La importancia estratégica
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es una empresa pública creada en 2006, que actualmente abastece con redes de agua potable a más de 11 millones de personas y presta servicios de cloacas a casi 9 millones dentro de una misma unidad territorial: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 municipios del conurbano bonaerense, con una población total aproximada a los 15 millones de habitantes.
Por su escala operativa y alcance regional, la posiciona como el mayor operador urbano de agua y saneamiento de América Latina, comparable con Thames Water (Londres) o el Bureau of Waterworks (Tokio), que atienden entre 12 y 16 millones de usuarios cada uno.
Existen, sin embargo, otros sistemas más grandes en términos de población abastecida, como el caso de SABESP en São Paulo (Brasil), que presta servicio a unos 28 millones de personas en más de 370 municipios. No obstante, su carácter multijurisdiccional y parcialmente descentralizado —basado en contratos específicos con cada municipio o región, pese a operar bajo una concesión unificada— introduce fragmentación en la planificación territorial y en la operación del sistema.
En contraste, AySA constituye una unidad operativa metropolitana, lo que la torna singular en el contexto latinoamericano, al integrar técnica, institucional y territorialmente el ciclo del agua de todo el AMBA, con una estructura tarifaria y de subsidios homogénea que le permite coordinar inversiones y respuestas hídricas de escala regional de manera sostenida.
Ahora bien: en el mes de julio de 2025, el gobierno nacional emitió vía decreto de necesidad y urgencia, una disposición para modificar el actual marco regulatorio de AySA y poder así (re) privatizar la empresa, como sucedió en la década de los ‘90.
¿Qué riesgos conlleva fragmentar un sistema que, en las últimas dos décadas, ha permitido avanzar —aunque con metas pendientes en materia de universalización— en cobertura, equidad y sustentabilidad a escala regional?
En este contexto, el presente texto se propone analizar los avances y desafíos de la gestión estatal del servicio de agua y saneamiento durante el período 2006-2025, planteando los principales riesgos que supone la privatización para la garantía del derecho humano al agua.
En este marco, consideramos que la decisión privatizadora del gobierno no se limita al debate sobre el traspaso accionario de una empresa pública con participación mayoritaria del Estado nacional, sino que lo que está verdaderamente en juego es un modelo institucional de gestión metropolitana del agua.
De este modo, emergen los siguientes interrogantes: ¿Qué implica desarmar una unidad operativa que articula planificación, operación e inversión pública bajo un esquema técnico, territorial y tarifario unificado? ¿Qué riesgos conlleva fragmentar un sistema que, en las últimas dos décadas, ha permitido avanzar —aunque con metas pendientes en materia de universalización— en cobertura, equidad y sustentabilidad a escala regional?
Partimos de la hipótesis de que el debate en torno a la la reprivatización de AySA no es una cuestión meramente administrativa ni económica, sino un giro político e institucional en el rol del Estado en la prestación de servicios públicos y en la gestión de lo metropolitano, que terminará redefiniendo cómo se gobierna un recurso vital en la región más poblada del país.
Ciclo urbano del agua
Actualmente, AySA gestiona de manera integrada el ciclo urbano del agua en un territorio metropolitano de 3.363 km² (CABA y 26 municipios bonaerenses), asegurando el abastecimiento continuo de agua potable y el tratamiento de efluentes cloacales bajo estándares de calidad ambiental.
Captación y potabilización: el sistema se abastece principalmente de dos fuentes hídricas superficiales: el estuario del Río de la Plata —que provee el 87 % del caudal a través de las plantas San Martín y General Belgrano— y el río Paraná de las Palmas, que alimenta la planta Juan Manuel de Rosas. A ello se suma el aporte subterráneo del acuífero Puelche, con 620 pozos agrupados en 27 baterías, utilizado para complementar y reforzar el suministro en picos de demanda o contingencias.
El agua cruda se somete a procesos de coagulación, filtración y desinfección, y, en el caso del recurso subterráneo, a tratamientos específicos como ósmosis inversa, intercambio iónico o adsorción, según la calidad de la fuente de origen.
Distribución: el agua tratada —6,23 millones de m³ diarios en promedio— se transporta mediante una red de 25.116 km de cañerías y 88 km de ríos subterráneos, impulsada por 14 estaciones elevadoras y baterías de bombeo hacia las redes primarias y secundarias. Esta infraestructura abastece a más de 11,2 millones de habitantes.
Saneamiento: el sistema de saneamiento abarca 18.000 km de redes cloacales, 187 estaciones de bombeo y 21 plantas depuradoras, que tratan 1,67 millones de m³ diarios de efluentes, dando cobertura a más de 9,2 millones de personas. Los líquidos, incluidos afluentes industriales autorizados, son recolectados y canalizados a través de cloacas máximas —conductos de hasta 4 metros de diámetro— hacia los principales establecimientos de tratamiento.
Plantas y emisarios: el sistema operado por AySA conforma una infraestructura metropolitana crítica, diseñada para evitar el vuelco directo en cuencas urbanas mediante una estrategia de tratamiento y disposición final sobre el Río de la Plata, que actúa como cuerpo receptor con gran capacidad de dilución controlada.
–Sistema Riachuelo: comprende el Colector Margen Izquierda (más de 30 km), la planta Riachuelo (Dock Sud) y un emisario subfluvial de 12 km bajo el lecho del estuario. Financiado en parte por el Banco Mundial, en el marco de la causa Mendoza por la contaminación del río, este sistema recientemente finalizado beneficia a más de 4 millones de personas y constituye una obra emblemática del saneamiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
(…) más de dos millones de personas en el AMBA aún dependen de fuentes precarias —como perforaciones, bombas manuales o pozos absorbentes— muchas de ellas sin condiciones sanitarias mínimas, lo que configura un escenario crítico de vulnerabilidad socioambiental.
–Sistema Berazategui: incluye la Planta del Bicentenario (inaugurada en 2014) y un emisario de 7,5 km de longitud y 2,6 m de diámetro, con 48 difusores y una estación de bombeo de alta capacidad. Esta infraestructura, apoyada en parte por el BID, mejora la calidad del vuelco en el estuario y presta servicio a más de 7 millones de habitantes del sur del AMBA, sumándose a Berazategui como municipio 27 del área de cobertura en cuanto a la recepción de efluentes cloacales en bloque.
–Plantas distribuidas en cuencas urbanas: AySA también opera 19 plantas locales en subcuencas del conurbano como Lanús, Fiorito, El Jagüel o Escobar, que tratan efluentes mediante procesos biológicos y los vierten en cuerpos de agua como los ríos Matanza, Reconquista y de la Plata, en condiciones reguladas.
Este diseño de ciclo urbano del agua—captación, potabilización, distribución, recolección y tratamiento— representa una apuesta estratégica por proteger las cuencas y reforzar el papel de AySA como columna vertebral de la gobernanza del agua en el AMBA.
Brechas y desigualdad
Más allá de su escala operativa y de los componentes que integran el ciclo hídrico, el sistema gestionado por AySA presenta importantes brechas territoriales y sociales en la provisión de agua potable y saneamiento. Se estima que más de dos millones de personas en el AMBA aún dependen de fuentes precarias —como perforaciones, bombas manuales o pozos absorbentes— muchas de ellas sin condiciones sanitarias mínimas, lo que configura un escenario crítico de vulnerabilidad socioambiental.
En los años 2016-2017, la empresa amplió su jurisdicción original a nueve nuevos municipios del AMBA que hasta entonces formaban parte del sistema provincial, incorporando zonas densamente pobladas, con algunas redes autónomas preexistentes y vastas áreas sin infraestructura básica. Esta expansión incrementó las exigencias de inversión pública y profundizó las tensiones entre la cobertura formal del servicio y el acceso efectivo de la población.
Estas formas de acceso, en contextos de densificación urbana y suelos de escasa permeabilidad, conforman un escenario de riesgo ambiental y sanitario: perforaciones próximas a pozos negros, napas contaminadas con nitratos y patógenos y ausencia de sistemas de tratamiento conforman un cuadro de vulnerabilidad socioambiental persistente. En estas condiciones pueden proliferar enfermedades hídricas evitables como parasitosis, gastroenteritis, hasta incluso metahemoglobinemia en lactantes, entre otras.
La experiencia privatizadora de los años noventa demostró que, en ausencia de regulaciones efectivas, la lógica de rentabilidad de los operadores del sector agua y saneamiento tendió a favorecer la expansión de redes en áreas con mayor capacidad de pago y condiciones urbanas consolidadas. Como contracara, los sectores más vulnerables —desde el punto de vista social, ambiental y territorial— quedaron relegados, ampliando las brechas en el acceso a servicios esenciales.
Una eventual concesión, encuadrada en el nuevo marco regulatorio, podría reproducir esa lógica excluyente, con el agravante de una pérdida de control estatal sobre los objetivos de inversión territorial y equidad distributiva. Incluso si el nuevo pliego estableciera metas obligatorias de cobertura y mecanismos de subsidios cruzados, la capacidad real de fiscalización y cumplimiento se vería severamente limitada.
Además, el diseño institucional propuesto acentúa esta preocupación: mientras el Estado elabora un plan de obras indicativo y no vinculante, la empresa concesionaria define su propio plan de acción, condicionado por su disponibilidad presupuestaria y sus criterios de rentabilidad. Este esquema fragmentado de gestión y el predominio del interés económico en la toma de decisiones abren la puerta a una profundización de las desigualdades socioespaciales en la región metropolitana.
Sustentabilidad hídrica y variabilidad climática
Además de la desigualdad socio-espacial, el ciclo urbano del agua, gestionado de forma integrada por AySA, enfrenta crecientes presiones derivadas de la sobreexplotación de fuentes y la variabilidad climática. La elevada dependencia de una única fuente superficial, junto con pérdidas estructurales, coloca al AMBA ante riesgos de desbalance hídrico y mayor exposición a episodios de contaminación. Aunque la entrada en funcionamiento del Sistema Riachuelo permitió reducir significativamente los vertidos sin tratamiento en esa cuenca, otras como el Reconquista aún presentan descargas con depuración deficiente.
Simultáneamente, parte de esa carga orgánica y química se infiltra en los acuíferos Pampeano y Puelche, afectados por el grado de explotación, la salinización y la contaminación por detritus. Esta degradación ambiental repercute directamente sobre la salud pública, afectando especialmente a quienes no tienen acceso a redes seguras de agua y cloaca.
(…) resulta indispensable avanzar hacia un plan integral que diversifique las fuentes de abastecimiento, reduzca las fugas, promueva el reúso del agua y proteja los acuíferos.
A esta presión ambiental se suma la creciente variabilidad climática. La bajante histórica del río Paraná (2020–2021) y los episodios extraordinarios de lluvias recientes han puesto de relieve la fragilidad de un sistema que depende casi exclusivamente de una única gran fuente superficial de abastecimiento. Esta dependencia estructural incrementa la exposición del AMBA a eventos hidrológicos extremos y compromete su capacidad de adaptación ante escenarios de cambio climático.
En este contexto, el desbalance hídrico se vuelve un problema estratégico para la gestión sustentable de las cuencas metropolitanas. Este fenómeno está potenciado por una lógica histórica de prestación basada en la abundancia de agua, conjugada con la falta de mantenimiento estructural que provoca pérdidas técnicas cercanas al 40 % del caudal distribuido. A ello se suma el aumento del consumo y del costo energético asociado a las diferentes fuentes de origen —subterránea o superficial—, lo que repercute de forma desigual en las distintas etapas del ciclo urbano del agua (producción, distribución, recolección y tratamiento), comprometiendo la sustentabilidad operativa del sistema.
Frente a este escenario, resulta indispensable avanzar hacia un plan integral que diversifique las fuentes de abastecimiento, reduzca las fugas, promueva el reúso del agua y proteja los acuíferos. En ausencia de políticas públicas orientadas a estos objetivos, y bajo un esquema reprivatizador centrado en criterios de rentabilidad de corto plazo, el sistema corre el riesgo de volverse ambiental y económicamente insostenible.
La transición hacia un sistema más sustentable requiere inversiones de largo plazo, planificación territorial, monitoreo ambiental y conducción estatal. Fragmentar la gestión o someterla a criterios de rentabilidad inmediata —como propone el nuevo esquema de privatización— compromete no solo la equidad social en el acceso, sino también la viabilidad ambiental del sistema, en un territorio densamente poblado y vulnerable al cambio climático.
Riesgos en la gobernanza metropolitana
A pesar de los desafíos aún pendientes en materia de cobertura, equidad y sustentabilidad, el Gobierno nacional ha optado por avanzar con la privatización de AySA mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 y 494/2025, firmados el 22 de julio de 2025. Estas disposiciones se apoyan en la Ley Bases N.º 27.742, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada y se encuentra actualmente bajo revisión de la Corte Suprema. Sin embargo, en ausencia de una resolución judicial definitiva, su aplicación le otorga validez de facto.
Uno de los cambios más sensibles introducidos por el nuevo marco regulatorio es la habilitación del corte del servicio por falta de pago, incluso para usuarios residenciales, a partir de los 60 días de mora. Esta posibilidad, antes restringida, representa un giro en la lógica de prestación: del acceso al agua como derecho garantizado, se decreta una concepción contractual centrada en el cumplimiento individual. En contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, esta medida puede derivar en exclusión efectiva, contraviniendo principios de asequibilidad y continuidad reconocidos por estándares internacionales y por la propia jurisprudencia argentina.
Este cambio se complementa con un nuevo régimen tarifario que incorpora ajustes automáticos trimestrales e impone como criterio central la cobertura integral de costos operativos, impositivos y de inversión, asegurando rentabilidad para la concesionaria. De este modo, se consolida una lógica de autofinanciamiento que desplaza el esfuerzo fiscal del Estado hacia los usuarios, afectando especialmente a los sectores populares. Si bien se contemplan subsidios cruzados, su aplicación queda subordinada al equilibrio y rentabilidad económico-financiero del contrato, debilitando así la función redistributiva de la política tarifaria.
A su vez, la planificación territorial también se ve reconfigurada. El nuevo esquema disocia el diseño de obras del interés público, al supeditar la expansión del servicio a criterios de viabilidad económica definidos por la concesionaria. En este marco, los barrios populares y, especialmente, los 9 partidos recientemente incorporados al área de concesión —donde se concentran los mayores déficits de infraestructura— pueden quedar postergados. Aunque el territorio se mantiene jurídicamente unificado, el nuevo esquema promueve una segmentación de hecho que erosiona la lógica integradora de un sistema metropolitano concebido como bien público.
En este contexto, si bien los Decretos 493/2025 y 494/2025 no habilitan explícitamente la fragmentación de la concesión —ni en términos territoriales (por zonas, municipios o jurisdicciones) ni funcionales (por etapas del ciclo urbano del agua, como potabilización, distribución o tratamiento)—, el nuevo marco normativo puede abrir la puerta a una fragmentación indirecta. La concesión se mantiene jurídicamente unificada, pero la posibilidad de venta escalonada del 90 % del paquete accionario (en dos etapas: 51 % y 39 %), sumada a la ampliación de facultades de la concesionaria, configura un panorama en el que podrían emerger múltiples actores con intereses divergentes.
La eventual incorporación de distintos consorcios en el capital accionario podría derivar en una gobernanza fragmentada, dificultando la articulación de inversiones, criterios tarifarios comunes y estrategias de planificación en clave metropolitana. Esta deriva implicaría, al menos, tres riesgos concretos: desigualdades territoriales y tarifarias, priorización de zonas rentables sobre áreas vulnerables; descoordinación frente a emergencias sanitarias o climáticas.
Aunque el nuevo marco plantea una mayor centralidad del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), su capacidad efectiva para fiscalizar múltiples operadores dependerá de los recursos técnicos, jurídicos y políticos que logre consolidar en el nuevo esquema institucional.
Un diseño de privatización que, al combinar la licitación de parte del servicio con la colocación de acciones en el mercado de capitales, podría volver más compleja, costosa e incierta una eventual reestatización ante un futuro cambio de signo político. En lugar de un operador público único, con mandato social y planificación integral, se consolidaría un esquema fragmentado, sometido a lógicas comerciales y a los vaivenes del mercado accionario.
Preservar el control estatal de AySA no responde a una defensa idealizada del modelo público, sino a la necesidad de resguardar un sistema integrado, con capacidad de planificación y regulación a escala metropolitana. Se trata, en cambio, de una condición estratégica que el Estado nacional debe asumir para garantizar el acceso equitativo, continuo y ambientalmente sostenible al agua y al saneamiento en la región urbana más poblada del país.
Debate: ¿Qué se vende cuando se vende AySA?
El nuevo marco regulatorio sustituye parcialmente el marco establecido por la Ley 26.221/07 —que había organizado el sistema público posterior a la experiencia privatizadora de los años noventa— y lo reemplaza por un nuevo régimen orientado a viabilizar la transferencia de activos públicos al capital privado. En el escenario abierto por los DNU 493/25 y 494/25 de marco regulatorio, la reprivatización del mayor operador metropolitano de agua y saneamiento de América Latina avanza con rapidez y bajo un discurso que acaso minimiza su dimensión política.
Sin embargo, lo que está en juego trasciende largamente la venta de acciones: se pone en discusión el modo en que una sociedad organiza la gestión de un bien común, el acceso equitativo a un derecho humano esencial y la gobernanza hidrosocial de un recurso estratégico en el territorio más densamente poblado del país.
(…) se ofrecería en venta la conducción y planificación de un servicio esencial para más de 14 millones de personas por menos de lo que el Estado invirtió en una sola de las infraestructuras estratégicas del sistema
Uno de los primeros actores en pronunciarse fue el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). En su comunicado, el sindicato celebró conservar el 10 % del paquete accionario para los trabajadores, afirmando que no se trata de una “privatización tradicional”. No obstante, esa posición elude el aspecto central: la venta del 90 % restante implica una pérdida estructural del control público sobre la empresa.
Al reducir el debate a la participación laboral, el gremio deja sin cuestionar aspectos decisivos como el esquema tarifario, las metas de cobertura o el resguardo del convenio colectivo o la sustentabilidad del recurso hídrico. Esa postura defensiva contrasta con el actual contexto de reducción de personal: desde enero de 2024, se registraron más de 3.500 bajas entre retiros, despidos y recortes a cooperativas.
Simultáneamente, el Gobierno nacional dejó trascender que la empresa podría venderse por unos USD 500 millones. Una cifra que, en comparación con el gran emisario subfluvial de 12 km del Sistema Riachuelo —obra que demandó más de USD 1.000 millones y casi dos décadas de desarrollo—, representa apenas la mitad del esfuerzo inversor asumido por el sector público.
En otras palabras: se ofrecería en venta la conducción y planificación de un servicio esencial para más de 14 millones de personas por menos de lo que el Estado invirtió en una sola de las infraestructuras estratégicas del sistema, comprometiendo no solo su sustentabilidad sino también la capacidad pública de planificar, regular y garantizar el derecho al agua a escala metropolitana.
Entonces, la reprivatización no debe entenderse como un simple traspaso técnico sino como una decisión política de carácter estructural. Lejos de promover mayor eficiencia operativa, reducción tarifaria o ampliación de servicios, su consecuencia más probable será la fragmentación de un modelo territorialmente integrado, la regresión de derechos de acceso de un servicio público en los sectores más vulnerables y la pérdida de capacidad pública para planificar, expandir y regular un sistema estratégico frente a los desafíos sociales, ambientales y climáticos del siglo XXI.
En definitiva, no se está vendiendo solo una empresa pública. Lo que está en juego es el modelo de gestión de un recurso vital, la posibilidad de una gobernanza metropolitana solidaria y el derecho al agua como bien común, frente a una lógica de corto plazo que lo reduce a mercancía. La historia reciente demuestra que retroceder en este terreno puede tener consecuencias duraderas. Por eso, más que un simple cambio en el modelo de gestión de un servicio público, la reprivatización de AySA cuestiona el horizonte político de la sociedad argentina y el tipo de institucionalidad metropolitana que se busca construir.
LF y MT
Leonardo Fernández es Investigador – docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (ICO-UNGS) y docente de la Universidad Nacional de Luján. Es Director de la Licenciatura en Ecología de la UNGS.
Melina Tobías es Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas, Instituto de Investigaciones Gino Germani -UBA- y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Referencias
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (2025). Agua potable. En Qué hacemos. Recuperado el 30 de julio de 2025.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (2025). Saneamiento. En Qué hacemos. Recuperado el 30 de julio de 2025.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (2022). Programa de Agua y Saneamiento – Plan de Acción de Mejora de Eficiencia (EIAP), mayo 2022.
Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (2025). Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025: Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales. Boletín Oficial de la República Argentina.
Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (2025). Decreto de Necesidad y Urgencia 494/2025: Autorízase el procedimiento para la privatización total. Boletín Oficial de la República Argentina.
Clarín. (2025, 22 de julio) El Gobierno autorizó el procedimiento para la privatización total de AySA. Recuperado el 30 de julio de 2025.
Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). (2025, 18 de julio). Comunicado – Proceso de reorganización societaria de AySA. Recuperado el 30 de julio de 2025.
