N. de la R.: El texto de esta nota reproduce la ponencia del Arq. Norberto Iglesias, Presidente del Instituto Territorio, Municipio y Ciudad, presentada al Seminario de Investigación Entre el Estado y el Mercado – Gobernanza y acceso a la vivienda en cuatro metrópolis de América latina, realizado en la FADU/UBA, Buenos Aires, los días 19 y 20 de abril de 2010.
La vigencia de las políticas públicas de vivienda, tanto desde el punto de vista de los voluminosos montos de inversión verificados a partir de la reconstrucción política posterior a la crisis del 2001 (“Tan solo, la cantidad de las intervenciones desarrolladas entre 2004-2007 iguala las intervenciones realizadas en los últimos 27 años -1976-2003”, Informe realizado por el Equipo Infohabitat, UNGS, para la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, SSDUV, 2007) como desde las crecientes discusiones del ámbito académico, en sintonía con organizaciones de base ligadas a la problemática, no hacen más que recuperar una tradición desplazada durante varias décadas por las políticas neoliberales: el compromiso del estado con la satisfacción de una de las demandas básicas para alcanzar el desarrollo humano integral: la vivienda (a la par de educación y salud). Estos debates no sólo promueven una profundización de estas políticas, la ampliación al concepto integral de derecho a la ciudad, universalizándolo sino que también repasa el rol de los actores sobre los cuales descarga la responsabilidad de sostenerlas.
Desde la perspectiva municipal (que pretendo representar): ¿qué rol les cabe a los gobiernos locales en este escenario?
Miriam Rodulfo, en un trabajo reciente, caracteriza a las políticas publicas de la última década como una “gestión pública de interdependencia subordinada” en la cual el municipio participó cada vez más activamente (sobre todo en la fase 2003-2009) en este concierto. La principal novedad, desde esta perspectiva, es “el proceso de recentralización de la política a nivel nacional a partir del financiamiento del Programa federal de Construcción de Viviendas (PFCV) implementado a través de las provincias y los municipios”. Esta circunstancia revalorizó la gestión municipal en algunos aspectos del proceso (adjudicación, provisión de suelo, promoción de proyectos, negociación de conflictos y, a veces, ejecución) recuperando sendas de actuación singulares que florecieron a fines de los ´80 y decayeron en la gobernación de Duhalde (programas descentralizados impulsados en la gestión del gobernador Antonio Cafiero: Protierra, Procasa, etc.)), especialmente en el AMBA.
El desvío de algunos objetivos del programa, como la atención prioritaria de los sectores con NBI, apuntado por Raúl F. Wagner, no invalida el efecto reductor del déficit ni el perfil de los adjudicatarios que, en la mayoría de los proyectos, pertenecen a las clases populares. Sin embargo, en relación a la atención de aquella demanda crítica, los programas complementarios han tenido un impacto limitado: de un total de 38.681 soluciones habitacionales financiadas por la nación en la Provincia de Buenos Aires, solo 7.255 (19%) fueron producidas fuera de la lógica de la contratación pública a empresas (fuente: elaboración propia de Juan Pablo del Río en base a datos de oficiales del IVBA a noviembre del 2008, obra citada). No se trascendió los límites del programa, en relación a las modalidades alternativas de ejecución ni a las características de informalidad urbana de ciertas poblaciones. Se privilegió la producción numérica y la vivienda llave en mano, justificadas, tal vez, por los objetivos primarios de su lanzamiento: la reactivación de la industria y la producción de empleo.
En este contexto, el debate sobre estos programas habitacionales aborda el proyecto -si es en un foro de arquitectos-, destaca su impacto económico -si se trata de una discusión entre economistas o empresas-, apunta algunos déficits urbanos producidos por su actual implementación -si es en el ámbito académico- o enfatiza la necesidad de ampliar la oferta y desarrollar variantes que atiendan a los sujetos con relaciones sociales constituidas, pero sin bienes personales y/o que no admiten relocalizaciones sin desmedro de sus fuentes de ingresos -si se trata de un foro sobre hábitat popular, ya sea académico y/o de ONG`s-.
Estas variantes no solo responderían a la satisfacción de las necesidades de vivienda sino que se plantean, en la generalidad de los casos, como ejercicios de organización social y/o política.
En recientes paneles en los que participé (IV Bienal de Urbanismo, organizada por el CAPBA en Luján, Provincia de Buenos Aires, en noviembre del 2009), los responsables de las cooperativas de vivienda del Uruguay declararon que estos programas “generan organización social” y la organización de base Movimiento Tierra y Libertad dijo que “los ladrillos son sólo una excusa”. Lo propio caracterizó a la experiencia de Villa Palito, en La Matanza: una exitosa experiencia de compleja articulación entre los sectores populares y el estado y un verdadero desafío a nuestra labor profesional.
Vivienda para la clase media
Ahora bien, poco y nada se discute sobre el déficit de la clase media, que representa el 40% de la población argentina (“la Clase Media -C2 y C3-, que tiene una demanda de aproximadamente 74.100 viviendas anuales, es atendida por la oferta privada en sólo 22.400 viviendas”, Sprovieri y Bulat), sector cuya demanda de viviendas no es atendida, dado que no recibe subsidios ni es acogido por planes de construcción de viviendas con fondos públicos, ni tiene posibilidades de acceso al crédito por no calificar para el mismo o por no poder afrontar el pago de las cuotas debido a la relación de las mismas con la escala de sus ingresos. Desde la perspectiva de la gestión, hubo anuncios sobre líneas de crédito subsidiadas con fondos del BHN o del ANSES que no han prosperado. Desde la perspectiva de un interesante espacio de confluencia de los sectores populares organizados y algunos ámbitos académicos sobre el hábitat, se lo desconoce: el “Informe sobre la situación del Derecho a la Ciudad en Argentina”, (documento titulado “La perspectiva de un conjunto de organizaciones sociales no gubernamentales, organismos académicos, investigadores, docentes y estudiantes de la República Argentina”, mimeo) destinado a ser presentado en el V Foro Urbano Mundial de Rio de Janeiro, 22 al 26 de marzo de 2010, no tipifica ninguna línea de acción referida a la necesidad de crédito para los sectores medios.
Se suele justificar esta ausencia en que su financiación debe ser atendida por el mercado, lo que permitiría que los fondos públicos se destinen exclusivamente a asistir a los sectores más desprotegidos de la población.
¿Debemos canalizar todos los esfuerzos en la aplicación de los programas vigentes o podemos ampliar la oferta del estado hacia los sectores medios? ¿Se sostiene un modelo de desarrollo integral respondiendo solamente a la satisfacción de la demanda de los sectores excluidos?
Si nos limitamos a valorar las experiencias aisladas, promovidas por la propia comunidad o sus organizaciones: siempre han existido y son una fuente en la que debemos abrevar, pero no cuentan para disminuir los indicadores de desigualdad en el acceso a condiciones dignas de hábitat. Si pretendemos que impacten numéricamente en la población NBI, deberemos reclamar que siga habiendo un Estado que asuma el problema e invierta ingentes recursos en su financiamiento.
El panorama político argentino (y el contexto latinoamericano) ya nos hace dudar que sigan las mismas políticas de inversión pública que caracterizaron estos últimos 6 años. Se ha señalado que la vigente es una política de gobierno y no de Estado. Pero, incluso reformulando la ley 24.464 para incorporar la experiencia de los últimos años, la mirada política retrospectiva nos hace dudar también sobre las garantías de su implementación. Incluso, para saldar esta deuda social de manera sustentable dependemos especialmente, además del resto de las políticas sociales (salud y educación) y económicas, de la vigencia de un modelo de desarrollo económico fuertemente inclusivo y redistributivo.
Más allá de las responsabilidades de las estructuras políticas y sus líderes: ¿nuestro stablishment(deseoso de tomar las riendas del Estado ante la amenaza populista, a través de cualquier forma) sostendrá una política en este sentido? ¿Y la sociedad en su expresión electoral (reducida hoy a la expresión de la “opinión pública”, que impregna de sus valores hasta los segmentos populares)? Las dudas nos embargan pero me niego a renunciar a la utopía de una sociedad integrada y justa.
Por ello, más allá de propiciar y difundir todas las experiencias y herramientas hábiles a estos fines, considero que debemos dar la lucha, fundamentalmente en la arena política, para propiciar el contexto social que los sostenga ante cualquier avance.
Para los que trabajamos en pos de un modelo inclusivo, es hora de reconocer que los sectores mas castigados todavía no canalizan sus demandas e intereses de manera totalmente eficaz en términos políticos, ni los expresan electoralmente de manera contundente. Sin embargo depende de una tarea evolutiva de base organizativa, en ciernes, más que de la ausencia de un corpus teórico y programático, que existe y muy desarrollado.
¿No es hora de incluir a los sectores medios en el proyecto, como en otros períodos históricos? ¿No es necesario también reducir el déficit habitacional de este sector, considerando sus impactos sociales y políticos? ¿Nosotros mismos, no estamos incluidos en esta clase media como universitarios, profesionales y hasta funcionarios de las estructuras de todos los niveles del estado?
Las claves de esta incapacidad para actuar en este segmento siempre han sido colocadas en el sistema financiero. Un sencillo análisis reconoce dos importantes factores que sumados podrían potenciarse tendiendo a resolver el problema de la vivienda para las clases medias:
· alta demanda insatisfecha de un sector que cuenta con cierta capacidad económica pero baja capacidad financiera
· alta capacidad inversora disponible y predispuesta a la inversión en determinadas circunstancias.
Justamente, lo que hay que resolver es cómo sumar ambas necesidades, hallando la metodología que facilite el repago de la vivienda por parte de los compradores y, por el otro, la ingeniería financiera que permita canalizar un importante flujo de capital disponible a la financiación de la construcción. “Para la instrumentación financiera debe contarse con un Sistema Financiero Habitacional Integrado, que permita potenciar los fondos disponibles como instrumento para multiplicarlos” (Resnik Brenner).
Este sistema no debería basarse solamente en incentivos a los inversores sino también capitalizar otras acciones del estado que dieron éxito en otros momentos históricos “La sanción de la Ley de Propiedad Horizontal flexibilizó el acceso a la propiedad inmobiliaria y el uso del suelo urbano”, “El instrumento básico fue el Banco Hipotecario Nacional, quien desde la reforma bancaria de 1946 se transformó en el organismo responsable del crédito para la vivienda”, “Además del otorgamiento de pequeños créditos con amplias facilidades para la construcción de viviendas en forma individual, también promovió la construcción directa de vivienda”, “Los efectos de ambas leyes pueden medirse en el aumento del porcentaje de viviendas en propiedad en la Capital entre 1947 y 1960, del 17,6% de viviendas ocupadas en 1947 por propietarios, se pasó en 1960 al 45,6%” (Gutman y Hardoy).
El Municipio de Malvinas Argentinas
Parece inviable, considerando la estructural incapacidad financiera de los municipios argentinos debida a su postergada autonomía, pretender ampliar su rol por fuera de los márgenes impuestos por las líneas de financiamiento vigentes, sostenidas por el presupuesto nacional (PFCV).
Sin embargo, los mismos desafíos que tenemos para sostener políticas municipales de hábitat para los indigentes son los que hay que superar para abordar la problemática de los sectores medios: puede mejorar notablemente la eficacia con voluntad política y herramientas adecuadas. Por ejemplo: creando fondos municipales integrados a través de tributos específicos; activando el rol inmobiliario de los municipios, implementando adecuadas prácticas de recobro de la inversión o recuperando plusvalías urbanas.
Considerando que en el PFCV “…no siempre existe un destinatario de las viviendas claramente establecido” (“excepto en el caso del Subprograma de villas y asentamientos precarios, la asignación social de las viviendas del PFCV queda en manos de los municipios, quienes confeccionan las listas de “beneficiarios”, adjudicación que en muchos casos se resuelve mediante intermediarios y/o punteros políticos” R. F. Wagner, art. Citado), es tan improcedente destinar sus cupos a sectores de altos ingresos, restándoselos a los más postergados, como desestimar esta demanda insatisfecha, dejándolo a la resolución por parte del mercado.
Aunque las experiencias alternativas sean aisladas y no se generalicen, los municipios argentinos no tiene trabas jurídicas ni competenciales para desplegar políticas de desarrollo urbano autónomas e innovadoras. La clave para esta inconsistencia está en la incomprensión de las responsabilidades del gobierno local en la materia y la desatención de estos desafíos por parte de las autoridades locales y los profesionales que formulan y llevan a la práctica estas acciones.
El Municipio de Malvinas Argentinas, nacido como gobierno local autónomo en 1995, es un típico exponente de la realidad urbana de la periferia del AMBA, caracterizado en sus orígenes por sus patrones de suburbanización: más de 200.000 personas habitando una trama urbana “planificada” por los agrimensores mediante la sucesión de loteos (el primero en 1913 y la mayoría, posteriores a los ´60); con bajísimos niveles de dotación de infraestructura (1% de cloacas, 15% de agua por redes, 20% de pavimentos); sin equipamientos en salud; sin articulación y jerarquización de sus centralidades (todas ligadas a las estaciones del Ferrocarril Belgrano Norte); con predominio de edificación residencial autoconstruida, de baja altura; cierta informalidad urbana; con indicios de fragmentación espacial debido a la ocupación de las áreas de alta calidad urbano-ambiental por urbanizaciones cerradas; etc.
El hecho que el mismo Intendente (Jesús C. Cariglino, con mandato vigente hasta 2011) elegido en 1995 permanezca en el cargo hasta hoy, permitió continuar y profundizar un proceso muy proactivo de transformación de este territorio a partir del crecimiento meteórico de los recursos y su aplicación a este proceso (su presupuesto pasó de 26 millones de pesos argentinos a más de 200 millones en 14 años): se ha triplicado la extensión de las redes de agua corriente; estructurado y consolidado la red vial primaria; establecido un sistema de salud pública modelo y promovido grandes inversiones privadas y públicas, estas últimas financiadas por el presupuesto nacional o provincial para resolver problemas hidráulicos ancestrales.
En materia urbana aplicó políticas innovadoras que se condensaron con la vigencia de su Plan Urbano, el primero en una ciudad de más de 50.000 habitantes en la Provincia de Buenos Aires desde la vigencia del Decreto-Ley 8912 de 1977 (el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano se propone “Transformar, de la manera más concreta y eficaz posible, el suburbio que habita la mayoría de los residentes de Malvinas Argentinas en una ciudad compleja en sus funciones, diversa en sus usos, heterogénea en sus escenarios, inclusiva en lo social y calificada en su espacio público”).
En este contexto (los datos del censo 2001 revelan: Población: 73.000 hogares / 290.000 habitantes; Déficit de viviendas nuevas: 13.000 hogares, 17%; Parque de viviendas precarias: 24.500 hogares, 33%; Villas y asentamientos: 2.000 hogares, 2%; Crecimiento inter censal: 21.5 %, 15.700 hogares; Regularización dominial pendiente: 10.000 familias, 13%), se aplicaron mucha decisión y esfuerzos en estructurar la resolución de las problemáticas del hábitat a través de la construcción de viviendas, utilizando hasta el 2003 sólo recursos locales frente a la inexistencia de financiamiento provincial o nacional. A pesar de ello se construyeron más de 200 viviendas sobre lotes fiscales, en tipologías de conjuntos chicos de entre 5 y 47 unidades; se creó en 1996 un fondo específico afectado al hábitat; se adquirió suelo para este y otros fines (más de 100 has.) y se constituyó en el 2005 un organismo autárquico (el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda – IMDUVI). Esta última iniciativa, más la aparición del PFCV en el 2004, permitieron ajustar y consolidar varias líneas de actuación, conformando una verdadera experiencia alternativa en producción de viviendas.
Este modelo se basa en algunos pilares:
1) Fuerte convicción política de asumir el rol municipal en el mejoramiento del hábitat
2) Aplicación de recursos presupuestarios propios
3) Subsidios de otros niveles de gobierno (en este caso el PFCV)
4) Disponibilidad de suelo bien localizado (comprado a través de su Banco de Suelos)
5) Autarquía para el proceso (localización, proyecto, construcción, adjudicación y recobro)
6) Rigurosidad de un sistema financiero para sustentar el plan
7) Innovación en las actuaciones
Las operatorias encuadradas en esta alternativa son el Programa Municipal de Viviendas 2006 y la producción de suelo para el mercado de viviendas.
Programa Municipal de Viviendas 2006
Conjugados los recursos del PFV y la nueva estructura de gestión que ofrece el Municipio, se produjeron un total de 635 viviendas (250 viviendas con recursos del PFV I, 366 del PFV II y 19 con recursos propios), destinándose 58% a sectores con NBI mediante subsidios explícitos y el 42% de las unidades a personas que pudieran pagar una cuota equivalente a un alquiler en el mercado formal y afrontar un anticipo previo a la entrega de aproximadamente el 20% del precio de la unidad.
Esta última operatoria se posibilitó y caracterizó por:
· Línea de financiamiento directa nación/ municipio
· Complemento financiero del municipio para elevar las calidades de las viviendas (en este caso superior al del PFV)
· Convenio singular de descentralización operativa con el Instituto Provincial de la Vivienda en el que se autoriza (y compromete) al municipio a conservar el dominio de la tierra, a extender las escrituras en el momento de la entrega de la unidad, a cobrar integralmente el plan de cuotas, a recuperar primero las inversiones municipales antes de remitir el recupero correspondiente al IVPBA, al que se le deducirá el 30% en orden a la colaboración municipal
· Venta de las unidades a través de IMDUVI en colaboración con inmobiliarias locales, mediante un sistema de selección que transparenta la adjudicación utilizando los criterios de prioridad establecidos en el PFV (que no excluye a los asalariados de ingresos medios) ampliado con la evaluación de su capacidad de pago.
· Construcción en terrenos bien localizados
Los proyectos ejecutados (información suministrada y actualizada por la Dirección de Vivienda municipal, en noviembre de 2009.) fueron:
Condominio Gutiérrez (20 viv.) y Conjunto Los Álamos (19 viv.)
Unidades de 80 m2, muy bien localizadas y equipadas, con espacios comunitarios y entregadas con escritura e hipoteca a favor del municipio.
Aporte financiero municipal equivalente al 62% del costo de la construcción (superior al del PFV). Los costos de Suelo e infraestructura fueron a cargo del municipio, así como la provisión de todos los servicios, incluida la red cloacal.
Su costo promedio de $ 120.000 por unidad incluye los costos de construcción, la infraestructura, el suelo y los gastos indirectos de administración. Se abona en cuotas fijas de $600 a partir de la adjudicación, constituida en un Boleto de compra-venta, debiendo integrar antes de la entrega el 20% del precio, a través de anticipos adecuados a las posibilidades de los compradores.
La inversión total fue de $ 4.470.000. ($ 2.800.000 de origen municipal, con plazo para su recupero establecido en 4 años).
Proyecto Seguí (230 viv.)
Unidades, tipo dúplex de 70 a 90 m2, localizadas a 5 cuadras de la estación Pablo Nogués y equipadas, entregadas con escritura e hipoteca a favor del municipio.
Aporte financiero municipal equivalente al 51 % del costo de la construcción (superior al del PFV). Los costos de suelo e infraestructura fueron a cargo del municipio así como la provisión de todos los servicios, incluida la red cloacal.
Su costo promedio de $ 130.000 por unidad incluye los costos de construcción, la infraestructura, el suelo y los gastos indirectos de administración. Se abona en cuotas fijas de $ 800 a partir de la adjudicación, constituida en un Boleto de Compra-venta, debiendo integrar antes de la entrega el 20% del precio, a través de anticipos adecuados a las posibilidades de los compradores.
La inversión total fue de $ 24.380.000. ($ 12.328.000 de origen municipal, con plazo para su recupero establecido en 2 años)
Financieramente, ambos proyectos fueron sostenidos por los aportes municipales, especialmente en épocas de demora de los desembolsos nacionales. Estos recursos provinieron del Fondo Municipal de Tierra, Vivienda e Infraestructura social (FOMUVI, Ordenanza 23/96 y modificatorias) fondeado, entre otros aportes, por el recupero de las viviendas producidas entre 1996-2003 (que ascendió a $ 1.975.200 hasta el presente) y la propia recaudación de anticipos y cuotas del programa en marcha.
De la inversión municipal propia del Programa se han recuperado e integrado al FOMUVI, a la fecha, la suma de $ 10.807.200.
Operatorias de producción de suelo orientada al mercado privado de viviendas
Estas operatorias se montaron, en un principio, en un Gran Proyecto Urbano de naturaleza política, denominado Nueva Centralidad Malvinas, formulado para el fortalecimiento de la identidad local y la constitución de una centralidad antes inexistente. Este proyecto de 62 hectáreas aportará espacios verdes para en una escala regional, servicios y equipamientos que retendrán a un importante segmento de nuestros residentes que actualmente consumen fuera del municipio por falta de oferta local de servicios y productos propios de cualquier centro urbano, incluyendo la vivienda para sectores medios.
NCM se propone transformar una fracción, utilizada hasta el ‘96 como polvorín militar, en la nueva centralidad orientada a consolidarse como el corazón del partido. Se ejecutará por proyectos, a través de una gestión concertada entre el Estado y el sector privado, especialmente el local, y se financiará a través de la captación de las plusvalías generadas por el proyecto (en 1998 se adquirió la tierra en $ 7.000.000 y en el 2007 alcanzaba un valor residual potencial de $ 50.000.000, gracias a la valorización producida por el cambio normativo y la provisión de infraestructura).
Su Plan Maestro, consolidado como Plan Particularizado, homologado por el gobernador de acuerdo a los procedimientos de convalidación establecidos por la normativa provincial, destina 12 hectáreas para el desarrollo residencial, previéndose construir, en un plazo de no menos de 10 años, 160.000 m2 de nueva residencia.
El Plan particularizado establece que las viviendas que se produzcan en estas 12 hectáreas sean financiadas en un 100% por el mercado, a través de una regulación municipal cuyos puntos fuertes son: la venta de parcelas con cargo de edificación prefijado en la oferta a través de concursos de proyecto y precio mediante Licitación Pública; el establecimiento previo de la morfología, edificabilidad y calidades mínimas; el compromiso municipal de proveer las infraestructuras y la venta en el mercado por sus desarrolladores.
La vocación de promover y garantizar la participación de los inversores locales (que hoy fugan sus recursos hacia otros centros urbanos próximos, como San Miguel) ha recomendado formular una variante adecuada a estos fines, que reserva algunas licitaciones a la oferta pública de participación por módulos de u$s 20.000/50.000 a pequeños y medianos inversores locales, a través de la constitución de fideicomiso para cada proyecto, donde el municipio operará como desarrollador/promotor público de cada operación. En esta variante, el municipio no sólo captará las plusvalías por la producción de suelo, como en el modelo anterior, sino que cobrará su prestación de servicios (proyecto, administración fideicomiso, comercialización).
Los dos primeros proyectos a lanzar próximamente corresponden a las primeras parcelas a promover (de 9.031 m2 en total) cuyos anteproyectos licitatorios prevén un total de 284 viviendas de 1, 2, 3 y 4 ambientes, con cocheras cubiertas en PB y amenities. La inversión privada prevista será de 17 millones de pesos. El precio base licitatorio para el suelo en venta será de 100 u$s/m2 (el municipio compró la tierra a 11 pesos/m2).
Conclusiones
Estas operatorias se están desplegando sin mermar esfuerzos en promover y fortalecer las acciones de regularización dominial, de mejoramiento de asentamientos y villas (PFCV + Mejoramiento de Barrios), de mejora del parque habitacional existente (Ejecución de Programas Mi casa + Mejor Vivir) y de continuidad del PFCV para los sectores con NBI.
La novedad más importante, además de la orientación hacia esta demanda de clases medias, está en el aprovechamiento de recursos derivados de la propia dinámica económica, con su gran impacto en el desarrollo urbano y social del distrito, en la captación de inversores locales, en el crecimiento económico y en la oferta de empleo. Ningún objetivo despreciable para escenarios de periferia como el que enmarca la experiencia. Todo ello sin dejar de destacar que inciden directamente en el mercado de suelo, captando plusvalías y actuando en la regulación de su precio, utilizando las propias leyes del mercado.
Sabemos que no alcanzará con los fondos municipales y lo que pueda “caer” de los programas nacionales o provinciales para alcanzar metas ideales en materia de hábitat.
Sabemos también que la sustentabilidad de la experiencia no solo dependerá de la buena administración financiera del FOMUVI sino de las políticas nacionales en la materia.
Sin embargo, la Municipalidad de Malvinas Argentinas habrá estado a la altura de los desafíos y estará familiarizada con la captación de plusvalías urbanas de manera directa, simple y eficaz, e inmejorablemente preparada para captar el crédito bancario del sector público y/o privado, cuando reaparezca.
Habrá aplicado nuevas herramientas públicas para la satisfacción integral del hábitat, sin prejuicios.
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El autor es Arquitecto con Maestría en Administración Pública Local (Universidad Carlos III, Madrid), Consultor, Docente de Planeamiento urbano en la cátedra Garay (FADU-UNBA) y Asesor de la Federación Argentina de Municipios. Fue Administrador General del IMDUVI entre 2005 y 2007 para el Municipio de Malvinas Argentinas.
De su autoría, ver también en café de las ciudades:
Número 11 | Tendencias
“La mundialización como nosotros la queremos” | Recomendaciones para las ciudades globales del Mercosur. | Norberto Iglesias
Número 26 | Proyectos de las ciudades (II)
El impacto metropolitano de los grandes proyectos urbanos | Los casos de Puerto Madero y la Nueva Centralidad de Malvinas Argentinas. | Norberto Iglesias
Número 44 | Arquitectura de las ciudades
Burguesía porteña: ¿culta? | Los límites de una clase: el propietario y los compradores de la torre Grand Bourg y de Nordelta. | Norberto Iglesias
Número 89 I Lugares
Cidade Livre, hogar de los trabajadores que construyeron Brasilia I Un campamento provisorio que se transformó en ciudad I Por Norberto Iglesias
Número 90 I Política y Planes de las ciudades
¿La muerte del urbanismo “petista”? I El debate disciplinario en Brasil I Por Norberto Iglesias y Alexandre Benoit
Sobre el Decreto Ley 8912 de la Provincia de Buenos Aires, ver en café de las ciudades las notas respectivas de la serie Un análisis crítico de la legislación argentina:
Número 85 I Planes de las ciudades
El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires I Un análisis crítico de la legislación argentina (IV) I Marcelo Corti
Número 89 I Planes de las ciudades (II)
Reglamentaciones y contradicciones de “la 8912” I Un análisis crítico de la legislación argentina (VIII) I Por Marcelo Corti
Sobre recuperación de plusvalías urbanas, ver también en café de las ciudades:
Números 35, 36 y 37 | Economía de las ciudades ()
Instrumentos para la recuperación de plusvalías en Bogotá (I), (II) y (III) | Marco teórico y experiencias internacionales. | Gloria Henao González
Número 80 | Economía de las ciudades
Sobre la captación de plusvalías urbanísticas | Una herramienta para la construcción de ciudades más justas y sustentables | Grisela García Ortiz
Sobre planes y programas de vivienda en Argentina y otros países de América Latina, ver también entre otras notas en café de las ciudades:
Número 52 | Política de las ciudades (I)
Vivienda social y suelo urbano en la Argentina de hoy | Conflictos y posibilidades | José Luis Basualdo |
Número 55 | Política de las ciudades
La vivienda en el desarrollo humano de Bogotá | El subsidio a la demanda, la calidad urbana y las ataduras del pensamiento | Ismael A. Molina Giraldo |
Y sobre la cuestión de la clase media:
Número 66 I Terquedades
Una mirada arrabalera a Buenos Aires
Terquedad de las clases medias (y sus críticos) I Columna a cargo de Mario L. Tercco
Bibliografía:
– Fernández Wagner, Raúl: “Interrogantes sobre la sustentabilidad de la política habitacional Argentina” , Conferencia en el Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el hábitat popular (2006).
– Resnik Brenner, Ing. Moisés: “La vivienda en la Argentina”, en un Capitulo del Plan Fénix.
– Rodulfo, Arq. DP Miriam Beatriz: “El Estado y la respuesta habitacional para los sectores de menores recursos en la Pcia. de Buenos Aires en la última década”, Cátedra Políticas de Vivienda, PROPUR/FADU/UBA.
– Sprovieri, Arq. Eduardo Juan, y Bulat, Lic. Tomás “La Financiación de la Vivienda para la Clase Media, Situación actual y pronóstico, (CAVERA, 2008).
