N. de la R.: Este artículo de Artemio Abba continúa la serie de informes trimestrales que café de las ciudadespublica en relación a los avances y/o retrocesos de la institucionalidad y gestión de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
La sensación, después de 7 años de funcionamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), es que luego de un período en el que parecía que finalmente se estaba avanzando firmemente en revertir uno de los más graves desastres ambientales vernáculos, los logros alcanzados comenzaron a escurrirse como arena de las manos. La Defensoría del Pueblo de la Nación “dejó al rey desnudo” cuando habló del amesetamiento del noble organismo, paradigma de institucionalidad metropolitana que creara la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y esto obliga a hacer un breve repaso de la cuestión.
Las sucesivas mutaciones del mapa de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) la llevaron de zona residencial próspera y consolidada de la Buenos Aires Metropolitana (BAM) a principios del siglo XX, con barrios que aún hoy lucen la calidad urbana de entonces (Barracas, Banfield, Temperley, Lomas de Zamora, Adrogué, etc.) a una de las áreas más degradas de la actual metrópolis. Ya en 1801 se registraban 30 saladeros en las márgenes del Riachuelo (Telam, 2015) poblándose de frigoríficos y curtiembres en la etapa agroexportadora, continuando con una fuerte diversificación y crecimiento de la actividad manufacturera en la etapa sustitutiva de importaciones y su posterior decadencia desde los ‘70 (cuando la actividad industrial migra al corredor Norte) mostrándose actualmente el área como un relicto de fábricas abandonadas o refugio anómico de actividades productivas altamente contaminantes (Polo Petroquímico Dock Sud y las curtiembres de ACUBA).
Actualmente constituye uno de los sectores más degradados de la BAM, exhibiendo en el mismo centro de la gran ciudad los patrones socioterritoriales características de la periferia de la segunda y tercera corona del conurbano. El curso hídrico pasó de ser “lugar central” a “patio de fondo” metropolitano alcanzando, en sus dos márgenes, niveles muy altos de la denominada “centralidad negativa” (Barberis, W, 2008) atractora de actividades irregulares sin acogida en la ciudad legal (Hardoy, J. E.; Satterthwaite, D. 1987), y germen de las “periferias internas urbanas” (Abba, A. P., 2009).
Se sucedieron múltiples promesas de remediación de esta grave “herida ambiental metropolitana” (explosiva mezcla de metales pesados, desagües cloacales y residuos de la actividad petrolera en el Dock) desde que “a instancias de Juan José Paso, el Primer Triunvirato” (1811-12) reclamara a los mataderos y saladeros que no volcaran sus desechos al río” (Telam, 2015) hasta la promesa incumplida de María Julia Alsogaray en el año 1993 de limpiar la CRM en mil días (Diario Hoy, 16-11-12). Y como parte de ese proceso se produce la ocupación precaria del valle de inundación en ambas márgenes por parte de los que no tienen opción de residencia, sumando así a la penuria de la pobreza la “tragedia evitable” de la enfermedad derivada de la contaminación del agua superficial y subterránea, del suelo y el aire.
Una judicialización transformadora
Un punto de inflexión se produce con la intervención en la cuestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ante un reclamo presentado en 2004 por un grupo de vecinos, con los fallos de 2006 y 2008 en la que pasó a llamarse causa Mendoza (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo) por su innovadora respuesta al “bicentenario y acumulativo proceso de deterioro” de un ecosistema urbano (Abba, A. P., 2010). El tribunal superior de la Nación resolvió declararse competente en la causa, marcando un valioso precedente para otras asignaturas pendientes de la Agenda Metropolitana, motivado en la necesidad de tutelar un bien colectivo e interjurisdiccional en peligro.
La voluntad de la CSJN fue dar una prioridad absoluta a la prevención del daño futuro; en segundo lugar persigue la recomposición de la polución ambiental ya causada y finalmente el resarcimiento de los daños irreversibles. Resuelve además requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) que en el plazo de treinta días presenten un plan integrado superando las jurisdicciones territoriales de los distintos niveles de gobierno.
Al poco tiempo, el 1/11/2006, en respuesta a la sentencia de la CSJN sobre la “causa Mendoza” y al indudable deterioro ambiental de la cuenca, el Gobierno Nacional crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mediante la Ley N° 26.168. Con posterioridad, el 8 de julio de 2008, la CSJN, visto el grave estado de situación planteado por los organismos responsables intimó a la ACUMAR a implementar un plan de saneamiento
Pero en esta oportunidad la demanda no era solo una expresión de “buenos deseos”: daba instrucciones muy precisas para el cumplimiento en tiempo y forma mediante la formulación de un plan y de metas con plazos rigurosos y un esquema de seguimiento técnico, ejecutivo y social muy preciso. Creó un Cuerpo Colegiado a los fines técnicos para lo cual designo a cinco instituciones acreditadas en el tema (Greenpeace, el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, la FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la AVLB, Asociación Vecinos de La Boca y la Defensoría del Pueblo de la Nación); al Juez Federal de Quilmes Luis Armella a cargo de la ejecución de la sentencia, y finalmente definió un sistema de Audiencias públicas para la evaluación de los avances con participación de las organizaciones sociales involucradas.
En ese marco institucional se avanzó consistentemente con la ejecución de la sentencia: se formuló el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA) y se dio cumplimiento a buena parte de las metas con pleno funcionamiento de los mecanismos de control técnico, ejecutivo y social prefijado. El PISA, que debió ser reformulado a partir de las críticas formuladas en Audiencia Pública y de una evaluación interdisciplinaria realizada por varias Facultades de la UBA, considera esquemáticamente los siguientes componentes: 1) La descontaminación del curso con los subcomponentes a) reconversión de industria contaminantes, b) obras de conducción de la contaminación cloacal y c) limpieza física del curso, 2) Relocalización de la población en riesgo, 3) Cobertura de agua y saneamiento de la población del área.
De amesetamiento en el riesgo
Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación afirma en una comunicación pública reciente que en los últimos tiempos se observa un “amesetamiento del accionar de la ACUMAR”, y plantea la necesidad de que la CSJN revea la cuestión y la reactive, haciendo un análisis del estado de situación. El secretario general a cargo de la Defensoría, Carlos Haquim, señaló que “se agotó una etapa y es necesario actualizar las herramientas utilizadas para mejorar la calidad de vida y reponer un ambiente sano” (La Verdadonline.com, 10-07-15).
Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos por La Boca (AVLB) manifiesta que: “se avanzó en las cuestiones de limpieza. Ya no hay basura en las márgenes, el espejo de agua está limpio y sacaron todos los barcos hundidos. Pero en las cuestiones de fondo, aquellas que son la identidad del problema del Riachuelo, está todo igual. La contaminación sigue” (Clarín, 8-07-15).
Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, refiriéndose a la contaminación de la industria manifiesta que no se completaron o fueron insuficientes, porque se registran iguales niveles de cromo, arsénico, plomo y otros metales pesados que al comienzo del plan de reconversión. El agua sigue sin tener oxígeno suficiente para que haya vida y todos los plazos que dispuso la Corte Suprema están vencidos y “falta decisión política para poner en caja a la industria contaminante”.
En relación a los desechos cloacales, la empresa AySA manifestó que ya están en la etapa preliminar los emprendimientos claves: una planta de tratamiento en la zona de Dock Sud y otra planta depuradora en Aldo Bonzi y el gran colector en la margen izquierda del río, que permitirán que cesen los vuelcos al Riachuelo. El financiamiento principal proviene de un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares, complementado con recursos del Estado nacional, y si bien están muy retrasadas, AySA asegura que en un plazo de entre dos y cinco años se irán inaugurando las distintas instalaciones.
Andrés Nápoli, de la FARN, afirmó que “es imperioso que se ponga en marcha el crédito del Banco Mundial y que se controle a las industrias”. Si bien reconoce que la tarea de limpieza superficial y de remoción de grandes objetos hundidos ha avanzado significativamente, certifica que en materia de descontaminación de metales pesados y residuos cloacales la situación es muy similar a la de 2008. También puso el acento en que ACUMAR debe modificar los parámetros exigidos respecto de la calidad de agua, porque los actualmente vigentes son muy permisivos y no servirán para realmente recuperar el Riachuelo para que no dañe la salud de la población y pueda tener usos razonables por parte de los habitantes metropolitanos.
En lo referente a la recuperación del camino de sirga ocupado ilegalmente (por fábricas, asentamientos o basurales), se observa como positivo que se relocalizaron parte de los asentamientos vulnerables en la Ciudad (más de 400 familias que vivían en El Pueblito, Magaldi y Luján, más el 60% de la villa 26) y en Provincia hubo relocalizaciones en Lanús y otras localidades del GBA. Quedan aún sectores que presentan mayores dificultades a los efectos de su reubicación, como en el caso zonas de la villa 21-14, en la CABA, pero con alto grado de riesgo ambiental en su actual localización.
Por otra parte, Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo advierte que la CSJN dictaminó determinar la población vulnerable y el Cuerpo Colegiado requirió insistentemente que se debía elaborar un mapa de riesgo de la cuenca. La propia Defensoría señala que no se ha difundido que la ACUMAR cuente con esta herramienta y tanto ABSA como AySA se manejan con sus propias metas en la provisión de agua y cloacas sin tener en cuenta la vulnerabilidad diferencial del hábitat de la cuenca (La Nación, 13-07-15).
¿Fin de ciclo?
Pareciera que se ha quebrado aquel esquema institucional que fue eficaz, participativo y de amplia exposición pública, que funcionó durante el período 2008-12, hasta que una denuncia puso en evidencia la existencia de una trama de manejos corruptos de las licitaciones de obras que implicaba al Juez, áreas administrativas de los organismos ejecutores y empresas fantasmas vinculadas al propio Juez Federal de Quilmes (Página 12, 26-08-12 y 2-09-12). A partir de ese sorprendente hecho de corrupción en un proyecto de clara índole social se interrumpió el funcionamiento precedente, se debilitó la institucionalidad de ACUMAR y se resquebrajó el sistema de ejecución del PISA y los procedimientos de control social.
En el Informe de la FARN sobre las decisiones de la CSJN posteriores a recibir las denuncias se consigna que la Auditoría General de la Nación no solo verificaba las vinculaciones de las empresas con el Juez encargado de la ejecución del PISA por la CSJN, sino también ordenaba investigar a los procesos licitatorios a cargo de AySA, APSA y la CEAMSE (Nápoli, A., 2013). De la gravedad del caso opinaba el periodista Horacio Verbitsky que “la abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió convertirse en el Virrey de Quilmes” (Pagina 12, 26-08-12).
Si bien esta investigación terminó con la separación del cargo del Juez Armella implicado seriamente por la denuncia así como los organismos encargados de realizar las licitaciones, las consecuencias resultantes no fueron las esperadas (Ámbito.com, 6-11-12). Pasados ya más de dos años de esos acontecimientos dramáticos para la Causa Mendoza aun se desconocen los resultados de la investigación penal sobre los implicados y por otra parte la prosecución de las obras y acciones que se desprenden del PISA ha perdido las cualidades que se habían destacado en la primera etapa: ejecutividad y control técnico y social de cada acción emprendida.
Frente a la denuncia, la CSJN actuó rápidamente con la separación de la causa del Juez Armella y la denuncia al Consejo de la Magistratura y presentó ante la Cámara Federal porteña una denuncia de todos los sospechados en las presuntas irregularidades en las contrataciones (Ámbito, 6/11/12). Sin embargo a ocho meses de la denuncia, y ya nombrados los jueces reemplazantes, Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad y el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, la ejecución del plan estaba detenida (BAE, 5/02/13).
Si bien la CSJN había transferido el personal y los antecedentes de la causa desde Quilmes a Morón, todo quedó como estaba por la negativa de los funcionarios judiciales involucrados a trasladarse. La consecuencia fue la permanencia durante ese tiempo de todos los expedientes en el juzgado que aun hoy sigue estando a cargo del Juez Armella, implicado centralmente en los hechos denunciados.
Posteriormente se retomaron las Audiencias Públicas semestrales, lo que indicaría una “normalización” del funcionamiento del esquema de controles (ejecutivo, técnico y social) de la ACUMAR, pero sin embargo no se observó el ritmo de ejecución previo. El paso de una ejecución unificada a la actual dividida en dos juzgados, la alteración de la Ley de creación de la ACUMAR al reemplazar al Presidente del organismo tripartito por un titular que no es el Secretario de Medio Ambiente (Quiroga, P. J., 29/08/14) o el hecho de que esté acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación encargada de coordinar el Cuerpo Colegiado (que ejerce el control técnico) parecen conjugarse para la pérdida de presencia e institucionalidad de la ACUNAR.
Cuando ya han transcurrido siete de los diez años previstos para la reconversión de la CMR, la más contaminada del país, pareciera que lo que se busca por el contrario es aminorar la presencia en los medios y evitar cualquier conflicto. Esta circunstancia incrementa las dificultades que el próximo gobierno deberá enfrentar si intenta retomar la otrora política pública ambiental más importante encarada en el país a instancias del clarividente fallo de la CSJN (Quiroga, P. J., 29/08/14).
Como balance cabe afirmar que se está muy lejos de cumplir con las metas definidas por la CSJN para la remediación de la CMR y la situación actual de la ACUMAR, de estancamiento en los últimos dos años y medio, no garantizan la recuperación del ritmo de ejecución necesario. Es alarmante que esta cuestión prioritaria no haya formado parte del debate político en un año electoral y que se desaprovechen los espacios de discusión para avanzar en la construcción de propuestas de mediano y largo plazo para la recuperación de un sector olvidado que divide en dos a la Buenos Aires Metropolitana.
APA
El autor es Coordinador General del Observatorio Urbano Local – Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM), CIHaM/FADU/UBA. Es autor de Metrópolis Argentinas.
Nota del Editor: Luego de redactado este artículo, la Justicia Federal ordenó que el Estado diseñe un nuevo plan de saneamiento para el Riachuelo. Según una nota del diario La Nación del 19 de octubre de 2015, “el fallo, dictado por uno de los jueces que siguen la causa, Jorge Rodríguez, indica a la Nación , la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires que establezcan metas claras y medidas concretas que permitan avanzar con la limpieza de la cuenca. ‘El documento que se utiliza es de marzo de 2010 [y] presenta serias deficiencias: los plazos allí fijados se encuentran fenecidos; no cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo y los indicadores [los valores que mide la ACUMAR ] escogidos son en su mayoría de gestión y no de resultado, lo que hace complejo mensurar lo logrado’, sostuvo el juez federal de Morón. En su resolución, el magistrado reconoció el trabajo hecho hasta el momento y sostuvo que puede ser usado como una ‘línea de base exacta’ para trazar las metas a futuro. Rodríguez, además, impuso un plazo de seis meses para que se presente este nuevo plan de limpieza. El fallo coincide con el reclamo que el Cuerpo Colegiado, integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG, presentó ante la Corte Suprema en julio pasado. En aquel pedido de intervención, a siete años de haber sido dictado el fallo que ordenó el saneamiento del río, se denunció el ‘amesetamiento’ del plan y la falencia en varios aspectos, como el control industrial y la atención de la salud de la población afectada por la contaminación”.
Sobre ACUMAR, ver también en café de las ciudades:
Número 124 | Terquedades
Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad de ACUMAR en movimiento (lo duro, lo blando, lo lateral) | Mario L. Tercco
Número 89 | Terquedades
Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad (optimista) del Riachuelo< | Mario L. Tercco
Número 88|Planes de las ciudades (II)
La actualización del Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca Matanza Riachuelo | Hacia la reversión de una deuda ambiental y social |Grisela García Ortiz |
Número 87 | Ambiente y Política de las ciudades
Amanece, que no es poco | La autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y la institucionalidad metropolitana en Buenos Aires | Artemio Pedro Abba
Ver los informes trimestrales anteriores de la serie de Artemio Abba que café de las ciudades publica en relación a los avances y/o retrocesos de la institucionalidad y gestión de la Región Metropolitana de Buenos Aires:
Número 151/152 I Política de las ciudades
Contradicciones entre la política y la gestión I Esquivas entrelíneas metropolitanas de las PASO de la ciudad I Por Artemio Pedro Abba
Número 144/145 I Planes y Política de las ciudades (II)
La problemática del hábitat popular metropolitano I Un submercado fragmentado de acceso al suelo y la vivienda IPor Artemio Pedro Abba
Número 142-143 I Política de las ciudades
Que veinte años no es nada I Autonomía porteña y ciudadanía plena. I Por Artemio Pedro Abba
Número 138-139 I Planes y Política de las ciudades
¿Puede Buenos Aires “crecer de golpe”? I Mirada metropolitana de la demografía de la ciudad central. I Por Artemio Pedro Abba
Número 135-136 I Planes y Política de las ciudades
Nueva estructura territorial del consumo energético metropolitano I Colapsa una vetusta red de distribución que creció sobre la antigua trama barrial I Por Artemio Pedro Abba
Número 130 I Ambiente y Política de las ciudades
La inundación de la Brasilia argentina I Incorporar el riesgo en la Planificación I Por Artemio Pedro Abba
Número 127-128 I Ambiente y Política de las ciudades
Pensar Buenos Aires en clave metropolitana, la invocación de Bergoglio antes de ser Francisco I “Un Estado presente y responsable del desarrollo integral y la dignidad humana” I Por Artemio Pedro Abba
Número 124 I Política y planes de las ciudades
Gestión y geografía institucional metropolitana I Déjà vu transpuesto en la historia de la BAM I Por Artemio Pedro Abba
Número 121 I Política de las ciudades (II)
Luces y sombras de la institucionalidad metropolitana I La Agencia Metropolitana de Transporte y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo I Por Artemio Pedro Abba
Número 118 I Planes y Política de las ciudades
Aristas positivas de un plan todavía ambiguo I Alcanzar estratos medios y medio-bajos hoy sin acceso a la vivienda I Por Artemio Pedro Abba
Número 115 I Política de las ciudades (II)
Urbanicidios cotidianos I Los riesgos antrópicos de la Buenos Aires Metropolitana I Por Artemio Pedro Abba
Número 113 I Política de las ciudades (II)
Metrociudadanía I Un requisito para superar opacidades de la gestión en las grandes ciudades I Por Artemio Pedro Abba
Número 109 | Política de las ciudades
Pulsiones de una primavera productiva y social | Inercias metropolitanas noventistas I Por Artemio Pedro Abba
Número 106 I Política de las ciudades
Un sistema de transporte insuficiente y selectivo I Una ciudad que se disuelve en fragmentos I Por Artemio Pedro Abba
Número 103 I Política de las ciudades (III)
Una sociedad excluyente y una ciudad desbordada I La Agenda Metropolitana y un debate impostergable I Por Artemio Pedro Abba
Número 100 I Política de las ciudades (IV)
Crisis habitacional en la Buenos Aires Metropolitana I El necesario abordaje interjurisdiccional I Por Artemio Pedro Abba
Número 97 I Política de las ciudades
Disolución barrial en la Buenos Aires Metropolitana I La nueva residencialización encapsulada I Por Artemio Pedro Abba
Número 94 I Política de las ciudades
La fascinación por los márgenes de la Buenos Aires Metropolitana I La sobre-rentabilidad de los espacios anómicos de la interfase natural-urbana I Por Artemio Pedro Abba
Número 89 I Política de las ciudades (III)
Aguafuertes metropolitanas I Dos años de observación interjurisdiccional en Buenos Aires I Por Artemio Pedro Abba
Número 85 I Política de las ciudades (II)
Periferias internas en el AMBA I Las cercanas “ciudades ocultas” intrametropolitanas.I Por Artemio Pedro Abba
Número 82 I Política de las ciudades (II)
Elecciones legislativas 2009 en el AMBA I Una lectura en clave metropolitana I Por Artemio Pedro Abba
Número 79 I Política de las ciudades (II)
De códigos genéticos urbanos y débil institucionalidad urbanística en el AMBA I Nueva Costa del Plata y otros anuncios y conflictos metropolitanos I Por Artemio Pedro Abba
Número 76 I Política de las ciudades
Nueva institucionalidad metropolitana de las políticas para el hábitat I Construyendo ciudad o “La Estrategia del Caracol” I Artemio Pedro Abba
Número 73 I Política de las ciudades
Entre Matrix y Bailando por un Sueño I 300 días en la institucionalidad metropolitana I Artemio Pedro Abba
Número 70 I Política de las ciudades (II)
200 días de gestión en la Gran Buenos Aires I Solo fragmentos perdidos de Metrópolis I Por Artemio Pedro Abba
Número 67 I Política de las Ciudades
100 días de (no) institucionalidad metropolitana en Buenos Aires I “Sin lugar para los débiles” I Artemio Pedro Abba
Referencias bibliográficas
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Notas en diarios
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Diario Hoy, La Plata, “De los mil días de María Julia a la desconfianza actual”, 16-11-12.
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Página 12, “Nieblas del Riachuelo”, 26-08-12.
Página 12, “Las pruebas”, 2-09-12.
Quiroga, Pablo José, “Hablando de década, ¿qué pasó con ACUMAR?”, DiarioInédito.com, 29/08/14.
Por Telam, “Riachuelo, el largo camino de la limpieza”, Telam, junio 2015, Informes Especiales.
