N. de la R.: El texto de esta nota reproduce la presentación del autor CEPAL a las III Jornadas de Planificación para el Desarrollo, 18 al 20 de mayo de 2016, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
El ordenamiento territorial, en la búsqueda de los objetivos del desarrollo sostenible, necesita de herramientas de gestión para la concreción de sus herramientas principales: el plan, el programa y el proyecto. Las herramientas urbanísticas financieras constituyen instrumentos regulatorios basados en el principio de recuperación de plusvalías. Por medio de ellas, es posible financiar el desarrollo urbano integral de las ciudades recuperando las ganancias inmerecidas de los particulares debido a las acciones públicas ejercidas por los gobiernos subnacionales. En nuestra región, se hace necesaria una implementación eficaz de políticas y prospectivas territoriales que las contemplen. En el presente artículo, analizamos estas herramientas que son: la Contribución por Mejoras, la Venta de Derechos de Construcción, la Transferencia de Derechos de Construcción, la Zonificación Inclusiva, la Bonificación por Zonificación (o Bonos de Densidad), los Certificados de Derecho Potencial a Construir (como los CEPACs brasileños), la TIF (por sus siglas en inglés: Tax Increment Finance) y la venta de Bonos en el mercado bursátil.
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Los países latinoamericanos se encuentran desde hace una década en pleno proceso de políticas orientadas al desarrollo, tema de debate de muchos de nuestros intelectuales americanos durante el siglo XX, cuya figura más eminente fue la de Raúl Prebisch. El estructuralismo económico latinoamericano y su variante de la teoría de la dependencia ocuparon el centro de atención de los años sesenta. Hoy, para explicar los procesos actuales en el subcontinente solemos hablar de neoestructuralismo o algunas variantes de políticas heterodoxas cercanas al desarrollismo. La estructura socio-económica era en aquel entonces un obstáculo al progreso técnico y al desarrollo (Prebisch, 1963). Eso hacía imprescindible repensar las relaciones con los centros y ejecutar políticas que apuntaran a una industrialización de sustitución de importaciones. En la actualidad, los problemas estructurales de nuestra América Latina nos siguen interpelando para la búsqueda de nuevas soluciones.
Hoy ya no hablamos tan solo de desarrollo económico sino de un desarrollo sostenible, que integra al capital social y al medio ambiente, un desarrollo para el presente sin comprometer a nuestras generaciones futuras. En ese sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible abarcando las esferas económica, social y ambiental (ONU, 2015). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como organismo regional, adhiere a estos objetivos promoviendo su implementación en toda la región.
Las políticas territoriales no podrán ser ajenas a esta nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos. La elaboración del pensamiento estratégico y la prospectiva en los temas territoriales de la región deberán necesariamente atender los distintos aspectos que ellos engloban. Así, el ordenamiento territorial en nuestros países debe procurar enfocar su estudio atendiendo simultáneamente las esferas económica, social y ambiental, en pos de la consecución de un desarrollo sostenible de los territorios, sean éstos regiones extensas, grandes urbes o ciudades intermedias.
Territorios e inequidad
El sistema del capitalismo global ha generado en los países de América Latina tres tipos de capitalismo: el internacionalizado o transnacional, el nacional subordinado y el informal (Sunkel, 2013). Estos tres escenarios económicos generan tres subsistemas territoriales, fundamentalmente en la ciudad contemporánea latinoamericana: la ciudad global posmoderna, la ciudad tradicional decimonónica moderna y la ciudad informal. Con la globalización, los escenarios donde se desarrolla la actividad económica, hoy predominantemente financiera, se han vuelto homogéneos y reiterativos en las grandes ciudades del planeta. Una ciudad caracterizada por los grandes edificios corporativos, las nuevas centralidades, las autopistas suburbanas y las urbanizaciones difusas, se repite a lo largo y ancho del planeta. Junto a ella convive la vieja traza urbana convencional del siglo XIX con sus características propias; la ciudad del flâneur, de los cafés y los mercados. En los intersticios de ambas, se reproduce la ciudad informal, donde conviven millones de habitantes que sirven a la ciudad global y desarrollan una economía informal, al margen. Es tarea del ordenamiento territorial revertir los desequilibrios causados en el territorio por la acción de una economía que no se haya al servicio del desarrollo en un sentido amplio. El desarrollo sostenible de nuestras ciudades nos obliga a trabajar integrando a la ciudad informal y sus habitantes, a preservar los recursos naturales y a enfocarse en conseguir una movilidad al alcance de todos.
En 1950, América Latina contaba con una tasa de urbanización del 41%, en 2010, del 80 %. Esta tendencia, producto de la propia dinámica económica y la búsqueda de mejores posibilidades de calidad de vida en el ámbito social, se irá incrementando, estimándose un 89% para 2050. Alrededor del 70% del Producto Bruto Interno (PBI) Regional se produce en los centros urbanos (BID (AA.VV.), 2011). Las ciudades latinoamericanas tienen una tasa de 27% de la población urbana viviendo en asentamientos irregulares, más de un cuarto de la población urbana, 117 millones de personas (BID (AA.VV.), 2011). Se estima que dos terceras partes de los pobres de la región habitan en ciudades (Lanzafame, Francesco; Quartesan, Alessandra, 2009). Todos los objetivos en materia de desarrollo urbano deberán estar, entonces, puestos en revertir esta tendencia. Para ello, no debemos aplicar sólo la planificación regional y urbana en sus formas tradicionales sino también las nuevas herramientas de la economía urbana, que nos posibilitan el financiamiento del desarrollo en las ciudades intermedias y metropolitanas. Por medio de estas herramientas podemos proyectar y ejecutar obras de infraestructura y mejoramiento urbano que posibiliten una ciudad más justa y accesible para todos.
Plan Libro versus Plan Materializable
El ordenamiento territorial es fundamental para el equilibrio de una región o una ciudad como también para lograr su desarrollo sustentable. Para tal fin, los gobiernos locales encaran planes de ordenamiento realizados por equipos de profesionales del planeamiento que dedican meses a la ejecución de los mismos. Estos planes pueden reflejar fielmente las problemáticas de las regiones o ciudades, dictaminando las soluciones necesarias a llevar a cabo para resolverlas. Sin embargo, muchas veces, fracasan, ya que no pueden ser aplicados, quedando archivados en la biblioteca de algún funcionario interesado en la materia. Con el objetivo de poder llevar a cabo el plan de ordenamiento territorial como también los programas de actuación o proyectos contenidos en el mismo, los gobiernos locales deben encarar la aplicación de herramientas urbanísticas que le permitan materializarlos. De esta forma, el plan no quedará en una biblioteca y podrá llegar hasta los propios ciudadanos, quienes se interesarán en el mismo, haciéndolo propio y participando en las actividades conexas.
La materialización de los planes, programas y proyectos implica la utilización de la disciplina de la prospectiva, la formulación de escenarios probables y la ejecución de procesos de formulación y evaluación de proyectos como la matriz de marco lógico (MML) o la gestión de proyectos de desarrollo por resultados (PM4R). También la aplicación de metodologías que incluyan a la ciudadanía como la planificación participativa. Entendemos la prospectiva como “la disciplina de anticipar y analizar el impacto de los cambios sociales a través del tiempo” (Medina Vázquez, y otros, 2006). La disciplina de la prospectiva ha ido evolucionando, considerando hoy al pensamiento estratégico como su herramienta central en el diseño de escenarios futuros. Herramientas de gestión como MML o PM4R son ejecutadas con frecuencia por los técnicos y funcionarios encargados de los procesos de desarrollo en nuestros países.
Planes, programas y proyectos se materializan teniendo en cuenta diversos aspectos. Fundamentalmente, se trata de un trabajo donde el encargado y su equipo deben comprometer a las partes interesadas, lo que en gestión de proyectos se denomina stakeholders, además de considerar cronogramas, presupuestos y matrices de riesgos, entre otros procesos. Las partes interesadas son fundamentales a la hora de desarrollar un plan y existen metodologías para identificar correctamente a dichos actores involucrados. Más allá de eso, debemos saber también qué instrumentos urbanísticos financieros usaremos para poder darle forma a ese plan, programa o proyecto.
Recuperación de Plusvalías
Los instrumentos o herramientas urbanísticas están relacionados con lo que denominamos recuperación de plusvalías. La plusvalía urbana (la plusvalía urbana hace referencia a la renta diferencial y no a la plusvalía definida por Marx en El Capital a la que éste define como “el incremento o excedente sobre el valor originario” que valoriza el dinero “y lo convierte en capital” en el llamado ciclo o proceso “Dinero-Mercancía-Dinero´” de producción de mercancías) es la “parte o totalidad del incremento del valor del suelo (ganancias inmerecidas) que ha sido generado por acciones ajenas al propietario, tales como inversiones públicas en infraestructura o cambios administrativos en las normas y regulaciones sobre el uso del suelo” (Smolka, 2013). La recuperación de las plusvalías es, entonces, movilizar, para el beneficio de la comunidad, parte o la totalidad de ellas. Los incrementos en el valor del suelo por cambios en la normativa pueden llegar hasta el 400% (conversión de suelo rural a urbano). El mismo principio de Recuperación de Plusvalías, a través de las Políticas de Suelo y las Herramientas Urbanísticas, puede utilizarse para: profundizar la aplicación de impuestos al valor de la tierra, costear el desarrollo de Infraestructura Urbana y controlar el uso de la tierra.
Existen antecedentes en toda América Latina, desde el famoso Puente del Común, en Bogotá, realizado por Contribución por Mejoras, en 1809. La Recuperación de Plusvalías está contemplada en la Ley 388 de Desarrollo Territorial (Colombia, 1997), la Ley 10.257, el Estatuto da Cidade (Brasil, 2001), la Ley de Ordenamiento Territorial (Uruguay, 2008), la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Buenos Aires, 2012), entre otras.
Herramientas para el financiamiento
Las herramientas urbanísticas, solas o combinadas, nos permiten materializar planes, programas y proyectos, utilizando el criterio de la recuperación de plusvalías. Se clasifican en fiscales y regulatorias.
Dentro de las herramientas fiscales contamos con los impuestos, las tasas y las contribuciones . Los impuestos son prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado sin contrapartida directa a favor del sujeto gravado. El más significativo para los municipios es el llamado impuesto predial, es decir, aquel aplicado a la propiedad inmobiliaria. Otro impuesto puede ser aquel aplicado por incremento del valor del inmueble. Las tasas son prestaciones exigidas coactivamente por el Estado cuya obligación surge de la prestación efectiva o potencial a fin de lograr el financiamiento y mantenimiento permanente de un servicio público (no puede tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación). Ejemplo de tasas pueden ser aquellas aplicadas para obtener permisos de construcción o las sobretasas aplicadas con criterio regulador. Las contribuciones, por último, obedecen a un beneficio recibido como consecuencia de una acción pública que beneficia especialmente a un grupo determinado.
La contribución por mejoras es un instrumento muy utilizado para la ejecución de proyectos urbanos o de infraestructura y constituye una de las llamadas herramientas de recuperación de plusvalías. Es útil cuando necesitamos aplicar una herramienta a posteriori. Supongamos que existe una zona del territorio, atravesada por un camino, que ha sido ocupada por distintas urbanizaciones, cuyos permisos fueron aprobados paulatinamente en el tiempo por diversas gestiones locales. Ahora se debe ampliar ese camino y desarrollar un BRT (bus de tránsito rápido) para la movilidad de los vecinos. Entonces, una solución para su financiamiento puede ser la aplicación, a todos esos propietarios, cuyos terrenos se han valorizado por cambio de normativa y ahora se valorizarán por infraestructura, de una contribución por mejoras, por un período determinado y para ser utilizada específicamente en las obras mencionadas. La contribución por mejoras, luego, financiará la obra pública de la futura avenida.
Las herramientas regulatorias, todas ellas herramientas de recuperación de plusvalías, son: la Venta de Derechos de Construcción, la Transferencia de Derechos de Construcción, la Zonificación Inclusiva, la Bonificación por Zonificación (o Bonos de Densidad), los Certificados de Derecho Potencial a Construir (como los CEPACs brasileños). Otros instrumentos financieros son la llamada TIF (por sus siglas en inglés: Tax Increment Finance) y la venta de Bonos en el mercado bursátil (Brasil).
La Venta de Derechos de Construcción se basa en la separación de los derechos sobre la propiedad de la tierra y los derechos sobre los edificios . Nos permite establecer un límite máximo de crecimiento regulado por un objetivo morfológico, asignando un Coeficiente de Aprovechamiento Básico del terreno y gravando la Capacidad Constructiva Suplementaria a través de una Contribución Compensatoria por Mayor Aprovechamiento de la parcela. Si se desea densificar una avenida donde a la vez se ejecutará una obra de infraestructura de transporte público, cloacas y comunicaciones, se permitirá entonces un coeficiente básico (por ejemplo seis pisos) y, por encima de él, se venderán los derechos para construir un suplemento (por ejemplo hasta doce pisos). Esa venta de derechos permitirá el financiamiento de la obra de infraestructura en ese sector de la arteria urbana.
La Transferencia de Derechos de Construcción es la compra de parte o todos los derechos de desarrollo de un sector determinado, para ser utilizados en otros, en los cuales se desea o tolera un incremento de densidad, como, por ejemplo ocurre en las Áreas de Protección Histórica (APHs) donde existe un afán de preservación. El propietario de la parcela podría así utilizar sus derechos de construcción en otro sector o predio urbano.
La Zonificación Inclusiva es el mecanismo por el cual se otorga un incremento de densidad a cambio de que alguna porción de la nueva edificación provea vivienda de interés social. En la Bonificación por Zonificación se otorga a los constructores un aumento en la densidad a cambio de proveer algún tipo de beneficio público (construir una plaza, una escuela, arreglo de fachadas, etc.). Son los llamados Bonos de Densidad. Los Certificados de Derecho Potencial a Construir se utilizan para financiar inversiones públicas en área determinadas mediante los ingresos generados por la subasta pública de dichos certificados. El caso más emblemático de estos Certificados son los CEPACs brasileños, que son Certificados de Construcción que se subastan públicamente con la supervisión de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (Smolka, 2013). Estos certificados permiten al gobierno local financiar la infraestructura de un sector urbano al mismo tiempo que permiten prever cómo y dónde se desarrollará ese sector. Los desarrolladores que adquieren los certificados ejecutarán las obras a posteriori y el estado local habrá recuperado las plusvalías a priori que le servirán para la ejecución de las obras. Un caso emblemático es la Linha Verde en la ciudad brasileña de Curitiba.
Por último, la llamada TIF (Tax Increment Finance) permite el financiamiento de una obra urbana a través del tiempo utilizando “la expectativa de incrementos futuros de la propiedad, como consecuencia de nueva infraestructura pública” (Fretes Civils, y otros, 2013). Si se considera un sector de ciudad que abona una tasa determinada en el año cero, igual que el resto de la ciudad, esa tasa se incrementará paulatinamente con el tiempo, para esa zona, utilizándose el incremento por encima de aquel valor base, durante una cantidad determinada de años (por ejemplo, 25 años) específicamente para esa obra. Luego, de esos años, el valor total de la tasa se utilizará para el conjunto de la ciudad. De algún modo, es una sobretasa con características de contribución temporal.
a venta de bonos en el mercado bursátil, asociada a los CEPACs o no, permite a los gobiernos locales, también, financiar obras de infraestructura. En los casos de ciudades pequeñas es posible colocar bonos por tres o cuatro años, lo que actualmente se está difundiendo en nuestra región. Otras herramientas que no podemos dejar de mencionar son las siguientes: las Cesiones Obligatorias, los Bancos de Tierras y los Reajustes de Tierras. Las Cesiones Obligatorias son terrenos que se transfieren de manera gratuita y obligatoria al municipio como una contraprestación a cargo del urbanizador por el mayor valor que adquiere el suelo al aprobarse una licencia de urbanización. Esta herramienta es muy utilizada por muchos gobiernos locales en Argentina a través de ordenanzas y está contemplada en la Ley de Acceso Justo al Hábitat, de la Provincia de Buenos Aires (Ley 14449, 2013).
Los Bancos de Tierras se generan cuando el Estado Local adquiere grandes porciones de tierra para controlar su uso, prevenir especulaciones y capturar para beneficio público las plusvalías que resulten de las acciones públicas o del mercado. Existen diversas herramientas jurídicas, además de la expropiación, que permiten capturar suelo para estos bancos: donaciones, convenios, compra directa, vacancia, prescripción administrativa, subasta por juicio de apremio, fondos de tierras, transferencia de tierras nacionales y subnacionales.
Por último, con los Reajustes de Tierras, el gobierno crea, en un determinado territorio, un fondo fiduciario (fideicomiso público-privado) para reajustar los patrones de propiedad y reservar para el Estado parte de la tierra para proyectos urbanos, infraestructura o áreas protegidas. Esta herramienta permite ordenar el territorio en zonas periurbanas, posibles de urbanizar, pero con necesidades de protección de determinadas áreas. Para los propietarios de las tierras, si bien se produce una disminución de la superficie de los terrenos, obtendrán con el proceso una valorización mayor de sus partes del fideicomiso.
El soporte de los organismos regionales
Así mismo, cuando los gobiernos locales se deciden a encarar la ejecución de un plan, un programa o un proyecto, cuentan con herramientas de gestión, monitoreo y financiamiento, que en forma de programas, proveen organismos regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Corporación Andina de Fomento o Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Algunos de estos programas son gestionados a través de los gobiernos nacionales pero también, muchas veces, pueden gestionarse directamente por los gobiernos subnacionales con los organismos encargados de la prestación. Herramientas del BID, como el Programa DAMI (Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior), el Programa Gobierno Local (Mejora de la Gestión Municipal) o la Iniciativa ICES (Ciudades Emergentes y Sostenibles), en Argentina, permiten a los gobiernos locales llevar a cabo varios de los temas en agenda en un tiempo relativamente breve, ya que sus gestiones necesitan ofrecer a los vecinos soluciones rápidas para las distintas problemáticas.
Reflexiones finales
El Ordenamiento Territorial no puede estar hoy disociado de la búsqueda del Desarrollo Sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible número 11 nos señala que debemos lograr “ciudades y comunidades sostenibles”. Vivimos una urbanización acelerada como parte del proceso del sistema capitalista en el siglo XXI. América Latina no está exenta sino que, por el contrario, es la región planetaria más urbanizada del mundo en desarrollo. Los principales desafíos del Urbanismo Latinoamericano son: lograr en nuestras ciudades un Desarrollo Urbano Integral, gestionar el riesgo ante el Cambio Climático, y lograr en las administraciones locales una adecuada gestión fiscal y gobernabilidad. Para ello, debemos trabajar utilizando herramientas de la prospectiva, la planificación y la gestión por resultados.
La utilización de las herramientas urbanísticas nos permitirá la implementación de las políticas urbanas y territoriales de gobiernos nacionales y subnacionales. Ellas permiten proyectar y ejecutar obras de desarrollo urbano de distinta índole, como pueden ser obras de DOT (desarrollo urbano orientado al transporte), movilidad, infraestructura, mejoramiento de barrios, recuperación de zonas urbanas degradadas, desarrollos urbanísticos de vivienda, nuevas centralidades, zonas industriales, entre otras. La efectiva implementación continua, la experiencia como efecto acumulativo y de sinergia, y la promoción para una mayor comprensión pública y participación, son tres pilares básicos para el éxito de las mencionadas herramientas. En contra de ello, juegan, como señala Martim Smolka, las resistencias ideológicas, de intereses, por ignorancia o inercia de las propias gestiones locales.
En síntesis, podemos decir que el ordenamiento territorial necesita de instrumentos de gestión capaces de llevar a cabo y materializar los grandes instrumentos del planeamiento como son los planes territoriales, los programas de actuación y los proyectos urbanos. Entonces, los gobiernos locales que utilicen estos instrumentos, sin duda, lograrán trabajar con mayor éxito en las agendas de sus gestiones.
MS
El autor es Arquitecto y Urbanista, Consultor en Urbanismo, Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Formado en la Universidad de Buenos Aires como Planificador Urbano y Regional; en el Instituto Territorio Municipio y Ciudad (Argentina), en Planificación y Gestión Urbano Territorial en Municipios; y en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde efectuó cursos sobre Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Sostenible de las Ciudades, Gestión de Proyectos de Desarrollo y Fundamentos sobre el Cambio Climático. Ha desarrollado tareas de Planificación y Gestión Urbano Territorial en distintos ámbitos municipales, en Argentina, y ha participado como docente en el Taller del Instituto Territorio Municipio y Ciudad. Actualmente trabaja como Consultor para OUDOT (Oficina de Urbanismo, Desarrollo y Ordenamiento Territorial). También colabora en el Instituto CIFOT de la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco de la Maestría de Ordenamiento Territorial.
Sobre recuperación de plusvalías y herramientas urbanísticas, ver también entre otras notas en café de las ciudades:
Número 1 I Entrevista a Raquel Rolnik
“La misión del urbanismo es redistribuir riqueza y enfrentar la exclusión” I El Estatuto de las Ciudades, el Plan Director de San Pablo, y los nuevos instrumentos del urbanismo brasileño. I Por Marcelo Corti
Número 20 I Economía de las ciudades
“Ahora existen mecanismos para corregir las distorsiones del mercado” I Entrevista a Samuel Jaramillo: la gestión del suelo urbano en Latinoamérica. I Marcelo Corti
Número 23 I Economía de las ciudades
El impuesto predial como instrumento de urbanización I Los mitos sobre la política del suelo en Latinoamérica, en una entrevista con Martim Smolka. I Martim Smolka
Números 35, 36 y 37 I Economía de las ciudades
Instrumentos para la recuperación de plusvalías en Bogotá (I, II y III y última) I Marco teórico y experiencias internacionales I Recuperación de plusvalías en Colombia I Instrumentos, estudio particular de un caso y conclusiones. I Gloria Henao González
Número 80 I Economía de las ciudades
Sobre la captación de plusvalías urbanísticas I Una herramienta para la construcción de ciudades más justas y sustentables I Por Grisela García Ortiz
Número 120 I Planes y Política de las ciudades
Ley de acceso justo al Hábitat I Fundamentos del proyecto bonaerense I Por Alberto España, Marcelo Saín, Alicia Sánchez y otros.
Número 135-136 I Política de las ciudades
Ley de Acceso Justo al Hábitat en la Provincia de Buenos Aires: nuevas reglas de juego en las políticas de sueloI Un análisis crítico de la legislación argentina (XVII) I Por Laila Robledo
Número 153+ I Economía de las ciudades (II)
Parques industriales en la Provincia de Buenos Aires I ¿Otra oportunidad perdida para el recupero de plusvalías? I Por Guido Ingrassia
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible define como Objetivos de Desarrollo Sostenible:
- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Bibliografía
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Medina Vázquez, Javier y Ortegón, Edgar. 2006. Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instumentos para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile : ILPES-CEPAL, 2006.
ONU. 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. s.l. : ONU – Organización de Naciones Unidas, 2015.
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Smolka, Martim. 2013.Implementación de la Recuperación de Plusvalías en América Latina. Cambridge, MA, USA : Lincoln Institute of Land Policy, 2013.
Sunkel, Osvaldo. 2013. Las relaciones centro-periferia y la transnacionalización. [aut. libro] AA.VV. Un desafío intelectual latinoamericano: Raúl Prebisch en el análisis de sus contemporáneos. Buenos Aires : Fundación Foro del Sur, 2013.
