“...Terquedades será una tribuna de doctrina”
(C. Ricot)
Este
mes he tenido muy poco tiempo y (debo confesar) pocas
ganas de escribir (malas campañas futbolísticas, quizás,
o tal vez desasosiego por las candidaturas ofrecidas para
el 28 de junio); recurriré entonces al viejo
truco del comentarista: comentar, muy brevemente,
comentarios ajenos… y tratar de relacionarlos. Me ayudará
a esto algo que, como veremos, omitió comentar el primero
de nuestros comentados.

¡Agarrate,
Catalinas!
Se
trata del editor responsable de este medio, quien el pasado
26 de mayo publicó en el Diario de Arquitectura de Clarín
esta
nota que reproduzco, sobre un comunicado de
la Sociedad Central
de Arquitectos.
“La
Sociedad Central
de Arquitectos (SCA) ha expresado públicamente su opinión
acerca de la ley aprobada en primera lectura por la Legislatura porteña por la cual se modifica la normativa urbanística para
tres terrenos de propiedad de la
Ciudad en Catalinas Norte y se autoriza
su venta con el objeto de proveer fondos a las partidas
presupuestarias destinadas a la infraestructura educacional.
La declaración sostiene que este proyecto implica “graves
consecuencias” sobre las que se considera indispensable
informar a la opinión pública.
Con argumentos “políticamente correctos”, la SCA incurre sin embargo en una serie de inexactitudes
y omisiones que creo necesario aclarar. La SCA es la organización profesional
de arquitectos más antigua y reconocida del país; un planteo
incorrecto de la entidad significa un
retroceso en la capacidad institucional de la disciplina
para insertarse en las discusiones relativas al futuro
de nuestras ciudades
Sostiene
la declaración que “el conjunto urbano de Catalinas Norte
es un ejemplo de proyecto urbano de los años 60 diseñado
por un equipo de notables arquitectos y urbanistas y,
como tal, planteaba con particular detalle y a escala
urbana la relación entre las torres y el espacio libre,
dedicado a servicios y espacio público”. Esto es cierto,
pero también lo es que en la práctica el proyecto efectivamente
ejecutado se limitó al loteo de unas parcelas para la
edificación de torres
de oficinas, simplemente apoyadas sobre un vacío urbano
sin atributos. Carente de servicios, amenidades y
de toda calidad urbana, el basamento de Catalinas Norte
es un desierto inhóspito, negado a la fruición ciudadana
y apenas utilizado por quienes trabajan en las torres.
Según
la SCA,
la Ley de sanción inicial propone
realizar en los tres terrenos “alturas que duplican a
las torres existentes”. Sin embargo, las alturas máximas
admitidas por la Ley son de 100 metros en dos de los
terrenos y de 150 en el restante, mientras que la mayoría
de las torres construidas en Catalinas Norte superan los
100 metros de altura (137 metros, en el caso
del edificio BankBoston).
No
es serio que una entidad de arquitectos cometa un error
tan elemental. Quizás la confusión se origine en los 73
metros que la normativa existente
y la propuesta indican como alturas mínimas para el distrito,
dimensión largamente superada por los edificios construidos:
una nota en un diario, que no es Clarín, incurrió en el
mismo error al comentar la sanción inicial (esa misma
nota aludía a la posibilidad de ceder un 40% de los predios
para espacio público como “jardinería gratis: la ciudad
se hará cargo de parquizarlos”,
criterio muy desafortunado
acerca del carácter social y cultural del espacio público
urbano).
Siguiendo
con la opinión de la
SCA, la
Ley hace desaparecer “este espacio urbano
necesario”, cuando en realidad se trata de terrenos de
dominio privado actualmente usados por concesionarios
para su lucro particular (concesiones de generosa laxitud
y escaso rédito para la Ciudad). Sin embargo, serían
para la SCA
“servicios existentes” que se quitan a la zona: son en
realidad dos estacionamientos y una estación de servicio,
usos que el Plan Urbano Ambiental propone restringir.
Se critica también el “hiper
congestionamiento de áreas ya sobrecargadas”, caracterización
poco feliz del Centro y de la
zona mejor localizada del país y más servida por transporte
público.
Acierta
en cambio la
SCA en asegurar que “Catalinas Norte
debe ser protegido y revalorizado, con la mejora de los
espacios urbanos existentes, retomando la idea del basamento
que figuraba en el proyecto original, proveyendo los servicios
complementarios necesarios para las miles de personas
que ya trabajan en el área, dándole mayor vitalidad a
la zona y mejorando sus espacios públicos que son los
aspectos negativos de la actual situación urbana”. Estos
objetivos son absolutamente compatibles con los de la
Ley de Sanción Inicial y bien podrían
ser la propuesta que lleve la entidad a la Audiencia Pública
que ahora debe realizarse.
Pero
recayendo en la incoherencia, la declaración continúa
expresando su extrañeza por que “el GCBA envíe esta iniciativa
al mismo tiempo que convoca a un concurso de ideas para
el área de Dársena Norte, en la cual este conjunto está
incluido”. Sin embargo, las propias bases del Concurso
que organiza la SCA señalan la existencia del
proyecto de Ley que se critica, sin realizar ninguna objeción
ni considerarlo incompatible con el requisito (absolutamente
válido) de “rescatar la permeabilidad y conectividad de este sector y su articulación
con la trama urbana tradicional, Empalme Norte, los
bordes de Dársena Norte y Puerto Madero”, también expresado
en las Bases.
Llama
la atención que en ningún momento la
SCA haga referencia a uno de los aspectos
más positivos de esta Ley Inicial: que a diferencia de
nefastas experiencias anteriores, algunas de ellas tan
cercanas a Catalinas Norte como el predio de Tandanor,
el cambio de normativa es realizado con anterioridad a
su venta y, por lo tanto, el
mayor valor inmobiliario resultante es captado por el
Estado local y no por un privado. Y llama la atención
que la SCA
considere problemático realizar torres en Catalinas Norte
cuando en los recientes conflictos acerca de los edificios
en altura en varios barrios de la Ciudad su postura fue la defensa
a ultranza de los intereses de propietarios y desarrolladores
por sobre la preservación de la calidad urbana.
No
está mal que la
SCA tenga una visión crítica sobre las
políticas urbanas de la Ciudad; debería expresarse
más a menudo en ese sentido (y sin que la crítica dependiera
de si la convocan o no a organizar un concurso). Pero
sus comentarios no pueden estar exentos de la necesaria
precisión y seriedad técnica”.
Coincido
con lo expresado por el Editor, pero me
hubiera gustado que su nota abundara un poco más en esa
“visión crítica de las políticas urbanas” que se le
reclama a la entidad representativa de los arquitectos.
Por ejemplo, en las que motivan las notas que veremos
a continuación.

Superpoderes
a AUSA
Con
el titulo Legislatura testimonial, La
Nación del pasado 13 de mayo
publica esta nota del arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray sobre un controvertido proyecto del Gobierno de
la Ciudad
de Buenos Aires, finalmente transformado en Ley:
“Seis
mil cuatrocientos millones de pesos pertenecientes a los
vecinos de la ciudad de Buenos Aires corren el serio riesgo
de desaparecer
del presupuesto en los próximos 20 años. No se trata
de un tecnicismo: significa que los porteños perderemos
poder de decisión y de control sobre esa enorme suma.
Esto ocurrirá si se aprueba, en segunda lectura, un proyecto
de ley para darle a AUSA, sociedad anónima de capital
público, una concesión de obra a veinte años para construir
autopistas, con un presupuesto superior a los 320
millones de pesos anuales. Estos fondos acaban de nutrirse
como consecuencia de un aumento de los peajes, en algunos
casos del 300 por ciento.
Para
justificar la medida se menciona, entre otros dudosos
fundamentos, el supuesto éxito de la concesión a punto
de vencer. Esta afirmación se basa en parámetros propios
de los evaluados, al margen de las observaciones de la
auditoría de la ciudad. Se justifica también en el “contundente”
apoyo de la ciudadanía, expresado en las opiniones de
tres vecinos (en dos casos se trató de un pedido de información)
y tres representantes de la empresa que participaron de
una audiencia pública convocada en pleno verano y realizada
el 11 de marzo pasado.
Una
decisión de tal importancia merece ser contrastada
con alternativas y antecedentes. En primer lugar,
el presupuesto -ley de leyes- es una de las responsabilidades
fundamentales de los cuerpos parlamentarios en todo el
mundo. Semanas antes de unas elecciones legislativas,
se está delegando por veinte años, en el Ejecutivo, una
función extraordinaria. Como la
Constitución de la ciudad no admite la
delegación legislativa, el
proyecto es claramente inconstitucional.
Más
allá de ese aspecto institucional -que para quienes creemos
realmente en la República es motivo
sobrado para descartar la iniciativa-, consideramos imprescindible
poner a consideración de la gente las prioridades de esa
enorme suma o someter las propuestas legislativas a una
consulta pública. Así, los vecinos podrían enterarse de
que si no se amplían los subtes, ni se mejoran las condiciones
de los existentes, ni se compran sedes de escuelas públicas,
ni se mejoran las estaciones y centros de transferencia
de Once, Retiro, Constitución, Chacarita y Virreyes, no
es por la falta de recursos que se invoca, sino porque
se han elegido otras prioridades.
Al
fundamentar el aumento de los peajes, se mencionaron los
antecedentes de Londres y Singapur. Pero los
recursos obtenidos en estas ciudades se destinan a mejorar
un transporte público de excelente calidad. Se puede
estar de acuerdo o no con esos antecedentes, pero haberlos
evocado como justificación del aumento de peajes sólo
puede explicarse, en el mejor de los casos, por el total
desconocimiento de esas experiencias. Otro ejemplo, no
citado -de Barcelona-, destina los recursos de los peajes
a mejorar la infraestructura ferroviaria.
En
tercer lugar, desconcierta la enunciación de obras del
anexo. En el proyecto sometido a audiencia pública se
incluye, entre las obras, un túnel por construir en la
avenida 9 de Julio y una bajada de la autopista Illia,
a la altura de Pueyrredón, que
entra en colisión con la doble mano que se implementó
recientemente. El proyecto plantea que resolverá en forma
eficiente cinco cuestiones fundamentales de movilidad
de la ciudad, pero excluye
toda solución que no sea vial. No brinda información
sobre los costos ni alternativas para solucionar esos
problemas. Pero la justificación más original para darle
miles de millones a una empresa de autopistas es sin duda
la de “fortalecer el diseño y funcionamiento de la trama
peatonal y de tránsito no motorizado”.
Es
cierto que el sistema de contrataciones del Estado presenta,
en su búsqueda de transparencia, engorros burocráticos.
Es cierto que hay una notable inejecución de los recursos
existentes. Pero para buscar la solución, y para actuar
en consecuencia, entonces, el
esfuerzo legislativo debería apuntar a mejorar la ley
de contrataciones, no a sortearla.
En
un debate más profundo, podría discutirse la forma de
fortalecer las empresas públicas sin recurrir a atajos
legales. Por ejemplo, un holding de empresas públicas
de la ciudad, como existe en varias ciudades europeas,
o una empresa pública modelo, como la que
ha permitido la transformación de Medellín. Eso implica
considerar públicamente las prioridades de los recursos
en un abanico más amplio de opciones y fortalecer la capacidad
de acción del Estado a favor de la equidad y la calidad
urbana.
Los
superpoderes no son malos cuando se le otorgan al presidente
de la Nación y buenos cuando
se le otorgan al jefe de gobierno. El proyecto revela
una lamentable continuidad con políticas de concentración
de poder y falta de controles republicanos, que la ciudadanía
está dando muestras elocuentes de cuestionar cada vez
más. Una Legislatura vacía de contenido, meramente testimonial,
no parece ser una alternativa a esas políticas, sino su
fiel reflejo”.
Coincido
nuevamente, y si lo relaciono con el texto del Editor,
tengo que preguntarme por qué la SCA no consideró necesario comentar
estos favores a AUSA. O por qué tampoco se expide sobre
las políticas de desalojo de los pobres de la Ciudad.
Sobre esto trata la siguiente nota.

Fuente:
ocnaranja.blogspot.com
“Despacito,
en silencio”
En
Página
12 del lunes 4 de Mayo, Carlos Rodríguez escribe
la nota La guerra de los desalojos silenciosos:
“Despacito,
en silencio, se van haciendo desalojos” La trágica ironía
verbal que expuso, a principios de año, el jefe de Gabinete
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se va cumpliendo, con creces, en una realidad cotidiana
que multiplica los desalojos que, sumados a la crisis
económica, arrojan a la calle a miles de personas. Un
relevamiento realizado el lunes
27 de abril por personal del propio gobierno porteño reveló
que hay 1950 personas
durmiendo en la calle, cifra que duplica la que se había
registrado el año pasado, para la misma fecha, cuando
todavía no se aplicaban las drásticas y “silenciosas”
medidas dispuestas por el macrismo.
El dato, al que pudo acceder Página/12 por fuera de la
estructura de prensa del gobierno de la ciudad, fue acompañado
por otras apreciaciones que indican que hay cerca de 22
mil personas que viven en la ciudad y que han perdido
o están en peligro de perder las viviendas que habitan.
“El
conteo de personas en situación de calle fue contundente
en sus resultados: este año se duplicó el número de los
sin techo, de las 1000 personas contabilizadas el año
pasado, se pasó este año a 1950”, le dijo a este diario
una fuente del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo
con lo conversado con personas vinculadas al trabajo social
en la ciudad de Buenos Aires, las causas del problema
son múltiples y están todos a la vista: “Sólo basta decir
que el macrismo no tiene una
política orientada a reducir el déficit habitacional”,
señalaron. Como ejemplo, hay que recordar que el presupuesto
del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) –según ya lo
reveló este diario– cayó este
año de más de 500 millones a menos de 120 millones de
pesos. De esos 120 millones, casi cien se destinan al
pago de sueldos y al funcionamiento del IVC, lo que prácticamente
deja sin financiamiento las obras en marcha y los planes
previstos para este año.
A
eso se sumó el
incremento de los desalojos, favorecidos por una serie
de medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de enero, el jefe de Gobierno vetó la Ley de Emergencia Habitacional
que había sido aprobada por todo el arco político opositor,
que había logrado torcerle el brazo al bloque oficialista
del PRO. “El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda
y no puede ser el principal desalojador”,
declaró en su momento el diputado de la Coalición Cívica
Facundo Di Filippo.
(…)
A
falta de política social, el gobierno porteño ha creado
la llamada Unidad de
Control del Espacio Público (UCEP), un verdadero “grupo
de tareas”, que con métodos similares a los de la
dictadura militar se encarga de realizar desalojos compulsivos
de indigentes que viven en plazas, parques, calles y edificios
de la
ciudad. La
UCEP, en los hechos,
ha desplazado al BAP (Buenos Aires Presente), que se encargaba
de ofrecerles alguna posibilidad de alojamiento, aunque
fuera momentáneo, a los que viven en la
calle. Para completar el cuadro de despropósitos,
al frente del BAP está hoy un militar retirado cuya única
conexión con el problema social había sido, desde la función
pública, el de buscarle un destino final a la basura que
llena las calles de la ciudad.
El
legislador porteño Martín Hourest,
sostuvo que la raíz del problema es que “la única lógica
que se maneja desde el gobierno porteño es la de hotelizar o expulsar, con algún recurso económico,
a todos los que viven en situaciones precarias”. Hourest
dijo que todo se desenvuelve en el marco de un círculo vicioso: “Les dan un dinero que puede ser de siete mil pesos
o 25 mil, en caso de algún ‘subsidio vip’,
pero eso no alcanza para comprar ni para alquilar. De
manera que al problema de la gente en la calle se lo encierra
por seis meses en un hotel, hasta que las personas se
quedan sin plata y entonces tienen que irse a vivir a
un asentamiento, a una villa o, de lo contrario, tienen
que buscarse algún lugar en una plaza, en la calle”.
“El
problema –según Hourest– tiene
que ver con los desalojos compulsivos que alienta el gobierno
porteño, pero también con el agravamiento de la crisis.
Esto
no se soluciona con la política de invisibilizar
a los que son desalojados. Nadie se interesa por ellos,
ni se les hace un seguimiento para ver cómo ir buscando
soluciones de fondo.” Sobre el número de personas sin
techo, Hourest coincidió en
que “hay mucha más gente que vive en esa condición, respecto
del año pasado, pero no hay cifras ciertas sobre cuántas
son”. Estimó que pueden ser “cerca de 12 mil o muchos
más, porque hay que tener en cuenta que con la actual
modalidad de ‘hotelizarlos’,
de esconderlos, es posible que sean muchas más o que puedan
serlo una vez que se les acabe el dinero del subsidio”.

¿Y
donde van los desalojados?
La
respuesta podría encontrarse en otra nota de Página
12, en este caso publicada el 23 de mayo. Con
el nombre de Historias
de Tierra y Libertad,
el texto cuenta “cómo nació, se organizo y sobrevive”
un asentamiento que lleva ese hermoso nombre en Ciudad
Evita, partido de La Matanza.
“Fue
durísimo” A Paco, los recuerdos se le escapan por los
ojos y quedan esparcidos en cada espacio del barrio donde
vive junto a su compañera y sus hijos, mientras lo recorre
con la
vista. Las calles de barro, el tendido
precario de luz y las casillas, levantadas con retazos
de materiales que para muchos son desechos, le arrancan
sonrisas de orgullo. Nada de todo aquello existía allí
hace poco más de un año, más que en la esperanza de cerca
de 70 familias desperdigadas en casas de familiares, en pequeñas habitaciones
alquiladas o en la
calle. Se organizaron, le dieron un empujón más a esas esperanzas
y el 29 de marzo de 2008 parieron el barrio Tierra y Libertad,
en un terreno vacío de unas quince hectáreas en Ciudad
Evita, a 500 metros de la Rotonda Querandí,
en el partido de La
Matanza.
Una
carbonería y el campo de deportes de la comunidad boliviana
separan al predio –que ahora alberga a más del doble de
familias– de la Ruta 21. Tendidos de alambre
de púa lo mantienen separado de la reserva forestal de
La Matanza y de otro barrio,
que se llama “Un techo para todos”, también fruto de la
lucha de sus habitantes. “Sólo
las personas de clase media pueden acceder a las políticas
de vivienda estatales. El resto, los pobres y sin
trabajo, quedamos incluidos en la pobreza y excluidos
de todo derecho”, dice Paco que, junto a su compañera
Gabriela, intenta sacar adelante a su familia.
La
estrategia comenzó a dibujarse unos meses antes de que
los vecinos desembarcaran en el predio. A la investigación
sobre la propiedad de las tierras le siguieron los consejos
de vecinos de los conglomerados aledaños. Luego, la toma de coraje y el movimiento final: durante
la tarde del 29 de marzo de 2008 cruzaron el alambrado
hacia el espacio inhabitado. “Teníamos
lo básico: un nylon grande y un par de maderas para hacer
una carpa grande, algunas frazadas, la olla grandota
y mate cocido para los pibes”, enumera Adelina Aquino.
Antes de apostar a todo o nada en el barrio, vivía con
su familia en una habitación cuyo alquiler se comía gran
parte del presupuesto familiar, equivalente al sueldo
de su marido. Esa tarde fueron 70 familias, cantidad que
creció con el correr de las semanas. Poco más de un año
después, el barrio está integrado por 150 grupos familiares
que viven de la construcción, de changas o cuyos integrantes
adultos están desocupados.
Para
muchos de ellos, no era la primera vez en la experiencia
de tomas. “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, sostiene
Paco. Entonces, arrancaron de nuevo en otro espacio. Y
no los mataron, pero casi. A las horas de haberse instalado
en el campo vacío, una patota llegó “con aprietes y amenazas”.
Los tiros se escucharon no bien se hizo de noche”, explicó
Jennifer Cabrera, que habita una casilla en Tierra y Libertad
junto a su esposo y los hijos de ambos. Todos sabían de
ese riesgo, “ampliamente debatido en las asambleas previas
a la toma, aunque el
consenso en torno a ‘tomar igual’ nunca se rompió”,
añadió Gabriela. Fueron cinco las noches de balacera,
esparcidas a lo largo del primer mes. Uno de los vecinos
recibió un perdigonazo en el hombro, una mujer fue amenazada de muerte,
con una 9
milímetros apoyada en la sien. Y, sin embargo, resistieron.
¿Denuncias a la policía? Varias. Pero los mismos efectivos
que las recibían “se juntaban a comer asados en la parrilla
del que comandaba” al grupo agresor. “¿Cómo iban a hacer
algo?”, se preguntó.
Tras
esos cinco intentos de desalojo clandestino, las cosas
parecieron acomodarse definitivamente. Los vecinos tenían
en claro que no podían sacarlos y comenzaron a levantar
el barrio. El changüí les duró seis meses, hasta que recibieron
una notificación de desalojo por parte de la Justicia. “La denuncia
la había radicado la
Municipalidad de La Matanza, pero ellos no tienen ninguna injerencia
sobre el terreno”, explicó Paco. Tras una serie de movilizaciones
y reclamos frente al municipio para que retire la denuncia,
funcionarios de la Comisión Nacional
de Tierras intervinieron en el conflicto y lograron dejar
sin efecto la medida.
La
división de los lotes, de 10 por 20 y 10 por 30 metros, y la diagramación
de las calles fueron los primeros trabajos que le dieron
al campo forma de barrio, “el objetivo principal”,
coincidieron varios mientras caminaban el lugar con Página/12.
“En menos de 60 días tuvimos luz y agua. Todo gracias
a la organización autogestionada de las familias”, remarcó
el compañero de Gabriela. Los servicios los consiguieron
“de prestado” de los barrios linderos. Edenor legalizó “a medias” la conexión e instaló un medidor
comunitario. Pocas semanas pasaron para que aparecieran
las primeras construcciones y los primeros comercios. Hoy, los vecinos
cuentan con almacenes, talleres mecánicos y verdulerías.
Las
asambleas continuaron durante la primera mitad de año
de crecimiento. Fueron el marco de las comisiones que
los vecinos conformaron para organizar el trabajo. Surgieron
cuatro, cuyo funcionamiento dio buenos resultados. La
comisión autogestiva, a cargo de pautar y llevar a cabo diferentes
proyectos para generar recursos para los elementos que
necesitaba el barrio –concursos, peñas, etc–;
de autodefensa, de relaciones, y de servicios y obras.
Ningún medio de transporte ingresa al terreno, que se
comunica con la
Ruta 21 por una calle que nació con el
barrio. Tampoco los camiones de basura. No obstante, no
hay basura acumulada en ningún rincón. Es que Martín
y José, dos adolescentes que viven del cartoneo,
recorren las calles de Tierra y Libertad y levantan la
basura de los vecinos antes de dejar el barrio para recorrer
con su carro las calles de Laferrere.
Sin
embargo, la paz que ofrece la discusión sana entre todos
los integrantes de un mismo proyecto no duró demasiado.
“La fuerza se fue perdiendo a medida que nos íbamos afirmando
en el lugar, ¿suena ilógico no?”, pregunta Celia. Al tiempo
comenzó a asomar entre los habitantes un grupo de punteros
políticos que “acabaron por romper con la organización
barrial. No logramos recuperar el espacio de las asambleas,
después de tantas peleas, tantos dimes y diretes en los que nos envolvieron”, gruñó. Los punteros son
los que por estos días integran la comisión directiva
que reemplaza las asambleas. Apoyada por muchos de los
vecinos del barrio, devela la grieta que dividió al barrio.
Así
las cosas, quienes añoran los primeros meses de proyecto
no ven cerca la concreción de lo que aún falta “para que
el barrio sea como cualquier otro”. “Se necesita que alguien
nos mire desde afuera, que alguien nos aporte una cuota de igualdad”, justifica Paco.
El asfalto es el primer detalle que salta a la vista. El centro de salud
y un espacio cultural también surgen de las ganas de los
vecinos.
Hasta
el Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires llevó la investigación
de los vecinos de Tierra y Libertad. Los terrenos donde
posaron sus proyectos son propiedad del organismo porteño
desde la década de los ‘90. A su vez, el IVC, sin renunciar
a sus derechos, puso en manos de la Comisión Nacional
de Tierras el poder de gestión de ese predio. Nada existe,
de orden legal, que demuestre que algún particular es
el propietario del predio. Sin embargo, hay quien se comporta
como tal. “Nos cansamos de sentir bronca cada vez que
nos enterábamos de que este
tipo vendía la tierra de forma ilegal”, comentó Gabriela.
Según los vecinos, el puntero recibió las tierras como
un favor político un jefe del peronismo de La Matanza.
A
pesar de que no tiene injerencia alguna sobre esas tierras,
el gobierno municipal denunció la toma ante la justicia,
lo que generó una orden de desalojo que, tras la acción
de funcionarios de la Comisión Nacional
de Tierras, quedó sin efecto. Además, se comprometieron
con los vecinos a regularizar su situación. “Dijeron que
aguantemos todo este año, que vayamos construyendo más
y que recién después íbamos a armar, entre todos, un plan
de vivienda para regularizar la situación”, confió Celia”.
Y
ya ven adonde nos ha llevado esta asociación libre que planeó mi vagancia:
¡de Catalinas Norte, en el centro de la metrópolis, a
Tierra y Libertad, en la periferia de Buenos Aires! Los
dejo con estas relaciones, y les prometo que en la próxima
retomaré el esfuerzo y escribiré algo por mis propios
medios…
MLT
Ver
las notas originales relacionadas en esta Terquedad: Lotes
polémicos, en Clarín, Legislatura
testimonial, en La
Nación, La
guerra de los desalojos silenciosos e Historias
de Tierra y Libertad, ambas en Página 12.
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