Dos barrabasadas de corte libertario se ciernen sobre Rosario y su conurbación; una afecta su área de desarrollo más impactante y visible de los últimos años y otra a su periferia metropolitana más conspicua. Empecemos por esta.
Funes es el municipio estrella de la conurbación rosarina en términos de desarrollo inmobiliario. Pero un grupo de vecinos del club de campo Kentucky, uno de los tantos countries allí establecidos, ha manifestado su voluntad de separarse y establecerse como comuna independiente, para protestar por los “altos impuestos”, la escasa prestación de servicios y la anquilosada modalidad de gestión municipal. Según el análisis jurídico y “estrategia” de actuación, confeccionada en un pintoresco dialecto por el abogado mileista Pablo Abdón Torres Barthe,
producto de la agresiva progresividad del régimen impositivo de la Municipalidad de Funes sus habitantes pagan altas Tasas General de Inmuebles, situación que se vuelve mucho más injusta en el caso concreto porque los habitantes de Kentucky prácticamente no reciben ningún servicio por parte de la Municipalidad ya que los servicios son proveídos [sic] en su mayoría por la administración del Barrio y también por su particular ubicación geográfica que hace que los moradores de Kentucky ni siquiera usen calles municipales para entrar y salir de sus hogares puesto que están a la vera de una ruta nacional y la iluminación perimetral del predio es aportada por la administración del Barrio, en similar situación se encuentran los campos aledaños [sic a todo].
La venta de estos predios vuelve al viejo esquema de terrenos cedidos a precio vil por la falta de norma y la posterior y consecuente presión del comprador para obtener indicadores de privilegio.
Vayamos a la otra.
Por decreto 950/2024, el gobierno nacional ha anunciado la puesta en venta de numerosas propiedades, entre ellas las unidades 3 y 7 de Puerto Norte, uno de los desarrollos urbanísticos recientes más grandes de la Argentina. Con todas las críticas que se puedan hacer al sistema rosarino de convenios urbanísticos, al menos hasta ahora la compensación por los mayores valores inmobiliarios con ellos generados habían permitido al municipio realizar obras de infraestructura, vivienda y espacio público. La venta de estos predios vuelve al viejo esquema de terrenos cedidos a precio vil por la falta de norma y la posterior y consecuente presión del comprador para obtener indicadores de privilegio. El actual intendente Pablo Javkin ha manifestado una inexplicable satisfacción por este retroceso (“Rosario está lista para avanzar y hacer las cosas bien, siempre a lo rosarino”).
Los mismos vecinos evaluarán los costos que les implicaría autogobernarse y proveerse por su cuenta los servicios propios de un municipio autónomo y preferirán seguir chillar por las tasas de Santacroce o quien le suceda.
Como en el tango, varios niveles del Estado rodaron por su culpa “y no fue inocentemente”. El intendente de Funes, Rolvider Santacroce (único de la región que tiene una foto con Lionel Messi, precisamente en la casa del diez en Kentucky) promocionó hasta el cansancio la proliferación de privatopías como panacea de la gestión urbana inteligente: atraer inversiones mediante la facilitación normativa. Algo similar a lo comentado en la nota El plusvalismo a la carta, de Carmelo Ricot, para la localidad de Roldán, vecina Funes sobre la autovía Rosario-Córdoba:
la administración municipal no tiene mejor idea para resolver los problemas urbanísticos originados en este crecimiento no planificado que “cambiar la matriz urbana impulsando la modalidad de barrio cerrado” para “traer a la ciudad desarrollos de calidad, que nos aporten soluciones a lo que hoy son problemas”.
Entre las razones, argumentan “evitar la proliferación de mayores espacios en el dominio público, lo que atenta contra la prestación de servicios básicos”, y “la percepción de plusvalías por mayor valorización del suelo, de barrio abierto a cerrado, uso rural a urbano, con el fin de trasladarla a obras e ir cubriendo planificadamente el pasivo de infraestructura de la ciudad”.
En tanto, en gobiernos anteriores al de la motosierra en curso, el Estado nacional demoró y esquivó inexplicablemente el acuerdo con la municipalidad rosarina para completar en sus unidades la planificación global del área de Puerto Norte. Esto afecta ahora especialmente el destino de la Unidad 7, actualmente concesionada a la empresa ferroviaria NCA, en la que el municipio planteaba la posibilidad de un parque público, y las posibilidades de urbanización de un asentamiento vecino.
Es poco probable que los independentistas kentuckyanos logren su objetivo; no solo hay dificultades políticas sino que los mismos vecinos evaluarán los costos que les implicaría autogobernarse y proveerse por su cuenta los servicios propios de un municipio autónomo y preferirán seguir chillar por las tasas de Santacroce o quien le suceda. No sería raro en cambio que los predios de Puerto Norte pasen a manos de “gente de bien”, como los denomina Javkin (ya hablamos sobre ese concepto en la presentación de nuestro número 228).
MC
Sobre el tema, ver también Los Grandes Proyectos Urbanos. La experiencia de la ciudad de Rosario, Argentina, por Mirta Levin en nuestro número 119, y la nota de Roberto Monteverde en este mismo número.
