
Hace unos días se han publicado notas en diferentes medios periodísticos sobre el crecimiento del fenómeno de villas y asentamientos (VyA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En ellas se cita como fuente, además de estimaciones de funcionarios provinciales, los resultados de una publicación del año 2008 del equipo Infohabitat: “Los mil barrios (in)formales. Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Si bien la cita de los datos ha sido en general correcta, se han vertido una serie de interpretaciones sobre las causas del fenómeno con las que no acordamos y que además no forman parte de la publicación mencionada. Con el fin de expresar nuestra opinión sobre las causas reales y complejas que explican el fenómeno, decidimos realizar desde Infohábitat una serie de aclaraciones, intentando sumar otra perspectiva al debate sobre las causas del crecimiento de la informalidad.
Algunas aclaraciones sobre los números
Intentar llegar al número exacto de la población que vive en villas y asentamientos es una empresa de imposibilidad fáctica. Nuevas tomas de tierra y la llegada de nuevas familias a las villas y asentamientos existentes se producen continuamente en el Área Metropolitana, por lo que el dinamismo del fenómeno hace imposible cualquier intento de obtener el número “mágico”. Sin embargo, estimar una cifra que se acerque a la realidad fue un desafío que asumimos y como se ha demostrado, fue posible hacerlo, aunque no sin dificultades y contratiempos.
Los resultados obtenidos se basan en la recopilación de una cantidad de fuentes secundarias que se encontraban dispersas y que luego de un proceso de estandarización y ajuste, además de las visitas a funcionarios municipales y estimaciones propias en base a encuestas realizadas en diferentes barrios, nos permitió llegar al número de 819 villas y asentamientos en los que viven estimativamente 1.065.884 personas, ocupando 6.484 hectáreas. Esto significa que el 8% de la población vivía al año 2006, ocupando el 2,3% del territorio del AMBA.
Además, en las notas se hace referencia al crecimiento de las villas y asentamientos a tasas mayores de las que crece la población total del Conurbano en el período 2001-2006, cosa que es cierta y así está mencionada en el trabajo, aunque no se aclara lo que sí aclaramos en el capítulo 4 del libro, referente a que para las comparaciones utilizamos como base los datos del Censo 2001, donde el fenómeno de villas y asentamientos quedó claramente subregistrado, razón por la cual los resultados obtenidos para el período 2001-2006 muestran una dinámica de crecimiento mayor a la efectivamente ocurrida.

Pobreza e informalidad. Informalidad y pobreza
A partir de esos números y de la proyección realizada por funcionarios provinciales acerca de que la población en villas y asentamientos llega en la actualidad a 2 millones de habitantes, se han realizado una serie de aseveraciones y vinculaciones que, desde nuestro punto de vista, no responden del todo a la realidad. Así, se dice que el incremento de población en villas y asentamientos se explica por el crecimiento de la pobreza. Pero más grave aún es la afirmación de que ese crecimiento genera mayor inseguridad, relacionando de manera irresponsable a la población pobre con la inseguridad. Por otro lado, la respuesta oficial dada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires asegura que el crecimiento de la inmigración es la explicación del crecimiento del fenómeno.
La vinculación directa del crecimiento de la informalidad a la pobreza no es de reciente aparición en el debate, sino que ha estado presente desde tiempo atrás. Sin embargo, esa afirmación se desvanece cuando se observan en numerosos países tasas importantes de disminución de la pobreza al mismo tiempo que se produce un crecimiento de la informalidad. Y Argentina es un ejemplo de ello, ya que desde 2003 a la fecha, y más allá de las dudas que arrojan los datos del INDEC, resulta evidente que la pobreza ha disminuido. Al mismo tiempo, todo indica que la informalidad está siendo de manera cada vez más frecuente, la forma de acceso de los sectores populares al mercado de suelo. Según nuestros registros, en los 24 municipios que forman el Área Metropolitana de Buenos Aires (exceptuando la Ciudad de Buenos Aires) entre 2001 y 2006 la población en villas y asentamientos aumentó en poco más de 342 mil personas.
Al mismo tiempo, se hace cada vez más evidente que la informalidad es generadora de mayor pobreza, al sentenciar a los pobres a pagar algunos mayores costos por la precaria condición urbana y en muchos casos por su localización: el “alquiler de domicilios” (es decir, pagar para obtener una dirección en la ciudad “formal”) para poder acceder a un trabajo o la discriminación laboral que muchos trabajadores sufren por vivir en una villa son consecuencias de la informalidad. Los graves problemas de salud asociados a las precarias condiciones del hábitat son otra evidencia de esa condena.

Las complejas causas que explican el fenómeno y su crecimiento
Por lo expuesto anteriormente, asociar el crecimiento de las villas y asentamientos sólo al crecimiento de la pobreza y/o de la inmigración carece de fundamentos serios. No negamos que ambas sean causas que influyen en el fenómeno, pero no constituyen las causas principales. Aún en un escenario en el que el país continuara con las altas tasas de crecimiento económico que ha evidenciado en el período 2003-2008 y suponiendo que ello fuera acompañado por una paulatina disminución de la pobreza, el acceso al suelo para los sectores populares seguirá siendo un problema grave en el Área Metropolitana si persisten las condiciones actuales de construcción de la ciudad. Es que allí radican los motivos principales que dificultan gravemente el acceso al suelo, ya no sólo para los sectores populares, sino también para sectores medios de la población.
En la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente el Decreto Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Buenos Aires. Las exigencias que plantea la ley prácticamente han congelado desde 1977, año en que fue sancionada, la apertura de nuevos loteos (a excepción de las urbanizaciones cerradas) al plantear estándares inalcanzables para que sectores socioeconómicos medios y bajos puedan acceder a tierra urbana. Si en aquel momento existía una gran cantidad de tierra vacante, en la actualidad la tierra ociosa se está agotando. Y cuando existe, la falta de sanciones a quienes la detentan sin utilizarla, constituye el marco ideal para generar una escasez “artificial” de suelo urbano.
En los últimos 7 años se ha producido un alza generalizada y fuerte de los precios de la tierra y la vivienda (y consecuentemente los alquileres), que ha sido significativamente más fuerte que el incremento de los salarios, lo que dificulta cada vez más la posibilidad de comprar una vivienda o el suelo donde construirla. Si históricamente la estrategia de los sectores populares había sido acceder a la tierra ubicada en la periferia a cambio de pagar menos por la tierra, la localización de las urbanizaciones cerradas en este sector de la ciudad ha obligado a los sectores populares a competir con las elites por la tierra periférica, de manera claramente desventajosa a aquellos. La ausencia de medidas fiscales que sancionen la especulación y la elitista política urbana desarrollada dificultan aún más la situación.
Suele argumentarse que la falta de regulación del mercado de suelo constituye una situación que agrava el problema. Muchos preferimos postular que la inadecuada regulación, situación muy diferente a “la falta de”, constituye el principal problema. Por otra parte, el derecho reconocido o el derecho oficial desconocen las formas jurídicas de adquisición, uso y transferencia de la propiedad que operan, en los hechos, en las villas y los asentamientos. En la práctica, coexisten un orden jurídico social y un orden jurídico formal. Éste último impide, aún en el supuesto de existir voluntad política de hacerlo, avanzar en la regularización de la informalidad. Y ello sucede tanto en las formas (el traspaso de los títulos de propiedad) como en la sustancia. Así, por ejemplo, el Plan de Mejoramiento de Barrios, más conocido como PROMEBA, tiene como condición de los organismos internacionales que lo financian, la previa o pasible regularización dominial de los barrios para su provisión de servicios y equipamiento. Dicho de otro modo, el orden jurídico formal u oficial impide la realización de procesos de regularización y urbanización, basándose en normas que no sólo dan cuenta en forma limitada de la realidad jurídica, sino que además y sobre todo, por su basamento civil privatista, despejan cualquier posibilidad de integración a la ciudad. Regulaciones vigentes existen varias (Decreto-Ley 8912, códigos de planeamiento municipales, leyes y ordenanzas que gravan la tierra vacante), el problema es que en muchos casos son tímidas, cuando no directamente inadecuadas.

La incapacidad estructural del Estado (en todos sus niveles) de producir suelo urbanizado bien localizado y accesible para los sectores populares a través del mercado formal (ya sea por su bajo precio o por las facilidades de pago), hace que la única manera de que los sectores populares accedan al suelo y la vivienda sea o bien a través de la informalidad, localizándose en villas y asentamientos existentes o bien tomando tierra vacante cada vez en peores condiciones ambientales (ya que las mejores son destinadas a barrios cerrados) y/o a través de la localización a través de la construcción de vivienda por el Estado (cuya capacidad de construcción se ha mostrado hasta ahora insuficiente para resolver el problema en un plazo razonable).
Finalmente, resta decir que la acción pública en tierra, vivienda y hábitat ha destinado en los últimos 5 años más recursos, ejecutado más soluciones habitacionales y alcanzado a más familias que la suma de toda la intervención del Estado en los últimos 30 años. Los impactos son múltiples y variados: hay villas y asentamientos que se regularizan y formalizan, miles de familias que mejoran sus condiciones habitacionales y también surgen nuevas situaciones de segregación socio territorial derivadas de las localizaciones y de la calidad de las nuevas urbanizaciones. Será necesario estudiar la evolución del fenómeno en los próximos años, ya que se podrá medir de manera más certera el impacto de las actuales intervenciones públicas para mejorar las condiciones urbanas en 80 barrios, en lo cuales se encuentran en ejecución proyectos (algunos a punto de finalizar), y los recientes anuncios de intervención en la totalidad del fenómeno.
EI
Infohabitat es un equipo de investigación interdisciplinario que trabaja sobre la temática de la cuestión urbana (hábitat popular, políticas públicas, mercado de l suelo, la ciudad metropolitana, etc.). Lleva a cabo proyectos de investigación, participa en instancias de articulación y construcción de conocimiento con organizaciones barriales y con diferentes organismos públicos. Integran el equipo: María Cristina Cravino, Soledad Arenaza, Clarisa Bettatis, Juan Pablo del Río, Juan Ignacio Duarte, Raúl Fernández Wagner, María Ignacia Graham, Valeria Mutuberría Lazarini, Omar David Varela.
Sobre el tema, ver también la página del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y entre otras notas en café de las ciudades:
Número 75 | Política de las ciudades (II)
El estigma de vivir en la villa | “Los mil barrios (in)formales” de Buenos Aires, en dos libros recientes y un seminario | Marcelo Corti
Sobre el Decreto Ley 8912 de la Provincia de Buenos Aires, ver en café de las ciudades las notas respectivas de la serie Un análisis crítico de la legislación argentina:
Número 85 I Planes de las ciudades
El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires I Un análisis crítico de la legislación argentina (IV) I Marcelo Corti
Número 89 I Planes de las ciudades (II)
Reglamentaciones y contradicciones de “la 8912” I Un análisis crítico de la legislación argentina (VIII) I Por Marcelo Corti