El parte policial indica que el domingo 14 de enero se produjo un enfrentamiento armado “entre bandas”* en una toma de tierras ubicada a metros de la esquina de Vega y Debussy, en la zona de González Catán conocida como “la tosquera”**, en el partido de La Matanza. Hubo al menos cinco muertos y numerosos heridos.
*“entre bandas”: la nota del periodista Jorge Ossona en La Nación parece compartir esa interpretación.
La toma ocurrió hace más de un año y, como suele ocurrir, se trató de un negocio de bandas dedicadas a ese rubro con sus respectivos séquitos. A los “ocupantes” no les interesa “un lugar para vivir”, sino solo la comisión que les pagan los jefes una vez vendidos los predios. En una segunda o tercera fase aparecen los verdaderos interesados. Se trata de otras bandas allegadas a los primeros de diversos orígenes e intereses. Compran grandes extensiones, que revenden a agregados menores reservándose la “administración” de su área como “delegados”.
A esta visión de “todos malos”, el escueto comunicado del Colectivo Hábitat contrapone una versión más verosímil: “familias que son violentadas por este tipo de organizaciones delictivas”. Juan Grabois sostiene en su nota en El Diario (que es muy interesante leer en contrapunto a Ossona):
En esta ocupación no había organizaciones. Los loteadores se habían encargado de prohibirlas. Ahí solo podía haber compradores, acatar a vendedores armados y pagar mensualmente la seguridad que brindaban sus propios verdugos. Ahí solo se podía construir con materiales comprados en determinados corralones. La policía sabía qué camiones dejar pasar y qué camiones incautar. El ágora del barrio eran los grupos de Whatsapp, que después de un año de abusos empezaron a activarse con mensajes de descontento, algunos más tímidos, otros más vociferantes.
Cuando ese grupo se convirtió en un campo de batalla, donde no había armas sino caracteres, el grupo dominante convocó a una asamblea en un territorio más adecuado que la virtualidad para disciplinar a los díscolos. Un espacio lejos del mar de mensajes donde todos tenemos la sensación de ser iguales en poder. Ahí, en el barro de lo real, donde el peso de la fuerza se hace sentir brutalmente.
Promediaba una asamblea tumultuosa donde la mayoría parecía imponer su criterio de realizar un censo verdadero y comenzar un diálogo oficial con la municipalidad, cuando un grupo desconocido, asociado a los loteadores, con armas cortas y caseras, abrió fuego contra la pequeña multitud, aunque sin acertar ningún tiro. La gente reaccionó con gritos, piedras y corridas. Corridas, sí, porque los pistoleros corrieron unos setecientos metros hacia la lomada.
Había sido una trampa, una emboscada, premeditada y alevosa. En la lomada había otro grupo, con armas en serio, armas de grueso calibre, que sabía matar, que disparó a matar, que remató en el suelo a las cinco víctimas.
Nunca había pasado nada semejante en democracia.
**“la tosquera”: no es un toponímico, no es el nombre de un barrio, no hay genius loci; es simplemente una indicación de que allí se extrajo tosca y quedaron unos pozos en el borde entre la dispersión de la extrema periferia metropolitana y lo que queda de unas quintas (el cercano Club Recreativo Portugués indica el posible origen de los antiguos quinteros). La imagen de Google Maps es elocuente, así como la foto del ranchito de madera en la calle mal trazada, y así como sobran los iconos de inexistentes “restaurantes, hoteles, que hacer, transporte público, farmacias, cajeros …”. A menos de dos kilómetros pasa la autopista Presidente Perón, continuación del Camino del Buen Ayre, que una vez concluida circunvalará toda la segunda corona del AMBA hasta La Plata.
La imagen de Google Maps es elocuente, así como la foto del ranchito de madera en la calle mal trazada, y así como sobran los iconos de inexistentes “restaurantes, hoteles, que hacer, transporte público, farmacias, cajeros…”
Según la antropóloga Cristina Cravino (una de las más serias investigadoras de los procesos de producción del hábitat popular en Argentina), la masacre de González Catán se inscribe en una modalidad que viene creciendo en la tercera corona del conurbano: el ingreso del excedente narco al circuito inmobiliario con ventas mafiosas. “Les cobran todos los meses y se meten y los echan. Venden diez veces el mismo lote”. Este ingreso del narco y el crimen organizado al circuito inmobiliario informal en América Latina ya fue descripto entre otros por Gustavo Riofrío y Pedro Abramo, siendo paradigmático el caso de Lima o el de las milicias de Río de Janeiro. Ya no se trata de organizaciones sociales que toman tierra en las periferias sino de actores económicos que gestionan inmobiliarias piratas; sus prácticas oscilan entre la extorsión y la puesta en escena de un Estado paralelo.
Los antecedentes en Argentina remiten, según algunos rumores, al Barrio Carlos Mugica de Retiro a fines de la década del 2010, con operaciones que incluían cobros por “seguridad”, contraprestaciones por colaboración en actividades delictivas y amenazas a deudores. Actualmente, en algunas zonas de Florencio Varela o de Merlo aparecen casillas que imitan la imagen de una inmobiliaria formal. En la tosquera de González Catán, llama la atención la aparición de los “delegados”, una figura propia de aquellas prácticas piratas en Latinoamérica; eran los que cobraban las “cuotas” y los que convocaron a la asamblea/emboscada cuando la gente se negó a la venta de un sector previsto como plaza o equipamiento comunitario.
Este avance mafioso refleja, por un lado, el debilitamiento de las organizaciones sociales y su entramado en el territorio (parte del síntoma de la época) y, por otro, la mercantilización de la informalidad y la ausencia de acciones efectivas del Estado para revertir el déficit habitacional o la no aplicación de los instrumentos legales y de gestión existentes. Las familias, imposibilitadas de acceder al alquiler por imposibilidad económica o por barreras sociales como la no aceptación de niños, apuestan en su desesperación (o simplemente engañadas en su buena fe, pensando que en algún momento tendrán papeles que les den estatus de propietarios) a “comprar” un lote informal y construir en él.
Imágenes: capturas del video publicado por la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed) | Medio comunitario, alternativo y popular. En Twitter: Red__Accion
Ya no se trata de organizaciones sociales que toman tierra en las periferias sino de actores económicos que gestionan inmobiliarias piratas; sus prácticas oscilan entre la extorsión y la puesta en escena de un Estado paralelo.
El comunicado del Colectivo Hábitat “requiere a las autoridades correspondientes brindar las soluciones urgentes”. Sostiene que la dilación de respuestas es caldo de cultivo para las bandas criminales y recuerda que existe en la Provincia de Buenos Aires la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, “utilizada en Guernica”.
Grabois asumió la representación jurídica de familiares de víctimas y de supervivientes de la masacre de la Tosquera de González Catán. junto a la Dra. Liliana Esther Kunis y el Dr. Nicolás Rechanik.
El 18 de enero, ambito.com informó la detención de Juana Correa Villalba, de 43 años, que tenía pedido de captura nacional e internacional y está acusada de ser la presunta responsable del negocio inmobiliario clandestino. El 31 de enero, la agencia Telam informó la detención del “delegado” Marciano Aguiar González; ya habían sido detenidos también Walter Escobar, Wilson Escobar y un hombre que tras la masacre quedó internado de gravedad y cuya identidad aún se desconoce.
MLT
Terquedades. Una mirada arrabalera a Buenos Aires, es una columna a cargo de Mario L. Tercco, corresponsal de café de las ciudades en la capital argentina.
Sobre el tema, ver también las presentaciones de nuestros números 189 y 191.
