A días de haber iniciado su mandato, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez (UCR) envió a la legislatura provincial un proyecto de reforma de la Ley 7722, una normativa que impide el uso de sustancias químicas en la minería y es conocida en la provincia como la “ley guardiana del agua”. La modificación fue sancionada el 20 de diciembre de 2019 y dio de baja el artículo que prohibía el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos mineros metalíferos. Esta reforma generó una reacción social inmediata y masiva. Las promesas de inversiones y los mensajes tranquilizadores que argumentaban que la minería podría ser autorizada bajo altos estándares de control ambiental no lograron convencer a la población mendocina, que se lanzó a las calles para expresar su rechazo a la nueva ley. Asediado por la diversidad y masividad de los reclamos, el gobernador debió dar marcha atrás y derogar la ley a escasos diez días de haber sido sancionada. Fue la confluencia de asambleas por el agua, productores agrícolas, pescadores, docentes, la comisión de reinas nacionales de la vendimia, sindicatos y grupos autoconvocados, entre otros, la que logró hacer retroceder la medida en masivas movilizaciones que superaron las 50.000 personas.
Los conflictos ambientales ponen en el centro de la escena la cuestión de la protección de los bienes comunes y abren un debate sobre la legitimidad de las decisiones que ponen en riesgo los territorios y la supervivencia de la vida humana y no humana. Este conflicto, como ninguno otro antes, mostró que hay mucho que aprender de estas movilizaciones y que los reclamos en defensa del ambiente hacen visibles cuestiones que han sido subalternizadas en el debate público.
En primer lugar, no debemos subestimar las acciones colectivas de los movimientos que reclaman por justicia ambiental. La referencia al “ambientalismo” –a veces despectivamente– entendido como una posición o movimiento unificado desconoce la heterogeneidad de posiciones en torno a la construcción social y política de la cuestión ambiental. Es preciso reconocer que hay múltiples ambientalismos en los que se unen -rara vez todos los aspectos y no siempre en el mismo orden –los reclamos por tierra, la resistencia al centralismo de los gobiernos nacionales, la defensa de bienes comunes como el agua, los derechos indígenas, diversas vertientes del feminismo y el ecofeminismo, la defensa de los territorios, la protección de ecosistemas complejos como las cuencas, las ontologías relacionales que implican otra forma de entender el lazo entre humano y no humano y el derecho a decidir. Cuando anunció la derogación de la ley 9209, el gobernador dijo en referencia a la oposición popular a la megaminería: “evidentemente esa licencia social no existe en Mendoza” y esto es muy relevante, porque legitima un reclamo que desde el año 2003 –el plebiscito de Esquel– está en el centro del repertorio de todos los movimientos socio-ambientales: nadie nos consultó. ¡No dimos licencia social!
En segundo lugar, considero poco productivos aquellos análisis que separan la Política –con mayúsculas– de la subpolítica, entendida esta última como un conjunto de acciones residuales de aquellos que se oponen a los avances del progreso, el desarrollo social o algún otro bien pretendidamente superior. Por supuesto que decir “son lo mismo” (este gobierno y el anterior) es un modo antipolítico de entender los procesos de cambio. Pero, inversamente, considerar que lo que se hace en las calles, en las asambleas de defensa del agua pura, en las radios comunitarias, en los movimientos como Extinction Rebellion, en las movilizaciones de los jóvenes por el clima, los encuentros de pueblos fumigados (pocos saben de la lucha extraordinaria que hay detrás del juicio de Ituzaingó Anexo) los campamentos sanitarios, las cátedras de soberanía alimentaria, las acciones que impulsan leyes como la de humedales, no son procesos de construcción política, es una forma de invisibilizar acciones que son indispensables para la (re)existencia de la vida y la defensa de lo común.
En tercer lugar, suponer que estos colectivos se movilizan porque tienen un sesgo antitecnológico, son irracionales, o han sido manipulados es también una forma restringida de entender la política. En esos grupos hay un juego muy interesante entre múltiples saberes y ello se debe a que tanto los científicos –que también están en las asambleas– como los “no expertos” tienen un papel central en la producción de conocimientos en comunidades de pares. Por más que los promotores de la megaminería quieran mostrar que existen opciones para controlar los impactos, esta discusión no se va a cerrar porque quiénes se movilizan abren nuevos interrogantes que tienen que ver con escenarios de futuro. ¿Quién está considerando a las futuras generaciones? Esa pregunta abarca otras que tienen que ver con la salud y las opciones productivas a largo plazo en los territorios. ¿Quién decide que hay zonas de sacrificio? ¿Para beneficio de quiénes?
En cuarto lugar, la producción de conocimiento en comunidades de pares es un aspecto clave para librar la batalla contra la desinformación que generan no solo los medios de comunicación sino también los gobiernos. Dos ejemplos: cuando se sancionó la modificación de la 7722 un titular del diario El Patagónico se apuró a decir que “Chubut es la única provincia sin habilitar la minería”. Falso. Hay seis provincias (sin contar Mendoza) que tienen prohibiciones o restricciones para la megaminería: Chubut, XVII 68 ex 5001; Córdoba, Ley 9526; La Pampa, Ley 2349; San Luis; IX 0634; Tierra del Fuego, Ley 853, art. 3; Tucumán, Ley7.879. Mención aparte merece la campaña del gobierno provincial de Mendoza que dijo que la minería iba a generar recursos por una cifra cercana al PBI argentino ¿De veras? ¿Puede un gobierno hacer esas proyecciones y seguir teniendo credibilidad? Es el mismo gobernador que dice que no debemos preocuparnos porque la minería será habilitada bajo estrictos controles.
Un capítulo aparte merece la juridificación de los conflictos. Cuando el gobernador dijo que suspendía la reglamentación de la ley –una maniobra para ganar tiempo– fueron los referentes de las asambleas los que salieron a explicar que esa era una medida sin ninguna consecuencia. Y me consta que hubo funcionarios de alto nivel en la cartera ambiental en Mendoza y en Buenos Aires que salieron a consultar porque desconocen cómo funcionan las leyes ambientales o –mejor dicho– ignoran cuáles son los mecanismos elementales para la aplicación de cualquier legislación.
Este conflicto –como ninguno antes– nos abrió una gran oportunidad para debatir acerca de las promesas incumplidas –¿inviables?– del desarrollo basado en el extractivismo y la expansión de las exportaciones primarias. ¿De veras pensamos que vamos a salvarnos con la minería? No sé cómo se sale, pero bienvenida la discusión.
GM
La autora es es socióloga, Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Doctora en Geografía (Universidad París 8) y Magister en Ciencias Sociales del Trabajo – CEA (UBA). Sus investigaciones se concentran en el campo de la sociología ambiental, buscando generar diálogos con otras disciplinas de las ciencias sociales, las ciencias exactas y naturales. Durante los últimos diez años ha realizado investigaciones sobre las problemáticas socio-ambientales en Argentina, particularmente en el análisis de los sistemas institucionales que regulan la disponibilidad, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, en la investigación sobre conflictos ambientales, el estudio sobre los problemas de gobernabilidad del agua y las políticas urbanas de adaptación al cambio climático. Entre sus publicaciones se destacan Cartografías del conflicto ambiental en Argentina (compiladora; Buenos Aires, Editorial CICCUS/CLACSO, 2014 y 2016) y Política, derechos y justicia ambiental. El Conflicto del Riachuelo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2013. Es una de las autoras de La Cuestión Urbana Interrogada. Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina, junto con Mercedes Di Virgilio, Hilda Herzer, y María Carla Rodriguez (café de las ciudades, 2011).
Sobre el tema, ver también La memoria del agua. Megaminería y conflictos ambientales en Mendoza, de la autora y Lucrecia Wagner en Espoiler (revista de la Facultad de Ciencias Sociales UBA) y En defensa del agua en Mendoza, comunicado de organizaciones ambientales en contra de la modificación de la ley 7722 de Mendoza.
