N. de la R.: El texto de esta nota fue publicado originalmente en México-Colombia: Seguridad y Derechos a la Ciudad, de José María Ramos García (Coordinador), Cuadernos de trabajo N°2. CONACYT y El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana BC, mayo de 2021.
Introducción
A principios de mayo del 2021 se llevó a cabo el conversatorio México-Colombia: Seguridad y Derechos a la Ciudad, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana) bajo la coordinación de José María Ramos. La discusión giró en torno al reconocimiento de una serie de derechos urbanos como Derechos Humanos de cuarta generación o emergentes, que tienen como objetivo el otorgar a la ciudadanía la posibilidad de acceder a satisfactores que repercutan de manera directa en su calidad de vida. Partiendo de una realidad social donde la violencia, inseguridad, narcotráfico, crisis migratoria, y otros malestares urbanos están representando una ruptura de las viejas estructuras sociales y comunitarias, además de un proceso acelerado de precariedad y degradación urbana que hace de las ciudades latinoamericanas una geopolítica, a la cual poner toda la atención y empeño por parte de autoridades local, subnacional y central o federal para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas que involucren directamente a los ciudadanos en su planeación y elaboración.
Para el caso del conversatorio, se discutieron los casos de Tijuana y Ciudad Juárez en la frontera norte de México y Cali, Bogotá y Medellín en Colombia. Estas ciudades guardan similitudes urbanas, demográficas y sociales e incluso culturales, pero a su vez, diferencias marcadas debido a la condición de frontera de las ciudades norteñas mexicanas, lo que abre un abanico de tensiones y contradicciones estructurales que crean asimetrías políticas con su vecino estadounidense. Pero más allá de estas diferencias, el ejercicio de pensarlas en su conjunto en cuanto a problemáticas vinculadas a la seguridad, el narcotráfico y los problemas urbanos propios de ciudades que pasan el millón y medio de habitantes, donde la gestión de la ciudad y el gobierno de estas es un reto continuo para sus autoridades locales. Es conocido el problema del narcotráfico y la presencia de estructuras criminales que operan desde hace décadas y pelean el control de los territorios a las autoridades y los organismos de la sociedad civil.
En ese sentido, la seguridad y el poder reducir los conflictos derivados de la violencia social y urbana son algunos de los desafíos constantes para las administraciones públicas que cuentan con recursos limitados para enfrentar a estas organizaciones criminales que, con el poder del dinero, corrompen a los encargados de las instituciones encargadas del orden y la seguridad ciudadana; en otros casos, infiltran los cuerpos de seguridad o amenazan a sus elementos obligándolos a brindar protección a sus grupos delincuenciales. Frente a estos restos y desafíos, la participación directa e involucramiento de la sociedad civil es central para contrarrestar los efectos negativos que produce la inseguridad, para revertir el déficit democrático y ciudadano frente a la descomposición del tejido social y los procesos de degradación urbana que dejan a segmentos de la población sin los servicios, equipamientos e infraestructura básica y complementaria que satisfagan sus necesidades y demandas cotidianas.
Las premisas para la ciudad del siglo XXI
Frente a lo anterior, es importante recuperar las experiencias de Ciudad Juárez en la elaboración de políticas públicas con metodologías participativas que incluyan a los ciudadanos en el desarrollo local y regional de las zonas marginadas y periféricas de las ciudades intermedias. Es importante colocar tres premisas claves de las cuales es pensada la ciudad del siglo XXI y tener como punto de partida estas consideraciones que den un marco general donde el respeto a los Derecho Humanos emergentes sea el punto de inflexión para cambiar la forma de gestionar y gobernar las ciudades:
- La escala urbana es la escala humana, es decir, el gobierno de la ciudad será un gobierno centrado en la gente y no en las cosas.
- La ciudad debe ser vista y asumida como un bien público donde su valor agregado son los ciudadanos.
- La participación es la base de toda sociedad y por lo cual, el gobierno será un gobierno participativo.
Si los encargados de los gobiernos urbanos se pliegan a estas premisas, la gestión de la ciudad debe volcarse hacia el derecho a la ciudad como eje articulador de una serie de derechos urbanos que incluyen: el derecho a la iluminación, la conectividad, la movilidad, la accesibilidad universal, al igual que el derecho a las monumentalidades y centralidades urbanas, así como el derecho a los espacios públicos integrales, la vivienda digna y el derecho a la seguridad ciudadana donde la rectoría de la seguridad pública, sin dejar de ser de las autoridades e instituciones de gobierno, construya con los ciudadanos las condiciones que garanticen entornos seguros para el desarrollo y bienestar social. Es pensar una ciudad incluyente que no deje a nadie afuera y que incorpore políticas de igualdad frente a las desigualdades urbanas y la injusticia territorial.
Las ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Medellín, Bogotá y Cali pueden resolver muchas de sus problemáticas si sus autoridades se vuelcan a procesos que atiendan las demandas y prioridades de la población. En el caso de Ciudad Juárez, la experiencia reciente es la de elaborar Planes de Barrio usando la escala humana como punto de partida para el diseño de planes y programas de actuación donde la microplaneación participativa, a través de talleres, recorridos y marchas patrimoniales con los vecinos y colonos de barrios y asentamientos humanos de tipo popular, donde las rentas sociales son bajas, que tengan como finalidad el diseño de políticas públicas que no se elaboren desde escritorios y oficinas sino en los territorios y espacios urbanos, donde las actores centrales son los ciudadanos y no los planeadores.
Conclusiones
Frente a la perdida de las estructuras familiares, comunitarias y sociales de las sociedades tradicionales y con el advenimiento de nuevas formas de configuración social atravesadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, es urgente reconstruir el tejido social y reestructurar los espacios públicos como puntos de encuentro, convivencia y redes de cooperación, y disminuir los efectos nocivos provocados por la imposición violenta de las estructuras criminales que desdibujan las articulaciones e intercambios vecinales que permitían la vida comunitaria. El temor ciudadano debe convertirse en un impulso ciudadano que detone la participación, acompañado de los gobiernos locales, y se puedan defender los espacios de socialización primaria como la familia y el barrio, al igual que los espacios de socialización secundaria donde la escuela y el trabajo posibilitaban el acceso a una serie de satisfactores económicos, culturales y sociales que hoy en día son intervenidos por el crimen organizado que recluta entre sus filas a jóvenes que, frente a la ausencia de las viejas estructuras familiares y comunitarias, las sustituyen por estructuras criminales donde pueden encontrar protección.
La trampa de estas estructuras criminales es ofrecer una batería de satisfactores que anteriormente el Estado era el encargado de otorgar a su población. La educación y la salud como piedras angulares del desarrollo y bienestar han dejado de ser un bien de acceso universal, en el cual ahora pocos logran ingresar. De ahí la importancia de los derechos humanos, como aquellos que permiten recuperar aquellos espacios microsociales en los que la vida cotidiana despliega sus actividades y prácticas culturales, económicas y sociales. El desafío para ciudades intermedias como las expuestas en esta reflexión es el de cómo incluir e incorporar a millones de jóvenes en los asuntos públicos de la ciudad, sin dejarlos abandonados en las periferias urbanas o en los extramuros donde los servicios y equipamientos son escasos y de mala calidad.
Finalmente, el que los encargados de la gestión y gobierno de la ciudad piensen en ciudades centradas en la gente y no en las cosas es un primer punto de partida para echar a andar programas en el que las instituciones ciudadanicen sus procesos y que las obras públicas e intervenciones sociales se ejecuten obedeciendo a las necesidades y prioridades de la población y no a los caprichos de la iniciativa privada y las autoridades de turno. Es alinearse a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los principios de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, es hacer gobiernos de calle, de a pie, a través de metodologías participativas que convoquen a sus poblaciones a la recuperación de la ciudad más allá de ideologías y posturas políticas.
LAHR
El autor es Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
De su autoría, ver también Los derechos urbanos para pensar las ciudades del siglo XXI. Ciudad Juárez y su caracterización sociourbana, en nuestro número 155.
Sobre Ciudad Juárez y otras ciudades de frontera, ver también en café de las ciudades:
Número 175 I Urbanidad Contemporánea
Impresiones de la ausencia I De Córdoba a Ciudad Juárez. I Celina Caporossi
Número 160/1 I Urbanidad Contemporánea
Juarenses I Deseconomías de aglomeración y vulnerabilidad ciudadana. Marcelo Corti
Número 24 I Tendencias (I)
Ciudades postfronterizas / ¿mundo postfronterizo? I El surgimiento de la Bajalta California. Por Michael Dear
Número 8 | Lugares
I’ve been living inside | Juárez es la ciudad madre que parió un hijo varón, El Paso. | María Berns
Número 2 | La mirada del flâneur
Arquitectura para un paisaje en movimiento | Un cuento de María Berns, con cerros que predican, edificios lascivos, y arquitectos en la frontera | María Berns
