Vistas las consecuencias que la ola de calor más extensa de la que se tenga registro imprimió sobre los servicios de provisión eléctrica de la mayoría de las grandes ciudades argentinas, podemos afirmar que las categorías producidas por la disciplina urbanística o el marketing político, tales como “Ciudad Viva”, “Ciudad Inteligente”, “Ciudad Inclusiva”, “Ciudad Global”, “Ciudad Verde”, “Ciudad Jardín”, “Ciudad Conquistada”, “Ciudad Accesible”, “Ciudad Compacta” y hasta “Ciudad Dormitorio”, carecen de sentido y que la situación nos obliga a revisar prioridades. Hasta el Derecho a la Ciudad pierde entidad en tales circunstancias.
Sólo habría que describir el drama singular por el que atravesaron -y todavía atraviesan- miles de compatriotas que viven en las grandes ciudades, con especial exposición mediática en el área metropolitana de Buenos Aires, para dimensionar la gravedad de la situación. Los reiterados y prolongados cortes en el suministro eléctrico y sus consecuencias en otros servicios públicos esenciales han puesto a prueba la paciencia colectiva y la cohesión social, sometiendo a nuestra población urbana a graves padecimientos por falta de agua, por dificultades para la movilidad de los que moran en altura, por la ruptura de la cadena de frío alimentaria, por los déficits en la atención hospitalaria, por el incremento de la sensación de inseguridad ante la falta de alumbrado público, entre otros.
Esta crisis ha nutrido el debate público sobre las responsabilidades de las empresas que brindan servicios públicos, el derecho de los consumidores y el compromiso del Estado en la materia. Sin embargo, poco se ha dicho respecto del modelo de crecimiento de nuestra sociedad, de las modalidades que adopta el desarrollo urbano o del rigor del cambio climático mundial, todas materias que, especialmente los arquitectos, tenemos la obligación de abordar.
En orden a delimitar las causas del colapso del sistema de provisión de energía eléctrica, hay consenso mayoritario en la flagrante responsabilidad de las concesionarias privadas que no invirtieron en las redes de distribución en correspondencia con el fuerte incremento del consumo ni acompañando las inversiones estatales en los sistemas de producción y transporte.
Sin embargo, los hechos ponen en evidencia las complejidades y contradicciones de este diagnóstico primario al comprobar que las empresas provinciales de energía eléctrica (estatales) o muchas cooperativas eléctricas tampoco estuvieron a la altura de las exigencias del clima. Desde su privatización –y aún desde antes–, las distribuidoras de electricidad se han limitado a realizar tareas de mantenimiento y a incrementar la potencia de sus redes para hacer frente al crecimiento promedio del consumo, pero no para atender los picos de demanda. En términos técnicos, las redes de distribución se construyen con “margen de redundancia”: tener una capacidad de atención más elevada que la demanda potencial. La infraestructura del sistema urbano nacional está funcionando al límite.
Esta crisis suma un eslabón más en la discusión ya iniciada –no sólo a nivel local– sobre los alcances de la actuación directa del Estado en áreas como la salud, la educación, la seguridad social, el monopolio de la fuerzas de seguridad, los recursos naturales, el transporte, la energía y los servicios básicos, entre ellos las telecomunicaciones, el saneamiento y la electricidad. En otros países y aquí, en el pasado y en el presente, sólo el Estado invierte en obras de infraestructura con proyecciones a largo plazo, porque su objetivo es obtener rentabilidad social y productividad económica antes que retorno económico-financiero, como sí exige la libre empresa.
También es evidente que, a nivel ministerial, en los organismos de control o en las empresa públicas que prestan este servicio en muchas ciudades del interior, el aparato estatal requiere de equipos de técnicos, expertos y de la mayor calificación para que cualquier decisión se encuentre fundada y respaldada por una gestión profesionalizada, ética y orientada al bien común y al interés nacional, además de una continuidad programática entre las administraciones políticas sucesivas.
En este contexto, los exegetas del neoliberalismo centran el debate en las tarifas retrasadas y pretenden justificar el colapso en el excesivo consumo energético debido a las bajas tarifas. Por consiguiente aconsejan aumentarlas para que la gente consuma menos electricidad y no ponga en crisis al sistema. Nada dicen que cuando se prioriza este eje de la discusión se está planteando abiertamente que los que tienen recursos tendrán derecho a un mejor servicio y los que no, se olviden de los aparatos de aire acondicionado y de los electrodomésticos a los que están accediendo recientemente.
Tampoco explican como, en aquellas ciudades donde no hay subsidio al consumo eléctrico y las tarifas son muy superiores a las del AMBA, también colapsaron las redes eléctricas. Un servicio público no puede hacer esas diferencias. Con subsidios o sin ellos, el estado debe garantizar a todos sus ciudadanos el acceso a los servicios básicos urbanos, garantes del derecho a la ciudad.
Esta crisis en la distribución, con ser la más aguda de la historia, ha registrado otras interrupciones en los últimos años, por lo que esa inicial responsabilidad empresarial salpica también al estado, nación y provincias, a partir de sus responsabilidades como controladores y reguladores del servicio. Y también a los municipios. Estos últimos se hacen los desentendidos para no quedar involucrados y evitar costos políticos cuando los afectados son los contribuyentes que viven en sus territorios. Es incomprensible la escasa o nula ayuda inicial a los vecinos sin luz (agua, alquiler de grupos electrógenos o asistencia de emergencia a personas de edad avanzada), como si no tuvieran responsabilidad en la jubilosa extensión de permisos de construcción de edificios que incrementan el consumo energético de estas redes colapsadas. Entre las perlas destacadas de estos dislates se destacan la propuesta para que los edificios se equipen con grupos electrógenos propios o se cambie el huso horario en el país.
El operativo de repartir 4.000.000 de lámparas de bajo consumo, ejecutado por el gobierno nacional hace unos años, debiera replicarse en programas para el uso racional de la energía, de carácter permanente y ampliamente extendidos. Este tipo de políticas se practica desde hace años en otras latitudes y han demostrado que, por esta vía, es posible reducir la demanda energética hasta en un 15%. Un cambio de paradigmas de este tipo, proyectado a todas las necesidades humanas y vinculado al consumo responsable, al reciclado, a la ética de lo necesario y al rechazo del despilfarro, es el mayor desafío de concientización individual y social para reducir el consumo, factor clave para garantizar la sustentabilidad planetaria a largo plazo.
Frente a fenómenos como éste, la tradición urbanística aporta elementos desde la ecología urbana y el desarrollo sostenible, pero la conceptualización de la sostenibilidad urbana que sigue el discurso ambiental ha ignorado el problema de los desafíos relacionados con la transición energética desde el cenit de la producción petrolera hacia nuevas fuentes sustitutas. La ciudad no se ha pensado desde la perspectiva de la energía que demanda y consume. Tampoco se investigan las complicaciones que pueden presentarse por el encarecimiento o escasez de los recursos energéticos, por la presencia de rendimientos decrecientes y la inevitable entropía o por las consecuencias del amenazante cambio climático. La disciplina urbanística tiene mucho por aportar en este sentido.
Finalmente, nuestros colegas constructores –especialmente los arquitectos– debieran ejercitar al máximo sus capacidades profesionales y su compromiso con la armonía entre nuestra descendencia y el planeta que habitamos a fin de responder con las mejores respuestas proyectuales, motivados por estos objetivos antes que por acompañar el lucro desmedido del mercado inmobiliario, que no trepida en verticalizar insustentablemente las áreas centrales o en expandir la mancha urbana hasta la frontera rural.
¿Incorporaremos los conceptos de ahorro y sustentabilidad energética en nuestros proyectos? ¿Podremos formatear las normativas urbanas para densificar adecuadamente nuestras ciudades con la dotación de las infraestructuras necesarias y pertinentes? ¿Podremos confiar en las prefactibilidades de prestación de servicios que extienden estas prestadoras de servicios públicos?
Como muchas veces me ocurre, tengo más preguntas que respuestas…
NI
El autor es arquitecto con Maestría en Administración Pública Local (Universidad Carlos III, Madrid). Preside el Instituto Territorio, Municipio y Ciudad (ITEMCIUDAD), es colaborador de la Fundación Metropolitana, Consultor, Docente de Planeamiento urbano en la cátedra Garay (FADU-UBA) y Asesor dela Federación Argentina de Municipios. Fue organizador, para el Municipio de Malvinas Argentinas, de los primeros seminarios sobre Barrios Cerrados dadas en el país, en los años 1998-2001.
De su autoría, ver también en café de las ciudades:
Número 11 | Tendencias
“La mundialización como nosotros la queremos” | Recomendaciones para las ciudades globales del Mercosur. | Norberto Iglesias
Número 26 | Proyectos de las ciudades (II)
El impacto metropolitano de los grandes proyectos urbanos | Los casos de Puerto Madero y la Nueva Centralidad de Malvinas Argentinas. |Norberto Iglesias
Número 44 | Arquitectura de las ciudades
Burguesía porteña: ¿culta? | Los límites de una clase: el propietario y los compradores de la torre Grand Bourg y de Nordelta. | Norberto Iglesias
Número 89 | Lugares
Cidade Livre, hogar de los trabajadores que construyeron Brasilia | Un campamento provisorio que se transformó en ciudad | Norberto Iglesias|
Número 90 | Política y Planes de las ciudades
¿La muerte del urbanismo “petista”? | El debate disciplinario en Brasil | Norberto Iglesias y Alexandre Benoit
Número 91 | Planes de las ciudades (I)
Programas municipales de viviendas para sectores medios | Experiencia alternativa en la Municipalidad de Malvinas Argentinas, AMBA | Norberto Iglesias
Número 100 | Política de las ciudades (I)
Los barrios cerrados en la agenda pública y política | Contra la privatización de la ciudad | Norberto Iglesias
Sobre infraestructuras urbanas en Argentina, ver también entre otras notas en café de las ciudades.
Número 27 | Política de las ciudades
El sistema urbano – regional de redes de servicios e infraestructuras | La visión sistémica de Pírez, Rosenfeld, Karol y San Juan. | Marcelo Corti
Número 66 | Planes y Política de las Ciudades (II)
El Plan Estratégico Territorial y la construcción de la Argentina deseada | La búsqueda de consensos para el despliegue territorial de la inversión pública | Marcelo Corti
Sobre el tema, ver también Infraestructuras Urbanas en América Latina, libro coordinado por Jaime Fabián Erazo Espinosa a partir del Seminario Internacional sobre Infraestructuras Urbanas organizado por FLACSO Ecuador, con apoyo del Banco del Estado de Ecuador, en el año 2011. Escriben, entre otros, Fernando Carrión, Marluci Menezes, Marcelo Corti, Ramiro Segura, Andrea C.Catenazzi, Pedro Pírez y Bernardo Navarro Benítez.
