Ante la presentación realizada la última semana de julio de una nueva modificación al Código Urbanístico (CUR) me animo a escribir estas líneas. Sin pretensiones de hacer un análisis exhaustivo en torno a las diferencias, analogías o divergencias respecto del actualmente vigente, y más allá del abordaje a modo de ejemplo de algunos temas en particular, me propongo encontrar algún sentido a este sin sentido de reforma tras reforma a la que nos lleva el actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires, (paradójicamente) con las mismas autoridades a cargo de área de Desarrollo Urbano.
Evitando entrar en las particularidades acerca de si este Jefe de Gobierno es diferente del anterior y así sucesivamente, no es menor recordar que esta alianza política gobernante lleva 16 años a cargo de la gestión urbano-ambiental de la Ciudad y que funcionarios que en su momento elaboraron normas con determinadas características y objetivos ahora nos sorprenden con sus cambios de opinión. Lo mismo vale para legisladores que acompañaron la anterior reforma y seguramente lo mismo sucederá con la presente.
Como primer elemento, y el más genérico de todos, quiero resaltar la ausencia deliberada de un mecanismo institucional y participativo (tal cual establecen la Constitución y Leyes vigentes) en la elaboración de esta nueva propuesta. Este elemento (insisto una vez más) no es menor. Configura un triángulo de inseguridad jurídica, imprevisibilidad y discrecionalidad sumamente peligroso e injusto en el dictado de las normas.
La revisión del Código vigente bien podría haber sido abordada desde una propuesta de actualización del Plan Urbano Ambiental. Es evidente que la ausencia de acciones en esa dirección no puede ser pensadas como un “olvido” e instala la pregunta sobre lo tácito u oculto del plan contenido en la norma que ingresó a la Legislatura los últimos días de julio.
Ya mucho antes del dictado de la Constitución de la Ciudad y de la sanción del Plan Urbano, la ciudad tenía un CPU que respondía a planes, miradas o tendencias que le imprimían una dirección a su política urbana. El solo hecho de regular actividades y usos por zonas y establecer sobre estas diferentes intensidades aluden, de manera lejana o no explícita, a un plan sobre el cual cada uno tendrá su juicio de valor. Mucho más no es necesario abundar… solo que sería bueno conocerlo o bien conocer que ideas o tendencias lo sustentan.
En este sentido, y reiterando que no realizaré un análisis exhaustivo, aunque aborde algún que otro tema a modo de ejemplo, me permito decir, por la negativa, que el presente no es un código planteado desde la morfología, ya que todos de alguna manera lo son; no es un código planteado desde la transitabilidad ni la movilidad, porque nada de eso ha sido estudiado; ni mucho menos desde las políticas de cambio climático ni de los ODS de la agenda 2030 ya que poco o nada de esto hay en la norma propuesta.
Tampoco está pensado desde las identidades barriales que fueron agredidas en las reformas anteriores (como alerté en la Audiencia Pública de 2017), y acá haré mi primera escala en términos de ejemplos preocupantes a mi entender.
Empiezo por lo principal; lo que dije (reitero en aquella Audiencia Pública) Buenos Aires es una ciudad de barrios. Estoy convencido de que esa característica debe preservarse y potenciarse pero no de la forma en que se lo pretende hacer y menos aún con la metodología de sustentarse sobre la protesta de un núcleo duro de vecinalismo sepia que se monta en la exégesis de la propiedad privada excluyente e individualista, que enfrenta al imaginario construido acerca de una ciudad de los ciudadanos en el sentido comunitario del concepto y lo reemplaza por la lógica de los propietarios de la cuadra que ilusamente creen poder decidir qué pasa en su cuadra. Eso, además de consolidar lo que también se definiera con el término NIMBY, es una muestra de demagogia urbanística que piensa más en sostener el “voto duro” de la alianza política gobernante que en los objetivos que se pretenden alcanzar.
La revisión del Código vigente bien podría haber sido abordada desde una propuesta de actualización del Plan Urbano Ambiental. Es evidente que la ausencia de acciones en esa dirección no puede ser pensadas como un ‘olvido’
Y entonces, como dice la sabiduría popular, ¿“lo que mal comienza mal termina”? ¿Cuál es la herramienta propuesta para calmar los reclamos vecinales? La joya de la corona… el USAB 0, que ha quedado redactado de la siguiente forma:
En aquellos rubros y/o descripciones referenciadas en el Cuadro de Usos del Suelo 3.3, cuando se localicen en áreas de Edificabilidad “USAB 0”, las superficies máximas admitidas serán de 100m2, para superficies mayores, el organismo competente en interpretación urbanística debe determinar en cada caso la conveniencia de la localización propuesta.
Este texto representa un grado de oscuridad, falta de previsibilidad, discrecionalidad y otras tantas cosas que vienen a la mente, pero no debería ni debo (por obvias razones de buena educación y respeto a la presunción de inocencia) escribir que se trata de dignas de autocracias de lo que se llamaban países bananeros. Con el debido pedido de disculpas por la digresión, creo que se está en presencia de un retroceso muy grande en cuanto a calidad de normas de apoyo de un sistema de gestión de cualquier porción del territorio.
Sin considerar además que, al más puro estilo de lo que pasó con la gastronomía a comienzos de este siglo en Palermo, se corre el riesgo de que esa identidad a preservar se transforme en un imaginario de “Nuevo Centro Cívico” rodeado de franquicias de consumo gourmet en una especie de countryficación de los centros barriales a la manera de una mala serie de plataforma. Ese espacio que se pretende preservar, lejos de construir identidad barrial (la que fue arrasada en un proceso de renovación express) se transforma en una especie de nuevo “no lugar” al que se pretende llegar en otros lugares de la ciudad como modelo de consumo y urbanismo banalizado (lo primero que me viene a la memoria es el entorno de Plaza Arenales de Villa Devoto).
Solo falta que nos quieran hacer creer (todo es posible) que la consolidación de las identidades barriales alrededor de esos centros de consumo pretenda ser la Ciudad de los 15 minutos de la que habla Moreno y se está desarrollando en París. Hablamos de 15 minutos para los vecinos satisfechos de haber tenido éxito en su pelea contra la injusticia y el “negocio inmobiliario” y de hora, hora y media (muchas veces 15 minutos) de viaje al trabajo y de regreso a sus casas para más del 75% de los que trabajan en esos lugares moviéndose en un sistema de transporte del cual hace décadas nadie se ocupa, en especial el GCBA.
Solo falta que nos quieran hacer creer (todo es posible) que la consolidación de las identidades barriales alrededor de esos centros de consumo pretenda ser la Ciudad de los 15 minutos de la que habla Moreno y se está desarrollando en París.
Para que no parezca que solo me anima la crítica, vale la pena recordar que en la Constitución y normas de la Ciudad de Buenos Aires sancionadas en los últimos treinta años hay elementos más que suficientes para abordar esto de maneras más modernas, participativas, democráticas, claras y transparentes: la Ley de Comunas, los planes de sector, de comuna, etc., serían caminos virtuosos a transitar si, como se pretende, el objetivo es la preservación de las identidades barriales.
Creo que a esta altura queda claro que mi mayor crítica se dirige a las políticas que cada tres o cuatro años nos llevan a prometer nuevas modificaciones a las normas urbano ambientales de la Ciudad.
No obstante, y de manera más breve, voy a citar el otro tema que me preocupa en cuanto a su esquema de sustanciación y su resolución en la “fría letra” de la norma propuesta: me refiero a la Capacidad Constructiva Adicional (CCA), que “busca fomentar el equilibrio urbano a través de la revitalización de áreas con menor nivel de desarrollo y de la puesta en valor de los edificios catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta CCA que se genera de diversas formas (no las cito en honor a la brevedad) podrá ser llevada a diversos lugares de recepción (avenidas, un conjunto de parcelas en el Área Central) que se destacan por su conectividad e infraestructura y por su “alineación con el planeamiento urbano y desarrollo sostenible de la ciudad” (¿?). Estos son tramos de las avenidas Cabildo, Ricardo Balbín, Federico Lacroze, Juan B. Justo, Córdoba, Corrientes, Warnes, San Martín, La Plata, Boedo, Montes de Oca, Herrera, General Hornos, Lima, Huergo, Riestra, Sáenz, Rivadavia y Alberdi. La CCA también podrá utilizarse en parcelas de más de 2.500 m2.
En primer lugar, estamos hablando de reinventar otra vez un mecanismo que no ha funcionado en la Ciudad, excepto (¡ah!, me olvidaba…) en los famosos 16 convenios que –luego de la sanción del CUR, que pretendía terminar con las disrupciones morfológicas– se agregaron para que no nos olvidemos de su existencia. Esta nueva propuesta nos propone multiplicarlas, dado que estas disrupciones van a volver a aparecer si esta vez tienen éxito con la propuesta de traslado de la CCA, ya que las alturas que se permitirían alcanzar en los “ejes receptores” están (en algunos casos) muy por encima de las alturas máximas permitidas por el código que venía a terminar con ellas, agregando (además) la competencia Norte/Sur y entre avenidas receptoras.
En torno a esto, y como no poseo los datos suficientes, no voy a arriesgar una opinión. Solo me pregunto por qué fueron elegidas las elegidas. ¿En base a qué estudios, qué idea de densificación hay detrás (si es que hay alguna)? ¿Por qué esas y no otras similares en cuanto a condiciones de conectividad e infraestructura? En fin, una vez más volvemos a lo tácito u oculto del plan que respalda esta propuesta normativa.
(…) las alturas que se permitirían alcanzar en los “ejes receptores” están (en algunos casos) muy por encima de las alturas máximas permitidas por el código que venía a terminar con ellas, agregando (además) la competencia Norte/Sur y entre avenidas receptoras.
Por último, en relación con las parcelas de microcentro y con las idas y vueltas en torno a qué hacer en esa zona de la Ciudad, y a solo modo de refrescar ideas, no se puede obviar que gran parte del destino del área está pendiente de las decisiones que tome el dueño de uno de los edificios más emblemáticos del microcentro (el ex Mercado del Plata), que además es uno de los jugadores más fuertes del mercado inmobiliario e interlocutor privilegiado de las administraciones locales y nacionales en este momento. A mi entender, el “tema Microcentro” hoy solo es cortina de humo a la espera de otro tipo de definiciones.
Desde mi humilde opinión, el desafío para los sectores democráticos de la política, de la sociedad civil y del conocimiento no es solo oponerse a esta reforma. Aún en (transitoria) minoría, el desafío es construir la masa crítica que habilite una agenda urbana inclusiva, que salga de las consignas (que hay que tenerlas) pero que, y aun a costa de enfrentarse con algunas construcciones vecinales, plante bandera en cuanto a lo innegociable de algunos puntos de esa agenda. Agenda que debe contener el respeto (en serio) por las identidades barriales, un plan de desarrollo e inversiones para la zona Sur, políticas ambientales y de movilidad sostenible, vivienda asequible, preservación del patrimonio construido, características y equipamiento del espacio público, articulación de la Ciudad con el AMBA (como transicionar los bordes, Riachuelo, Gral. Paz), creación de espacios verdes, entre otras, que sería muy largo enumerar. Pero es imprescindible esa construcción; ya que como bien decía Séneca “no hay viento favorable para el que no sabe dónde va”.
FF
El autor es ingeniero, especialista en temas urbano ambientales y docente de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano en la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sobre el tema, ver también la presentación de nuestro número 236, la advertencia sobre las modificaciones propuestas al CUR y el trabajo comparativo realizado por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la nota de Federico Poore en Cenital del 30 de agosto y la nota de Néstor Magariños en ARQ del 27 de agosto.
