Hay una parte clandestina de la ciudad, que excede las andanzas de vendedores callejeros o inmigrantes ilegales, de narcotraficantes o capitalistas de juego. A veces, la propia ciudad tiene espacios clandestinos, lugares arrancados a la legalidad, territorios que existen en la realidad pero no en los registros del Estado.
Lo clandestino es un escándalo de la ciudad, que se supone la cosa pública por excelencia. Pero no siempre lo ilegal es ilegítimo, y no siempre el Estado quiere o puede controlar su territorio. La ciudad clandestina no está asociada necesariamente a una ilegalidad más amplia, económica o social. Y tampoco es exclusiva de los pobres y marginados: los ricos también transgreden, si los beneficia. Ocupaciones de terrenos o edificios, construcciones no autorizadas ni declaradas, barrios privatizados de hecho por vecinos que temen a la ciudad: lo clandestino indigna y molesta, pero también puede traer la memoria de los primeros pactos que hicieron posible la ciudad.
Ocupaciones de terrenos y viviendas
Un típico fenómeno de clandestinidad urbana es la ocupación de terrenos periféricos a las grandes ciudades. Allí se asientan grupos marginados, en general migrantes internos y externos, o desplazados de los barrios centrales de la ciudad por distintos motivos. En épocas de expansión económica, como producto de la gran oportunidad de empleos y servicios que brindan las ciudades. En otros casos, por los reacomodamientos territoriales originados en el deterioro de las prácticas rurales tradicionales, o por la desindustrialización de algunas zonas de la ciudad. Es también un fenómeno rural, como el que hoy protagonizan los Sin Tierra en Brasil.
Según la UEMRI (“Urban Environmental Management Research Initiative”), los asentamientos ocupados representan una especie de negociación o solución de compromiso entre varios dilemas: baja calidad de vida y proximidad a empleos y mercados, baja calidad residencial y escasa inversión en vivienda, carencia de vivienda e inseguridad en su tenencia, carencia de acceso a las infraestructuras y provisión intermitente de servicios urbanos.
Correctamente, la misma fuente diferencia asentamientos ocupados (squatter settlements) de tugurios (slums): el tugurio es una calidad física y ambiental, la ocupación se refiere a la legalidad de la posesión de la tierra y del acceso a provisión de infraestructuras. No siempre una ocupación implica un tugurio, ni un tugurio una ocupación, aunque la coincidencia es habitual. Y por otro lado, la misma formalidad e informalidad se entrecruzan en la práctica: por ejemplo, comerciantes establecidos legalmente que durante la noche revenden a ocupantes de un terreno vecino su electricidad, o proveedores de bidones de agua que abastecen a asentamientos informales.
Hari Srinivas, miembro de dicha organización, previene contra la solución facilista de considerar a las ocupaciones como un “mal” a ser erradicado, y en cambio reivindica la consigna básica de proveer adecuado alojamiento a toda la gente. Según este autor, existen tres características que definen a un asentamiento ocupado:
- debido a su status no legal, sus servicios e infraestructuras están por debajo de niveles mínimos o adecuados
- en general albergan a grupos de bajos ingresos, con empleos precarios o informales, predominantemente inmigrantes (aunque hay ocupantes de segunda o tercera generación, como puede comprobarse en cualquier favela o villa miseria latinoamericana)
- los ocupantes carecen de títulos de propiedad sobre las parcelas donde construyen sus casas, pese a lo cual existe un mercado informal organizado de la renta del suelo (que en algunos países asiáticos es dirigido por el verdadero propietario de los terrenos ocupados: estas rentas son superiores a las rentas agrarias que podría producir el lugar, y no están afectadas por los impuestos ni las obligaciones que soporta un desarrollador formal).
Srinivas considera que la gente ocupa tierras o viviendas por razones propias y ajenas. Entre las primeras, menciona la falta de ahorros y capacidad de financiación, y la precariedad y baja renumeración de sus empleos. Las razones ajenas son el alto costo de la tierra y la vivienda, la apatía y la antipatía del gobierno hacia estos sectores, la excesiva calidad edilicia requerida por algunas reglamentaciones, y las complicaciones de la normativa y gestión urbanísticas.
Charles Abrams (Man’s Struggle for Shelter in an Urbanizing World, The MIT Press, 1964) y John Turner (Uncontrolled Settlements: Problems and Policies, en International Social Development Review No.1, Naciones Unidas, 1968), entre otros, han prestado una particular atención al fenómeno de las ocupaciones, influyendo en las recomendaciones propuestas por la Conferencia del Hábitat de 1976 en Vancouver. Sus escritos definieron la esencia de las ocupaciones, y se cuidaron de cuestionar su carácter ilegal para enfocarlas en cambio como una forma de acceso a la vivienda en países subdesarrollados: de esta forma estimularon el paso de la actitud hostil a las ocupaciones, hacia una de apoyo y protección. Estas se expresan en políticas estimuladas por los organismos internacionales, como la regularización dominial, y los programas de lote y servicios y de mejoramiento de barrios.
Existen incluso mecanismos posibles para comprometer a los propietarios de los terrenos ocupados en procesos de mejoramiento, como por ejemplo subdividir las tierras manteniendo en su dominio los lotes subdivididos ubicados sobre las rutas principales, o muy cercanos a las infraestructuras. De esta forma el propietario resigna una parte de sus tierras a cambio de mantener otra más valorizada por los procesos de urbanización. Srinivas subraya en esto casos el rol de organizaciones no gubernamentales, y de voluntarios, en ayudar a la movilización, el entrenamiento y la capacitación de los ocupantes.
Un ejemplo significativo de ocupaciones de terrenos es el que comenzó en Buenos Aires a partir de 1978. Ese año se sancionó la Ley provincial de Uso del Suelo, que terminó con los loteos abusivos de los ’60 y ’70. Pero al ignorar la necesidad de generar condiciones alternativas adecuadas para el desarrollo de la vivienda popular, se dio origen a la ocupación de tierras en la periferia metropolitana: es el fenómeno de los “asentamientos”, del cuales el de Solano es uno de los más antiguos y conocidos. A diferencia de las “villas miseria”, surgidas con el proceso de industrialización de mitad de siglo XX, estos asentamientos se desarrollan en áreas periurbanas y no en sectores centrales de la ciudad, y el diseño inicial lleva en si el germen de la posterior legalización: tamaños y formas de los lotes, previsión de calles, etc. Resulta sorprendente la forma en que los grupos ocupantes producen ciudad en pocas horas a partir de terrenos rurales o abandonados.
Las ocupaciones tienen generalmente apoyo político de estructuras estatales, paraestatales o partidarias, e incluso algunos mencionan el apoyo de los propios dueños de los terrenos, que obtendrían plusvalías por la posterior expropiación de sus terrenos rurales o periurbanos a precios urbanos.
El fenómeno de la ocupación se acompaña generalmente con la organización de los ocupantes en organizaciones de base, e inclusive en federaciones de segundo o tercer grado. Estos colectivos comparten con los movimientos de inquilinos, y otras organizaciones sociales, su rechazo a la explotación de las clases más pobres de la sociedad en las instancias de consumo de bienes básicos como la vivienda.
Entre otras organizaciones que actúan en el Gran Buenos Aires está el caso de la Federación de Tierra y Vivienda, liderada por el dirigente piquetero Luis D´Elía, que integra la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). Otras organizaciones son impulsadas por movimientos religiosos u organizaciones internacionales. En la mayoría de los casos (y a diferencia de las vertientes libertarias que analizaremos más adelante), los ocupantes de terrenos y edificios tienen intenciones de legalizar en el corto o mediano plazo su situación. Incluso hay economistas liberales, como Hernando De Soto, que ven con buenos ojos la posibilidad de acceso a la propiedad de estos grupos (ver número 1 y presentación del número 7 de café de las ciudades).
En un texto reciente, próximo a publicarse (“Mercantilización de los servicios habitacionales y privatización de la ciudad – Un cambio histórico en los patrones de expansión residencial de Buenos Aires a partir de los ’90″) los especialistas en vivienda Raúl Fernández Wagner y Omar Varela sostienen que la regularización dominial constituye “una de las problemáticas más importantes en torno a la gestión residencial“. En algunas entrevistas que los autores han realizado se hacen referencias a las dificultades de implementación de la ley de regularización dominial vigente en la provincia de Buenos Aires, ya que a muchos hogares les cuesta pagar el 1% del valor del lote. También “se pueden entrever otras razones, como la eventual negativa a sumarse al beneficio de la regularización que les implica a los hogares someterse a nuevos gastos fijos como impuestos y servicios“.
Los autores citan además algunos casos de estafas en la subdivisión y venta de terrenos periféricos, como el Barrio Máximo, en el municipio de San Miguel. Allí hay 150 familias, de las cuales 50 son ocupantes. Pero los que compraron la tierra y poseen boletos con validez legal, no fueron advertidos al comprar su lote (15 años atrás) que estaban adquiriendo tierra en condominio. Esta estafa encubierta consiste en simular la venta de un lote de 800 metros cuadrados, al que se le han hecho pasillos y dividido en cuatro lotes menores. “El procedimiento – explican Fernández Wagner y Varela – era mostrar el lote a la persona, arreglar el precio y firmar el boleto. La gente no advertía que firmaba por un 25 %. Los mismos propietarios han hecho otro tanto en el barrio Don Alfonso, que tiene 22 familias en esta situación, incluso con algunos lotes sin acceso por pasillos. La repetición del caso daría el indicio de una acción premeditaba por parte de los dueños de los terrenos al momento de comercializarlos“. Los titulares de dominio están identificados y el municipio está tratando de llegar un acuerdo con ellos, tendiendo a consolidar y subdividir el terreno con 4 familias con el 25 % del lote para cada una.
Las áreas degradadas del centro de la ciudad son el escenario de otras formas de ocupación, en este caso de edificios abandonados, vacíos, deteriorados o inconclusos.
Estos edificios, desocupados en forma expresa por sus propietarios (no hablamos de edificios que no se consiguen arrendar o vender, sino de aquellos que voluntariamente son puestos fuera del mercado, y corresponden a la definición más clara de especulación inmobiliaria: la espera de mejores condiciones para la venta de inmuebles sin mejoras), tienen una doble función en la mecánica de la renta urbana. Por una parte desvalorizan al resto del parque construido en su entorno cercano, pero por otro lado reducen la oferta y así aumentan artificialmente los precios de la propiedad en general. La ocupación constituiría así, en la mirada de algunos teóricos, una respuesta económica que altera esas especulaciones.
En “Okupación y desobediencia como herramienta de lucha ante los problemas de la vivienda“, un artículo publicado en el periódico radical La Haine, Rubén Ibán realiza un análisis de las condiciones de producción y consumo de la vivienda en las grandes metrópolis del mundo desarrollado. Ibán sostiene que aunque en estas existen condiciones para “construir por encima incluso de la demanda de viviendas, sin embargo dentro de la lógica capitalista esto no quiere decir que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna. En la urbe del capitalismo industrial y post-industrial se dan una serie de procesos que obran en prejuicio de las clases mas desfavorecidas para el acceso a la vivienda: desequilibrios entre el poder adquisitivo medio y el precio de la vivienda, procesos de gentrificación y procesos de concentración de la población en las zonas mas favorecidas por el capital y el empleo“.
Ibán sostiene que la existencia de casas vacías en los centros de las ciudades responde a una lógica de la especulación capitalista, lo cual explica la paradoja de que la dificultad de acceso a la vivienda coexista con la existencia generalizada de viviendas desocupadas. “En el caso de España, por poner solo un ejemplo, desde finales de los años sesenta los precios del suelo y la vivienda no han parado de multiplicarse en tres booms sucesivos. Sin embargo en las grandes urbes del Estado español encontramos enormes parques de viviendas vacías, viviendas nuevas que tardan años y años en ocuparse, viviendas antiguas que se abandonan hasta la ruina, solares que nunca se edifican“. Según Ibán, mantener viviendas vacías permite construir, vender y alquilar más, además de generar expectativas sobre una suba de los precios del suelo, a la espera de poder obtener mayores beneficios en un futuro.
oKupación política
Ibán asocia estos procesos especulativos a la consiguiente gentrificación de las áreas centrales: “esto se consigue mediante la declaración de ruina de viviendas antiguas o de impago de los alquileres, además de la concentración de la construcción de viviendas de protección social en determinados puntos de la periferia de las ciudades. Se consigue así liberar el espacio, demoler las viviendas antiguas y poder construir otras de mayores dimensiones y comodidades, que unidas a su posición estratégica en el centro o áreas cercanas al centro de las ciudades, se repoblarán con ciudadanos con un mayor poder adquisitivo“. Por otra parte se eliminan viviendas y rentas de las que se podían extraer escasos beneficios, a la vez que se fomenta la construcción de nuevas viviendas que, a pesar de ser supuestamente de precios protegidos por la administración, tendrán unos precios y unos alquileres muy superiores a las rentas viejas de las casas de vecinos.
“La ocupación ha sido utilizada como herramienta para luchar contra estos procesos en numerosas ocasiones. En primer lugar, ocupando las casas que dejaban vacías la especulación o desalojos previos, y en segundo lugar rehabilitando las casas antiguas para evitar su “ruina”, principal objetivo de los propietarios. Esto ha sido evidente en la mayoría de las experiencias con la ocupación militante en el Estado español, y con anterioridad ya habían abanderado esta lucha los okupas de Berlín, con las llamadas “ocupaciones de mantenimiento”. Sin embargo, Ibán considera que hasta el momento dicha estrategia ha fracasado, con pequeñas excepciones. “La principal causa es que han sido siempre elementos externos y no los habitantes tradicionales del barrio los que han llevado a cabo estas acciones. Además, los okupas no han conseguido siempre conectar con la gente del barrio y conseguir su participación en las luchas“.
El mismo autor, en otro artículo (España: el problema de la vivienda y el papel de la ocupación), sostiene que este modo político de “okupación” es específico del occidente desarrollado, y lo explica por la coincidencia de una industria de la construcción activa y muy sofisticada, alta rentabilidad de la especulación inmobiliaria, elevados precios del suelo, y al mismo tiempo problemas de hacinamiento y tugurización en las grandes ciudades.
La “okupación” política estaría ligada a la denuncia de estos problemas urbanos. Sostiene que el primer periodo de ocupación masiva y politizada dentro de un país capitalista se remonta al Londres de postguerra, en el contexto de una crisis de vivienda muy grande originada por la destrucción por los bombardeos. El fenómeno reaparecería entre los ’60 y los ’70, protagonizado “por familias de clase obrera, sobre las que la crisis económica y la posterior reconversión no tuvo piedad“. Este movimiento no tiene objetivos ideológicos ni testimoniales, sino que busca presionar al gobierno para conseguir mejoras en los servicios sociales de vivienda, con cierto éxito. En el mismo período se registran numerosas okupaciones en Berlín Oeste y en el norte industrial de Italia, donde los grupos “Potere Operaio” y “Lotta Continua” pregonan la extensión de la desobediencia obrera desde la fábrica (la producción) hacia el consumo, en este caso el de la vivienda. Otro instrumento utilizado fue el de las “auto-reducciones” en supermercados y medios de transporte: consistía en la negativa a pagar incrementos de precios y tarifas, practicada de manera activa.
En la actualidad, según Ibán, la vivienda “es una trampa muy bien montada, como cualquier otra mercancía orientada al consumo obrero de masas“. Cita el caso de España, donde en los seis primeros meses del 2001 el precio de la vivienda creció un 16,6%, un 13% más que los sueldos de los trabajadores asalariados, mientras que desde julio del 2001 hasta julio del 2002 subieron un 15%. Esto implica que las familias de trabajadores tienen que dedicar un promedio del 47,5% de la renta familiar al pago de su vivienda. Es la denuncia y la lucha contra esta situación la que Ibán considera se encuentra en el corazón de las okupaciones, y esa convicción se expresa en la consigna con que cierra su nota: “hacer que cada espacio ocupado y autogestionado sea un cáncer para el mercado“.
Algo parecido a lo que sostiene el grupo de okupación Almorranas Kabreadas. Al comentar la batalla sostenida en pleno centro de Barcelona durante el desalojo del antiguo cine Princesa, en octubre de 1996, los AK sostienen que “a la ciudad del diseño y de la paz social le ha salido una almorrana. Toda la ingenieria del consenso puesta en marcha ya antes del ´92 para vendernos la idea de que vivimos en la mejor ciudad del mundo se ha visto confrontada con un hecho inesperado: en el centro de Carcelona ha existido un espacio libre“. Con un lenguaje de clara inspiración situacionista, los AK reivindican, “en la Barcelona feliz de los voluntarios, de los ciudadanos definitivamente felices porque están muertos, del espectáculo subvencionado permanentemente“, el haber logrado imponer un uso distinto del espacio. Despojado de sus fines especulativos, el espacio se ocupó para abrirlo a otras maneras de vivir: “durante horas, Barcelona dejó de ser el gran supermercado de fachadas rehabilitadas“.
César Londoño, en el sitio español Calle 22, ubica el principio del fenómeno okupa en los tiempos del punk (mediados de los ’70), cuando jóvenes anarquistas y obreros desempleados tomaban viejas fábricas abandonadas en los suburbios de Londres, Rotterdam o Frankfurt, “en busca de un espacio en el cual vivir a su estilo y sin dinero“. Londoño recuerda que en aquel momento España salía del aislamiento franquista y comenzaba una acelerada modernización. Una de las consecuencias fue el auge de la especulación inmobiliaria: “las empresas del sector empezaron a comprar cuanta casa, solar o edificio podían, no para ser vendido o reformado sino para dejarlo inutilizado tantos meses o años como fuera necesario, años al cabo de los cuales los derrumbaban y construían de nuevo, multiplicado su valor de forma considerable y encareciendo el precio del suelo hasta limites desmedidos“. Se llega así en la actualidad a más de 250.000 predios abandonados en Madrid y más de 80.000 en Barcelona. Este sería entonces el origen del movimiento oKupa español, “desprovisto de estrategia, de organizaciones estables y de líderes, que funciona de forma asamblearia y en el que las decisiones son tomadas por el colectivo, que a su vez se encarga de autogestionar las casas ocupadas“. No se identifican como un grupo homogéneo, sino un colectivo en el que conviven personas de todas las clases (antimilitaristas, sindicalistas, grupos de rock, artistas, grupos gay, antifascistas, etc.)
En Barcelona existían (al momento de escribir Londoño este artículo, en el año 2000) 68 casas okupadas “por más de 500 jóvenes que intentan crear conciencia en la comunidad sobre los peligros del libre comercio o las nuevas formas de economía y que han sido abanderados en la lucha por la insumisión al servicio militar“.
Livia Gershon, estudiante de artes en Connecticut, refiere en la revista Adbusters su visita a los ex okupas del Fifth Street Squat, en el Lower East Side, Bajo Manhattan. Se trata de un edificio demolido por el Ayuntamiento pretextando daños estructurales irreparables con posterioridad a un principio de incendio (un argumento similar al que se usó en Buenos Aires para el desalojo del Padelai). Los okupas se trasladaron unas pocas cuadras al norte, en la calle Novena, al asentamiento conocido como Dos Blocos, ocupado desde hace más de 10 años. Livia refiere que aunque la gente más visible del sitio es joven y blanca, la mayoría de los okupas son familias locales, trabajadores indocumentados, y gente demasiado pobre como para pagar un alquiler en Nueva York, muchos de ellos hispanohablantes. Se estima que hay 12 edificios ocupados en el barrio, con un promedio de 30 habitantes cada uno (muchos de ellos, pasan totalmente inadvertidos en el contexto urbano, por no presentar el típico activismo y simbología okupa).
Fifth Steet Squat pertenece al Ayuntamiento, mientras que Dos Blocos es formalmente propiedad de un banco. Los abogados que asisten a los okupas sostienen que los propietarios formales han permanecido demasiado tiempo descuidados de sus posesiones, por lo cual reclaman la llamada posesión adversa (que corresponde a quien ha ocupado durante un determinado tiempo un solar sin reclamo por parte del propietario). Pero el argumento choca con el creciente interés de los desarrolladores inmobiliarios por el Lower East Side.
Una de las mayores objeciones de los oponentes al movimiento okupa de Manhattan es que se trata de chicos blancos de clase media que juegan a ser pobres y revolucionarios, y ocupan lugares que el Ayuntamiento podría dedicar a construir edificios de protección social para familias realmente necesitadas. Pero los okupas sostienen que esas viviendas, transcurrido un tiempo, podrían ser vendidas a valores de mercado y así acelerarían el proceso de gentrificación que ya alteró el anterior perfil de barrios como West Village y el SoHo: los okupas se ven a si mismos como un reaseguro contra la especulación inmobiliaria, al bajar los valores de mercado en el área.
Como forma de congraciarse con sus vecinos, suelen disponer algunos servicios sociales, en especial jardines sobre lotes abandonados, puestos a disposición de la comunidad barrial (es algo similar a lo que en Buenos Aires se realizó con posterioridad a la crisis de diciembre de 2001: algunas asambleas barriales han realizado ocupaciones de edificios abandonados, en general bancos o fábricas, para instalar servicios sociales como guarderías y comedores). En el caso de Fifth Street, los okupas habían creado uno de estos jardines, abierto a los niños del barrio, y también una asociación vecinal, un espacio artístico, un café libre y una pequeña biblioteca en el salón comunitario de “su” edificio. Un centro comunitario de características similares es ABCNoRio, sede de una galería de arte y un comedor vegetariano donde se difunde ideología pacifista entre los marginados que vienen a alimentarse. Con la misma intención de ganar la simpatía del barrio, y evitar los estereotipos y prejuicios culturales, los okupas neoyorquinos suelen ser muy rigurosos en rechazar la integración de drogadictos a sus comunidades.
Estos grupos de ocupación política en ciudades del mundo desarrollado, como los squatters de Londres, Rotterdam y Nueva York, o los okupas de Barcelona y Madrid, suelen integrarse con sectores automarginados, anarquistas o radicales que cuestionan la esencia misma de la propiedad. Habría que resistir la tentación romántica de ponerse de su lado: sería convalidar la idea infantil de que los cambios sociales se realizan por agregación de aventuras individuales. En muchos casos, de parte de jóvenes cuyos padres están en condiciones de sacarlos de sus casas ocupadas en barrios chics. Santiago Castellà, profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Barcelona, considera que el fenómeno de la okupación es un acto ilegal, pero que puede ser tolerado, en un estado de derecho, como una estrategia para la transformación del marco legal establecido. Para eso supone 3 condiciones:
- Que la propiedad esté efectivamente abandonada, no utilizada desde mucho tiempo antes por su propietario.
- Reconocer el escándalo que significa una situación económica y social donde los jóvenes tienen problemas para acceder a una vivienda, con lo cual deben vivir con sus padres hasta los 35 años, hacer el amor en espacios públicos o aparcamientos, y encontrarse con sus amigos en bares.
- La indignación que supone ver centenares de propiedades abandonadas, a la espera de su revalorización o de la recalificación del área.
En este contexto, sostiene Castellà, los jóvenes que ocupan viviendas que ninguno disfrutaba, evitan que estas se deterioren, gestionan el espacio y le dan una utilidad individual y comunitaria. Aunque transgreden las leyes y se arriesgan a ser desalojados, son parte de lo que algunos juristas llaman la “sociedad abierta de interpretes constitucionales“, donde los ciudadanos están interpretando constantemente la Constitución, como norma abierta y dinámica, adaptada a las exigencias de los distintos tiempos históricos. Se trataría de una forma de desobediencia civil, un mecanismo para provocar cambios en las leyes o en su interpretación.
Castellà advierte que en una sociedad democrática esta desobediencia civil debe ser pacífica y aceptar las consecuencias que implica el incumplimiento de las leyes. De esta forma, los okupas serían la punta de lanza de una nueva interpretación de la Constitución, que pusiera más énfasis en la función social de la propiedad que en su función especulativa, y que equipare el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad. Y entre los avances que esta interpretación permitiría, se encuentran la penalización impositiva a los inmuebles desocupados, el aumento de la inversión pública en vivienda, y la autogestión de los espacios públicos por los ciudadanos.
Construcciones no declaradas: la “ecomafia”
Otra forma de clandestinidad es la de los propietarios que realizan mejoras o construcciones en sus terrenos, y no la declaran a los Municipios. De esta manera inciden sobre el cobro de derechos de construcción y tributos territoriales, pero fundamentalmente sobre las normativas urbanísticas: la clandestinidad de las construcciones es una forma de eludir códigos y zonificaciones. Las posteriores moratorias y condonaciones terminan, en general, premiando a los infractores.
Es un fenómeno típico de países o regiones donde el Estado es débil o compite con otras formas de organización social: Latinoamérica o el sur de Italia, por ejemplo. Esta forma de ilegalidad puede tener distintas motivaciones: en el peor de los casos, como en el “abusivismo” en Italia (la denominada ecomafia) se trata de generar rentas extraordinarias a partir de la realización de obras no permitidas a quienes actúan legalmente.
Cerca de 30.000 edificios “abusivos” fueron realizados en Italia durante el 2002, un 9% más respecto al año anterior. Según el informe Ecomafia 2003, preparado por el grupo ambientalista “Legambiente”, más de la mitad de estás construcciones ilegales se concentran en Sicilia, Campania, Puglia y Calabria, regiones en las cuales los abusos representan el 26% de las obras realizadas durante el año. Estas cifras representan más de 4 millones de metros cuadrados construidos, con un valor inmobiliario de alrededor de 2 mil millones de euros.
El procurador general de Sicilia, Francesco Marzachi, se queja de la escasa cantidad de demoliciones, que se limita a los casos más grotescos y deja una sensación de anarquía e impunidad que estimula la clandestinidad. La tolerancia oficial a las obras clandestinas suele justificarse en cualquier país por la supuesta condición humilde de los infractores, y por la preservación del patrimonio social que representan los activos construidos. Sin embargo, en muchos casos las obras clandestinas no se realizan para su uso sino para su venta o alquiler, en algunos casos en situaciones ambientales privilegiadas, como por ejemplo en la costa siciliana, o en los alrededores de las ruinas de Pompeya. Una ley de 2001, que regula el reordenamiento de las playas sicilianas, permite la construcción de nuevas aglomeraciones turísticas en la franja de 30 metros de la costa, y la incorporación legal de construcciones abusivas. En febrero de 2002, Massimiliano Fuksas protestaba en las páginas de l’Espresso por el artículo 71 de la ley financiera, que permite reclamar la compra de una porción de tierra pública sobre las costas a quien haya construido, incluso abusivamente, un camino o parque para acceder desde la propiedad privada a la playa.
Recientemente el Parlamento Italiano rechazó la pretensión del gobierno de Silvio Berlusconi de una condonación edilicia con fines recaudatorios (ver café de las ciudades numero3), ante la presión de grupos ambientalistas y la oposición de los partidos de izquierda. La condonación completaba una moratoria fiscal recientemente realizada, y representaba el tercer caso en pocos años.
El arquitecto y urbanista Pier Luigi Cervellati ha criticado recientemente la propuesta “creativa” de Berlusconi para la despenalización de los abusos edilicios, a cambio de donar un jardín o un lugar para juegos a la comunidad. “Estas palabras – sostiene Cervellati – son como una invitación a construir en forma clandestina, a levantar un piso más que lo permitido si a cambio se ponen unos maceteros con geranios en las ventanas“. Vittorio Sgarbi se refiere a la proliferación de edificios clandestinos en el Valle de los templos, en Agrigento, ironizando sobre la vegetación que los cubre para disimularlos, y sobre la invasión más evidente, un bloque de cuatro pisos perteneciente, ¡nada menos!, que a la Superintendencia de Bienes Culturales.
La administración Berlusconi ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de despenalizar la construcción clandestina y especialmente frenar las demoliciones, lo cual ha hecho retrotraer los avances que se habían registrado en los años anteriores (un 15% menos de abusos entre 1998 y 2001, según Legambiente). Además de las demoliciones, otra estrategia utilizada es la de la transferencia de los edificios clandestinos al patrimonio inmobiliario de las comunas, como se ha hecho en el caso de los parques nacionales.
La espera por la moratoria que pondrá en igualdad de condiciones a estas obras con las realizadas de manera legal, termina siendo un premio a los infractores. En algunos casos, incluso estos tienen más facilidades para realizar sus trámites que quienes actúan correctamente: en Buenos Aires, hay municipios que dan facilidades para el pago de derechos de construcción de obras no declaradas, mientras que imponen formas de pago muy estrictas a los constructores legales.
Barrios privatizados a la fuerza en Buenos Aires
Otro fenómeno de ocupación, muy curioso, se registra en la periferia metropolitana de Buenos Aires, donde ciertas urbanizaciones comunes, abiertas y tradicionales, nuevas o existentes, son cerradas en los hechos por los propietarios. Estos alambran o cercan los límites, y ponen barreras en las entradas, de manera de privatizar un sector de ciudad. Las excusas, en la mayoría de los casos, se vinculan a la seguridad. Algunos municipios toleran estas situaciones, mientras otros la enfrentan e incluso llegan a peleas políticas y judiciales.
La gran diferencia con las ocupaciones de las que hablamos, es que estos vecinos no producen ciudad sino que la cierran, la apartan del orden de lo público. Ni siquiera se trata de la expansión metropolitana mediante la urbanización privada, sino de una privatización clandestina de la ciudad existente.
Desde hace varios años, la municipalidad de Malvinas Argentinas tiene un conflicto con los vecinos del tradicional barrio CUBA (Club Universitario de Buenos Aires). Norberto Iglesias, Director de Planeamiento de dicho municipio, presenta el caso como el intento de apropiación de una red de calles públicas nacidas en la década del ´50, como parte de una subdivisión de suelo con fines residenciales de un sector de 40 hectáreas alrededor de un campo deportivo. “Estas calles – sostiene Iglesias – siempre fueron utilizadas como públicas y atravesadas por los vecinos de los barrios circundantes, por lo que nunca lograron obtener el permiso de uso exclusivo de las mismas a sus residentes. Permiso que sí obtuvieron otros casos similares como el Olivos Golf Club y el San Carlos Country (ambos en Malvinas Argentinas) en la década del ´80, de parte de las autoridades municipales de facto. Solo una ordenanza extemporánea, ilegal y teñida de corruptela, concedió el cierre de este sector urbano con muros y el derecho de admisión en favor de una asociación civil. Esta ordenanza fue denunciada y luego anulada por el nuevo gobierno de Malvinas Argentinas, el que después de las debidas actuaciones administrativas derriba los muros y libera al uso público irrestricto las calles“.
Para Iglesias, el caso CUBA devino paradigmático por diversos motivos: entre ellos, que el sector comprometido se inserta en un espacio urbano consolidado, y que fue el primer (y casi único) caso en que el Municipio se opuso de manera contundente a la privatización de las calles. Según el funcionario, el conflicto estuvo impulsado por un grupo fuertemente vinculado al poder económico y mediático de la Argentina, y en el se dirimen expresamente cuestiones como el significado y dominio del espacio público, y las competencias del Estado respecto de la gobernabilidad del territorio. En la actualidad, el conflicto está en trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, aunque recientemente se ha firmado un acuerdo entre las partes a fin de poner fin al litigio. La base del acuerdo es el reconocimiento por el municipio de alguna diferenciación urbanística de este sector, que justificaría ciertas restricciones a la atravesabilidad, y la aceptación por los vecinos de la propiedad pública de las calles y de las potestades del gobierno local, y la renuncia a ejercer el derecho de admisión.
Iglesias considera que los municipios del Gran Buenos Aires no deberían estimular la localización de urbanizaciones cerradas en sus territorios: “no solo por razones legales, sino por la futura sustentabilidad social: la fragmentación y la exclusión solo agravan el problema de la inseguridad“. Para el funcionario, la sociedad argentina carece de un verdadero pensamiento crítico sobre el tema. “La seguridad parece justificar todo: son puntuales los casos en que los vecinos de afuera se ven agraviados por los cierres. Muchas veces, si son de clase media, sienten resentimiento porque se quedan afuera. Si son pobres, lo toman como una dificultad adicional. Por eso lo dirigentes no se ven impelidos a defender lo público“. Iglesias tiene en general una visión muy crítica sobre las urbanizaciones cerradas, a las que considera “el símbolo de la claudicación de toda una clase dirigente: una vez que este establishment (económico, social y político) tenga su ciudad segura, bella y armoniosa, ¿qué motivo tendrá para ocuparse de la otra ciudad, las de los excluidos? La solución debe buscarse por otro lado: producir más y mejor espacio público, y ofrecer modelos alternativos de urbanizaciones seguras que no hipotequen el futuro“.
En el texto ya mencionado (“Mercantilización de los servicios habitacionales …) Fernández Wagner y Varela consideran que “el poder simbólico de este nuevo estilo de las elites ejerce un “efecto arrastre” en muchos barrios de clase media de la región, los cuales comienzan a gestionar autorizaciones para “cerrarse”“. Citan el ejemplo del Barrio CUBA, pero consideran aun más significativa una tendencia que comprende barrios recientemente urbanizados, por lo general con conformaciones sociales más heterogéneas. Ese es el caso de Yei Porá, un barrio abierto del norte del municipio de José C. Paz, cuya Sociedad de Fomento ha presentado hace un año ante las autoridades el proyecto de cerrar el barrio de 240 manzanas con dos entradas. Los principales argumentos para esta medida son que “hoy el 70% de los que circulan por nuestras calles no viven en nuestro barrio, pero con el cerramiento los arreglos que hagamos no serán para terceros, ni para camiones (…) mejoraremos sustancialmente la seguridad, pero lo más importante es que vamos a generar fuentes de trabajo…“.
Algunos vecinos han expresado dudas acerca de la situación de quienes tienen casas con tenencia precaria, o sobre cómo harán para acceder a las rutas y avenidas principales los vecinos del contiguo Barrio Parque Alvear. También dicen que el 85% de los vecinos firmó el proyecto, “pero ¿qué sucede con el derecho a una vida comunitaria del 15% restante?“.
Fernández Wagner y Varela sostienen que cuestiones como el derecho a la libre circulación, la vida comunitaria y la accesibilidad, son componentes esenciales del derecho a la ciudad, que en Buenos Aires nunca estuvo en cuestión, dado el carácter abierto del sistema circulatorio y el confinamiento de la propiedad privada dentro de la manzana. “Lo nuevo – consideran –también lo constituye el sentido individualista que pasa a primar frente al sistema de aportes solidarios del sistema abierto. En ello sin duda es donde opera con mayor fuerza el carácter simbólico de este tipo de situaciones socio-espaciales. Con estos hechos se refuerza el proceso de segregación residencial, que contribuye, con sus barreras espaciales y con el estigma a “los otros”, a la penuria de los más pobres“.
Sostienen que los municipios siempre tuvieron problemas en el manejo de estos procesos de urbanización. Con la aparición y auge de los “desarrolladores” que operan con altas inversiones de capital, el peso político y económico alteró el ciclo lógico que debía seguirse respecto a las nuevas expansiones residenciales en el suelo urbano. En estas, los tres pasos característicos de desarrollo son la zonificación, la dotación de servicios, y la integración del suelo, tras lo cual se habilita el desarrollo de la parcela. Cuando los propietarios del suelo y los desarrolladores influyen políticamente sobre la planificación (o se “anticipan” a ella), el orden se altera, apareciendo primero la integración del suelo, luego la dotación de servicios, y por último la zonificación. Los autores consideran que en el Municipio de Pilar, “según se desprende de nuestras entrevistas, el Código de Planeamiento Urbano esta siendo permanentemente ajustado conforme el desarrollo de nuevas urbanizaciones“.
Hay otros conflictos similares, incluso en otras ciudades de la Argentina. En Marcos Paz, el autodenominado “Club de Campo El Moro” mantiene un litigio en la justicia, promovido por uno de sus residentes; en Pilar hay conflictos con el cierre promovido por el Barrio Robles del Monarca, y hubo un intento resonante en Pinamar, en el año 2000, para cerrar una urbanización con un cerco olímpico de 21 kilómetros de extensión. En la periferia de Mendoza, una de las ciudades más ricas del pais, se han presentado también algunos episodios similares.
Página 12 del 4 de mayo refiere el caso del matrimonio Cingolani, quienes hace 5 años compraron un terreno en una urbanización abierta de Pilar, el municipio del noroeste de Buenos Aires que concentra la mayor cantidad de countries y barrios cerrados. Pero luego de edificar su casa y comenzar su residencia en el lugar, el lugar fue alambrado y se transformó en el barrio privado “Segundas Colinas”, creado sobre terreno público usurpado. El terreno original era una finca rural hasta que su anterior propietario decidió lotearlo y ponerlo en venta. Y ahora el mismo propietario es el encargado de cobrar los gastos por expensas del supuesto barrio privado.
Según la nota, “en el barrio hay unos cien terrenos, de los cuales algo más de la mitad está vendido: el resto permanece en manos del dueño original, quien parece ser el principal beneficiado por el cierre ilegal del barrio, ya que la cotización de las tierras sube notablemente cuando se trata de una urbanización cerrada“. La privatización del barrio fue decidida por los vecinos en una serie de reuniones a las que los Cingolani no asistieron (ellos nunca quisieron vivir en un barrio cerrado).
Como parte de esta privatización, se instaló una casilla de vigilancia que controla todas las entradas al barrio. El matrimonio ” rebelde” sufre el acoso de los vigiladores, que exige a sus visitas toda clase de requisitos, y llegó a impedir la salida de un familiar porque no tenía un papel firmado por los dueños… Las normativas edilicias las fija una asociación conformada por los propietarios
Vicente Basile, director de Planeamiento de la Municipalidad de Pilar, informa en la misma nota que hay en ese municipio unas 50 urbanizaciones cerradas con irregularidades, sobre 148 en total. Según Basile, “un analfabeto pueda pecar de buena fe, pero es llamativo que una persona que invirtió 180 mil dólares en una casa se dé cuenta cinco años después de que los papeles no son legales. Lo que sucede es que compraron cuando el mercado estaba en alza y encontrar un buen terreno en Pilar era muy difícil, se compraba casi por teléfono“. Según la nota, en esa época de rápida valorización inmobiliaria no era un buen negocio detener un proyecto de urbanización hasta contar con todos los permisos, y por eso se hicieron comunes las gestiones irregulares, o las privatizaciones de hecho como la de “Segundas Colinas”.
La socióloga Cecilia Arizaga, autora de un estudio sobre la vida en las urbanizaciones privadas de Buenos Aires en los años ’90, menciona en la misma nota la existencia de mercados clandestinos, donde se venden vestimentas y calzados piratas. Son los llamados “bolishoppings”, por estar a cargo de migrantes bolivianos. “Antes los usaban sectores populares de la zona – sostiene Arizaga –, pero después de la crisis de diciembre de 2001 esto se populariza y legitima en los sectores medios“. Según Arizaga, “hay una idea constante de transgredir lo público, pero esto debe leerse como algo que está dentro de la conciencia. ¿Por qué tengo que pagar alumbrado, barrido y limpieza cuando en realidad lo estamos pagando internamente, por qué pagar impuestos por seguridad si la pagamos internamente?”.
El fenómeno de clandestinidad es frecuente en estos barrios y country clubs. Al respecto es sintomática la elevada cantidad de construcciones no declaradas en country clubs y barrios cerrados. Los problemas y vacíos legales aparecen incluso en barrios con tramites realizados y aprobados por el Municipio y la Provincia. Marcelo Robutti, arquitecto y urbanista, ha estudiado la compleja situación legal de los “barrios cerrados” de la periferia de Buenos Aires, que por estar en zonas urbanizables no pueden definirse como “clubes de campo”, y que en muchos casos no pueden cumplir con las condiciones mínimas de subdivisión (superficies, frentes, etc.) que establece la Ley de Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires. Frente a esta carencia se han ensayado distintas soluciones, siendo la más habitual la inscripción de estos barrios dentro del régimen de Propiedad Horizontal, lo que establece el contrasentido de catalogar a las calles y plazas de esas urbanizaciones como si fueran pasillos, circulaciones y patios de un edificio de departamentos.
Ante esta ambigüedad normativa, Robutti sostiene que “en las “urbanizaciones cerradas” no estamos frente al caso de una ciudad clandestina, en el sentido de que no cumpla con la ley, sino frente a un caso en el que no hay ley para cumplir. La legislación en materia urbana en el Area Metropolitana de Buenos Aires, la que deviene del Código Civil, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Uso del Suelo, los Códigos de planeamiento y ordenamiento urbano, etc., es bastante sólida cuando se trata de la “ciudad tradicional”, aún las áreas periurbanas. En el caso de las urbanizaciones cerradas nos encontramos con un objeto urbano que no encaja bien en ninguna de las normativas vigentes, tanto en el derecho privado (situaciones de dominio) como en el público (normativa urbanística)“.
En los barrios cerrados y clubes de campo no está definido quién es el garante del orden público y el bien común en los nuevos espacios, “semiprivados – semipúblicos“. Según Robutti, de momento es un acuerdo de voluntades entre los habitantes de la urbanización el que cubre los vacíos legales y deficiencias de la ley. Sobre los reglamentos escritos se monta un pacto de convivencia no escrito aceptado por todos para evitar el fracaso de la nueva unidad urbana y social. Pero en el momento en que haya que remitirse a la letra de la ley, es probable que se pongan en evidencia las falencias del sistema, y que los administradores de justicia queden en situaciones comprometidas o poco claras. Señala como ejemplo los casos de vandalismo adolescente que están apareciendo en algunas urbanizaciones.
Otro problema, en este caso de responsabilidad profesional, aparece con la pretensión de algunas urbanizaciones de realizar todas las presentaciones municipales de proyectos con un único arquitecto, que no es el autor de las obras sino un gestor que salva la apariencia de “propiedad horizontal “. En este recurso se pierden la autoría y las responsabilidades profesionales de los verdaderos autores de los proyectos y obras.
Clandestinidad: distorsiones e inadecuación
Más allá de su común clandestinidad, son bien distintas las consecuencias de cada una de estas actitudes.
- Las ocupaciones de terrenos producen y expanden (quizás dispersan) la ciudad.
- Las ocupaciones de edificios alteran los mercados de vivienda y dilatan o postergan procesos de gentrificación urbana.
- Las construcciones clandestinas distorsionan y alteran las normativas urbanas, la igualdad ante la ley y las contribuciones territoriales.
- Y las privatizaciones forzadas niegan directamente la diversidad urbana y el espacio público.
En general, cuando las operaciones clandestinas adquieren entidad, por su diversidad o cantidad, están expresando algún tipo de inadecuación en la ciudad: de expectativas, de rentas, de normas. Alguna vez le escuche decir a un funcionario, y me pareció atinado, que si algunas construcciones no cumplen con una normativa, están mal las construcciones, pero si la mayoría de las construcciones no cumplen… debe estar mal la normativa.
Una sabia práctica en la gestión urbana será la de discernir, en cada caso, cual es la distorsión que la clandestinidad está revelando o encubriendo. Y especialmente, quienes son los beneficiarios y perjudicados por las situaciones clandestinas.
Discernir por ejemplo si las operaciones clandestinas generan rentas extraordinarias a los propietarios del suelo, o si constituyen una forma de resolver inequidades o carencias del mercado inmobiliario. Si constituyen una agresión al ambiente o si es posible mitigar o modificar su eventual impacto negativo. Si expresan necesidades reales de adecuación del territorio a la sociedad, o picardías individuales de mayor o menor gravedad ambiental.
En definitiva, la situación de clandestinidad no es solo un problema legal, sino que implica una concepción política y técnica sobre el espacio público, sobre el derecho a la ciudad, sobre los límites del derecho de propiedad, sobre la inclusión y la marginalidad en las ciudades.
MC
Una inquietante guía para okupas en Gran Bretaña, en la página del ASS (iniciales de Advisory Service for Squatters…).
Sobre las oKupaciones en Madrid y Barcelona, ver el número 5 de la revista Espai de llibertat, de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia y el sitio del Consejo de la Juventud de Barcelona.
