N. de la R.: Debido a su extensión, publicamos esta nota en dos números sucesivos.
Introducción
En Argentina, el déficit en el acceso a la tierra y al techo es un problema estructural que acarrea condiciones de precariedad y hacinamiento para millones de personas. Durante años, se desarrollaron políticas públicas con distintas estrategias y enfoques para abordar esta cuestión. Estas estrategias oscilaron entre los paradigmas de erradicación y urbanización, los cuales desplegaron soluciones focalizadas y transitorias que no lograron resolver el problema de raíz.
Los fragmentados y débiles intentos del Estado en saldar esta deuda histórica se relacionan muchas veces con la falta de voluntad política; no obstante, cuando ella estuvo presente, fue con falta de comprensión y dimensión del fenómeno. La carencia de información oficial sobre barrios populares y la baja participación de la comunidad en los procesos de diseño de políticas públicas tuvieron como consecuencia la elaboración de diagnósticos errados y, en consecuencia, el diseño de políticas ineficaces.
Este fue el marco que fundó la necesidad de sacar los pies de la caja y avanzar en un proceso histórico que se inició en 2016. En ese año, por primera vez en el país, se llevó a cabo el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, una política que logró articular la fuerza de las organizaciones sociales y la voluntad del Estado nacional. Este proyecto desplegó a más de 13.000 relevadores y reveladoras en todo el territorio, con la finalidad de registrar todas las villas y asentamientos existentes. En aquel momento se logró registrar 4.416 barrios populares, donde habitan alrededor de 4 millones de personas, bajo diferentes formas de precariedad, sin seguridad en la tenencia de la tierra y sin acceso a los servicios básicos.
El relevamiento es la muestra de que el pueblo organizado es capaz de desarrollar tareas metodológicas con saber procedimental. El trabajo que desarrollaron, entre la militancia y las organizaciones sociales, fue enorme y titánico, incluyó un mapeo territorial y un censo con alta precisión; todo fue llevado a cabo en tiempo récord.
Tras el relevamiento se dio paso a la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Por primera vez, existía un registro oficial de todos los barrios populares del territorio nacional, con información sociodemográfica y georreferenciada de los barrios y sus viviendas. Con este trabajo se pudo conocer la
la naturaleza, magnitud y gravedad de los problemas existentes en cada barrio.
El siguiente desafío que se debía afrontar implicaba contar con una normativa necesaria para sentar las bases de la política de integración socio urbana. En octubre de 2018 se consiguió la sanción de la Ley 27.453 de Regularización Dominial, conocida como Ley de Barrios Populares.
Todo el trabajo desplegado a nivel nacional permitió elaborar una planificación detallada conocida como “Master plan de integración socio urbana”. Esto abrió paso, a la ejecución de una política pública articulada en 5 pilares de trabajo: integración urbana, acceso a la vivienda, integración social y productiva, acceso al suelo, gobierno abierto y gestión popular.
Todo lo que se ha conseguido desde la creación del RENABAP, con la indispensable participación de los vecinos y vecinas de los barrios populares, posibilitó que hoy en día la política de integración socio urbana cuente con un respaldo amplio y plural que la reconoce como una verdadera política de Estado.
Antecedentes de las políticas urbanas
Superar las paupérrimas condiciones de vida que el capitalismo le ha impuesto a miles de compañeros y compañeras es una tarea fundamental que debe surgir desde las bases. El camino para construir y desarrollar soluciones prioritarias y urgentes debe orientarse por una planificación estatal, partiendo de una agenda que plantee como tema prioritario el acceso a tierra, techo y trabajo, pilares del desarrollo humano integral de todas y todos los habitantes de nuestro país.
En Argentina, el 10% de la población vive en urbanizaciones precarias, sin titularidad de la tierra que habita hace décadas y, lo más preocupante, sin acceso a agua corriente, cloacas o una red eléctrica segura. El derecho a la vivienda está reconocido en el Artículo 14° bis de la Constitución Nacional; sin embargo, el déficit en el acceso a este derecho es uno de los problemas estructurales más acuciantes de nuestro país. La realidad de esta problemática se remonta a principios de la década de 1930. Los factores son multicausales: las migraciones internas por el proceso de industrialización concentrado en las grandes urbes, sumado a la falta de regulación y de políticas de acceso al suelo urbano, combinadas con la pobreza de una gran proporción de la población argentina, generaron que millones de personas vivan en la exclusión.
Cabe destacar que las desigualdades sociales también se reflejan en la forma de ocupación del suelo. en un contexto capitalista donde la tierra es considerada una mercancía, no un derecho, y el mercado se encuentra fragmentado según lo que el demandante pueda pagar (Clichevsky, Prévot Schapira y Schneier, 1990). De esta forma, la ocupación informal de tierras se ha consolidado como la única manera de acceder a un techo que tiene hoy el pueblo pobre. Así opera el laissez faire de la exclusión.
Todo lo que se ha conseguido desde la creación del RENABAP, con la indispensable participación de los vecinos y vecinas de los barrios populares, posibilitó que hoy en día la política de integración socio urbana cuente con un respaldo amplio y plural que la reconoce como una verdadera política de Estado.
A través de un breve recorrido histórico, se pueden identificar tres etapas en la ejecución de políticas de urbanización en nuestro país. Una primera etapa nuclea las políticas desarrolladas durante los dos primeros gobiernos peronistas, estas se enfocaron en el loteo popular y la construcción masiva de viviendas. Una segunda etapa se abre con el período de sucesivas dictaduras, entre 1955 y 1983, con el primado de un enfoque de segregación y expulsión de los habitantes de villas y asentamientos hacia zonas periféricas sin acceso a servicios básicos. La tercera etapa está marcada por el nuevo paradigma mundial de radicación y urbanización.
En Argentina, hoy se podría hablar de una cuarta etapa de abordaje de la problemática, signada por la introducción del enfoque de integración socio urbana, entendida como un abordaje integral que busca instalarse como política de Estado planificada a mediano y largo plazo. Esto no solo implica generar las condiciones físicas para un acceso igualitario a la ciudad y a los beneficios urbanos sino que supone incorporar la dimensión jurídica –que no se agota en el reconocimiento del derecho de propiedad como plantea la tesis de De Soto (1986) – así como el reordenamiento territorial, la construcción de infraestructura y equipamiento comunitario, la participación ciudadana en los procesos, el fortalecimiento comunitario y la generación de oportunidades de empleo y capacitación (Guevara, Marigo, 2018).
La integración urbana es una idea difundida por los Curas Villeros, un equipo de sacerdotes que acerca la acción pastoral de la iglesia al pueblo que vive en las villas. Desde su experiencia, elaboraron un documento titulado “Reflexiones en torno a la urbanización y el respeto de la cultura villera”, que acuña el concepto de integración urbana y en el que plantean que esta tiene como desafío primordial garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de quienes la habitan a partir de la cultura del encuentro, es decir, respetando el valor de la identidad y cultura del pueblo, reconociendo sus saberes, sin caer en respuestas basadas solamente en conocimientos técnicos que ignoran la realidad de los barrios (Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007).
Este paradigma busca discutir la visión colonizadora de la ciudad formal hacia la ciudad informal, planteando que el barrio ya está urbanizado y posee dinámicas sociales particulares que deben ser integradas. Por tanto, el problema a resolver debe centrarse en las mejoras de la calidad de vida, orientando la acción a solucionar el déficit de infraestructura y equipamiento comunitario.
El trabajo articulado de vecinos y vecinas, militantes y organizaciones sociales, ha propiciado espacios de intercambio en los cuales se planteó que la situación requería una planificación con desarrollo humano integral para resolver los tres grandes problemas que se venían extendiendo hace años: el acceso a tierra, al techo y al trabajo para los sectores más vulnerables del país.
Desde sus inicios, la política de integración urbana no se limitó a una discusión política ni teórica, sino que se propuso avanzar en la identificación precisa del estado-situación, dimensionando el problema de la informalidad socio urbana. Al consultar información oficial, se presentaron las primeras paradojas: en un país con un flujo constante de datos, no había fuentes de información oficiales a las cuales acudir, ni información sistematizada de cuántos asentamientos, barrios o villas existían en nuestro país. Este déficit daba una de las primeras directrices sobre cómo avanzar. El puntapié inicial implicaba elaborar un diagnóstico confiable y actualizado que permitiera conocer estos barrios en su extensión y características, con los aspectos críticos y potencialidades. A la vez, se trabajaba en el reconocimiento de las redes comunitarias. El fundamento fue reivindicar el derecho a que los sectores más pobres, que han venido autogestionado sus viviendas desde la precariedad y el abandono estatal, puedan ser reconocidos como parte de la Ciudad. El primer paso fue lograr que esa mancha gris de los mapas sea visibilizada, en reconocimiento de las prácticas barriales, la identidad y cultura de los barrios populares, para desde ahí aportar a la consolidación de esa vida comunitaria, desde el abordaje provisto por el enfoque de integración social y urbana.
Primera etapa: El Relevamiento Nacional de Barrios Populares
La inexistencia de datos oficiales, entonces, dejó en evidencia que la situación de informalidad era extrapolable a los registros públicos. Al no contar con datos confiables y actualizados, no se podía dimensionar la magnitud del problema. El primer objetivo del relevamiento fue identificar todos los barrios populares del país, demarcar y georreferenciar polígonos y registrar las condiciones sociodemográficas de sus habitantes. Inicialmente, se identificaron los barrios populares, como paso intermedio se generó cartografía de cada uno con delimitación de manzanas y terrenos, lo que luego permitió avanzar en un relevamiento de viviendas familiares.
A través de la labor conjunta de vecinos y vecinas de los barrios populares y organizaciones sociales como la CTEP, la CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina, se comenzó a trabajar en el relevamiento a nivel nacional.
El barrio ya está urbanizado y posee dinámicas sociales particulares que deben ser integradas. Por tanto, el problema a resolver debe centrarse en las mejoras de la calidad de vida, orientando la acción a solucionar el déficit de infraestructura y equipamiento comunitario.
La estrategia de trabajo tuvo como componente innovador la incorporación de tecnologías en el proceso de elaboración, monitoreo y procesamiento de información. Se logró implementar el desarrollo de una aplicación de teléfono con un sistema de información georreferenciada que suministró con precisión la localización de cada encuesta realizada. Estas técnicas permitían agilizar el proceso de relevamiento, acortando plazos y arrojando datos verificables, mientras que relevadores y relevadoras contaban con la facilidad de completar los formularios desde su celular. Ya no tendríamos que acumular cientos de encuestas en papel para hacerlas dormir en los escritorios. Además, la tecnología permitía localizar cada formulario, esto nos daba la posibilidad de corroborar que la documentación cargada correspondiera exactamente a la ubicación que informaba la aplicación que tiene el Sistema de Información Geográfica, permitiéndonos validar cada encuesta contestada. La incorporación del control de calidad es un punto clave y remarca la rigurosidad del estándar que se manejó. Se buscaba evitar el ingreso de datos erróneos, en pos de asegurar que la recolección de información sea confiable y de calidad.
Crear el primer mapa de barrios populares
Si bien el relevamiento fue histórico, retomó experiencias previas. La organización Techo contaba con un trabajo de relevamiento de asentamientos informales en varias ciudades del país. Este precedente sirvió para trabajar con la metodología que venían desarrollando y había sido puesta a prueba en los relevamientos anteriores. También fueron parte del equipo central de planificación y ejecución del relevamiento, un eslabón indispensable para el éxito del proyecto.
El proceso de relevamiento requería que se estableciera una definición de aquello que se iba a relevar; se determinó que barrios populares se utilizaría para referir lo que se conocía comúnmente como villas, asentamientos y urbanizaciones informales. La definición de barrio popular incorporada, que utilizó los criterios metodológicos establecidos por la ONG TECHO Argentina), consta de dos dimensiones. La conceptual, que establece que los barrios populares son aquellos que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular sobre la tenencia del suelo. La operativa, que determinó que estos barrios debían contar con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
El primer paso fue la recopilación de datos de gobiernos locales. A través de los Municipios, se solicitó información oficial georreferenciada de villas y asentamientos emplazados en su jurisdicción. Al mismo tiempo, se conformaron equipos territoriales para recorrer toda la superficie a relevar. Su misión era identificar los barrios populares, mediante la verificación en terreno de los criterios detallados en la definición de barrio popular. Cuando se encontraba un potencial barrio popular se realizaban entrevistas con referentes y referentas barriales para validar la información. Estos vecinos y vecinas, junto con el equipo del Relevamiento, completaron los formularios con información del barrio, mapas y contactos.
De forma inédita, por la velocidad y los actores involucrados, en tres meses se relevaron todas las ciudades del territorio nacional de más de 10.000 habitantes. Esto constituyó un hecho sin precedentes.
Cartografía al interior de los Barrios Populares
Mapeados los barrios, era necesario avanzar en un relevamiento de viviendas familiares. Para ello, fue indispensable contar con cartografía que facilitara el recorrido en cada barrio, manzana, terreno, permitiendo asociar cada encuesta a un terreno. El hecho de que los barrios populares no estuviesen subdivididos catastralmente en base a su composición real hizo que RENABAP tuviera que desarrollar cartografía propia.
Cartografiar implicaba reconstruir digitalmente los polígonos de los barrios, las manzanas y los terrenos que existían en cada uno de ellos. Con ese fin se utilizó un sistema de información geográfica con imágenes satelitales de alta definición suministradas por el Instituto Geográfico Argentino y Google Earth. A cada barrio se le adjudicó un ID y a cada manzana un número con una numeración por terreno.
El mapeo se realizó con software libre y participaron 58 jóvenes, todos ellos y ellas habitantes de villas y asentamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinados por un equipo de profesionales de ciencias geográficas que, en conjunto, lograron registrar un total de 877.255 terrenos en 8 meses. Sistematizar y numerar el territorio fue indispensable para avanzar en la realización del relevamiento de familias.
Relevamiento de viviendas familiares
La última etapa del proceso de constitución del RENABAP consistió en el relevamiento de viviendas familiares, la tarea más compleja, ya que implicaba la visita puerta a puerta, con un despliegue territorial inédito. Todas las organizaciones mencionadas contaban con presencia y trabajo territorial previo, conocían perfectamente el entramado urbano, las dinámicas sociales, así como el impacto de las necesidades y las consecuencias de la segregación social. Este saber resultó primordial para la tarea de rastrillaje que implicó recorrer físicamente todas las zonas. El mismo fue realizado a través del uso de una aplicación y la capacitación, mediante la coordinación central, que guió el trabajo de aproximadamente 13.000 compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, desplegados en todo el país, de manera masiva y simultánea. A través de este despliegue, junto al gobierno nacional y las organizaciones sociales se realizaron un total de 1.009.269 encuestas.
Tal como se mencionaba anteriormente y quedó en evidencia en el recorrido histórico del RENABAP, la organización colectiva marcó la diferencia y posibilitó el éxito del rastrillaje. Se demostró que era imprescindible articular el trabajo técnico con el saber y apoyo territorial de quienes habitan y trabajan en los barrios, bajo la certeza de que el proyecto de integración socio urbana debe partir del protagonismo de las y los habitantes como agentes de su transformación.
Diagnóstico urbano
Institucionalizado el RENABAP, se avanzó con el desarrollo de los diagnósticos urbanos (DU), estos permitieron profundizar la caracterización de cada barrio en función de sus componentes, posibilitando determinar y analizar los condicionantes, debilidades y potencialidades de los barrios. La principal fuente de información, nuevamente, fueron las y los referentes barriales, a quienes se seleccionó en base a su reconocimiento y trayectoria dentro del barrio. A través de entrevistas, los diagnósticos urbanos permitieron conocer datos específicos por zona, relativos al acceso a los servicios básicos, infraestructura urbana, equipamiento urbano, emplazamientos de riesgo, desalojos (públicos y privados), regularización dominial, obras y proyectos en el barrio, seguimiento de expansión de polígonos, espacios urbanizables, entre otros aspectos. Esto permitió registrar, por ejemplo, cuestiones referidas a la pavimentación de calles, la presencia o ausencia de espacios verdes, la proximidad de servicios de salud y educación.
Hoy día, los Diagnósticos Urbanos (DU) son una herramienta fundamental que registra el grado de integración socio-urbana de los barrios populares. Además, permiten georreferenciar la situación, obteniendo un mapeo integral del hábitat en el que se desenvuelven las familias de los barrios populares.
Segunda etapa: el impulso normativo. RENABAP
El plan de trabajo contenía una segunda etapa, lograr normativas adecuadas para sentar las bases jurídicas y lograr la integración socio urbana de los barrios populares, garantizando, en simultáneo, la seguridad en la tenencia de las tierras donde están emplazados. El objetivo de esta etapa intermedia estuvo centrado en conseguir una normativa que permitiera la expropiación de la totalidad de los barrios populares y la creación de un instituto que tuviera la propiedad fiduciaria de los terrenos relevados.
La primera herramienta normativa se obtuvo en mayo de 2017 con la publicación del Decreto 358/17, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) cuya base de datos inicial fue el mencionado relevamiento realizado los meses anteriores por las organizaciones sociales. Así, se oficializaron los 4.416 barrios relevados y se incorporó la definición de barrio popular.
El RENABAP fue creado con la función principal de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016” (Art. 46° del Decreto 358/17).
La norma creó el Certificado de Vivienda Familiar (CVF), una herramienta legal que brinda seguridad en la tenencia a quienes habitan los barrios. Este certifica la posesión de la vivienda, registra su ubicación y detalla quiénes viven en ella. Este recurso es fundamental para garantizar el acceso de millones de vecinos y vecinas a derechos básicos como prestaciones sociales o la conexión formal a servicios públicos.
En esta segunda etapa, se trabajó bajo la certeza de que para avanzar en la integración socio urbana era necesario establecer marcos normativos que permitieran legitimar las demandas y ejecutar soluciones efectivas. Nuestro horizonte siempre apuntó a establecer la expropiación masiva de todos los barrios populares. Es por eso que el Decreto fue el puntapié inicial para avanzar hacia ese objetivo.
Ley 27453 “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana
En todo este proceso, la organización y articulación de vecinos y vecinas, referentes, referentas y militantes de los barrios a nivel nacional, se fortaleció en términos de cohesión y organización de sus demandas, lo que resultó en la conformación de la Mesa Nacional de Barrios Populares, un hito organizativo para la integración socio urbana. La creación de este espacio fue fundamental para la canalización de las demandas de vecinos y vecinas de los barrios hacia instancias formales, como el Congreso Nacional, que suelen ser espacios excluyentes, privativos de sectores políticos y profesionales en donde predominan prácticas y enfoques tecnocráticos. A través de la Mesa, se logró posicionar las demandas de vecinas y vecinos, quienes en igualdad de condiciones y desde su saber y experiencia, se volvieron protagonistas de la formulación del proyecto que culminó con la sanción de la Ley 27.453. La aprobación unánime de esta Ley en 2018 fue una conquista de los movimientos sociales y el pueblo organizado.
La Ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los inmuebles en los que se asientan los barrios relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Define a la integración socio urbana de manera amplia como:
El conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad (Art. 1°).
Entre sus medidas más relevantes encontramos la suspensión de los desalojos y la declaración de interés público al régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el RENABAP. La Ley también estableció que al menos el 25% de la obra pública en barrios populares debe ser ejecutada por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular. Por otro lado, creó el Programa de Integración Socio Urbana (PISU) para determinar el plan de desarrollo integral necesario para cumplir con la integración social y urbana de los barrios populares.
Tercera etapa: el desafío de planificar y desarrollar la política de integración socio urbana
En la medida que el esfuerzo colectivo permitió avanzar en las primeras etapas de diagnóstico y marco normativo, faltaba concretar el último paso que consistía en convertir el PISU en una política de Estado. Si bien el trabajo constante de vecinos, vecinas y organizaciones sociales abrió el camino, la falta de inversión presupuestaria por parte del gobierno anterior produjo que no hubiera un real impacto, ya que no se ejecutaron proyectos de infraestructura y equipamiento en espacios públicos en gran escala.
En el primer año de gestión de Cambiemos al mando de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuyo objetivo se enmarca en financiar la totalidad de las obras que resulten necesarias para implementar la política de integración socio urbana. También se trabajó en la negociación de un préstamo internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, para comenzar efectivamente con el proceso de integración a gran escala se requería de la fuerte voluntad y una asignación presupuestaria acorde al enorme desafío de urbanizar más de 4.000 barrios populares, cuestión que no pudo concretarse.
Con este escenario y fieles a las convicciones militantes, la Mesa Nacional de Barrios Populares continuó con la elaboración de propuestas para brindar soluciones efectivas a los sectores más postergados. Trabajaron junto con los vecinos y vecinas de los barrios populares para diseñar y diversificar estrategias para hacer del hábitat un lugar adecuado para vivir. De este trabajo constante surgió el Plan Maestro de Integración Socio Urbana, a finales de 2019. Consistía en una propuesta de la Mesa, una política universal que desarrolló aspectos fundamentales orientados a garantizar el acceso a los servicios básicos, la seguridad en la tenencia y la infraestructura para mejorar las condiciones de los barrios.
Esta experiencia marca la diferencia con lo que el tecnicismo no logra interpretar de las complejas dinámicas del entramado social de los barrios populares. En este camino de trabajo activo para plantear soluciones, el Plan Maestro de Integración Socio Urbana fue incorporado al Programa de Buen Gobierno –PBG–, publicado por el Frente Patria Grande a fines del 2019. El PBG es un instrumento que sistematizó propuestas de gobierno desde la consigna de las 3T: Tierra, Techo y Trabajo con eje en la planificación territorial, representación de la síntesis de las políticas de los movimientos populares, que día a día trabajan organizados en superar la exclusión y mejorar sus condiciones de vida. Las intervenciones se planificaron a mediano y largo plazo, abordando cuestiones fundamentales en la ejecución de la política, centradas en un nivel práctico y operativo que, si bien tomó aspectos y antecedentes de la teoría, intentó alejarse del abordaje hiper teórico de la problemática, desarrollando planes de trabajo detallados que instrumentan los objetivos para que finalmente se conviertan en acciones del Estado.
El Plan Maestro de Integración Socio Urbana se incluyó en el eje de Techo y estuvo enfocado en planificar la construcción de la infraestructura necesaria para que todas las familias puedan acceder a los servicios básicos, mejorar sus viviendas, tener mayor seguridad en la posesión de sus hogares, equipamiento comunitario, incorporando la participación de trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
En tal sentido, el diagnóstico urbano generado desde el relevamiento permitió dimensionar la problemática y el Plan Maestro proporcionar soluciones y las líneas de acción en el quehacer estatal. Las sólidas bases del Registro generaron evidencia clave para diseñar, adecuadamente, una política estratégica y de largo aliento, que contempla un horizonte de realización de 12 años.
Este plan tiene como objetivo principal lograr la integración de todos los barrios populares del RENABAP. La estrategia se articula en 5 ejes principales:
- Integración urbana: contempla obras generales de infraestructura, acceso a servicios y mejoramientos del espacio público y socio comunitario.
- Vivienda: pilar que incluye el mejoramiento de vivienda y la construcción de viviendas para relocalización (en casos de necesidad extrema), así como conexiones intradomiciliarias.
- Acceso al suelo: creación de nuevo suelo urbano a través de la generación de lotes con servicios; acciones orientadas a garantizar la seguridad en la tenencia y relevamiento permanente de los barrios populares.
- Integración social y productiva: acciones destinadas a garantizar acceso a la salud, educación, cultura, deporte, otros derechos sociales y seguridad alimentaria.
- Gobierno, participación y gestión popular: acceso a la justicia; articulación con gobiernos locales; dispositivos normativos e institucionales para la ejecución del plan a través de la participación y seguimiento de las y los vecinos en cogestión con el Estado.
Planificar la construcción de la infraestructura necesaria para que todas las familias puedan acceder a los servicios básicos, mejorar sus viviendas, tener mayor seguridad en la posesión de sus hogares, equipamiento comunitario, incorporando la participación de trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
El presupuesto para la ejecución del plan demanda una inversión de 27.174 millones de dólares. Todos los ejes descritos cuentan con una proyección de las intervenciones que deberían implementarse, junto a las acciones a seguir. Si bien el universo de los barrios presenta un panorama diverso y particular, se consideraron intervenciones para cada situación. Se clasificó a través de tipologías que determinan cómo trabajar en la integración de los territorios específicos, se tomaron como referencia aspectos que van desde la antigüedad del barrio hasta el riesgo ambiental al que se encuentra expuesto.
Lo que parecía un proceso imposible de abordar logró incorporar, incluso como elemento constitutivo del programa, a la economía popular en la ejecución de proyectos, reconociendo su valor productivo y, en consecuencia, favoreciendo el desarrollo económico local. El involucramiento de los y las habitantes de los barrios populares en las obras propicia la cercanía, el compromiso, el resguardo y la eficiencia de la administración de los recursos. El plan proyectó que en el transcurso de los 12 años estimados para su implementación se podrían crear 601.327 puestos de trabajo, beneficiando a los compañeros y compañeras de los barrios.
Con el fin de plantear políticas renovadas, con base en la participación popular, se dejó establecido, en los lineamientos estratégicos, el desafío de desarrollar mecanismos de cogestión de modo transversal, promoviendo la participación vecinal y de las organizaciones de la comunidad.
FGM
(continúa en nuestro próximo número)
La autora es contadora (UBA) y abogada (Siglo 21). Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Buenos Aires, Argentina.
Sobre la Ley 27.453 hemos publicado las notas Asentamientos populares, entre la regularización y la nada, de María Cristina Cravino, Un paso necesario hacia una sociedad más integrada, de Fabio Quetglas, La reglamentación de la ley de barrios populares, de Marcelo Corti, y Esperanzas y cuentas pendientes de la integración socio-urbana de los barrios populares, de Santiago Chudnovsky. Ver también la nota La regularización de asentamientos y villas, de Marcelo Corti en El Estadista.
Sobre el financiamiento del programa, ver Subsidiar energía o urbanizar barrios populares. ¿Es posible este debate en Argentina?, por Marcelo Corti, y ¿Cómo financiar a escala la integración socio urbana de barrios populares? Hacia una solución sistémica para una verdadera política de Estado, por Sebastián Welisiejko.
Una experiencia concreta: Que el mundo que queremos llegue antes. Nuevo Alberdi: historia, aprendizajes y desafíos de la urbanización más grande de Argentina, por Alejandro Gelfuso y Caren Tepp.
Los curas villeros son un equipo de sacerdotes para la pastoral en las villas de CABA y GBA. Llevan más de 50 años trabajando desde los valores evangélicos en la cultura del encuentro. El Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires fue fundado en 1969, buscando una mayor inserción en el pueblo pobre trabajador. Con el ejemplo del cura Carlos Mugica, se involucraron con los reclamos por la situación de vida en las villas y resistieron, junto a los vecinos y vecinas, los intentos de desalojos de la última dictadura y de la década de los ‘90.
A través del Decreto 819/19 se creó el FISU y se lo facultó a mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el RENABAP con el objeto de afectarlos al régimen de regularización dominial, conforme lo definido en la Ley 27.453. Desde el 2020, hasta la actualidad, cuenta con dos fuentes de financiamiento con afectación específica al FISU: el 9% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia a las grandes fortunas.
Bibliografía
Abramovich, V. y Courtis, C. (1997). Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales: en la aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. En: Abramovich, V.; Bovino, A.; Courtis, C. (Eds.) La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. (pp 283-351). Buenos Aires: Editores del Puerto
Clichevsky,N.; Prévôt Schapira, M.F.; y Schneier, G. (1990) Loteos populares, sector inmobiliario y gestión local en Buenos Aires. Buenos Aires: CEUR.
Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11 de junio de 2007) Reflexiones en torno a la urbanización y el respeto a la cultura villera. Curas Villeros.
De Soto, H. (1986). El otro sendero. La revolución informal. Lima: El Barranco.
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Guevara, T.; Marigo, P. (2018). Integración urbana y políticas públicas. El caso del Registro Nacional de Barrios Populares: Decreto n°358/2017. Oculum ensaios 15(3), 455-473.
Grabois, J. (2022). Los peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos de un humanismo cascoteado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sudamericana.
Secretaría de Integración Socio Urbana (2021) Informe de Gestión 2021. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Secretaría de Integración Socio Urbana (2022) Informe de Gestión 2022. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Mesa Nacional de Barrios Populares (2019) Plan Nacional de Integración Socio Urbana.
RENABAP; TECHO Argentina (2022). Factores de riesgo en barrios populares del Gran Buenos Aires. Según diagnósticos urbanos. SISU – Ministerio de Desarrollo Social de Argentina
Legislación
Ley 27.453/2018 y sus modificatorias
