N. de la R.: el texto de esta nota fue publicado originalmente en el libro Pensar la ciudad, de Jorge Mario Quintana Silveyra, Martha Patricia Barraza de Anda, Luis Alfonso Herrera Robles y Servando Pineda Jaimes (Coordinadores), Municipio de Juárez, Instituto Municipal de la Mujer, 2016.
Introducción
Allí están las transformaciones en el urbanismo (amurallamiento de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial), en los comportamientos de la población (angustia, desamparo), en la interacción social (reducción de la ciudadanía, nuevas formas de socialización) y en la militarización de las ciudades; amén de la reducción de la calidad de vida de la población (Carrión: 1993).
Algunos autores parten de la premisa básica que piensa este milenio como un milenio urbano, un milenio de ciudades, y que el siglo XXI será el escenario por la lucha y reivindicación de los derechos urbanos, del llamado Derecho a la ciudad, derecho que implica una buena dosis de participación ciudadana. Pero a lo que asistimos no es más que a una continuidad de los derechos civiles de finales del siglo XVIII, los derechos políticos del siglo XIX y los derechos sociales que reivindicó el siglo XX. En ese sentido, confío plenamente como investigador en que los derechos urbanos como tales son una herramienta —metodológica, teórica y epistémica— indispensable para pensar las ciudades del siglo XXI, incluida por supuesto la fronteriza Ciudad Juárez.
En este contexto, el presente texto presenta una caracterización de lo que pienso son los fenómenos sociales y urbanos más urgentes que ameritan la atención de los encargados de los asuntos públicos y cuya atención posibilita el buen gobierno de la ciudad. Por otro lado, se realiza una semblanza sobre los derechos urbanos y la importancia de su implementación en una metrópoli como Ciudad Juárez para que sea pensada como una ciudad del siglo XXI, local, fronteriza y global. Además de pensar que de una ciudad actual extendida, dispersa, fragmentada y sin centralidades urbanas integrales, podemos pasar a una ciudad más compacta, con nuevas centralidades urbanas que sean incluyentes con los más pobres y que sea más barata de administrar y fácil de gobernar.
En el momento actual, muchas de nuestras ciudades latinoamericanas (grandes e intermedias) son el resultado de procesos histórico-estructurales que han pasado de ciudades de campesinos a ciudades de pobres (Carrión: 2010). Partimos de la premisa de que la degradación y la miseria son elementos que nos ayudan a pensar el momento urbano por el que atraviesa Ciudad Juárez. Sobre todo, aquellas zonas ubicadas al poniente y suroriente de la ciudad, sin excluir otras zonas que tienen rasgos idénticos o similares a estas. Muchas de las viejas formas de vida urbana y convivencia en los barrios tradicionales se han deteriorado, entran en desuso o simplemente ya no sirven para negociar y convivir. Una sociedad individualizada acelera la descomposición social y medra la solidaridad comunitaria, la participación, el cooperativismo y el mutualismo ciudadano.
Hemos discutido por largo tiempo algunos de los temas urbanos que consideramos nodales para las ciudades y su población; el pensar la ciudad ha sido un punto de partida inmejorable para traer a colación estos temas y problemas sociales y urbanos que gobierno, sociedad civil, iniciativa privada, la academia y la ciudadanía en general no deben abandonar y desechar como parte de las agendas públicas necesarias para pensar nuestra ciudad en el siglo XXI.
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Una breve caracterización de Ciudad Juárez
Aunque podemos enlistar muchos problemas sociales y urbanos, voy a dar prioridad a cuatro fenómenos que permiten un acercamiento a la ciudad y que sirven de punto de partida para una reflexión más extensa que, por motivos de espacio, trataré de sintetizar sin que por ello se pierda profundidad en la reflexión. Son entonces, a) la descomposición social, b) la degradación urbana, c) la urbanización de la pobreza y d) la violencia urbana, malestares urbano-sociales que dan origen a otros fenómenos como: la precarización como una nueva forma de vida urbana en un sector de la población ubicado en el norponiente, surponiente y suroriente de la ciudad, población que sobrevive gracias a una economía de subsistencia o también llamada economía de la pobreza y que, junto a la urbanización de la pobreza, se concatenan con un proceso de periferización de nuevas y viejas urbanizaciones.
La descomposición social que experimenta la ciudad como parte de la violencia urbana que hemos vivido en Ciudad Juárez en la última década (2007-2017) tiene una multiplicidad de expresiones y consecuencias; vemos a miles de niños en orfandad como resultado del homicidio de algunos de sus padres o, en casos más dramáticos, de ambos padres (según fuentes del Gobierno del Estado, se calcula entre 8.000 y 10.000 niños que quedaron en orfandad, ya sea de padre o madre, a consecuencia de los homicidios vividos en la ciudad durante la llamada Guerra al Narcotráfico), además de estrés postraumático en miles de víctimas de robo, secuestro o extorsión, matrimonios que se desintegran por cientos y jóvenes que no estudian ni trabajan enfrentados a un entramado social, urbano y económico que no les anuncia el mejor de los porvenires. En nuestras visitas a muchas de las colonias de la ciudad nos encontramos con una imagen urbana de miseria y degradación, de descomposición acelerada que ilustra a amplios sectores de la población de bajos ingresos.
Seguimos pensando la ciudad bajo una lógica de mercado y capital financiero, mientras cientos de miles de ciudadanos no alcanzan a integrarse a un empleo digno, escolarizar a todos su hijos y asegurar un patrimonio a través de una vivienda que de seguridad social a las familias y que procure en todos aspectos de la vida social y económica el hacer ciudad. Y precisamente, se impone la pregunta de ¿cómo hacer ciudad? —formulada por urbanistas como Jordi Borja— en medio de niveles de descomposición social tan alarmantes que se traslapan y empalman con fenómenos como la pobreza urbana, que a su vez, es atendida con un sistema de despensas y mensualidades gubernamentales que solo reproducen una clase baja de lo que los estadounidenses llaman underclass, es decir, familias que entran a formar una nueva subclase social. Con una economía doméstica precaria y desafiliada de cualquier tipo de acceso a los derechos sociales, de salud, vivienda y educación, por mencionar los principales.
La descomposición social entre nuestros pobres urbanos es tal que les imposibilita el estructurar sus vidas de manera digna, frente a la insensibilidad e indiferencia en muchos de los casos de autoridades y organizaciones. Nos enfrentamos a tiempos malos donde a la brecha social, es decir, la desigualdad social, ahora se le suma la desigualdad urbana, la cual se evidencia en la frase: “dime dónde vives y te diré quién eres”. Colegas profesores e investigadores de otras instituciones de investigación ya han señalado la necesidad de poner atención al problema de la pobreza urbana e implementar políticas públicas de tipo redistributivas que frenen estadísticamente el alarmante número de nuevos pobres urbanos que cada año se suman a las filas de la pobreza.
En esta primera parte, como ya se mencionó, el esfuerzo es realizar una caracterización de lo que está viviendo nuestra sociedad, haciendo uso de lo que creemos está dibujando la realidad social, con situaciones inéditas en la historia reciente de la ciudad. Y que, lo que dibuja de manera fiel nuestros tiempos es la descomposición social, la degradación urbana, el desempleo estructural y la decadencia de lo social y la política como viejas formas de organización económica de nuestra ciudad fronteriza. El desplazamiento que el mercado y el consumismo finalmente han conseguido, sometiendo a la política y a la sociedad como categorías centrales de la vida de las personas, está provocando cambios y tensiones estructurales que tienen fatales consecuencias para individuos y sociedad que quedan atrapados en el desempleo y el desamparo.
Nadie es capaz de hacerse responsable de la degradación urbana de muchas de nuestras colonias. La falta de servicios públicos, la ausencia de sistemas de salud adecuados a la población (por cierto, recientemente denunciados por empresarios de la localidad frente a autoridades federales), el acceso a sistemas de transporte de calidad para los ciudadanos que se desplazan kilómetros para poder llegar a sus centros de trabajo y la precarización de la ciudad en cuanto a su mobiliario e infraestructura urbana vulneran a los más pobres y los colocan en una condición de marginalidad y exclusión social, alejándolos de cualquier posibilidad de centralidad, conectividad, movilidad urbana.
Mientras, unos cuantos ciudadanos logran acceder y hacer uso de los espacios públicos seguros en la ciudad, de sus corredores de seguridad, industriales y comerciales, que tratan de diferenciarse y distanciar social y económicamente del resto de la población. La negación de la ciudad aparece en el encierro de cientos de fraccionamientos de clase media que se alejan de los más pobres, provocando no sólo segregación residencial sino, segregación social. La segregación toma forma material y urbana en los cientos de fraccionamientos cerrados donde el acceso restringido se vuelve la norma para los que desde el exterior quedan excluidos de inmensas zonas (parques, calles, juegos, etc.) de la ciudad.
Por otro lado, el desempleo aparece como consecuencia de procesos de estructuración del capitalismo financiero, ajeno muchas veces a cualquier tipo de posibilidad de control por parte de los capitales locales y regionales, y de la constitución de una economía globalizada que privilegia el mercado por encima de las sociedades. El desempleo se hace estructural en nuestras ciudades y países condenando a millones a la economía informal; en el caso mexicano el dato más reciente presentado por autoridades federales es que el trabajo informal alcanzó un peligroso 58%, y que solo un 42% de la población económicamente activa tiene un empleo formal que de alguna manera lo afilia a una seguridad social, el resto, entre ellos miles de juarenses, viven en una economía de la pobreza que precariza sus vidas y trabajos. El ciudadano pobre es un pobre ciudadano sin seguridad social y laboral, sin retiro, sin jubilación ni pensión al largo plazo, es el ciudadano que inunda las calles y avenidas, sus cruceros y semáforos, totalmente estructurados por una economía de subsistencia.
Entonces, podemos preguntarnos, e intento responder, si esto sirve para pensar la ciudad que es el objetivo de tantos seminarios: ¿a que asistimos en términos sociales, comunitarios y urbanos? Respondo, a una época de cambios y tensiones estructurales mediados por la descomposición social y la degradación urbana. Cómo entender y explicar estos tránsitos sociales y pasajes urbanos que dan cuenta de una radicalización de las viejas formas de vida urbana y de la aparición de nuevos malestares debido a las malas urbanizaciones y el poco ordenamiento urbano y social de la ciudad.
Como hemos insistido, parecería ser que uno de los rasgos más evidentes de principios del siglo XXI es la descomposición de lo social. Por desgracia, la descomposición deviene en degradación como pérdida de la calidad de vida, como forma de acceso a los servicios públicos y sociales, a la escolarización y el trabajo. La ciudad es negada y en muchos sentidos se hace inviable, enfrenta enemigos internos y externos que están mediados por su condición de ciudad fronteriza. De esta condición sacamos la peor de las partes, y valdría la pena explorar sus lados positivos.
Los gobiernos, muchas veces, no saben cómo lidiar con la degradación de sus poblaciones y habitantes, creando políticas públicas de corto plazo para paliar la precarización de miles de individuos. Cada día, aparecen más Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones internacionales y nacionales para la cooperación y el desarrollo comunitario; todas nos intervienen y diagnostican, pero ninguna intervención ha resuelto el problema. Las autoridades pagan asesores, expertos y especialistas en pobreza, seguridad, gestión del desarrollo, derechos humanos y otros temas que reciben atención especial en las agendas políticas, pero que no se concretan en verdaderas políticas públicas de intervención urbana y social.
La degradación urbana se puede observar en los barrios, las colonias, no solo de nuestro cinturón de pobreza, lo que podemos llamar, ciudades miseria, en la metáfora de la favelización de ciudades como Ciudad Juárez, donde miles de seres humanos se disputan los recursos, servicios, beneficios y espacios de la comunidad, se pelean lo poco que se puede comerciar, creando grupos, pandillas y pequeñas mafias que se apropian del espacio público, de los parques, las calles y plazas, pidiendo derecho de piso, de peaje para los propios vecinos de los barrios. Se vulnera la ciudadanía y el espacio público; en estos tiempos; como dicen algunos vecinos de los barrios marginales en nuestras entrevistas, “es mejor quedarse en casa”.
La frustración social por tanta descomposición, desempleo e inseguridad se transforma en degradación de la vida urbana. Pocos ganan ante semejante descomposición de las viejas formas de relacionarse y construir ciudadanía a través de la participación en la comunidad y el barrio. Las familias de clase media ven amenazados una serie de privilegios que les permitía una vida sin mayores problemas, en que se tenía acceso a la educación superior, a trabajos de largo plazo con jubilación y pensión, a la industria del entretenimiento y espacios públicos de calidad, además de barrios que gozaron de cierto nivel de seguridad pública. Hoy día, las clases medias son las primeras en resentir los recortes del gasto público, la pérdida de espacios en las universidades, la sanidad y la vivienda. Todo se descompone, metáfora perfecta para leer lo que nos pasa. La sociedad y la ciudad se llena de ciudadanos empobrecidos y marginados, donde la política del abandono se impone como la política pública en los asuntos públicos de las ciudades.
Por otro lado, las consecuencias de la descomposición y degradación de lo social impactan de manera negativa en las llamadas “clases peligrosas”. Los sectores de bajos ingresos, sin acceso a los servicios públicos, la educación y la vivienda, con empleos precarizados y muchas veces en la informalidad, son los que sufren los resultados perversos de malas políticas públicas de los gobiernos y de las fallidas tomas de decisión de las políticas en los gobiernos centrales. El llamado combate a la pobreza termina siendo un combate contra los pobres. La salida del laberinto de la pobreza se hace estructuralmente imposible, el ascenso social y la movilidad de clase se convierten en la historia novelada de la degradación social y urbana.
Nuestros estudios, los académicos e intelectuales, además de los grandes centros de investigación que fabrican estadísticas sobre la pobreza y la desigualdad social, evidencian la rápida pérdida de calidad de vida y acceso a los derechos sociales, muy lejos aún de los derechos urbanos. El Estado como entidad, como cuerpo político por excelencia, como aparato benefactor, está descompuesto. Este es un indicador del desgaste de las instituciones políticas y sociales que se encargaban de moldear la sociedad. Ahora, el Estado es desplazado por el mercado, sus lógicas e intereses. La política y la sociedad son debilitados por una economía internacional de mercado que privilegia el consumo y las ganancias a corto plazo.
La economía de la pobreza se esparce junto a la urbanización de la pobreza; desde hace décadas, es común observar en las esquinas de los grandes cruceros de las ciudades como Juárez (pero también muchas ciudades latinoamericanas) a cientos de jóvenes, adultos mayores y en algunos casos indígenas pidiendo limosna a los automovilistas mientras hacen su alto en los semáforos. Actualmente el trabajo informal limpiando parabrisas a los automotores o haciendo malabares o simplemente vendiendo cualquier producto o pidiendo ayuda económica es parte de la vida daría de las ciudades y centros urbanos. Es una representación de la “economía de la pobreza” de nuestros tiempos de mal-estar. Si bien la indigencia y los pobres urbanos no son nada nuevo, encontramos en el mundo contemporáneo un recrudecimiento de la pobreza urbana y de las formas de subsistencia por parte de la población marginada social y económicamente.
Anteriormente, durante el auge de los Estados asistencialistas, estos se preocupaban por contener la pobreza dentro de los mínimos posibles. El control sobre las poblaciones siempre ha sido una necesidad de primer orden de los gobiernos, las autoridades, más que acabar con la pobreza, buscaban controlarla. Se creaban leyes y ordenanzas públicas y se gestionaba la pobreza para hacerla llevadera y manejable a nivel estatal. La diferencia de la pobreza en términos contemporáneos radica en su acelerado crecimiento estadístico y en la caída libre de la calidad de vida de los habitantes a niveles de precarización que se creían superados por nuestra efímera y volátil modernidad y la democracia representativa que hoy sufre su crisis más brutal desde su fundación.
La asistencia gubernamental ya no es suficiente, la función del Estado como contenedor social ha dejado de ser funcional. La pobreza se ha desbordado al grado de que es difícil medirla de manera objetiva: se crean indicadores para su estudio, se tipifica y fragmenta en tipos y subtipos de pobreza. Se inventan mecanismos para paliar la pobreza estructural de miles de personas. La fragmentación de la pobreza, según los expertos, permite un mejor análisis y ubicación de la pobreza más urgente a intervenir como población objetivo de programas y políticas públicas. Llevando despensas, materiales de construcción y cobijas, intentando paliar la economía de la pobreza.
La informalidad es el rasgo característico de estas “economías de subsistencia”, que resuelven al corto plazo las necesidades inmediatas de miles de familias que subsisten gracias a prácticas ilegales de comercio y consumo. Pero, ¿qué alternativas tienen ante los abandonos de sus autoridades y gobiernos? Estas familias que no gozan de ningún tipo de prestación social y laboral, fondo de ahorro o retiro que garantice su futuro al mediano plazo y cuyo acceso a la salud está estructurado de acuerdo a sus posibilidades económicas, acuden a los pequeños consultorios establecidos en los barrios o clínicas de mala calidad y servicio. Los medicamentos son escasos y encarecen aún más su precaria vida.
Esta economía de la pobreza provoca en los integrantes de cientos de familias una baja escolarización y acceso a los espacios públicos de calidad. La pobreza se hace estructural y estructurante para los individuos que la padecen, un laberinto que dificulta su desarrollo integral como lo proponen los Derechos Humanos y Urbanos. Individuos y familias enteras desestructuradas por la pobreza, la desintegración familiar a causa de la violencia urbana, la migración, los problemas de drogadicción y alcoholismo que son parte de las imágenes en las periferias de las ciudades. Solo unos cuantos logran romper el cerco de la pobreza y escapar a ella. La degradación social aparece como una de las primeras consecuencias de tanta marginación, desigualdad y exclusión urbana. Entonces, la marginación y exclusión social —y ahora urbana— generan otro problema de gran calado: la desigualdad urbana. La desigualdad, al igual que la pobreza, no es algo nuevo, pero conocemos que nunca antes la ciudad había experimentado una brecha social tan grande entre los que no tienen nada y los que tienen todo. La diferencia y distanciamiento social en la ciudad es enorme, la clase social vuelve a ser una categoría central de las sociedades contemporáneas como la juarense, regresa renovada y con una vigencia descomunal.
Recordemos que debemos pensar la urbanización de la pobreza como el que será tal vez el mayor problema social, urbano y económico del siglo XXI de Ciudad Juárez. Entendamos entonces por urbanización de la pobreza al proceso abierto, donde la pobreza se va urbanizando como una nueva forma de vida urbana que tiende a su generalización y que en muchos de los casos es vista como un proceso inevitable. Dadas las condiciones actuales de nuestro modelo urbano de ciudad, de nuestro modelo económico-productivo industrializador, en términos de distribución de la riqueza, acaparamiento y explotación de los recursos y capital humano, la urbanización de la pobreza irrumpe incorporando zonas geográficas y espacios urbanos antes integrados a las clases medias. Pero también ricos y pobres deben de convivir en un mundo más urbano que es el que pensaron los planeadores y urbanistas; la arquitectura del riesgo, de espacios lúgubres y abandonados al interior de la ciudad se impone como el espacio habitual. Es común observar en las ciudades cientos de barrios, colonias de miseria con casas abandonadas, espacios deshabitados que forman parte del nuevo paisaje urbano de la ciudad. Basta mirar una fotografía de alguna de sus urbanizaciones fallidas para dar cuenta de lo profundo y complejo del problema.
Un reciente rostro de ciudades como la nuestra es el de sus innumerables vendedores ambulantes que se abarrotan en las esquinas de las grandes avenidas o los centros históricos ofreciendo todo tipo de servicios rápidos y piratas (ilegales). Toda una industria y economía de la pobreza. La desesperanza y el abandono en su condición más radical parece ser uno de los rasgos característicos de la urbanización de la pobreza. El desempleo, la precarización de la vida a partir del trabajo mal pagado y sus consecuencias inmediatas como la desnutrición, el analfabetismo y la degradación en la calidad de vida son el resultado de este proceso urbano que se encuentra abierto y en aumento. El espacio contemporáneo no solo será un espacio urbano, incluye a millones de individuos que quedarán fuera de las sociedades de consumo y del acceso a las sociedades de la información y el conocimiento. La brecha digital y cognitiva se sumarán rápidamente a la brecha social que abre la urbanización de la pobreza en ciudades fronterizas como Juárez.
Por ello, dentro el periodo vivido de violencia urbana, cuando los homicidios los contábamos por cientos y miles, las clases medias y altas amurallaron sus fraccionamientos provocando segregación residencial que rápidamente se convirtió en segregación social, lo cual dejó a los más pobres expuestos a la violencia y sus consecuencias. La violencia que provocó la segregación urbana de barrios y fraccionamientos enteros también originó fragmentación y segmentación de la ciudad, espacios públicos que tendieron a su privatización cambiando las formas de uso de parques y espacios públicos que ameritaron un acceso personalizado para vecinos. Todo esto que Fernando Carrión, urbanista en América Latina, llamó el amurallamiento de las ciudades y quien ha trabajado intensamente en pensar como ir de “la violencia urbana a la convivencia ciudadana”. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo evitar prácticas de exclusión y segregación residencial que terminen siendo prácticas de exclusión y segregación urbana y social?
Los derechos urbanos como la construcción de la ciudad posible
Para todos estos malestares sociales y problemas económico-urbanos podemos partir de implementar de manera institucional desde las autoridades locales los Derechos Urbanos que tengan como centro de atención el Derecho a la ciudad. Que pensemos juntos el mejor programa de un nuevo modelo urbano de ciudad incluyente que tenga como ejes centrales el derecho a la accesibilidad universal, el derecho a la iluminación, el derecho a la movilidad urbana, el derecho para todos los habitantes de la ciudad a las centralidades urbanas y los espacios públicos de calidad con seguridad ciudadana y pública y el derecho a la monumentalidad que dé identidad a una ciudad que tiene una historia de migración de larga duración y que es parte de su esencia fronteriza con un afán en lo local pero que se piense global. De darle a la población el derecho a la conectividad iniciando por la pavimentación del 40 por ciento no pavimentado de la ciudad; una conectividad en el sentido amplio, territorial, pero también de las nuevas tecnologías que aseguren el Internet como un bien público con acceso para los más pobres.
Los derechos urbanos, que junto a los derechos sociales mejoren las condiciones de vida de miles de familias que viven en al margen de los servicios públicos, donde si cualquier organismo internacional nos aplica el famoso Óptimo de Pareto o el concepto de escasez relativa, estamos reprobados como ciudad. Es decir, el primer concepto es la condición óptima que debe tener una ciudad donde a partir de los cambios históricos y estructurales vividos ningún grupo o clase social debe de aprovecharse y salir beneficiada a costa de otras clases o grupos. El segundo concepto es un indicador mundial que mide en términos de servicios públicos y derechos sociales y urbanos los beneficios que un ciudadano debería recibir, frente a los que realmente recibe. En fin, seguimos reprobados.
Insisto en pensar nuestra revolución urbana como una revolución ciudadana, como una lucha por reivindicar el derecho a la ciudad, una revolución ciudadana que implica enfrentarnos al fracaso estructural de nuestro modelo de urbanización, que reflexione y desarrolle un nuevo modelo (si es que los modelos existen) de ciudad incluyente con un enfoque en los derechos urbanos, que lo haga desde un urbanismo ciudadano, sobre todo, pensado e instrumentado desde un urbanismo social que pase de invitar a los empresarios y autoridades no solo a la responsabilidad social sino a la obra social, es decir, no dejar a la abstracción que implica la palabra responsabilidad a las necesidades de orden material que la obra social puede resolver. Me refiero a la construcción de bibliotecas, parques, espacios públicos, ludotecas, teatros y cines de barrio por parte del capital local e internacional que se beneficia de la ciudad, su población y ubicación geopolítica estratégica. Donde hasta una banqueta se convierte en un derecho ciudadano que puede dotar de conectividad y accesibilidad a una persona, sobre todo si sufre alguna discapacidad.
El modelo que hoy construye nuestras ciudades terminó convirtiéndose en un urbanismo anti-ciudad que dio como resultado urbanizaciones fallidas en la parte del valle Juárez, donde el abandono de miles de casas ronda en ocasiones hasta el 40 por ciento, fraccionamientos, barrios y colonias donde es imposible por parte de los ciudadanos hacer ciudad. Partir de un programa integral de ciudad que tenga como ejes de política pública redistributiva estos procesos de violencia social, degradación urbana, urbanización de la pobreza y descomposición social. Cómo podríamos pensar en regresar a la ciudad divertida y lúdica de la que nos habla el colega Rutilio García en su libro: Diversiones decentes en una época indecente (2013).
Se puede invertir en los pobres urbanos, dejando de mantener la pobreza con despensas y cobijas y darles centralidad y conectividad urbana, buena iluminación como principio de seguridad pública y ciudadana, facilitar su movilidad urbana con transporte de calidad, que no deba de estar a más de entre 200 y 300 metros de su domicilio a la parada del autobús. Pero sobre todo, garantizar poco a poco, quizás en varios trienios, accesibilidad universal a toda la población de la ciudad, sobre todo a grupos sociales vulnerables como adultos mayores, personas con algún tipo de minusvalía o quienes temporalmente pierden movilidad o capacidades físicas por accidente de trabajo o automovilístico. Llegar a invertir la terrible fórmula de ciudades ricas con ciudadanos pobres por una que sea de ciudadanos ricos urbanísticamente, con acceso a sus derechos urbanos y con gobiernos comprometidos a promoverlos con una mirada de equidad y género.
Debemos procurar frenar el crecimiento urbano de la ciudad, que sigue generando periferias precarias y sin acceso a los servicios públicos, es decir, ciudades de pobres, como imagen de la ruralidad de la ciudad. La ciudad posible es aquella que como lo dice Borja, recupere su centro histórico y desarrolle nuevas centralidades urbanas integrales. Que compacte y redensifique la ciudad existente, que no quiera crear otras ciudades dentro de la ciudad. Es aquella que convoque e invite a gobierno, desarrolladores, inversionistas, académicos y ciudadanos a pensar la ciudad parando la creación de nuevas urbanizaciones fallidas. Una ciudad compacta es mejor gobernada y administrada, además de que reduce los gastos de operación para llevar todos los servicios a zonas distantes y mal conectadas al tejido urbano.
Una ciudad que abarate el gasto público del transporte urbano y que integre a los pobres a la ciudad existente y no, por el contrario, que los aparte de las centralidades y condene a urbanizaciones o zonas peligrosas e inseguras. Es más barata una ciudad compacta que una extendida y dispersa. Les puedo asegurar que lo urbano no es igual a la ciudad, puede haber urbanizaciones sin ciudad, como muchos de los casos de colonias en Ciudad Juárez. Tenemos por delante el reto de transformar la ciudad a través de luchas urbanas por la reconquista de la ciudad y los espacios públicos privatizados. Evitar el urbicidio como la muerte de la ciudad es prioritario. Pensar no solo en el enfoque de los derechos urbanos sino en el enfoque de la seguridad ciudadana. Lo cual implicaría otro texto para la reflexión y el debate.
Finalmente, evitemos que estas formas de degradación, descomposición y decadencia en la ciudad desgasten la ciudadanía creando un déficit ciudadano que tenga como resultado fatal un déficit democrático (un déficit de la ya de por si cuestionada democracia). Podemos hacer muchas cosas, menos condenarnos a la degradación, descomposición y decadencia de nuestra ciudad. Aún tenemos tiempo de decidir de una vez quedarnos aquí y ser parte de lo que seamos capaces; dar ejemplo al mundo de cómo una ciudad con problemas locales, fronterizos y globales se puede refundar.
LAHR
El autor es Profesor-investigador del Programa de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Coordinador de Planes y Programas del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Sobre el Derecho a la Ciudad ver también entre otras notas en café de las ciudades:
Número 120 I Política de las ciudades (I)
Cómo hacer de la ciudad una ecuación posible I Las visiones de David Harvey y Jordi Borja sobre el derecho a la ciudad I Por Beatriz Cuenya
Sobre ciudades de frontera:
Número 24 I Tendencias (I)
Ciudades postfronterizas / ¿mundo postfronterizo? I El surgimiento de la Bajalta California. Por Michael Dear
Y sobre Ciudad Juárez:
Número 2 | La mirada del flâneur
Arquitectura para un paisaje en movimiento | Un cuento de María Berns, con cerros que predican, edificios lascivos, y arquitectos en la frontera | María Berns
Número 8 | Lugares
I’ve been living inside | Juárez es la ciudad madre que parió un hijo varón, El Paso. | María Berns
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