N. de la R.: El texto de este artículo esta basado en el capitulo de libro de la autora “Planificación y crecimiento urbano. Ideas y reflexiones a partir del  caso de la ciudad de Córdoba”, pág. 22-40 en: La periferia de Córdoba. Cuestiones sobre el hábitat. Compiladora Cecilia Marengo. Departamento de publicaciones FAUD – UNC. Subsidiado por SECYT. Edición: 2006- ISBN 987-05-0918-5

Uno de los núcleos principales de toda la planificación elaborada desde la mitad del siglo XX en adelante en la ciudad de Córdoba girará en torno al problema del control del crecimiento urbano.Segunda en el ranking de ciudades nacionales, con una población actual cercana al millón y medio y una importantísima área de influencia, cuenta como producto acumulado a lo largo del tiempo con un desarrollo sistemático de instrumentos y modelos de planificación que, en una aproximación en “zoom”, permiten analizar y contrastar las intenciones políticas y las lecturas técnicas sobre la ciudad con los distintos modos que el crecimiento adopta.

Entre las décadas del ‘70 al ’80, la administración municipal, con el objetivo explícito de orientar los esfuerzos públicos -inversiones y políticas municipales-  en un contexto de fuerte dependencia estatal, impulsará una abundante cantidad de estudios técnicos especialmente dirigidos a producir orden y regular la estructura física de la ciudad. El reconocimiento del crecimiento mono y radio céntrico de la estructura, la preocupación por la extensión de la mancha urbanizada caracterizada como “repentina, desordenada y con fuerte tendencia a la dispersión” y la aceptación de que el crecimiento es resultado del “libre juego de las fuerzas económicas-sociales”, con una participación escasa y parcial por parte del Estado, se sintetiza con claridad en el documento elaborado por el Estado municipal en 1973 (Diagnostico tentativo y alternativas de desarrollo físico para la ciudad de Córdoba. Asesoría de Planeamiento Urbano de la  Municipalidad de Córdoba. Arq. Maria Elena Foglia. 1973). El mismo no solo resume las principales inquietudes emergentes de varias décadas de industrialización, sino que también reconstruye una visión modélica de la ciudad que sentará las bases conceptuales y operativas de la planificación posterior.

“Los mayores problemas no se presentan por el crecimiento demográfico en sí, sino por la distribución espacial del mismo, ya que la población distribuida en forma extensiva sobre las radiales del sistema, conjuntamente con la escasa capacidad de inversión municipal, hace resultar dificultosa económicamente la distribución equilibrada de los servicios a los asentamientos residenciales existentes” (Diagnóstico Tentativo:73:31). Se expresaba así la inquietud sobre la forma que adoptaba el crecimiento y la planificación se presentará como el instrumento capaz de anticiparse para orientar las fuerzas económicas y sociales que, con relativa autonomía, accionaban sobre el espacio, modificando su configuración y creando nuevo suelo urbano. Ahora bien, encauzar las inversiones de capital tanto públicas como privadas, presupone  intervenir en forma directa o indirecta sobre los mecanismos económicos – sociales de producción del espacio urbano; la complejidad que representa incidir en la dinámica urbana y otorgar dirección al crecimiento se  constituirá en una de las cuestiones centrales de la planificación y, hasta nuestros días, conforma el “núcleo duro” del problema del crecimiento.

En los ‘70, las propuestas que se discuten se fundamentan en la elaboración de alternativas de configuración; se pretendía arribar a un modelo físico posible, con evidente acento en la estructura, que integrara los procesos tanto presentes como futuros. La necesidad de encauzar la inversión pública se produce en un contexto de Estado fuertemente centralizado, cuando  parte importante de los esfuerzos de gestión se concentra en la coordinación económica y administrativa  con los niveles provinciales y nacionales. Coraggio señala que en este período, marcado por el paradigma de desarrollo industrializante, la política urbana de alcance local y con inclinación hacia una visión física de la ciudad tenía un papel marginal y escasa integración con las demás políticas, que “aunque con un obvio impacto en cada lugar, eran predominantemente de jurisdicción nacional”, J. L. Coraggio (1998:60).

Una de las primeras alternativas consideradas proponía acotar el  crecimiento y la extensión de la mancha urbanizada definiendo un perímetro máximo que permitiría la densificación y relleno de la urbanización comprendida dentro del anillo. La idea de un límite físico contenedor no era nueva, se verifica en el significativo plano del plan “Olmos” del 1927, bajo las teorías de la ciudad jardín, y en la propuesta de anillos concéntricos de los Lineamientos del Plan Regulador de la ciudad de Córdoba elaboados por Ernesto La Padula en 1954.

Si bien esta alternativa tendrá el atractivo de la síntesis de una operación única, derivaba en definitiva de una interpretación física y en cierto modo geométrica de la estructura urbana, un trazado que no  podía absorber en sí mismo la complejidad puesta en juego en el espacio urbano, planteando su inviabilidad en términos prácticos por  “la necesidad de un control sumamente rígido de la forma de urbanización propuesta para asegurar su cumplimiento” (Diagnóstico Tentativo:73:42).

Así, si la posibilidad de la compactación se descarta, se desarrollará por consecuencia la alternativa de crecimiento físico que para el ‘73 es considerada más viable, denominada  “Ejes Preferenciales de Desarrollo”. Devenía de una lógica sencilla: asumiendo el sistema radial característico de la ciudad se proponía intensificar la jerarquía de las penetraciones existentes, canalizando el crecimiento hacia aquellas direcciones principales que se creyesen más convenientes según la importancia urbana de cada eje y las relaciones que estos estableciesen con el contexto regional. En este sentido, se intentaba optimizar la estructura, con acento en mejorar los flujos vehiculares y la accesibilidad urbana como respuesta a una estructura mayor, en un momento donde el capital industrial requería de un soporte de interconexiones y redes territoriales a escala nacional para su desarrollo.

Se presuponía entonces que derivando y favoreciendo la concentración de funciones centrales sobre los ejes candidatos o corredores, y alentando la media y alta densidad sobre ellos, se permitiría, además de ordenar los usos urbanos, aumentar la densidad a fin de poner freno a la expansión. Así, las zonas comprendidas entre los corredores principales, con funciones netamente residenciales, se constituirían en  “áreas de relleno”, alentando la consolidación de las áreas ya existentes.

Este modelo físico, que subyace en forma implícita hasta  hoy, tendrá en la práctica cumplimientos parciales, fundamentalmente en la optimización del sistema vial y consolidación de las vías de penetración, sin que las funciones centrales se derivaran específicamente hacia los corredores, quedando la media y alta densidad propuesta relegada en el mejor de los casos a situaciones de cercanía con el Área Central.

En resumen, si bien se avanzaba en la necesidad de “regular y orientar los usos de suelo” por las crecientes incompatibilidades con las actividades productivas -fundamentalmente los asentamientos industriales, con sus consecuentes impactos sobre la estructura- y la reproducción sin control de usos residenciales sobre el suelo urbano, la ciudad continuará expandiéndose y el panorama se hará más confuso en cuanto a las posibilidades efectivas de planificar para controlar el crecimiento.

La regulación del crecimiento urbano: El planeamiento normativo

Para la década del ’80, la preocupación sobre la forma que adoptaba el crecimiento traslucía a su vez la dificultad del Estado Municipal para conducir la manera que se producía el espacio urbano y la necesidad de planificación aparecía como consecuencia de procesos ya iniciados (“Una buena planificación urbana debía tomar en consideración, pero como dados, los procesos de otro orden que repercutían externamente en la ciudad y sus tendencias. La economía urbana era vista como un caso extremo de economía abierta, sin recursos ni instrumentos para programar o dirigir su propio desarrollo”, José Luis Coraggio, 1998:58).

Así, el Estado usará su poder de coacción, regulando el accionar privado a través de un conjunto de normas y leyes que por restricción impondrán condiciones a los mecanismos de reproducción y creación de suelo urbano. La planificación no solo constituyó un instrumento técnico sino también político; en la medida que subordinada a las políticas de Estado, intentará conducir la gestión y administración de los procesos en marcha, evidenciando tensiones entre el control del privado por parte del poder público.

Hacia mediados de los ‘80, y en pleno período democrático, se elabora el cuerpo normativo que, sintetizando las experiencias de la planificación anterior (Diagnostico 73, EDOU, EDOM de 1978/ 1979; en la escala regional: PLANDECOR, PLANDEMET de 1981), regulará el uso y fraccionamiento del suelo y una detallada normativa particular para el Área Central que, con modificatorias, se encuentra vigente actualmente (Ordenanzas: 8060/85, regula el Fraccionamiento del Suelo; 8133/85, regula localización de actividades económicas que impliquen uso del suelo industrial o asimilable; 8256/86, regula la Ocupación del Suelo; 8057/85; regula la Ocupación del Suelo y la Preservación  de Ámbitos Históricos en el Área Central; 8248/85, regula la Preservación del Patrimonio Cultural y Arquitectónico Urbanístico). Los objetivos de la regulación del  crecimiento  quedaban resumidos de la siguiente manera: “Necesidad de compactar y consolidar el área urbanizada, con un mayor equilibrio de la densidad efectiva de población y restricciones al crecimiento desordenado, para lograr una racionalización y paulatino mejoramiento en la eficiencia de los servicios urbanos; en la provisión de equipamiento periféricos básicos…, en la descentralización de funciones urbanas e integración de sectores inconexos y en la revalorización ambiental, paisajística y patrimonial” (Iros:87:11). Estos objetivos también quedarán explícitos en el texto de la Ordenanza 8060, sancionada en 1985, que regula el fraccionamiento de tierras en el Ejido Municipal

El modelo físico que se adopta definía tres áreas urbanas a modo de anillos concéntricos: Área Central -núcleo central histórico-, Intermedia -barrios tradicionales- y Periférica, una visión esquemática que posibilitará “implementar estrategias de intervención”. Esta interpretación, aceptada como el “crecimiento natural de la ciudad”, parece corresponder al modelo del zoning y al de la renta: “densidades decrecientes del centro a la periferia, zonas dispuestas en anillos concéntricos, valores de suelo máximos en el centro y mínimos en el círculo más extremo, son todos ellos elementos que se superponen con gran precisión” (Mancuso:1980:338).

En este sentido, la planificación no fue neutral -siendo este aspecto crucial en la crítica a la planificación tradicional- sino que, por el contrario, colaboró a racionalizar y reproducir los mecanismos económicos en la producción de suelo urbano más que a revertirlos. Así, se alentará una alta densidad edilicia en las proximidades del área central -el caso paradigmático lo constituye la densificación en altura del Barrio Nueva Córdoba- y bajas densidades en los sectores periféricos, consolidando las tendencias iniciadas. Las normativas que predisponen bajas densidades con bajos estándares de urbanización hacia la periferia serán  comunes a toda la planificación argentina (para ampliar, ver el estudio de A. Garay sobre los efectos de la normativa en la Provincia de Buenos Aires, Garay:1998:4). En Córdoba se alentarán en la periferia  lotes de 300 m2 de superficie mínima con ocupación en vivienda individual, que con 4 habitantes promedio define muy bajas densidades una vez ocupada la totalidad de las parcelas; estas densidades plantearán el problema de la absorción de los costos de infraestructura y la precarización de los estándares de urbanización.

Simultáneamente, la acción normativa más importante implementada a partir de 1985 en cuanto al problema del crecimiento por extensión se centrará en dos aspectos complementarios; por un lado se delimita la creación de nuevo suelo urbano definiendo “áreas urbanizables”, demarcando el futuro suelo factible de ser urbanizado e impidiendo en consecuencia el posible avance sobre suelo rural para lograr así “el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente, evitando toda apertura de tierras en áreas sin disponibilidades de extensión de la misma” (Ordenanza 8060:85). Por otro, la normativa citada intentará aumentar la consolidación exigiendo a las nuevas urbanizaciones localizaciones cercanas a áreas con por lo menos el 30% edificado y a los loteadores la provisión completa de infraestructura, incluyendo espacios verdes, aumentando los estándares de urbanización iniciales.

Sin embargo, a más de 20 años de la aplicación de la norma podemos verificar nuevas anexiones al área urbanizable, avance sobre suelo rural y una tendencia a la dispersión, resultado de distintas y complejas acciones sobre el espacio periférico que direccionan procesos contrarios a los objetivos buscados (otra derivación no deseada de la regulación de la extensión fue el incremento paulatino en los costos de suelo urbano, aumentando  la migración de población hacia los municipios vecinos).

La planificación tradicional, en acuerdo a los cambios, se verá sometida a una intensa crítica, centrada en resaltar tanto su ineficacia operativa como sus restricciones en tanto herramienta conceptual y política para el Estado actual (Resse, 1998, señala que: “El modelo tradicional de planificación urbana concentra como principales criticas: incapacidad para entender integralmente los procesos territoriales y combatir los estilos fragmentarios de gestión del desarrollo; rigidez y falta de capacidad de adaptación a situaciones cambiantes; su carácter centralizado y excluyente respecto de los intereses y capacidades de los distintos actores que operan en el territorio; su lectura meramente “espacialista” del territorio; la ineficacia histórica que ha demostrado en nuestros países, por haberse basado principalmente en cuestiones normativas”). Desde lo disciplinar, a su vez, se cuestiona su carácter regulador y normativo en una visión reducida a los aspectos físicos urbanos, lo cuál contribuirá a reforzar sus propias limitaciones a la hora de orientar el crecimiento urbano en los nuevos escenarios caracterizados por la contingencia. La planificación estratégica, a su vez, desviará el centro de gravedad de los aspectos físicos hacia concepciones más integrales de las distintas fuerzas que producen el espacio urbano, adoptando un carácter proactivo –asociando crecimiento con desarrollo- y flexible a la variabilidad y velocidad con que se multiplican los cambios. Sin embargo, más allá de su contribución a la reflexión disciplinar y de experiencias puntales exitosas, fundamentalmente europeas, no pudo integrar las cada vez más fragmentadas acciones sobre la ciudad, como tampoco revertir la atomización productiva y social y sus incidentes espaciales o mediatizar la actuación del privado en beneficio de lo público. 

Estas dicotomías que presenta la planificación actual se acentúan en la realidad específica de nuestras ciudades. Las dificultades que de por sí presentan la articulación entre los procesos globales y la dimensión local, la previsión de escenarios futuros, y la convergencia de los distintos actores sociales en la planificación, parecen presentar mayores obstáculos en contextos socio-económicos frágiles e inestables, con un fuerte debilitamiento del rol conductor y regulador del Estado y la casi total autonomía del capital privado.

La planificación, más allá de sus intenciones, corre el riesgo de quedar segregada de la toma de decisiones públicas, con la consecuente desvinculación de las acciones urbanas -tanto públicas como privadas- y de su posible verificación espacial y territorial. Y es en este punto que preguntas tales como “¿Planificar para qué y para quienes?, ¿Cuál es el modelo o estilo de desarrollo que se pretende seguir y alcanzar?” (Resse:98:11) no solo siguen teniendo vigencia, sino que ubican al problema del crecimiento en el centro del debate y delinean las futuras reflexiones entre el tipo de desarrollo deseado, y condiciones de vida para el habitante urbano.

Transformaciones y nuevos emergentes en la ciudad

Si los marcos normativos presentarán mínimos cambios, la ciudad por el contrario viene experimentando profundas transformaciones que, independientemente de la expresión física que adopten fundamentalmente, se traducirá en nuevas y complejas lógicas involucradas en la producción del espacio urbano.

La intensificación de los procesos de metropolización, medidos en el aumento de las relaciones funcionales y el incremento de la movilidad poblacional con los municipios vecinos, con tendencias a la conurbación en algunos casos, reubican el problema del crecimiento de la ciudad al área metropolitana. La búsqueda de suelo barato y de mejores condiciones de habitabilidad para un sector cada vez más importante de la población que mantiene su empleo en Córdoba dibuja desde el punto de vista de la planificación un nuevo mapa territorial.

Conjunto con el salto de escala y el dislocamiento de las funciones centrales, el crecimiento periférico de nuevo tipo, a partir de la localización selectiva de las nuevas inversiones privadas, va conformando el nuevo panorama para las áreas periféricas que, sin embargo, siguen creciendo a partir de la extensión de la urbanización sobre suelo rural a baja densidad. Cuando se analiza cualquier sector periférico de la ciudad se confirma que el crecimiento se produce bajo este modelo predominante, que alentado desde el mercado inmobiliario, es refrendado por las preferencias culturales de la población en cuanto al acceso individual del suelo. El Estado, en este caso, aparece como el principal agente comprometido en la expansión urbana, sostenida por la doble acción en materia residencial de actores públicos y privados (del barrio cerrado al conjunto de vivienda social). Por lo demás, las áreas periféricas presentan niveles dispares de consolidación, los déficits son múltiples y urgentes y se expresan en general en muy bajos standards de urbanización.

La ciudad construida, expresada en sus barrios tradicionales, experimenta la renovación parcial de su tejido a partir de las inversiones concentradas en materia de vivienda, allí donde estas zonas presentan ventajas  de localización y aglomeración y un soporte normativo que admite densidad en altura. Estas transformaciones alentadas por el sector privado contribuyen a generar efectos no deseados en el espacio urbano y preparan el terreno sobre el que se producen nuevas tensiones sociales. La intensificación de la segregación residencial, el aumento de las diferencias urbanas (en términos de provisión de infraestructura y servicios) y el enfrentamiento de los sectores medios con los emprendedores privados, son algunos de los efectos que se derivan. Con respecto a esto último, en algunos casos, los desarrollos que promueve la inversión han derivado en fuertes resistencias de la población residente por el miedo a la pérdida del perfil barrial. En otros, el capital privado “aprovecha” el soporte normativo, produciendo transformaciones completas.

Es comprensible entonces que los procesos generales de crecimiento queden evidentemente  desvinculados de cualquier instrumento de planificación. La persistencia de la superposición de procesos inconexos y el carácter fragmentario que adoptan las sucesivas formas de intervenir sobre el espacio consolidan una práctica en cuanto a la producción de suelo urbano que prescinde de la necesaria orientación. Las tensiones que se derivan de un espacio urbano cada vez más heterogéneo y más difícil de gestionar evidencian el aumento de la complejidad de los procesos iniciados. Es evidente que la ausencia de normativas o parámetros para el crecimiento no auspicia un mejor panorama.

Algunos autores, fundamentalmente latinoamericanos, expresan la necesidad de arribar a un marco regulatorio de nuevo tipo, que contemple, por un lado, la predominancia de los mecanismos de valorización en la creación del suelo asociados al incremento de los déficits y riesgos urbanos varias veces señalados en la planificación anterior -carencia infraestructural, perdida de suelo productivo, deterioro urbano, etc.-; y por otro, que considere las nuevas características de gestión emergentes, para la cual la regulación actual no está preparada: la disminución y fragmentación de la inversión pública urbana, una creciente inversión privada y las distintas modalidades posibles en este contexto de nuevas asociaciones público-privadas (Lungo, 2004:82).

Ahora bien, un nuevo cuerpo normativo eficaz será aquel que se  constituya como un instrumento fuertemente articulado y asociado con una visión integral de la ciudad. Las nuevas condiciones de flexibilidad no deberían derivar en situaciones discrecionales sino, por el contrario, acompañar un proyecto conjunto que reúna tanto las particularidades específicas urbanas como su desarrollo colectivo. Se habilita entonces un nuevo campo abierto de reflexión sobre aquellos aspectos que hoy constituyen los desafíos centrales en cuanto a la posibilidad de comprender y operar sobre los mecanismos de crecimiento urbano.

En el caso específico de la ciudad de Córdoba, las posibilidades efectivas de planificación y regulación parecen estar subordinadas tanto a la capacidad para determinar las condiciones políticas e instrumentos de gestión del espacio urbano como a definir un modo de interpretar e intervenir en el espacio físico. Estos dos aspectos -que en sí mismos engloban las principales inquietudes emergentes desde la planificación urbana- refieren a su articulación con la realidad político-social en términos de eficacia de concreción, y a su incidencia sobre la realidad física, en tanto expresión espacial de los distintos procesos urbanos referentes al crecimiento.

El problema de la gobernabilidad adquiere un carácter central a la hora de planificar el crecimiento. Si se revisa la experiencia europea, observamos que el nivel de las transformaciones evidencia una importante capacidad de reacción como respuesta directa a las crisis específicas en un contexto de reacomodamiento  global y regional y a la velocidad de los cambios. Nuestras ciudades, por el contrario, están signadas por el aumento creciente de las dependencias estructurales técnicas y económicas y un panorama institucional cada vez más complejo e inestable, que la crítica teórica latinoamérica ha señalado reiteradamente como las dificultades más visibles que ponen freno al desarrollo local.

El segundo aspecto a considerar refiere a la interpretación y materialización del espacio físico urbano, y es tal vez unos de los puntos más críticos cuando el intento es intervenir sobre la forma que adopta el crecimiento. Como fuimos verificando, la planificación tradicional centrará su cuerpo disciplinar en la construcción de modelos de interpretación de la realidad mensurable estableciendo un “orden” general que diera sentido y dirección a cada variable del sistema urbano.

Estos modelos, que contribuyeron a aportar visiones integrales y relacionales, resultaron esquemáticos y rígidos en su puesta en práctica, reforzando en definitiva las tendencias propias de los mecanismos de producción de suelo urbano, introduciendo un carácter homogenizador que no permitiría distinguir o valorizar las especificidades urbanas. Bajo este mismo ángulo, la planificación estratégica se basará en la misma división de anillos concéntricos -área central, intermedia y periférica- propuesta en los ‘80. La novedad residiría en que, a diferencia de las propuestas anteriores, no se aceptaba como dado el crecimiento radio-céntrico sino que se intentará alentar, desechando la antigua intención de  ejes estructurantes, un “desarrollo policéntrico de la ciudad generado a partir del proceso de descentralización (C.P.C) a fin de lograr nuevas centralidades” (PEC. Plan Estratégico de Córdoba).

Sin embargo, esta pretensión parecía referir más a una intencionalidad política que a una idea de estructuración física-social, sin profundizar sobre qué interpretaciones de la realidad ni qué instrumentos específicos hubieran podido revertir las tendencias anteriores; basta repasar los objetivos perseguidos: “articulación de la periferia y cohesión del espacio metropolitano; en simultaneo con el saneamiento y revalorización del casco fundacional y la expansión/gestión de la infraestructuras para mejorar la eficiencia y la productividad urbana”  (PEC. Plan Estratégico de Córdoba), para confirmar las importantes dudas planteadas en cuanto a como se articularía el modelo propuesto con los objetivos que de alguna manera seguirán sintetizando viejos anhelos y desafíos.

Cabe aclarar que algunas investigaciones de orden académico, relacionadas con las trasformaciones operadas en las periferias, sugieren que en Córdoba se verificaría un proceso de descentralización creciente. Sin embargo, si bien ciertas funciones de carácter central y escala de inversión concentrada -CPC, hipermercados, etc.- tienden a ubicarse en el ámbito periférico, no se podría afirmar que estas constituyen en sí mismas “nuevas centralidades” o que operan en los sectores urbanos en donde se asientan como agentes motores del desarrollo, sino más bien parecerían constituirse cada uno de ellos en enclaves más bien cerrados, autónomos, conectados a la red urbana y regional principal. A escala metropolitana y para las localidades menores, estos grandes equipamientos se convierten, sí, en verdaderos centros de servicios alentados por la buena conectividad.

Como Borja (1998) señala, es la relación dialéctica entre los objetivos de un Plan y los grandes proyectos urbanos posibles lo que garantizaría la concreción física de las transformaciones y la puesta en práctica de los “nuevos espacios de concertación y participación ciudadana”. La posibilidad de generar proyectos articulados a un plan integral de ciudad parece plantear un nuevo horizonte para la planificación, en la medida que el proyecto urbano tiende a sintetizar ciertas intenciones premeditadas en la acción sobre el espacio urbano. Así, es posible superar la estratificación y las barreras normativas y sociales; cada punto del espacio urbano se torna importante en potencia o en los hechos, teniendo en cuenta sus propias virtudes, naturales o sociales, preexistentes o adquiridas en virtud de intervenciones selectivas.

Esta relación biunívoca entre plan, proyecto y situación urbana, que se presenta como el nuevo mecanismo de construcción de los ámbitos urbanos, en nuestra realidad no ha tenido aún un desarrollo particularizado. En correspondencia, son todavía pocas las experiencias prácticas basadas en los nuevos mecanismos de gestión que posibiliten evaluar con exactitud su competencia para incidir positivamente en la producción del espacio urbano (el “Programa de Actuación y Renovación Urbanística Portal del Abasto”, gran proyecto urbano impulsado por el Estado municipal desde el año 2004, se constituyó en un caso incipiente de planificación de nuevo tipo centrado sobre la capacidad de inducir procesos de renovación a partir de intervenir sobre una importante pieza urbana de carácter central perteneciente al fisco. La operación consistió en la definición de una imagen-objetivo para el área a través de un concurso profesional para la nueva sede del Consejo Deliberante -proyecto ancla- y la incorporación de un programa mixto de actuación pública-privada; en conjunto con la redefinición urbanística el municipio promulgó una normativa especial para el área -Ordenanza nº 10998/05- a fin de alentar la inversión privada, aumentando la productividad de los terrenos comprendidos en el perímetro).  

En síntesis, el problema del crecimiento, en el caso particular de la ciudad de Córdoba, debe inducir a nuevos estudios que posibiliten determinar acciones transformadoras más que a reproducir o promover tendencias; los procesos de metropolización y las nuevas dinámicas poblacionales, los cambios en la base productiva y su incidencia espacial, y las particularidades específicas del territorio urbano, plantean los nuevos marcos de reflexión.

A su vez, en la práctica urbana, la planificación debe poder articular instrumentos y acciones con la capacidad política decisional, una planificación orientada a la implementación de espacios de concertación y participación ciudadana aplicada a situaciones y contextos urbanos específicos (el ”Programa para el desarrollo del área Ferreyra” fue un caso testigo, sin continuidad de gestión, impulsado por la Municipalidad de Córdoba en la década del ‘90 y, en el marco de la implementación del PEC, delimitaba un área periférica a fin de generar un plan de desarrollo particular y concertado). 

CC

La autora es Arquitecta, Docente Investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Sobre Córdoba, ver también en este número de café de las ciudades la nota Córdoba siempre estuvo cerca… y el fragmento del Facundo sarmientino. 

Ver el Portal Oficial de la Ciudad de Córdoba.  

Sobre normativa urbanística, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 62 I Planes y Política de las ciudades
Normativa urbanística: la articulación entre planeamiento, participación y gestión I Sobre los conflictos alrededor del Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I Marcelo Corti

Bibliografía

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Documentos editados por la Municipalidad de Córdoba

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