La elección legislativa del pasado 23 de octubre aclara en alguna medida el panorama político de Buenos Aires, pero no permite establecer con certeza la situación en que la ciudad llegará al 2007, cuando se renueve la Jefatura de Gobierno. Ni, mucho menos, el modo en que se desarrollarán los dos años que restan para ese traspaso de mando.
Llamativamente, el actual Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra carece prácticamente de representación parlamentaria propia en la nueva composición de la Legislatura, un producto del “efecto Cromagnon” y de las históricas debilidades de construcción política del Frepaso, su partido de origen. La falta de legisladores de Ibarra no es producto de una derrota en los comicios, sino de la no presentación de candidaturas propias, salvo una alianza poco difundida con el Partido Socialista y algunas expresiones “sueltas” en partidos menores.
Una buena noticia es que parece superarse la actual fragmentación en la Legislatura, caracterizada por una veintena de bloques que agrupan a los 60 legisladores: un absurdo descomunal, a menos que se acepte que pueda haber 20 o más posiciones políticas tan distintas que ameriten la individualidad como bloque. El nuevo panorama que dan las elecciones marca como primera minoría al centro derecha de Mauricio Macri, y otras dos minorías significativas: el peronismo y el ARI de Lilita Carrió (al que por comodidad interpretativa aceptaremos se ubique a la centroizquierda, aun cuando haya presentado la candidatura del ex Jefe de Gobierno Enrique Olivera…). Luego, dos o tres bloques pequeños y la significativa disminución, reducción o eliminación de los bloques de algunos partidos, entre ellos varios de la izquierda.
Mauricio Macri, con su PRO, aparece como el candidato más firme a suceder a Ibarra en el 2007, aunque no debe subestimarse la gran cantidad de ciudadanos que en una segunda vuelta electoral votarían a cualquier otro candidato que no fuera el actual presidente de Boca Juniors. A contrario sensu, tampoco debe suponerse que necesariamente los votos del peronismo y de Carrió (o quien sea que de acá a dos años represente al progresismo porteño) se sumarán en esa circunstancia. Habrá que ver también la situación en que se encuentren el país y la ciudad en el momento de la elección, y la propia evolución del discurso de Macri. Más por necesidad que por virtud, Macri centra su campaña en temas propios de la ciudad, algo que nunca caracterizó el debate político porteño desde la autonomía. Su intención es enfatizar la “gestión” por sobre la ideología: como sabrán nuestros lúcidos lectores, esta pretensión no resiste el menor análisis pero es funcional a las pretensiones tecnocráticas de toda derecha o centroderecha, y le sirve a Macri para evitar la confrontación directa con el presidente Kirchner (que dos años atrás le costara la elección para Jefe de Gobierno). Lo cierto es que el PRO es seguramente la única fuerza política porteña que reúne un discurso territorial con una organización estructurada de cuadros; da la impresión que Macri podría designar hoy mismo su gabinete y sus funcionarios hasta una segunda o tercera línea, mientras que a los derrotados Bielsa y Carrió habría casi que explicarles donde queda el despacho de Jefe de Gobierno…
En el conurbano, mientras tanto, hicieron muy buen papel la mayoría de las actuales conducciones comunales (¿conformidad del electorado con las “buenas gestiones” o peso de los aparatos políticos?): los caudillos peronistas (especialmente los que por convicción o por interés saltaron el vallado duhaldista hacia el kirchnerismo), los vecinales conservadores (Ubieto, intendente de Tigre, y los formalmente radicales Posse y García, de San Isidro y Vicente López respectivamente) y el centroizquierda de Sabatella en Morón. La gran victoria de Cristina Kirchner como senadora confirma el liderazgo presidencial, aunque no agrega nada desde el punto de vista de las políticas territoriales, ausentes en su discurso y en el de su esposo.
Sin embargo, el gobierno nacional puede ser un actor privilegiado del desarrollo de Buenos Aires en los próximos años. El estado federal, a través de su Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), posee terrenos estratégicos como las diversas playas ferroviarias, el Mercado de Hacienda de Mataderos o el Puerto, y alienta el Régimen de Iniciativa Privada, un mecanismo legal que permite el lanzamiento de proyectos como el eufemísticamente denominado Puerto Madero II, frente a la dársena arenera. La Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo se han expedido al respecto en sendas notas. El proyecto repite lo peor de la experiencia urbana de los últimos años: la idea de “marca”, la errónea suposición de que la mayor oferta de tierras reduce el precio del suelo urbano, la visión fragmentaria de la ciudad, etc.
Otro rol del estado nacional en la configuración del territorio lo da su capacidad legal de regular los servicios privatizados: tema conflictivo, si solo consideramos la retirada de la empresa francesa Suez en la conducción de Aguas Argentinas (en una metrópolis donde más de la mitad de la población carece de servicios cloacales), las pujas tarifarias y el inminente colapso del servicio ferroviario, del que los incidentes de Haedo son una muestra.
Por otro lado, en la ciudad se asientan y prosperan las industrias “culturales”, con el turismo y los medios audiovisuales a la cabeza (un índice de las falencias de planeamiento porteño es que gran parte de esta nueva economía de base urbana no está contemplada en la normativa urbanística) y la siempre glamorosa Casa FOA propone Barracas como futura área de oportunidad en la ciudad, quizás con el guiño de un poderoso grupo empresarial con propiedades en el área. Aunque también se acentúa la presión por la localización de los pobres, como es evidente si se analiza el crecimiento de la Villa 31 de Retiro y la tendencia al florecimiento de asentamientos marginales en cualquier intersticio del espacio urbano: parques, bordes ferroviarios, la misma Reserva Ecológica. Y mientras continúa pendiente el debate por la institucionalización del área metropolitana, la reciente sanción de la Ley de Comunas, con todas sus imperfecciones, introduce un nuevo marco para la planificación y la gestión de la ciudad. Es posible que aun los actores sociales, los políticos y los profesionales no hayan valorado adecuadamente las posibilidades y consecuencias implícitas en esta descentralización en curso.
En general, el monto de la inversión publica y privada que se espera en la ciudad no se condice con la precariedad de su panorama político. Según Clarín, “el Gobierno porteño tiene presupuestado invertir este año en obras $ 1.771 millones, un 19% del total de sus gastos. Entre los privados también hay una notable reactivación. Según la Ciudad, entre enero y septiembre de este año recibió pedidos para edificar 1.534.007 metros cuadrados. Es la cifra más alta en los últimos siete años, apenas un 4,3% menos que el récord histórico alcanzado en 1998, cuando en el mismo plazo se autorizó la construcción de 1.603.275 m2. De hecho, en los nueve primeros meses de este año se anunciaron 52 grandes inversiones privadas, por más de 520 millones de dólares“.
Estas y otras inversiones e iniciativas, firmes o en proyecto, públicas o privadas, se dan en el marco de una notoria indefinición política y normativa de la ciudad: sin aprobación del Plan Urbano Ambiental y con una notoria banalización del debate urbanístico. Es evidente la carencia de una ideología del desarrollo territorial, de la que puede ser involuntario testimonio la creciente presión por adoptar la metodología de la Evaluación de Impacto Ambiental como mecanismo de gestión alternativa al planeamiento tradicional. Y en general, sin alternativas al enfrentamiento entre “la ciudad de los negocios” y el obstruccionismo vecinal del tipo NIMBY (no en mi patio trasero, not in my back yard). Para colmo, con un Jefe de Gobierno al borde del juicio político (aunque pareciera ser escasa la conveniencia, para nadie, de patear el tablero: un vacío de poder significaría para el gobierno nacional la posibilidad de acelerar la ascensión de Macri, y para este el riesgo de aparecer nuevamente como atentando al orden institucional).
Dos años de intensidad en las demandas y ofertas urbanas, en un marco de debilidad institucional: ¿cómo responderá Buenos Aires?
Sobre Cromagnon, ver la nota Dos tragedias, en el número 28 de café de las ciudades. Curiosamente, los 32 muertos en el motín de la prisión de Magdalena, solo una semana antes de los comicios, no afectaron la performance electoral del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, mientras que el desastre de Cromagnon sí que dio por tierra con las aspiraciones políticas de Ibarra. Sobre el motín de Magdalena, ver la nota de argenpress.info.
Ver la nota de la Sociedad Central de Arquitectos sobre el proyecto Puerto Madero II.
Ver la página Web de Casa Foa
