Dos notas recientes de café de las ciudades planean enfoques ciertamente optimistas sobre la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca Matanza-Riachuelo. En enero, Artemio Abba sostiene en “Amanece, que no es poco” que “este inédito interjuego de la Administración, los Legisladores y la Justicia abre en materia de interjurisdiccionalidad nuevos caminos que parecían cerrados en un Estado de organización federal como el argentino”. Al mes siguiente, Grisela García Ortiz escribe en su nota sobre la actualización del PISA: “si al Plan consensuado le sumamos los avances relacionados con el crédito del Banco Mundial para las importantes obras hidráulicas cuyo proceso licitatorio ya fue lanzado por AYSA a finales del año 2009, el panorama permite vislumbrar una luz de esperanza que esperemos pueda sortear las contingencias políticas del período venidero”.
Las conclusiones de un análisis circunscripto al puro y duro texto del Plan podrían chocar con las miradas de Abba y Garcia Ortiz. De la lectura de la actualización del PISA presentado al Juez Luís Armella el 1º de febrero pasado surgen por ejemplo las siguientes consideraciones:
– La metodología de marco lógico utilizada ha requerido un gran esfuerzo intelectual y de tiempo para su implementación, recursos ambos extraídos a otras instancias indispensables del Plan, en especial la integración de componentes o mandas y la profundización de las conceptualizaciones sobre sus diversos aspectos. En definitiva, “inflación” metodológica y debilidad conceptual.
– El Plan resulta así un compendio de componentes parcelarios fragmentados, no concurrentes en una estrategia integrada.
– Los distintos componentes presentan grandes divergencias en cuanto a su desarrollo y precisión, en especial en cuanto a la consistencia metodológica e intelectual, índole de las tareas, indicadores de cumplimiento, requerimientos presupuestarios, etc. Hubiera sido quizás preferible realizar en primer lugar la integración estratégica de las diversas mandas para recién entonces recurrir al enfoque de marco lógico.
– Falta asimismo una mayor claridad en cuanto a la forma de integración y participación de las distintas jurisdicciones y competencias y el status jurídico de ACUMAR.
Sin embargo, existe una “diagonal” que puede explicar esta aparente contradicción entre el optimismo de la voluntad de los articulistas de cdlc y el pesimismo de la razón técnica que surge del análisis del Plan (pesimismo que hasta podría cuestionar la propia naturaleza de “Plan” que se atribuye al documento). Todo lo deshilvanado que se quiera, el PISA constituye una notable articulación de tareas entre tres jurisdicciones estatales: la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aún en épocas en que estas jurisdicciones coinciden en su color político, resulta difícil ponerlas de acuerdo en un objetivo de planeamiento y gestión del territorio; las fuertes diferencias que en la actualidad existen entre la Nación y la Ciudad, el rol subordinado del gobierno provincial y los particularmente problemáticos momentos políticos de los tres actores hacen que sea particularmente sorprendente la coincidencia en la formulación del Plan (para que quede claro: soy de los que creen que la dificultad de coordinación no es un atributo exclusivamente argentino y que en la mayor parte de los países del mundo es igualmente dificultoso lograr un acuerdo inter-jurisdiccional del tipo del que hasta ahora estaría evidenciando el PISA):.
Se dirá que existe un mandato judicial que inclusive a partir de la coerción punitiva de las multas incide en la voluntad de las autoridades políticas. Es cierto, aunque sobran en la Argentina ejemplos de desobediencia manifiesta de los poderes ejecutivos a los mandatos de la Justicia. Aun cuando se desconfíe (con justa razón) de la judicialización de las decisiones políticas (particularmente evidenciada en recientes cuestiones de ordenamiento territorial y ambiental, como por ejemplo la cuestión de “las torres” en la Ciudad de Buenos Aires) este episodio de coordinación interjurisdiccional forzada resulta de singular interés, en especial en el marco de una región metropolitana tan necesitada de ella como es la bonaerense.
Se ha dicho que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos; algo semejante podría decirse de este raro episodio de lucidez política (forzada…) que están exhibiendo las jurisdicciones clave en la gobernabilidad de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Creo que esta situación puede entenderse como una bisagra hacia la institucionalidad metropolitana de una ciudad que la necesita, y de allí el optimismo de las notas citadas, que comparto.
MLT
Ver la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo.
Sobre el Riachuelo, ver también en café de las ciudades:
Número 3 | Ambiente
La cuenca del Riachuelo | Consensos para la acción en el sector más postergado de Buenos Aires. | Marcelo Corti
Número 32 | Recorridos
El Riachuelo recobrado | La ilusionada navegación de una utopía urbana. | Marcelo Corti
Número 88 | Planes de las ciudades (II)
La actualización del Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca Matanza Riachuelo | Hacia la reversión de una deuda ambiental y social | Grisela García Ortiz
Terquedades anteriores:
Presentación editorial (número 65)
Terquedad de las clases medias (y sus críticos)
Terquedad de las villas y los funcionarios
Terquedad del Plan Urbano Ambiental
Terquedad de las Guías (los itinerarios de Eternautas y la ciudad bizarra de Daniel Riera)
Terquedad de las políticas urbanas
Terquedad de Puerto Madero y los paseos costeros
Terquedad del Fútbol (dePrimente)
