEUTT). D. Vicente Seguí Pérez, Presidente.
Asociación Española de Geografía (AGE). D. Jesús M. González Pérez, Presidente.
Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU). D. José Mª. Ezquiaga Domínguez, Presidente
Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT). D. Joaquín Farinós Dasí, Presidente.
Colegio de Geógrafos (CG). D. Juan José Moreno Sánchez, Presidente.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana (CICCPCV). D. E. Javier Machí Felici, Decano.
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL). D. Joaquim Aguilella Ribera, Decano.
Colegio Oficial de Trabajo Social de VALENCIA (COTSV). D. Ferran Senent i Domingo, Presidente.
Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana (COAMBCV). D. Pablo Martínez Magdaleno, Presidente.
Consejo General de Trabajo Social (CGTS). Dña. Emiliana Vicente González, Presidenta.
Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul (IBYDA). D. Félix López Figueroa, Director.
Instituto de Derecho y Gobierno Local (IDGL) de la Universidad Autónoma de Madrid. Dña. Carmen Navarro Gómez, Directora.
Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (i-iNGOT) de la Universidad de Málaga. D. Diego J. Vera Jurado, Director.
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), Universitat de València (UVEG) y Universidad Jaume I de Castellón (UJI). Dña. Luisa Alamá Sabater y D. Josep Vicent Pérez Cosín, Dirs.
Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas (UAAU). D. Manuel Herrero Sánchez, Presidente.
Alianza Urbstic
