¿Estado ausente o protagónico?

Este artículo propone sondear las teorías de autores como Nozick, Oszlak, Rawls y Sen, entre otros, a fin de deducir las posturas de los gobernantes a la hora de posicionarse frente a las acciones que han de tomarse en relación a las urbanizaciones precarias. La dicotomía existente entre la erradicación, y/o la consecuente regularización/urbanización de las villas y asentamientos informales es un debate que a lo largo de la historia ha tenido diversas acepciones, sesgadas por ideologías políticas, económicas, sociales y en especial institucionales. También podría contemplarse una tercera opción al considerar un rol ausente del Estado.

A modo de introducción, interesa dejar sentados algunos rasgos característicos que permiten diferenciar a las villas de los asentamientos informales como modos de urbanización informal (Cravino, 2008). Estos, si bien han sido producidos por los mismos sectores populares que luego hubieron de habitarlos, tuvieron orígenes diferentes que merecen una breve explicación.

Al respecto, puede decirse que el surgimiento de las villas está asociado a las sucesivas oleadas de migraciones internas producto de la época sustitutiva de importaciones de los años ’30 y ‘40. El resultado de esta ocupación provisoria, en búsqueda de mayores oportunidades y oferta laboral, es una apropiación discontinua del territorio, leída a partir de trazados irregulares y difusos, en constante transformación, como consecuencia de la agregación individual de parcelas y hogares, y la escasez de definiciones comunitarias que provean entre otras cosas de espacios comunes. En cambio, los asentamientos informales tienen una historia más reciente, asociada a la toma organizada de tierras a partir del régimen militar de 1976-1983. En ese sentido la resultante del territorio es un trazado más homogéneo correspondiente a un parcelamiento y amanzanamiento regular, similar al del barrio en el que se inserta. Pueden sumarse: conventillos, pensiones y hoteles, en gran parte localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también fueron ocupados por sectores populares imposibilitados de acceder a la vivienda de mercado.

Sin embargo, existen analogías entre estas formas de urbanización informal y en los rasgos que caracterizan a la población afectada, básicamente asociadas a la autogestión de la urbanización, a la auto-producción del hábitat, a la tenencia precaria de la titularidad del bien (prácticamente inexistente) por tratarse de terrenos fiscales (ex trazados de vialidades, terrenos afectados a trazas ferroviarias, etc.) o predios privados con vacancia de ocupación, también denominados “stock de suelo ocioso”. En otro orden de cosas, los cambios en los modelos productivos, las nuevas economías de mercado excluyente que traen aparejados el subempleo ó desempleo estructural y, por ende, la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios,  se presentan como restricciones para acceder a las redes de servicios públicos, y a un hábitat saludable.

Si bien es una problemática de alcance nacional, a los efectos de este análisis se hará un recorte de la problemática a la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). A partir del estudio denominado Lineamientos Estratégicos para la RMBA, llevado a cabo por la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda (SSUyV) de la Provincia de Buenos Aires, la delimitación de la Región incluye el área enmarcada por el trazado de la Ruta Provincial N° 6, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanas, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y Zárate.

Pese a las dificultades que se presentan para contar con un dato certero y fidedigno sobre la dimensión que supone el proceso de urbanizaciones informales (por la inconsistencia de la información, la diversidad de fuentes gubernamentales, ONGs, instituciones académicas, y la imposibilidad de censar a la totalidad de las poblaciones afectadas), habremos de remitirnos al dato construido por la SSUyV a partir de las cifras proporcionadas por el Censo Nacional de Población (2001), la Dirección Provincial de Estadística, la convalidación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el relevamiento de los grandes macizos indivisos de estructuración irregular que pudieron observarse a partir del Google Earth.

Actualmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) se concentran alrededor de 17 urbanizaciones informales, en su gran mayoría “villas” que abarcan 16.019 hogares con 64.241 pobladores. A diferencia de la C.A.B.A, en los partidos del Gran Buenos Aires, predominan los llamados “asentamientos”, con un total de 875 urbanizaciones que comprenden 170.560 hogares y un estimado de 705.594 habitantes. Esto significa aproximadamente que 769.835 habitantes viven en condiciones de marginalidad extrema, vale decir un equivalente aproximado al 6 % de la población total residente en la RMBA (según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, la misma se acerca a 13.717.875 habitantes).

Dado que existen variadas fuentes que estiman datos diversos en relación al censo y sus correlaciones al día de hoy (debe aclararse que es un dato en constante construcción y revisión), cabe precisar que si bien el dato cuantitativo es importante a la hora de definir la magnitud de la problemática para poder actuar en consecuencia, a los efectos del análisis interesará estudiar en profundidad la variable cualitativa sobre la que esta problemática es subyacente a la hora de conformar o no la agenda pública.

Como se mencionara anteriormente, la explosión demográfica del último decenio (8,5%, si se considera la variación intercensal 1991-2001) y las migraciones internas del campo a la ciudad durante los procesos de industrialización cambiaron el escenario urbano y territorial de la RMBA. Las causas de esos movimientos se debieron a la búsqueda de mejores y mayores oportunidades laborales en la prominente escena productiva regional (la RMBA contribuye con el 50% al PBI nacional). La tendencia a localizarse en próximidad a los puestos de trabajo (de manera de reducir los costos de transporte) es ascendente y se estima que en los próximos 20 años, la población crecerá alrededor de 2.500.000 de habitantes (20% adicional para crecimiento vegetativo y migratorio). Estos parámetros son alarmantes en tanto y en cuanto no se estimen las pautas bajo las cuales se dará ese crecimiento, vale decir que nadie asegura que el mismo se dé bajo las condiciones de urbanidad y formalidad deseadas.

Hoy por hoy, la ciudad no está preparada en términos generales (suelo urbanizado, infraestructura vial, stock construido, servicios públicos, control de residuos, transporte, etc.) para albergar ese crecimiento, incitando la focalización de mayores urbanizaciones en áreas críticas, (entendidas éstas como la propagación de urbanizaciones informales en áreas de alta vulnerabilidad ambiental) en los márgenes de los cursos hídricos, especialmente donde el valor del suelo urbano es despreciable como consecuencia de externalidades negativas: por ser tierras poco asequibles e impenetrables (tierras bajas y anegadizas, ex tosqueras, proximidad a los basurales, y en especial terrenos contaminados, etc., a excepción de la valiosa localización de la Villa 31 en la C.A.B.A).

En ese sentido, a lo largo de la historia se ensayaron varias respuestas políticas para remediar un mismo conflicto. Todas ellas incompletas. La problemática debe atenderse desde una lógica integral que garantice un espectro de soluciones posibles, en tono con la multidimensionalidad de facetas que atañen a la realidad descripta. En este caso, se desarrollarán dos políticas antagónicas que difieren entre sí básicamente por el posicionamiento del Estado y su consecuente manera de actuar: por un lado, la erradicación de villas durante la dictadura militar ‘76-‘83, o la falta de toma de posición por parte del Estado en los ‘90 y, por otro lado, la regularización de las mismas en la gestión iniciada a partir del 2003.

Erradicación vs. regularización de villas y asentamientos: diferentes posturas ideológicas

Durante 1977, el gobierno procedía a iniciar el desalojo y expulsión de los habitantes de las villas existentes dentro del perímetro de la Ciudad de Buenos Aires, encarando de inmediato en los terrenos desalojados obras viales, parquizaciones y construcciones variadas (Oszlak, 1991). La mayoría de los pobladores desalojados regresaron a sus provincias y países de origen (norte argentino, Bolivia y Paraguay), mientras que el resto fue destituido hacia la 3ª y 4ª corona de la RMBA (municipios más alejados de la Centralidad, entre 45 y 60 km de la C.A.B.A), llevando consigo su desdicha y desazón.

Las erradicaciones se produjeron de la manera más irracional: construcción de tapias para ocultarlas, incendios intencionales de los predios y expulsiones violentas, descontextualizando a los habitantes de sus espacios comunes, de sus culturas propias, de sus hábitos de subsistencia, dejándolos a la deriva en su recomenzar, a la vera de lugares distantes, territorios abandonados en las proximidades rurales, sin huellas ni destinos.

Las causas varían ampliamente sea cual fuere quien lo enuncie. Mientras que el gobierno de facto mencionó que cada persona movilizada había sido beneficiaria de una vivienda provista por la Comisión Municipal de la Vivienda, las raíces de tales decisiones distan de esa verdad. Oszlak (1991), hace alusión a los planteos que el gobierno tenía, manifestando en sus postulados a las villas como objetos de aberración urbanística, convirtiéndose en una amenaza para el progreso de la ciudad: “el problema de las villas no se reducía a una cuestión habitacional, sino que involucraba además aspectos estéticos (ornato de la ciudad) y morales (necesidades espirituales de la vida humana) que trascendía los intereses y carencias de los sectores directamente implicados, y afectaban al conjunto de la vida urbana”. Continúa su relato haciendo referencia a las publicidades que por aquellos años cubrían el espacio público, donde se aludía a esa población como una clase especial no merecedora de la asistencia o tolerancia de la sociedad y el Estado. Al efecto, resaltaba que: “obtienen beneficios y privilegios de los que no gozan otros habitantes de la ciudad: no pagan impuestos ni servicios, explotan comercios clandestinos o forman parte de mafias organizadas”.

El período comprendido entre 1976-1983 fue víctima del abandono de la versión local del Estado de Bienestar y, en especial de la democracia, fuente fundamental de respaldo a los derechos humanos. Esto implicó la vuelta al Estado con un nuevo rol protagónico, caracterizado por un aparato gubernamental más acotado y más “eficiente” en términos de sus protagonistas. Un Estado que hizo a un lado los gastos sociales, rechazando la participación y la organización popular.

Este tipo de acciones se apoyan en la teoría de Nozick (1981), que fundamenta las acciones retributivas, privilegiando lo correcto por sobre lo bueno, basándose a su vez en la violación de los principios básicos de su teoría sobre la justicia en la adquisición y conformidad en la pertenencia, desde una justicia en la transferencia. Nozick vería estos modos de erradicación como una manera de rectificar las injusticias en la pertenencia. La usurpación de predios privados estaría incumpliendo con el derecho de propiedad privada, fundamentando que no hay ninguna transacción voluntaria que garantice la toma de posesión, sino todo lo contrario (según la teoría de Locke, “Alguien puede empeorar por la apropiación de otro, de dos maneras: primera, perdiendo la oportunidad de mejorar su situación con una apropiación particular o una apropiación cualquiera; y segundo, por no ser ya capaz de usar libremente, sin apropiación, lo que antes podía”). Por lo anteriormente enunciado, ningún individuo puede organizar su plan de vida sobre las bases de un terreno que no le pertenece.

Bajo estas consideraciones, si el Estado no actuase de conformidad a los derechos constitucionales, sería el actor privado quien contaría con la facultad de velar por sus derechos (por ser titular del dominio de la tierra). Éste sería quien podría cuestionar al Estado la forma bajo la cual intenta disuadir y modificar su derecho de propiedad. Bajo esta premisa, el Estado podría optar por regularizar un asentamiento, si y sólo si, encuentra la forma jurídica para efectuar el traspaso de la titularidad del bien. La manera podría ser a partir de la compra, cesión o donación del predio por parte del privado.

De tratarse de tierras fiscales, el Estado corre con una ventaja superior, pues evade un alto costo en la transacción; tal es el caso de bajo-autopistas, predios fiscales, playas de maniobras ferroviarias, bordes de arroyos y ríos, etc. En este caso, la regularización podría llevarse a cabo si en primer lugar se ejecutaran una serie de informes de impacto ambiental para evaluar las condiciones físico-técnicas de los terrenos circunscriptos bajo condiciones de informalidad y por otro lado se efectúa un censo de la población afectada de manera tal de relevar las características y necesidades básicas por núcleo familiar u hogares comprendidos. Los parámetros por los cuales analizar las condiciones deficitarias de dicha población serían, según UN – HABITAT (2003):

• Accesibilidad a las redes de abastecimiento familiar de agua potable
• Accesibilidad a las redes de servicio de descarga sanitario
• Condición de tenencia y posesión de la tierra y vivienda en la que reside
• Durabilidad de la vivienda, condiciones cualitativas de la construcción
• Condiciones de hacinamiento por cuarto
• Condiciones de empleo del Jefe de hogar

Algunos de  estos indicadores conforman el índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que, entre otros, contribuye a medir el grado de pobreza de la población, por ser un índice complejo (aunque incompleto) que abarca varias dimensiones de una misma realidad social (Según la metodología utilizada en “La pobreza en la Argentina”, Serie Estudios INDEC N° 1, Buenos Aires, 1984, los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto; Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente -pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye  casa, departamento y rancho-; Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete). Como en la mayoría de los casos estos indicadores son deficientes, la gestión pública deberá contemplar además de la construcción de viviendas, la dotación de infraestructuras sanitarias, y demás requerimientos.

Paradójicamente ante la “presencia” de un “Estado ausente”, en la década del ´90, o mejor dicho, en palabras de Nozick y Oszlak (2000), entre otros autores, ante un Estado Mínimo bien caracterizado por la falta de inversión en desarrollo social y una postura a favor del mercado como proveedor de bienes y servicios, es menester señalar que el Estado sólo invirtió en seguridad, y veló por el cumplimiento de los contratos establecidos con las empresas privadas, quienes tenían a su cargo la provisión de servicios. Esta visión neoliberal acrecentó aun más los índices de pobreza, al excluir a todos aquellos que no alcanzaban a pagar las tarifas y se quedaban sin acceder a ese beneficio, que en la mayoría de los casos se trataba de un bien público (Bonchek, 2005) como el agua potable. Esta situación colapsó en el 2001, manifestándose una de las crisis más profundas de los últimos tiempos a nivel socio-económico e institucional, desplegando más violencia en el espacio público, que como espacio característico de la democracia ha pasado a convertirse en foco de protesta y reclamo por los derechos sociales.

Para contrarrestar con la injusticia social, y siguiendo los principios de Rawls (1971), que considera a los individuos como seres libres, iguales, racionales (seres capaces de perseguir sus propios intereses) y razonables (seres capaces de perseguir aquellos fines morales que dan lugar a la cooperación social), como constituyentes de la estructura básica de la sociedad a la que él hace referencia en términos de derechos y deberes, así como también la distribución de ventajas económicas y sociales; es dable reconocer en primer lugar que toda persona tiene derecho al sistema de libertades y en segundo lugar que debe garantizársele el acceso a una equitativa igualdad de oportunidades, como resultado del principio de la diferencia, (mediante el cual tratarían de equipararse las diferencias de los más desventajados). Estos fundamentos están circunscriptos a la teoría deontológica del derecho que él promulga. Así, asumiendo que todos nacemos bajo el velo de la ignorancia, propio de la posición original, por ser seres ignorantes de nuestro posicionamiento en la sociedad, nos deberíamos manifestar en la lógica de esta teoría como maximizadores de las expectativas de los más postergados. Desconociendo cual podría ser nuestro posicionamiento a futuro, deberíamos contribuir a mejorar la situación de todos por igual.

Es en el marco de estos supuestos que la implementación de programas como ARRAIGO, FONAVI, y PROMEBA fueron atendiendo las diversas complejidades y urgencias de contados casos de urbanizaciones informales. A partir del 2003, el Estado Nacional ha promovido una serie de políticas públicas de escala masiva que benefician a un número considerable de ciudadanos. Con la puesta en marcha del Sub-programa Federal de Villas que consiste en la reestructuración urbana y la construcción de viviendas sobre la base de módulos básicos (núcleo húmedo: baño y cocina, estar-comedor) y cantidad de m2 variables de acuerdo a la estructura social de cada uno de los hogares preexistentes (cantidad de dormitorios) se intenta dar solución habitacional a los municipios de la primera corona, es decir del cordón más próximo a la C.A.B.A. La operatoria alcanza la construcción de aproximadamente 8200 viviendas, que benefician a unos 40.000 habitantes.

El rédito político de una gestión de gobierno no debería ser medido en términos de maximización de utilidades (vale decir de cantidad de viviendas construidas) sino en la posibilidad de ampliar los programas a fin de alcanzar políticas integrales, que vinculen a un espectro más amplio de funcionarios de diversos sectores institucionales, en un proyecto común, con el objeto de atacar las múltiples dimensiones del problema (salud, educación, medio ambiente, etc.). Por otro lado, será importante garantizar el recobro de las cuotas de los créditos asignados por cada vivienda, dado que es la única manera de generar apropiación por parte de los habitantes, permitiendo a su vez al Estado volver a invertir en la regeneración del ciclo de la política pública implementada, que se vislumbra promisoria e incremental.

“Debe llegar la hora en que nos digan por qué ciertas violaciones de derechos –típicamente, la violación de los derechos sociales y la violación de derechos a través de las omisiones estatales– no son vistas como constitucionalmente agraviantes, mientras que otras violaciones -típicamente, y como citaba el juez, las violaciones del derecho de propiedad- son consideradas escandalosas e irritantes desde el punto de vista constitucional” (Svampa, 2004).

Algunas consideraciones finales

Se discute la fragmentación de las políticas públicas entendidas en términos de las deficiencias que afectan a los pobladores, a los cuales no sólo debe garantizársele la accesibilidad al suelo urbano, con dominio y título de propiedad, una vivienda digna, (entiéndase por tal calidad de materiales perdurables, servicios básicos de infraestructura, cantidad de locales de manera tal de evitar el hacinamiento, etc.), un barrio, sino también, el acceso a los servicios de salud, y educación, al mercado laboral formal, todos componentes que contribuirían a mejorar los parámetros de nutrición y salubridad en relación y equidad con el resto de los ciudadanos. Es hora de hacer a un lado la marginación no sólo impuesta por la sociedad sino también profesada por ellos mismos.

En ese sentido, Amartya Sen habla de capacidades básicas y no de bienes, pues son éstas las que permiten alcanzar grados de libertad como medio para decidir entre iguales en una situación presente pero sobre todo a futuro. El bien es algo material, que además es finito, en cambio cuando hablamos de capacidades damos lugar a ciertas habilidades que permiten que el ser humano se inserte en un mundo de oportunidades. Es desde este lugar que debe revertirse la sensación de vulnerabilidad aquejada desde su ímpetu personal. Es éste el generador de desarrollo incremental que se presta a reducir los obstáculos que se le presentan permanentemente y ponen en tela de juicio las libertades individuales. Es por último, la manera en que se deberá ajustarse la división social del trabajo, donde cada una de las partes contribuya a una lógica productiva comunitaria y de consumición equilibrada.

“El desarrollo no consiste solamente en aumentar la oferta de bienes y servicios, sino en acrecentar las capacidades de las personas” (Bekerman). Bajo estas condiciones, puede añadirse que prevalece la idea de que las decisiones deban abordarse de manera participativa, con una visión comunitaria y específica donde, como dice Walzer (1982), la justicia es relativa, no sólo dependiendo del tipo de bien que esté en juego sino de la cultura de la que se trate, al referirse a bienes sociales (los bienes sociales tienen significados sociales, y nosotros encontramos acceso a la justicia distributiva a través de la interpretación de esos significados). Siguiendo esta idea, resalta que a la hora de la asignación de bienes debe prevalecer una mirada focalizada, en la que el contexto local resalte por sobre las generalidades planteadas. Adicionalmente puede decirse que las poblaciones afectadas son portadoras de una historia común, una identidad colectiva, reglas de juego particulares, una cultura propia, un modo de relacionarse y un lenguaje específico que las asocia y dignifica en un entorno más amplio, en comunidades donde no siempre prevalecen las lógica de mercado sino las redes internas, que dan lugar a mecanismos de intercambio y producción dentro de las unidades domésticas, como el trueque (Coraggio, 1998) y el cooperativismo.

Estos hombres y mujeres, diríamos, modelan su propio destino sean cuales fueren las restricciones (Walzer, 1982).

Es dable señalar que un sentido de pertenencia y cooperación facilitaría la resolución de la problemática; por ejemplo: es preferible que se piense en mecanismos de instrucción y generación de capacidades al interior de los asentamientos, de manera tal de no entregar viviendas llave en mano sino enseñar ciertas habilidades para conformar cuadrillas de trabajo especializadas en los diferentes rubros de la construcción (albañilería, electricidad, plomería, etc.), con el propósito de que una vez finalizada la edificación de las viviendas los nuevos trabajadores puedan reinsertarse en algún ámbito laboral y que a su vez ésta interacción genere lazos de unión entre vecinos.

Deberíamos recuperar esa noción del Estado de Bienestar, que revelaba un consenso sobre las garantías básicas, para que el ser humano pueda predisponerse a una entrega más humanitaria y de ayuda de los demás, con el fin último de desalentar las ideas clientelísticas a las que estamos acostumbrados, donde es común movilizar a las masas sobre los supuestos de promesas muchas veces incumplidas. Ha venido sucediendo que los diferentes gobiernos ven en los pobladores de las villas y asentamientos potenciales votos y apoyo político y así realizan sus apuestas como si se tratara de sujetos inertes e insignificantes, cuando por detrás de esos simples rostros hay complejas historias que sólo piden igualdad de oportunidades, y reinserción social, para dejar a un lado la marginalidad y la discriminación.

Por último, las Instituciones deben acompañar los ajustes económicos y sociales de raíz estructural con el objeto de implementar políticas públicas sobre la base del desarrollo y el crecimiento, y en especial sobre la plataforma de una distribución más equitativa de los ingresos. Ésta se presenta como la vía más óptima para concebir un Estado-Nación. No hablamos de escala mínima, si no de mejor Estado. Un aparato gubernamental que pueda formular políticas públicas integrales, políticas de articulación sectorial, que desechen las políticas distorsivas y restrictivas. Hablamos de políticas de Estado que trasciendan los períodos gubernamentales y se repliquen a largo plazo, sobre las correcciones que la misma política solicite según las demandas de la propia implementación.

La historia se repite una y otra vez, habremos de trabajar a favor de políticas públicas más justas y equitativas en oportunidades, para que las promesas no aparezcan opacadas tras las elecciones, y que de una vez por todas se incrementen las posibilidades y resurjan las propuestas de cambio para todos. Que las promesas se traduzcan en planes concretos y programas específicos para poblaciones y realidades contextualizadas. Que se renueven las esperanzas.

MCL

La autora es Arquitecta (FADU-UBA), Docente Universitaria de Planificación Urbana en la Cátedra Arq. Garay, Maestranda en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Cursó el Posgrado “Land Management and Informal Settlement Regularisation” (Lincoln Institute of Land Policy & Institute for Housing and Urban Development Studies | Erasmus University Rotterdam  –  Holanda). Trabaja desde el 2004 en la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Infraestructura, GPBA.

Las imágenes fueron proporcionadas por la Coordinadora del Programa de Villas y Asentamientos del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Clarisa Bettatis.

Sobre políticas de vivienda en la Argentina, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 76 I Terquedades I Una mirada arrabalera a Buenos Aires
Terquedad de la Emergencia I Columna a cargo de Mario L. Tercco

Número 70 I Política de las ciudades (I)
La urbanización del Barrio Carlos Mugica, de Retiro I Un debate recurrente y la opinión de Jorge Jáuregui I Marcelo Corti

Número 61 I Economía y Política de las ciudades
“Acordate que la tierra no es de nosotros…” I El mercado inmobiliario en las villas de Buenos Aires, según María Cristina Cravino I Marcelo Corti

Número 56 I Tendencias (I)
Transformaciones estructurales de las villas de emergencia I Despejando mitos sobre los asentamientos informales de Buenos Aires. I María Cristina Cravino

Número 52 I Política de las ciudades (I)
Vivienda social y suelo urbano en la Argentina de hoy I Conflictos y posibilidades I José Luis Basualdo

Número 49 I Política de las ciudades (II)
Teoría y política sobre asentamientos informales I Cuestionario a Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino, en vísperas del Seminario en la UNGS. I Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino

Número 22 I Economía
Peculiaridades e interrogantes de la política económica, social y habitacional en la Argentina I Un debate sobre la política de vivienda de los años ´90. I Carlos Fidel

Y sobre los Lineamientos estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires:

Número 60 I Planes de las ciudades (II)
Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires I Escenarios alternativos, políticas urbanas, instrumentos de gestión I Entrevista a Alfredo Garay

Bibliografía

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