I. El presente como historia. La lectura actual de un pasado incierto.
Copa del Mundo de Futbol. El patriotismo lleva al paroxismo… ¿hasta de morir por el gol? No, se muere por la patria, por la selección nacional, por el clamor de millones de gentes que quedarán exaltados y felices o llorosos y sin esperanza según haya terminado el partido. Los españoles se exaltan como los más con “La Roja”. Pero no todos. En Catalunya y en el País Vasco, La Roja deja indiferente a muchos; no a todos, a catalanes y vascos. Aunque no se sea independentista, como el autor de este artículo. O como el que fue ministro de Cultura, que incluye el Deporte, que en los años ´90 me confesó que ante un encuentro de futbol o de otro deporte no siente ninguna emoción si se gana o se pierde. Era catalán, nada nacionalista catalán. Un síntoma. O si prefieren, un indicador más propio del tema es el sistema de partidos. Los partidos estatales han sido hegemónicos en toda España… menos en Catalunya y el País Vasco. Dominan los partidos nacionalistas y luego el conjunto de las izquierdas. Y el Partido Popular (PP) va detrás. Ciudadanos (C’s), partido nacido hace una década, nunca ha gobernado y no cuenta en el País Vasco. En Catalunya recoge a la gran mayoría de los contrarios al independentismo, pero ni los nacionalistas ni las izquierdas aceptan ningún acuerdo con C’s. Por izquierdas, para simplificar, entendemos el bloque que incluye Podemos, los herederos del PSUC/eurocomunistas y los activistas sociales como la alcaldesa de Barcelona, los socialistas (pero muy dependientes del PSOE) y una parte de los nacionalistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tiene un pie con el nacionalismo de centro derecha y otro pie con las izquierdas. Por cierto, todos ellos, nacionalistas y las izquierdas, votaron la elección del líder socialista del PSOE, Pedro Sánchez.
Creo que muchos vascos y catalanes, una mayoría seguramente, aceptan como ciudadanos serlo dentro del Estado español y también de la Unión Europea. Pero la relación sentimental está arraigada en ser reconocidos como pueblo (“demos”) en el que se identifican con su historia y su lengua, les parece natural tener un alto nivel de autogobierno, están orgullosos de su iniciativa económica y de su tejido social o asociativo, quieren que se les reconozca con su identidad como catalanes o vascos. Hay bastantes voces, incluido el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, que han declarado repetidamente que en España hay “plurinacionalidad”. Y lo reconoce la Constitución. Pero la “clase política y burocrática” concentrada en la capital tiene su fortaleza en Madrid (los madrileños no tienen ninguna culpa), protegidos por las Fuerzas Armadas, la Judicatura y su complicidad con los grandes grupos económicos. Nos encontramos con una democracia formal y un poder oligárquico real.
No es necesario recordar la ocupación francesa de 1714 y la instauración de la Monarquía borbónica y centralizadora. Ni los agravios sociales y económicos por los gobiernos, a pesar de lo cual Catalunya se desarrolló como sociedad urbana e industrial y se denominó “motor de España”. Las represiones políticas, sociales y culturales, con frecuencia violentas y que sufrieron las clases trabajadoras pero también, en menor grado, el catalanismo popular y de las clases medias. Hay mucha de verdad, pero también de exageración y de fantasía. Pero veamos el pasado real, que está muy presente. La dictadura franquista reprimió las libertades políticas y los derechos sociales pero también a los pueblos de España considerados como nacionalidades: Catalunya, País Vasco y Galicia. Se anularon los estatutos de autonomía que aprobó la República en los años ´30 y se reprimieron la lengua, la cultura y cualquier atisbo de autonomía. El retorno a la democracia fue la muerte del franquismo y la multiplicación de la movilización social y también de las nacionalidades. El Estado era fuerte por la vía represora pero no era viable; sin embargo, la oposición política y social no pudo imponer una república democrática como ocurrió en Europa al terminar la segunda guerra mundial en 1945, como ocurrió en Francia, Italia y Alemania. Hubo un pacto hacia un proceso democratizador pero con una monarquía impuesta por la dictadura, los aparatos del Estado (Fuerzas Armadas, Judicatura, las castas del funcionariado centralista) y el bloque político-económico de las grandes empresas públicas y privadas y la gran mayoría de los medios de comunicación. Pero en cambio se legalizaron los partidos, se convocaron elecciones y se reconocieron las nacionalidades, a lo que se añadió una descentralización al conjunto de las regiones. Los estatutos de autonomía de Catalunya y el País Vasco, por su especificidad y por el reconocimiento constitucional de “nacionalidad”, correspondieron a un status diferenciado (no privilegiado). De facto se unificaron nacionalidades y regiones. Pero, sobre todo, se impuso la perversión de la Constitución por los gobiernos centrales, principalmente el PP pero también en menor grado el PSOE. La evolución legal y jurídica, el abuso de las leyes “básicas”, la prepotencia del gobierno central, de los altos cuerpos administrativos, de los poderes fácticos y los aparatos de los partidos estatales redujeron los contenidos democratizadores y descentralizadores.
El caso de Catalunya es especial, negativamente. El País Vasco también tuvo ETA, la vía imposible de la violencia en la reciente democracia. Ni la mayoría vasquista asumía el terrorismo y menos aún con una ideología ultra radical caricatura del marxismo-leninismo. Tuvo apoyo social pero minoritario. El PNV (Partido Nacionalista Vasco) ha sido hegemónico, de centro derecha y democrático. Recuperó el privilegio de disponer del Concierto económico que le permite recaudar todos los impuestos y aportar una parte que remite al Estado central. Mientras tanto la independencia estaba en el horizonte. Catalunya, dependiente del financiamiento, optó por un mayor autogobierno para recuperar las competencias y los consiguientes recursos. Pero su autogobierno y su capacidad de acción se iban reduciendo, incluidos temas tan sensibles como la lengua y la enseñanza. Se elaboró un proyecto de Estatuto aprobado por el 90% del Parlamento catalán. Las Cortes españolas lo recortaron, a pesar de que estaba en los límites constitucionales según como se interpreten. Fue recibido mal en Catalunya pero se aprobó en referéndum (2006). EL PP hizo campaña “contra Catalunya”, se hizo cargo del gobierno central y modificó la composición del Tribunal Constitucional (TC). La sentencia (2010) fue interpretativa, es decir “política”, aprobada por 6 miembros del TC y 4 en contra. Se suprimieron incluso partes del preámbulo que no posee carácter normativo y se eliminaron literalmente competencias que habían sido aprobadas en otros estatutos, como los de Andalucía y del País Valenciano. Indignación, humillación, injusticia. Fue la chispa que incendió la pradera. Y se inició un proceso con destino incierto para todos.
La reacción fue inmediata. Primero espontáneamente a las semanas siguientes en 2010. Luego se crearon o se reactivaron organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Y gran parte del “municipalismo” y los gobiernos locales, junto al rechazo de los partidos catalanistas -tanto los de centro derecha como los de las izquierdas, incluidos los socialistas (aunque tímidamente por la presión del PSOE). Todos contra el TC y el Gobierno del PP. Y se exigió una consulta o referéndum para que la ciudadanía expresara que futuro desean. La primera gran manifestación del 11 de setiembre (Fiesta nacional catalana) de 2012 en Barcelona reunió a más de un millón de personas (en un país de 7 millones, de los cuales un millón son recientes inmigrantes de otros países no europeos). La movilización fue ciudadana, no promovida ni por las instituciones ni por los partidos políticos, aunque la apoyaron. Esta movilización se ha repetido cada año el 11 de setiembre y siempre ha superado más de un millón de personas venidas de toda Catalunya. A lo que se añadieron otras convocatorias, centrales y descentralizadas. Se destacó la “consulta no legal” promovida por las organizaciones nacionalistas de centro y de izquierdas y el municipalismo en 2014 como una demostración de fuerza, lo que podíamos denominar “un movimiento expresivo”. El objetivo era exigir un referéndum que incluyera la posibilidad de la independencia. Votaron 2.300.000 personas, a pesar de las amenazas políticas y jurídicas y la campaña mediática del gobierno español, y el 90% votó por el referéndum. El gobierno catalán, la Generalitat, apoyó la consulta.
Entre 2012 y 2014 el objetivo “referéndum” fue superado desde la ciudadanía movilizada por “la independencia”. Y a partir de este momento se desarrollaron dos procesos paralelos y conectados de 2014 a 2017. Por un lado las organizaciones nacionalistas de amplio espectro promovieron las movilizaciones, con mucha participación de izquierdas sociales y culturales y que culminarían en un referéndum destinado a legitimar la independencia. Y por otra la Generalitat para fijar la ruta política y jurídica, que incluía elaborar dos leyes catalanas, una para “legalizar” el referéndum y otra para regular la transición a la independencia que proclamaría mediante una declaración unilateral “la república catalana”. A sabiendas que el Gobierno del PP (con el apoyo de C’s y PSOE) y el TC se opondrían y difícilmente entrarían en cualquier tipo de diálogo y menos aún en un pacto. El 1° de octubre de 2107, si no se planteaba una tregua el choque de trenes parecía inevitable. Se terminó el primer ciclo: la reacción ciudadana ante el escaso reconocimiento a Catalunya por parte de los aparatos del Estado y más concretamente el sentimiento de humillación y menosprecio del Tribunal Constitucional (TC) y el Gobierno del PP. La movilización social a partir de 2012 fue creciente y culminó en 2014 con la consulta alegal. Y el gobierno catalán y los partidos independentistas (indepes) de centro y una parte de las izquierdas asumieron la dirección de la ruta: el independentismo que debía culminar en el 2017. Fuera lo que fuese empezaba un nuevo ciclo.
II. El fracaso de la política y la aberrante judicialización
Se constató así que había llegado el momento de la política. Pero los actores políticos hicieron todo lo necesario para que no fuera así. El conflicto inter-institucional se debe resolver mediante diálogos y pacto y por elecciones y si es posible cambiando los actores. En 2014 la casi mitad de la población catalana expresó su aspiración a la independencia y la otra mitad se dividió entre los no-independentistas sin más y los que consideran que se puede hacer la consulta, sea vinculante o no. Una consulta o referéndum tiene el apoyo de entre 70 y 80% de la ciudadanía catalana y todos los indicios es que no ganaría la independencia. La muy discutible sentencia del TC, más bien aberrante, interpretativa, prejuiciosa y provocadora fue aplaudida por el gobierno español, el PP, Ciudadanos (C’s) e incluso el PSOE (con Felipe González al frente pero no el socialismo catalán). Era muy previsible la enorme reacción catalana, fueran indepes o no. La fechoría del TC se hubiera podido modificar pues, según la Constitución, en última instancia es el referéndum catalán quien aprueba o no el Estatuto. Se podría haber dialogado respecto a un nuevo referéndum y crear una comisión bilateral para tratar los posibles agravios dentro del marco constitucional, y se hubiera creado un ámbito que facilitara el pactismo. Pudo garantizar las competencias propias y exclusivas en la lengua, la cultura y la enseñanza, que corresponden a la “nacionalidad” catalana según la Constitución pero que son vulneradas o recortadas por el gobierno PP. O crear una comisión bilateral sobre los supuestos perjuicios económicos tanto en la aportación fiscal de Catalunya como las inversiones del Estado, o proponer leyes aplicables a Catalunya que anulen o modifiquen los recortes que perpetró el Tribunal Constitucional, etc. Hizo todo lo contrario; se negó a cualquier diálogo con el gobierno catalán y amenazó con todo el peso de la ley penal cualquier intento de forzar un referéndum o una declaración unilateral de independencia. Y desde el inicio de la movilización catalanista (2012) se promovieron campañas “anticatalanas” por parte del PP, con Rajoy al frente y también los Ciudadanos y una gran parte del PSOE. Hubo boicot a sus productos, rechazo a todo lo que viniera de Catalunya, se acusó a los catalanes de insolidarios. En cambio en los años ´70, aún con la dictadura, y en los años siguientes de la transición a la democracia, los catalanes éramos recibidos con interés y entusiasmo (personalmente lo verifiqué). Aunque no fue unánime sí que amplios sectores de la sociedad española se sintieron ofendidas por el separatismo y sin conocer las razones de reacción emocional catalanas. El clima “anticatalán”, artificioso pero arraigado, contribuía al crecimiento del independentismo.
El gobierno español transfirió el tema a la Judicatura, la Audiencia Nacional (heredera del Tribunal de Orden Público, el aparato represor) y el Tribunal Supremo y el TC, que considera como delitos la consulta festiva y tranquila del 9 de noviembre de 2014. Y a todas las iniciativas catalanas posteriores que implicaran acciones para promover el referéndum o al proceso político-jurídico de declaración u de independencia se les aplicaría el Derecho Penal. Como dijo el presidente del Tribunal Supremo a Rajoy (jefe del gobierno y del PP) “lo que no hacéis vosotros lo haremos nosotros”. La cúpula de la Judicatura es probablemente el principal bunker del neofranquismo. Y así actuó a partir de los años 2015 y 2016, en los que inhabilitó a los principales gobernantes catalanes, incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el sucesor de Jordi Pujol. Y las iniciativas políticas pro independentistas eran judicializadas y sancionadas por la vía penal. Nos hace recordar la época de la dictadura, en las que organizar un partido político, difundir críticas al gobierno u organizar una huelga se consideraban “sedición”, una “traición a la patria” (en mi caso, por el solo hecho de ser militante del PC, sin prueba alguna; el Tribunal militar que me procesó se denominaba EOA, Espionaje y otras actividades, y el juez me aclaró que en mi caso sería sedición).
El gobierno catalán, la Generalitat, decidió que si les cerraban la carretera tomarían un atajo peligroso y lleno de obstáculos: anunciar la fecha de la declaración de independencia. Y elaboraron dos leyes, uno para organizar un referéndum y otra de “transición” para dar un marco legal ya que inmediatamente proclamaría la declaración de independencia y de la república. Ambas leyes fueron obviamente denunciadas por el gobierno español y sancionadas por el TC. Pero fueron aprobadas por la mayoría independentista aunque se opusieron, con una mínima diferencia en el Parlament catalán. No solo el bloque derechista PP y Ciudadanos (C’s), también los socialistas en nombre de la legalidad formal han ido a remolque del PP y C’s. El cambio de la dirección y la conquista del gobierno español con Pedro Sánchez, con los votos de Podemos y de los nacionalismos periféricos, ha abierto una vía de diálogo (2018). El bloque de izquierdas (Podemos, los postcomunistas y los activistas sociales) han defendido siempre el derecho de autodeterminación y el carácter plurinacional de España, pero les parece actualmente inviable la independencia por parte del Estado español y el entorno europeo y consideran una opción mejor un grado mayor de autogobierno y de competencias propias de la “nacionalidad”. Las izquierdas no independentistas rechazaron el comportamiento del gobierno independentista que protagonizara un acto contrario a la Constitución y al TC (por discutible que sea) que solo conduciría a un fracaso y a una represión política y penal. Los movimientos sociales y políticos pasan por tres etapas, puede ocurrir que se superpongan, pero en muchos casos requieren procesos largos. Las rupturas o revoluciones no se pueden inventar, hay que contar con muchos apoyos y alianzas que no había y el Estado español es un entramado de aparatos muy complejo.
El movimiento “expresivo” tuvo su momento álgido en la consulta de 2014 y aparece como una potencial fuerza. Debería seguir lógicamente la acumulación de fuerzas y la concreción de objetivos asumibles que desarrolle el movimiento “reivindicativo” que presiona a las instituciones para forzar diálogos y negociaciones que dependerán de las fuerzas encontradas. Pero no se hizo. Ciertamente el gobierno no estuvo por la labor, por lo tanto lo inmediato era contribuir a cambiar el gobierno, como ha ocurrido ahora, en junio de 2018. La tercera etapa de los grandes movimientos transformadores o rupturistas culminó y fracasó en los últimos meses de 2017. Las rupturas se dan en situaciones críticas, son “un movimiento transformador” para promover cambios en la sociedad y en el Estado. En este caso éste movimiento ha acumulado muchas fuerzas y mucho apoyo social y el Estado por razones externas y/o internas se ha debilitado y no tiene fuerzas suficientes para ceder cuotas importantes de poder. Los gobernantes independentistas, más amateurs que políticos, se saltaron la etapa reivindicativa y no tenían la más mínima posibilidad de enfrentarse contra los aparatos del Estado. Resultaron muy poco competentes en evaluar las relaciones de fuerza. El Estado español es algo más que un gobierno incompetente y provocador; hay mucho más, no solo los aparatos estatales, la Judicatura, las Fuerzas Armadas, gran parte de los medios de comunicación, la alta administración tradicionalmente conservadora y centralista y los poderes económicos, incluidos el gran capital catalán. A ello hay que añadir una gran parte de la sociedad española intolerante ante la secesión catalana, en parte por razones atávicas debido a su mayor desarrollo y también por las campañas “anticatalanas” de los partidos estatales. Y también por la incapacidad de Catalunya de establecer relaciones amistosas y cooperativas con las comunidades autónomas (regiones) y la sociedad española y su diversidad. Es posible que en Europa se vea Catalunya con simpatía pero los Estados europeos y la Unión Europea (UE) son radicalmente contrarios a cualquier ruptura territorial. Ha habido intentos, incluso alguno importante como Escocia que hizo un referéndum o la región flamenca de Bélgica que ha conseguido derechos y ventajas. Y en ningún caso hubo apoyos internacionales de los gobiernos y de la UE; solamente de personalidades diversas pero sin representación política.
III. La sociedad catalana, entre la cohesión y la fractura
La sociedad catalana es diversa y contradictoria. Como en todas partes. Pero tampoco vale simplificar que hay una mitad de independentistas y otra mitad en contra. Las elecciones catalanas recientes (diciembre 2018) y las anteriores, aunque se pretenda que los partidos pro independentistas y los contrarios al independentismo se repartieron aproximadamente ambas mitades del electorado, no pueden equivaler a una consulta o referéndum. Es muy probable que ante un referéndum una parte de los votantes a los partidos independentistas hagan marcha atrás o que actualmente los voten por indignación con el gobierno del PP y con los otros partidos estatales (Cs y PSOE). El independentismo no se expresa igual con el PP que con la actual dirección del PSOE. El independentismo sólido no supera ahora el 40% y es muy posible que si se creara una comisión bilateral que reforzara el autogobierno sin menoscabar la Constitución se acercaría al 30%, por el dicho “más vale un pájaro en mano que muchos volando”. Entre los que votan a los partidos que no defienden el independentismo hay una gran diversidad. Los que votarían independencia si fuera viable, los que votan a las izquierdas por otras razones como las políticas sociales o por fidelidad partidaria y los que defienden o aceptan una consulta o referéndum y aceptarían una mejora significativa del marco estatutario de Catalunya. Los votos duros podrían representar entre el 20 o 30%. Los que son radicalmente contrarios a la independencia o “unionistas” por sus orígenes o ideología podrían alcanzar también entre el 20 y el 30%. Estos números son muy aleatorios, pues dependen de cómo se expresan los actores políticos. La imagen que se apunta es que no hay una mayoría independentista pura y dura que pueda imponer un referéndum y que si este se hiciera sería en condiciones que garanticen el No a la independencia pues el Estado y el gobierno españoles hubieran dialogado y aceptado mejoras de la autonomía. Pero tampoco es previsible una mayoría catalana que se conforme con la actual relación con el Estado centralista que destrozó el Estatuto de autonomía con la sentencia del TC, pone en cuestión la lengua y la enseñanza catalanas, castiga económicamente a Catalunya, aplica discrecionalmente el artículo 155 para convertir el país en una “colonia” y ha encarcelado a los líderes políticos independentistas (indepes) desde el mes de noviembre de 2017.
Sobre algunas resistencias en la sociedad catalana. Las organizaciones sociales y culturales y los partidos políticos y los gobernantes independentistas actúan como si la gran mayoría estuviera con ellos o aceptarían la independencia. Y no es así. Hay sectores de la sociedad que rechazan o les disgusta el catalanismo político, el estatuto de autonomía y las expresiones de independentismo. Una parte del funcionariado del Estado central, los colectivos de extrema derecha españolista y algunos sectores ultraconservadores o por sentimientos españolistas o vinculaciones muy fuertes con el Estado. No se puede evaluar pero representan una pequeña minoría y muy heterogénea. Sin embargo hay dos colectivos mucho más importantes que se oponen al independentismo: grandes grupos económicos y una parte numerosa de las clases populares de origen no catalán. Los grupos económicos potentes no solo dan trabajo a una parte importante de la población activa y a los sectores profesionales y empresas que directa o indirectamente dependen de estos grupos. La gran mayoría acepta el Estatuto catalán y seguramente también más autogobierno, siempre que sea pactado con el Estado. Pero rechazan la independencia pues temen el desorden que se pueda generar, las dificultades que pueda haber en las relaciones con España y, sobre todo, por la probable exclusión de la UE por un período largo. El gobierno catalán independentista no ha sabido o no ha podido establecer complicidades con estos grupos económicos. Cuando se anunció una declaración unilateral de independencia, varios centenares de empresas, entre ellas tan potentes como La Caixa y el grupo Planeta, trasladaron sus sedes fuera de Catalunya. El efecto económico no fue grande pero sí el político y el simbólico. Sin embargo nos parece más significativo el comportamiento de las clases populares.
La cuestión de los sectores populares. Es seguramente uno de los grandes errores del Gobierno catalán independentista. Su discurso, siempre en catalán, no llegaba a una parte importante de los sectores populares que tienen el castellano como lengua usual, aunque casi todos entienden el catalán. Incluso dudo que les llegara el reconocimiento del bilingüismo castellano y catalán en una Catalunya independiente. Hay razones prácticas como el temor al cambio y sus efectos, como la seguridad de las pensiones o la pérdida de puestos de trabajo. Otro temor, que en una Catalunya independiente los ciudadanos de Catalunya pero de origen no catalán sean o se sientan “ciudadanos de segundo rango”. Y también se imaginan que con la independencia se corten o se dificulten las relaciones con sus familias en otras partes de España, con sus orígenes o de sus padres o de sus abuelos, con su cultura originaria, que por cierto se ha transferido a Catalunya, especialmente el flamenco (algunos de los mejores cantaores/as o bailarinas/es son de Catalunya, como Mayte Martin, Antonio Poveda, Carmen Amaya o la Chunga). Pero permitanme una nota histórica más explicativa.
Los catalanes originarios seríamos bastante menos de la mitad de población. Pero llegaron los “otros catalanes”, “els altres catalans”, como los calificó el escritor Paco Candel, inmigrante de niño y que vivió en un barrio de chabolas en la montaña de Montjuic. Desde inicios del siglo XX llegaron a Catalunya muchos hombres y mujeres, familias enteras, de otras regiones de España. Empujados por la pobreza y la desocupación, con su la lengua castellana, sus culturas y su ambivalencia. Encontraron trabajo y con mucho esfuerzo se aposentaron, tuvieron hijos y nietos. La emigración fue un proceso largo pero prácticamente se agotó en los años ´70. Hubo un pequeño porcentaje que regresó a su lugar de origen, en la mayoría de casos jubilados. Pero la mayoría se quedó en Catalunya pues aquí tienen hijos y nietos. No hay catalanes por un lado y “castellanos” del otro, o son minorías extremas. Casi todos entienden el catalán y muchos son más o menos bilingües. Se han mezclado más o menos con catalanes originarios. Sus hijos y nietos aprendieron el catalán y la historia y geografía de Catalunya, muchos de ellos consiguieron una movilidad social positiva y bastantes llegaron a la Universidad. La mayoría se consideran a la vez catalanes y españoles, unos por igual, otros mas españoles que catalanes e incluso una minoría solo se afirma como catalán e incluso independentista; una pequeña minoría se considera solo española. No hay un apartheid, ni dos mundos opuestos, ni ciudadanos con plenos derechos y otros con menos derechos. Esto sí sucede, en cambio, con los inmigrantes que han llegado desde finales del siglo XX procedentes de países del resto del mundo.
Pero “los otros catalanes”, una parte muy importante de ellos, viven en barrios y en ciudades periféricas de Barcelona (Hospitalet, Cornellà, Badalona, Santa Coloma, Tarragona, Manresa, Sabadell, Terrassa, Mataró, Girona, etc…). En estos territorios el castellano es muy mayoritario, aunque muchos hablen catalán (en la escuela o en el trabajo) o por lo menos lo entiendan. La cultura catalana strictu sensu está poco presente en estas zonas, muchas veces en barrios más o menos distantes del “centro” y que han sido durante años marginales, pero han mejorado considerablemente merced a los gobiernos municipales ya que casi todos han tenido alcaldías de izquierda. Todos, o casi, se han integrado en el mercado de trabajo y han mejorado sus condiciones de vida, muy similares a los “catalanes originarios”. Pero en gran parte están menos integrados en el territorio y en la cultura catalana, incluida la política. Un indicador interesante es como se ha votado. En los años finales de los ´70 y los ´80, la primera etapa de la democracia, votaron masivamente a los socialistas y a los comunistas en estas zonas donde viven los que fueron inmigrantes y sus hijos y nietos. Cuando el PCE-PSUC (partido comunista catalán) implosionó y perdió una fuerte cuota de electores, una parte votó al PP e incluso a Convergencia (centro derecha catalán) por conservadurismo, pues había bastante que conservar como decía Juan de Mairena (el alter ego de Antonio Machado). El PSC (Partido Socialista catalán) mantuvo una gran parte del voto popular en las elecciones municipales y estatales. En cambio el voto catalanista ganaba en las elecciones autonómicas. No hay ningún secreto, en las elecciones para el Parlament de Catalunya una parte importante de la población no originaria no votaba.
¿Por qué las poblaciones originarias de otras partes de España y de sus descendientes en bastantes casos se abstienen de participar en las elecciones catalanas y en las dos consultas? En las elecciones recientes (diciembre 2017), sin embargo, hubo un voto masivo, incluido en los barrios y municipios donde predominaba fuertemente el castellano de origen del resto de España, o sus hijos o nietos. Votaron poco a los socialistas y aún más a los “comunes” (el bloque de izquierdas). Votaron contra el independentismo y, como PP y PSOE estaban deslegitimados por sus políticas neoliberales, votaron a Ciudadanos, que no habían gobernado y que habían sido los portavoces principales del anti-independentismo. Un indicador lo viví directamente. En zona más proletaria o popular de Barcelona, Nueve Barrios, con una población de180.000 habitantes, que votaban en gran mayoría a las izquierdas, nos decían “ahora votamos a Ciudadanos porque no queremos la independencia de Catalunya, pero en las municipales (serán en mayo del 2019) os votaremos a vosotros”. Algo similar hubo en el referéndum no legal del 1° de octubre. En los municipios y barrios más “castellanizados” hubo mucha menos participación. Mientras en zonas centrales urbanas o rurales votaba el 60 o 70% de la población, en las zonas periféricas votaba el 30%. Conclusión: a pesar del discurso, una gran parte de los “otros catalanes” no han sido integrados. Obviamente no toda esta población originaria del resto de España ha tenido los mismos comportamientos, especialmente los nacidos en Catalunya. Muchos de éstos tienden a comportarse parecido a los “catalanes originarios” y entre ellos hay independentistas o de izquierdas, y se consideran catalanes y más o menos españoles. Pero también gran parte de los “otros catalanes” mantienen querencias con sus orígenes aunque no hayan nacido en las regiones de sus padres o abuelos. Sin embargo, al permanecer en barrios o polígonos periféricos y zonas importantes de las ciudades han recuperado sus culturas originarias y a ellos les llega la “cultura catalana” como algo que no es suyo. Se podrían haber desarrollado programas urbanísticos y de vivienda que en vez de crear conjuntos off ciudad promovieran la mixtura en el territorio de los catalanes originarios y los “otros catalanes”. Fue en gran parte una herencia del franquismo, pero han pasado 40 años para haber reconstruido ciudades, centralidades y conjuntos dignos para todos. La mayor integración socio-cultural de los “otros catalanes” hubiera contribuido a reforzar las relaciones entre las poblaciones catalanas, sean autóctonas o allegados, con las poblaciones del resto de España.
La manipulación españolista contra Cataluña del PP y de los C’s ha inoculado un tóxico perverso: dividir y confrontar “españoles del resto de España contra catalanes”, sean independentistas o que no se muestran españolistas. Pero los partidos estatales han utilizado temores, desconocimiento y desconfianza a los políticos independentistas por parte de los catalanes no originarios o de sus padres o abuelos, a los que se les incita a movilizarse contra los “catalanes”. Y se han servido de las organizaciones o grupos de extrema derecha para provocar violencias y atraer a minorías, pero no a la mayoría de la población arraigada en Catalunya. Han creado inquietud y temor a la independencia. Se han desarrollado campañas para convencer a sectores de origen castellano que están amenazados por los gobiernos catalanes, más aún si se independizan, y que serán tratados como inmigrantes, no podrán utilizar el castellano y perderán sus raíces y sus relaciones con las otras regiones de España, donde nacieron ellos o sus padres o abuelos. A pesar de todo, las fricciones y fisuras se han multiplicado en la vida cotidiana pero no hay y no es probable que haya una fractura social con confrontación político-cultural o étnica. Sin embargo uno de los grandes errores del independentismo catalán ha sido no haber desarrollado una política de reconocimiento a los “otros catalanes” y también a la sociedad española. Para ello había que desarrollar un proceso gradual, lento, profundo. En cambio se optó por el atajo precipitado, irresponsable y sin medios para avanzar y culminar con la independencia. El Estado español tenía todos los medios para impedirlo y reprimirlo. Y ni en una parte de Catalunya ni en el resto de España han encontrado apoyos. Veamos como se llegó al choque de trenes. Con errores enormes por parte de unos y otros.
IV. La crisis explotó y los pirómanos quedaron sueltos
Los gobiernos, de España y la Generalitat de Catalunya, y los partidos políticos, los estatales o unionistas, PP, C’s y muy cerca de ellos el PSOE, los indepes, Junts per Catalunya (Convergencia e independientes), Esquerra Republicana y las CUP (Comités de Unión Popular) jugaron sus bazas y sus responsabilidades de la peor manera posible. Cada bloque incluye derecha, centro e izquierda, lo cual dejó fuera de juego las fuerzas moderadoras o pactistas cuando estalló una confrontación entre “nacionalistas”, con más emoción que razón, con menos política y más confrontación. Veamos como la crisis implosionó en los últimos meses de 2017, aunque se empezó a fraguar desde la consulta no legal de 2014.
El éxito de la consulta no legal de 2012 fue una sorpresa del gobierno español. El gobierno español y los aparatos del Estado estaban convencidos que sería una mala comedia. Sería suficiente con los medios de comunicación y una mezcla de amenazas y de afirmar que además de ilegalidad sería de total inutilidad para que solo una pequeña minoría saldría a la calle. Se daba por seguro tanto por estas razones como por las dificultades técnicas: locales, movilización de miles de organizadores, censo y control de los potenciales votantes. Pero se movilizaron y votaron 2.300.000 personas y hubo bastantes miles que no pudieron votar. El 90% votó a favor de un Estado catalán Hay que tener en cuenta que la población de Catalunya supera los 7 millones pero más de un millón son inmigrantes de otros países no europeos. No votaron por falta de conocimiento, pues se les ofreció este derecho. Obviamente los contrarios al independentismo y a la consulta no fueron a votar. Y otros no lo hicieron por miedo o por dificultades prácticas. Y sin embargo fue la movilización en contra del gobierno español más importante de la historia catalana. Fue un ejercicio del derecho de expresión y de manifestación. Pero a instancias del gobierno los tribunales iniciaron procesos penales y civiles a los gobernantes catalanes, incluyendo el Presidente de la Generalitat, por haber facilitado la consulta sin ningún efecto jurídico. Fueron juzgados con multas pecuniarias extraordinarias e inhabilitación para cualquier cargos político. Empezó la represión política. Si el panorama ya era de alta tensión, el gobierno español se hizo pirómano.
La Generalitat y las organizaciones indepes, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural (OC), habían adquirido un capital político y social considerable. La ANC nace inicios de 2012 y en 2015 ya tenía 80.000 afiliados, más de la mitad muy activos. Y ahora ha seguido creciendo. OC supera los 100.000 asociados, es probable que no disponga de tantos activistas pero pagan su cuota. Sumados son mucho más que el conjunto de miembros activos del conjunto de los partidos políticos. La ANC esta formada por sectores medios y populares y muchos jóvenes. En su composición había una parte importante de gente de izquierdas. En sus orígenes, en los años 60, la base de OC era una élite de empresarios y profesionales de clase entre alta y media que lo financiaban y lo componían sectores medios, muchos de ellos del mundo universitario, literario o de interés cultural. En los últimos cinco años ha crecido mucho y con una composición muy diversa, en todos los sectores sociales. Tienen una gran capacidad de movilizar a la ciudadanía, mucho más que las instituciones y los partidos políticos.
El liderazgo del proceso independentista lo asumió el gobierno de la Generalitat, aunque la ANC y el OC mantuvieron la movilización, especialmente de las grandes manifestaciones de la “diada nacional” de los 11 de setiembre de 2015, 2016 y 2017 en las que participaron millón y medio en cada una. El gobierno catalán estableció una hoja de ruta que fijó un año y medio para declarar la independencia sobre la base “legitimadora” de la consulta de 2014. El señuelo de la independencia mantuvo la movilización ciudadana y generó grandes esperanzas en una gran parte de la ciudadanía, de los más de dos millones movilizados. Pero no se tuvo en cuenta que no es lo mismo las grandes manifestaciones en la calle como el ejercicio de expresión que permite una institución como la Generalitat, con su gobierno y su parlamento. Se legisló y se tomaron acuerdos de gobierno para declarar la independencia y elaborar los procedimientos para transitar hasta culminar la independencia como Estado. Los ciudadanos indepes vivieron dos años de ilusiones; del gobierno catalán hay que suponer que pensaron que antes de llegar al abismo el Estado español o bien aceptaría un diálogo respecto a la independencia o s se declaraba unilateralmente la independencia el entorno internacional lo aceptaría y el Estado español no ejercería la represión ante un pueblo pacífico en la calle y en el marco de la Unión europea (UE).
Se cometieron tres grandes errores de la Generalitat. Primero, el Estado español optó por la judialización del problema, el TC actuó sistemáticamente anulando todos los actos del proceso independentista y avalando la represión de la calle y la suspensión de las instituciones catalanas. Segundo error, la movilización indepe fue y ha sido totalmente pacífica y expresiva pero no estaba organizada para tomar el control del territorio; además, se olvidó que en Catalunya un tercio por lo menos de la población estaba totalmente en contra y era movilizable y otro tercio o más se quedaría en casa. Y tercer error, era muy previsible que la UE y el entorno internacional no aceptarían la declaración unilateral de la independencia y apoyarían al Estado español, considerado que es un país formalmente democrático y forma parte de la UE y de la OTAN; si se aceptaba la independencia podían caer como un dómino otros territorios (en Italia, Baviera, País flamenco, Escocia, Córcega, etc.).
El Estado español demostró una incompetencia increíble y multiplicó errores propios de su soberbia, ignorancia y déficit de sentido de Estado democrático. El error inicial fue transferir al TC la modificación del Estatuto de Catalunya aprobado por las Cortes españolas y por el referéndum catalán. Manipularon el TC para recortarlo agresivamente e hicieron campaña anticatalana. El segundo error fue no querer reconocer el sentimiento mayoritario en Catalunya que derivó a la consulta (entre 70 y 80%) y luego al independentismo (casi al límite del 50%). Ni dialogo con la Generalitat ni reconocer agravios ni proponer competencias o concesiones que son propias de la nacionalidad o que las poseen otras Comunidades. En tercer lugar, multiplicar amenazas ante la posible declaración de independencia y hacer de los tribunales una “policía política”, en vez de abrir una comisión bilateral para encontrar un término medio -la Constitución lo permite. Mientras tanto el proceso catalán avanzaba hacia el fatídico día del 1° de octubre de 2017.
La Generalitat llega al borde del precipicio… Inicialmente habían considerado que la consulta de 2014 ya era válida y que primero se declararía la independencia y la república catalana y luego se haría un referéndum en el curso de la transición, se negociaría con el Estado español y se mantendría a Catalunya en la UE pero no como parte de España sino como estado independiente. Algo así como el cuento de la lechera que imaginaba todo lo que compraría cuando hubiera vendido el bote de la leche. Unos meses antes del 1° de octubre deciden hacer primero un referéndum, legalizado por el Parlament catalán para darle una imagen democrática. E inmediatamente después, los días siguientes, se declararía la independencia unilateral. En realidad se esperaba, sin explicitarlo, que el gobierno español, como había propuesto la Generalitat en público y en privado, abriera una vía de diálogo. Veamos los errores de los indepes. Primer error, no puedes dejar la iniciativa al adversario y menos depender in extremis de abrir un diálogo que han negado desde 2012 y mucho más después de 2014. En realidad era bastante evidente lo que quería el gobierno español y la judicatura: tener la oportunidad para la suspensión de la Generalitat (artículo 155 de la Constitución) y penalizar a los líderes políticos. Segundo error, promover un referéndum no legal ante las instituciones españolas. Pero además la mitad del Parlament (por uno o dos votos) se oponen al referéndum ilegal, no solo por parte de las derechas españolistas (PP y C’s) sino también los socialistas y el bloque de izquierdas. Y lo más grave, no hubo debate previo en la sociedad y la mitad de la población se abstendría de participar en el referéndum del 1 de octubre del 2017. Aunque bastantes ciudadanos, incluido el autor, sin ser indepes votamos en el referéndum pues consideramos que podía haber sido legal si el gobierno español lo hubiera permitido. Tercer error, elaborar y aprobar un conjunto de leyes y normas para poner en marcha el proceso independentista al día siguiente del referéndum: “ley de desconexión del Estado español” y “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la “república catalana”. Todo ello debatido y aprobado en una sesión de unas horas. Los partidos estatales abandonaron el hemiciclo (PP, C’S y socialistas) y el bloque de izquierda intervino con dureza y votó en contra. No era difícil suponer que la historia acabaría muy pronto y muy mal para el proceso catalán.
El mes de setiembre, preparatorio del 1° de octubre y la apertura de las urnas. Fue un setiembre de alta tensión. El gobierno español inició una ocupación gradual por parte de las fuerzas policiales y del poder judicial. Más de veinte mil policías y guardias civiles aparecieron las semanas antes del 1° de octubre en Barcelona pero también en diversas ciudades, no solo las más grandes sino también las medianas. Esta ocupación no solo era para el día del referéndum, también para amedrentar a la población, intervenir en los edificios institucionales o privados para encontrar documentos que indiquen usar recursos públicos aplicados al “procés catalán”, multiplicar registros en todo tipo de locales y de empresas donde pudieran haber urnas y boletas para utilizar en el referéndum. Un momento crítico previo al 1° de octubre fue el registro de la Consejería de Economía y Hacienda, pues era donde había más probabilidad que hubiera rastro de desviación de fondos. No solo no encontraron ningún documento sino que unas semanas después el ministro de Hacienda del PP declaró que no consta ningún documento que justifique una desviación de fondos. Miles de personas rodearon el edificio exigiendo su salida. La guardia civil estaba al acecho. La gente gritaba “que se vayan de la consejería” y la policía dependiente de la Generalitat abrió un corredor protector para que la secretaria del tribunal y acompañantes pudieran salir. Había ambiente de protesta e indignación pero no de agresividad, predominaban familias enteras. Un responsable de la Guardia Civil pidió a los presidentes de ANC y OC que se subieran al techo de la camioneta para ser oídos. Pidieron tranquilidad, mostrar un comportamiento absolutamente pacífico que están comprobado en todos los videos. EL personal judicial prefirió mantenerse dentro y más tarde, al anochecer, salieron por detrás del edificio. Pero unas semanas después los presidentes de ANC y OC fueron detenidos, conducidos a la Audiencia Nacional y la jueza los mantiene desde octubre encarcelados “preventivamente” sin que hubiera ni un atisbo de acción violenta, todo lo contrario. Y se les acusa de “rebelión” y de “golpistas” frente al Estado.
Las urnas fueron un test que tuvo consecuencias. El gobierno español declaró y repitió tanto en España como en el ámbito institucional que no habría referéndum. No solo porque solo una minoría iría a votar sino porque además no habría boletas ni urnas y habría pocos locales de votación abiertos. La ANC y la OC organizaron con muchísima discreción la fabricación de boletas y dispusieron con antelación de las miles de urnas compradas a China, escondidas en un barco. La noche del viernes al sábado en todos los pueblos y los barrios de las ciudades una persona depositaba las urnas en un lugar seguro y relativamente próximo. Y otra persona en la madrugada del domingo, antes de las 6 de la mañana, aseguraba las urnas y las boletas y el censo electoral en cada local y antes de las 8 de la mañana se concentraban decenas o centenares de personas para proteger todo lo necesario para votar. Fue un fracaso y un ridículo por parte de la policía española, de los jueces y de las bandas de extrema derecha, que fueron incapaces de encontrar una sola urna.
La votación y el enorme error del gobierno español, brutal e innecesario. Entre la 8 y las 9 en toda Catalunya había colas de todas las edades para votar. La policía catalana tenía por sus jefes la orden de no ejercer la violencia cuando la gente era muy numerosa, lo que fue así en zonas muy habitadas. La Policía nacional enviada por ministerio del Interior y la Guardia Civil, aunque no pudo atender a todos los locales de votación, sí que intervino en más de un centenar de locales de voto y actuaron con una gran brutalidad con mujeres, hombres, niños, gente mayor, etc. No hubo ninguna violencia de ningún ciudadano, solo resistencia pasiva. Hubo centenares de heridos, un caso que vi de cerca fue la pérdida de un ojo de un joven que solo pretendía votar. Se incautaron durante el día boletas y urnas pero en poca cantidad. En bastantes locales sufrieron ataques al censo y estuvieron horas para recuperarlos. Bastante gente se quedó sin poder votar o familias o gente mayor se retiraron a sus casas. Pero la participación fue un éxito. Votaron más de dos millones trescientos mil ciudadanos, casi la mitad de la población con derecho a voto. La violencia influyó también en la población pero mucho menos de lo que se podía esperar. La gran mayoría resistió siempre y en todo momento. Las imágenes pocas horas después circulaban por todo el mundo. Los gobiernos de los Estados europeos miraron para otro lado pero los medios denunciaron una acción represora absolutamente innecesaria. En una situación similar, unos años antes, la Lega del Nord de Italia organizó un referéndum similar. Era ilegal y el gobierno italiano declaró que este referéndum no tendría ningún efecto político ni jurídico. La Lega hizo el referéndum, votaron casi 5 millones de personas, la gran mayoría votó por ser Estado propio y no pasó nada. La vida continuó igual. EL gobierno español fue un ejemplo de inconcebible imbecilidad. Y los ciudadanos merecieron justificar sus ilusiones, no por hacerlas realidad sino por su coraje tranquilo.
Un capital social y político despilfarrado. El mundo y España pudieron ver que Catalunya exigía y merecía reconocimiento. Las organizaciones ciudadanas y centenares de miles de ciudadanos activos demostraron que hay que tenerles en cuenta. Pero luego viene la política. Hay limitaciones en unos casos, derechos de otros también. La política debe resolver soluciones equilibradas. El gobierno español del PP actuó de modo pirómano, peligroso, suicida. Quedó demostrado a lo largo de los últimos 7 años. Pero el liderazgo político indepe recogió la movilización ciudadana del 1° de octubre. El Estado español es fuerte y puede ser represor. La sociedad española y una parte importante de la sociedad catalana rechazan o temen la independencia. El capital acumulado por el catalanismo hubiera debido gestionarlo con delicadeza, ante el mundo, ante el resto de los españoles y ante nosotros mismos. ¿La independencia? Un horizonte posible pero no en el presente, como expone el gobierno vasco. Quizás en una reorganización territorial europea. En cualquier caso ni Catalunya ni España seremos “independientes”, seremos interdependientes ¿El referéndum o consulta? Ya se ha demostrado que hay un pueblo catalán que merece ser reconocido. Si se consulta no debe ser para confrontarse, ni con España ni dentro de Catalunya. Primero, plantearse como podemos pactar para convivir entre todos. Como decía un experimentado político francés, Edgar Faure, en política si hay una confrontación entre partidos o personalidades primero hacer la lista de todo que les une que será larga y luego es muy probable que al enumerar lo que los separa la lista sea mucho más corta. ¿El gobierno español del PP era un interlocutor para construir puentes? Es evidente que no lo es. Por lo tanto hay que priorizar y aunar fuerzas políticas más sensatas y abiertas para que haya un interlocutor renovado. Pero el liderazgo indepe, precisamente por la fuerza que expresó el 1° de octubre debía hacer marcha atrás, buscar alianzas incluso sin condiciones y dar prioridad al diálogo. Pero el gobierno y la mayoría mínima parlamentaria del independentismo fueron también, aunque sin fuego. Los caballeros catalanes (políticos independentistas) me hicieron pensar una frase de Honoré de Balzac “cuando muestras a los caballeros polacos que han llegado al pie de un precipicio… se tiran abajo”.
V. Del otoño crítico y de la primavera triste, tuvimos un verano de esperanza
Después del sol radiante del 1° de octubre vino el diluvio. El liderazgo político indepe dilapidó una gran parte del capital acumulado el 1 de octubre. La opción razonable era convocar elecciones, lo cual hacía muy difícil aplicar el artículo 155 de la Constitución pues al haberse convocado las elecciones que competen al presidente de la Generalitat no habría gobierno ni parlamento catalanes. También hubiera sido prudente asumir que el referéndum era solo un derecho de expresión o propuesta y evidentemente suspender las leyes de transitoriedad en coherencia con la consideración de que el referéndum no era ni legal ni legítimo, lo cual era obvio. Al gobierno español le resultaría muy difícil justificar una intervención en Catalunya y reprimir a los responsables políticos indepes. Y si actuaban vengativamente por sus errores tan perversos como contraproducentes, además de cubrirse de vergüenza el 1° de octubre, no podrían contar con el entorno internacional ni con el apoyo que tenían en amplios sectores de España, incluidos los socialistas. Sin embargo los líderes indepes habían generado muchas ilusiones pero no habían preparado nada para el día después. Confiaban en una propuesta de diálogo por parte del gobierno del PP, lo cual era no solo ingenuo sino además depender del otro. El gobierno catalán hizo lo peor que podía hacer: no convocar elecciones e intentar satisfacer a la movilización ciudadana mediante una falsa declaración unilateral de independencia que no consta en acta y proclama a media luz la república catalana. Pagaron la fiesta del día uno pues no solo no consiguieron beneficios y felicitaciones sino que lo pagaron muy caro. Pocas semanas después los tribunales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremos, incitados por la Fiscalía, iniciaron con entusiasmo la caza a los catalanistas con ilusiones independentistas. La cúpula de la judicatura, con actitud propia de “policía política”, se ha mostrado más rabiosa que el gobierno español. Convocaron a gran parte del gobierno catalán, la mesa del Parlament y los presidentes de ANC y de OC, los cuales no fueron más allá del derecho de expresión y de manifestación, evitando cualquier violencia o estropicio. Como es bien sabido una parte de los citados están encarcelados y los otros están en el exilio. Son presos o exiliados políticos, pueden considerarse ingenuos o incompetentes pero no son delincuentes. En todo caso se merecen una beca para aprender historia y teoría política en Estados Unidos, en Colombia, Argentina, México, o en Inglaterra o en Francia. En total, una veintena de responsables políticos. Los socialistas y las derechas los califican de “políticos presos” o simplemente “delincuentes”. Si no son presos políticos ¿qué son? Han evitado violencias, han hecho declaraciones sin atentar al marco legal pues no han sido formalizadas ni por el Parlament ni por el gobierno catalán, no hay despilfarro de recursos públicos, no han perturbado gravemente la vida en el espacio público. En cambio si que lo han hecho, con la complicidad de algunos aparatos del Estado, las organizaciones de extrema derecha.
El 155 fue tan humillante como destructivo. La suspensión de la Generalitat por parte del gobierno español y del Senado ha sido un abuso de poder. No se habían formalizado las leyes vinculadas al independentismo. La suspensión solamente debía aplicarse a algunas actividades o acuerdos formales relativos al independentismo. Sin embargo, han intervenido, siempre para impedir actuaciones o para despedir o suspender a profesionales o técnicos. El gobierno español se ha comportado como metrópoli con una colonia. Como dijo un intelectual madrileño supuestamente progresista: “No nos importa si los catalanes no quieren ser españoles. Pero no entienden que Catalunya es nuestra”. Un comentario propio de un alto funcionario colonialista.
Las elecciones de finales de año 2017 parecieron un retorno a la tranquilidad. Pero la situación de bloqueo continuaba y los tribunales convocaban, encarcelaban y perseguían a gran parte de los líderes del independentismo, incluidos los líderes sociales. Rajoy dejaba hacer, los C’s pedían más represión y los socialistas hacían seguidismo y se anunciaba un posible cambio de dirección. El gobierno catalán se apoyaba entre el partido de centro, heredero de Convergencia y Pujol, debilitado por la corrupción, la inhabilitación de Artur Mas el sucesor de Pujol, y el presidente siguiente, Puigdemont, vencedor en las elecciones de diciembre 2017 con el nombre Juntos por Catalunya pero exiliado en Alemania y ahora de nuevo en Bélgica. El independentismo, estimulado por Puigdemont, mantiene la llama independentista, pero con importantes contradicciones, pues amplios sectores optan por volver y mejorar el autonomismo. Esquerra Republicana, de centro-izquierda, se muestra con más paciencia y apunta a recuperar la autonomía, conseguir algunas ventajas o compensaciones económicas o culturales y esperar tiempos mejores. Empiezan a establecer relaciones discretas con el bloque de izquierda e incluso con los socialistas catalanes. Pero por ahora gobiernan en Catalunya conjuntamente. En el independentisimo radical, las CUP mantienen la independencia y repudian el “autonomismo” y son imprescindibles para dar mayoría al gobierno en el Parlament, lo cual les fuerza a tomar posiciones declarativas que son casi siempre bloqueantes de cualquier iniciativa y acuerdo.
La oposición no es un bloque homogéneo ni mucho menos. EL PP en Catalunya está casi desaparecido y es improbable que se recupere a corto plazo. Ciudadanos (C’s) lo substituye en muchos casos con más acritud. Fue el que tuvo más votantes en las últimas elecciones, pues hubo fragmentación en el centro (catalanista) y en las izquierdas. Y también los votó, en unas elecciones en que se dirimía el independentismo, una gran mayoría de los que no querían o temían el independentismo, fueran de derechas o de izquierdas; es probable que en las próximas elecciones no necesariamente todos les volverán a votar (es el caso de los ayuntamientos). Hay que tener en cuenta que C’s es tan o más derechista que el PP pero nunca ha gobernado nada y una parte del electorado se apuntó a ellos. Su problema es que nadie quiere aliarse con ellos, excepto el PP y sus cuatro diputados. Y no tienen otra política que denunciar el independentismo, el catalanismo, las autonomías… y practicar la exaltación españolista, con un lenguaje muy similar al de la Falange española (el fascismo español) que fue la estructura política del franquismo desde la guerra civil hasta los años ´60.
Los socialistas catalanes necesitan alianzas para influir o participar en un gobierno de coalición. Pero apoyaron el 155 junto con PP y C’s y los independentistas, incluso muy moderados, exigen que hagan un vía crucis para perdonárselo. El bloque de izquierdas es hoy un partido en proceso de integración (Podemos, “los comunes” que provienen de los movimientos sociales y los herederos del PSUC); tienen un potencial político similar a los socialistas, más a la izquierda, crítico con los independentistas pero sin satanizarlos, se opusieron al 155 y mantienen buenas relaciones con socialistas y Esquerra Republicana. Una alianza entre estas fuerzas, e incluso con Junts per Catalunya, en las elecciones municipales de mayo 2019, puede frenar a la derecha (C’s y PP) o a un bloque independentista que persista en un radicalismo declamatorio que lleva a la nada. En unas elecciones generales de España cada uno va por su cuenta. En Catalunya, si quieren gobernar hay que mantener o renovar alianzas.
Por ahora hay una fragmentación no solo entre los partidos indepes sino también en el seno de cada uno. Lo cual es una muestra de que no hay proyectos políticos definidos ni se pueden hacer previsiones ni tan solo a corto plazo. Mientras escribo, a mediados de julio de 2018, no se puede saber si Convergencia, ahora PdeCat, tiene como líder a Puigdemont que no está en Catalunya y además está promoviendo un “Frente Independentista” que reúne una parte de PdeCat pero también otros sectores diversos radicalmente indepes, mientras que la dirección del PdeCat opta por el diálogo y busca acuerdos con el nuevo gobierno español liderado por Pedro Sánchez, que venció a los “barones” conservadores de la vieja guardia del PSOE. ¿Evitarán una ruptura y Puigdemont hará una opa a Pde Cat? ¿Se impondrá el independentismo radical, más próximo de la ANC y de la Cup? ¿El Pde Cat se mantendrá al margen de este movimiento liderado por Puigdemont, colaborando o no entre ellos? Esquerra Republicana ha optado por la moderación y la negociación con el gobierno español actual. Por ahora forma parte del bloque “independentista”, pero es dudoso que este bloque se mantenga. Sus bases son en gran parte radicales pero sus dirigentes más “políticos”. Probablemente intentará mantener su base social, con un discurso indepe pero sin compromisos y una práctica política más orientada a la izquierda para obtener votos de la derecha o centro catalanista y de las izquierdas. O lo contrario, pues la política “atrappe tout” (agarrar por todas partes) puede perder por todos lados. La CUP se ha instalado en la extrema izquierda nacionalista y anticapitalista, no pretende intervenir en los diálogos o pactos, y posee una capacidad movilizadora no solo por ella misma sino también por medio de los Comités de la Defensa de la República (CDR).
Los Comunes (el bloque renovador de las izquierdas no socialistas) pueden atraer a catalanistas desencantados o abstencionistas que evitaban los dos extremos, indepes o contra. Pero muchos de sus militantes y votantes se han desanimado pues no han sabido construir su organización variopinta, lo cual en sí mismo puede ser positivo siempre que hayan integrado los diversos colectivos en cada localidad del territorio. Han quedado fuera del conflicto principal sobre el independentismo, no han ido ni con unos ni con otros, lo cual es legítimo pero es grave no tener proyecto propio y no han aprovechado oportunidades. No han destacado cuando debían denunciar al Rey, cuyo discurso ha sido propia de la derecha más agresiva con Catalunya y era el momento de proponer la República. Y si bien han denunciado el encarcelamiento y los exiliados políticos, se han limitado a citarlo en sus declaraciones o entrevistas pero su discurso es plano y sin ninguna iniciativa movilizadora. Su baza fuerte es la alcaldía de Barcelona, si la pierden es probable que hayan muchas dispersiones. Hay que reconocer que sus diputados/as han destacado en el Parlament catalán, especialmente Joan Coscubiela, ex secretario general de Comisiones Obreras de Catalunya y excelente diputado anteriormente en el Congreso de diputados de España.
El Partido Socialista Catalán (PSC) fue con el PSUC (como lo citaremos luego) los partidos de izquierdas que cohesionaron a las clases populares en donde se mezclaban catalanes autóctonos, inmigrantes de otras regiones de España e hijos y nietos nacidos acá que viven entre dos culturas y dos lenguas. Fueron la principal base electoral. Primero implosionó el PSUC en los años ´80, como ocurrió con los PCs y más tarde a inicios del siglo actual fue la caída considerable del PSC, con responsabilidades de gobierno, por la crisis económica que no supieron gestionar y sacrificaron a los sectores populares, y quizás incluso aún más por la división que se produjo respecto el independentismo y el uso de la lengua. EL PSC no es ni gobierno ni alternativa, solamente puede remontar con alianzas y conquistar ayuntamientos y participar en una mayoría con los Comunes y sobre todo con Esquerra Republicana, lo cual le exigirá asumir que apoyar el 155 era y es inaceptable. Lo cual el PSOE difícilmente se lo permitiría. Aunque el líder catalán, Miguel Iceta, puede hacer una declaración que no sea ni agua ni vino, una mezcla que puedan aceptar unos y otros.
La otra izquierda era el PSUC, el partido comunista catalán histórico que tuvo un gran prestigio durante el franquismo y en la transición hasta que implosionó en los años ´80. Fue siempre catalanista y muy autónomo, más que el PSC con el PSOE. Defendió la autodeterminación y la democracia, fue un adelantado del “eurocomunismo”. Pero durante el antifranquismo confluyeron diversas culturas políticas. Las otras fuerzas políticas, desde la derecha hasta el PSOE, hicieron todo lo posible para marginarles más en el resto de España que en Catalunya. El bloque soviético intervino para evitar el crecimiento del eurocomunismo. El PSUC se fragmentó y el sector principal y eurocomunista evolucionó hacia un “ecosocialismo” y a una práctica que podríamos definir como “democratizar a la democracia”, en todos los niveles estructurales (política, economía, ambiente, desigualdades, participación, territoriales, etc.). El heredero oficial del PSUC se denomina Iniciativa por Catalunya y en las elecciones se coaligaba con el otro sector salido del PSUC, Ezquerra Unida y Alternativa. Este partido (IC-EUiA) se coaligó con el movimiento social ciudadano que lideraba Ada Colau y se añadieron gentes independientes o de colectivos diversos, incluidos algunos militantes de Podemos que habían obtenido votos en las elecciones europeas pero no tenían organización. Objetivo: conquistar la alcaldía de Barcelona. Se ganó, en 2015. Esta iniciativa municipalista fue seguida por otras ciudades de Catalunya e incluso del resto. Desde entonces se inició un proceso de fusión, con Podemos incluido, al que hemos denominado “bloque de izquierdas” en este texto pero cuya denominación es “los Comuns o Catalunya Comuns”. Tuvo un éxito inicial pero en las elecciones generales y catalanas se ha situado bastante por detrás de los indepes (PdeCat, ERC), de C’s e incluso por delante del PSC. Su potencial de votos se sitúa ahora en Catalunya por debajo de los votos del “post-PSUC”, IC-EUiA. Aunque tiene la perla de la corona, Barcelona. Y no es imposible que pueda volver a ganar.
Los actores políticos formales, los partidos, como ya se ha visto, no tienen proyectos, ni estrategias. No tienen alianzas sólidas y en cambio sufren divisiones internas con tendencias rupturistas. Ante el gobierno inmovilista del PP y la Judicatura represora, el nuevo líder socialista Pedro Sánchez lanzó un órdago al gobierno de Rajoy. El PP y C’s sumados no alcanzaban la mayoría. Pedro Sánchez y el nuevo equipo del PSOE obtuvieron los votos de Podemos que es un partido de ámbito estatal y forma parte de los 4 partidos con posibilidades de gobernar (PP, C’s y PSOE). PSOE y Podemos tampoco tenían la mayoría, pero las minorías nacionalistas les dieron la mayoría, los catalanes, los vascos, los gallegos y los valencianos. Se ha abierto una vía pacificadora en la vida política catalana y española
La cuestión en primer plano: los presos y exiliados políticos. Para que se mueva el tablero hay que resolver el encarcelamiento y el exilio de casi una veintena de dirigentes políticos indepes. Para ello hay que crear un ambiente menos tenso y más propicio entre el nuevo gobierno español del PSOE y los partidos y organizaciones indepes. Hay una enorme resistencia de gran parte de la cúpula de la Judicatura. Hay resistencias por ambas partes y, sobretodo, el PP,C’s y los colectivos de extrema derecha pueden provocar confrontaciones que por ahora ni el gobierno español ni los indepes desean. Es una cuestión en teoría fácil; nadie puede tomarse en serio que hubo golpe de Estado, rebelión, sedición, violencia. Lo han reconocido los tribunales, especialmente los alemanes y también los belgas, escoceses y suizos, países que han acogido a líderes exiliados. Pero la Judicatura, por lo menos todos los que manipulan el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en estos casos, son mitad ultrareaccionarios y mitad prepotentes y con ansía de condenar a políticos/as democráticos. Es por ahora el obstáculo que de una forma u otra debe resolverse pronto.
¿El independentismo tiene futuro? A largo plazo, como dijo Keynes, todos estaremos muertos. No es imposible, sería una interdependencia en una gran reorganización territorial de la Unión Europea, pero no será en un futuro cercano. Hace un siglo, el 1918, el poeta y pastelero J. V. Foix ya escribió “Debemos prepararnos todos para ser súbditos de una nueva Europa…”. Lo que es seguro es que la exigencia de reconocimiento como pueblo, de más autogobierno, de defensa de su identidad cultural y las medios para poder aplicar las políticas sociales, económicas y ambientales, todo ello está cimentado en una gran parte de los catalanes, incluidos muchos que nacieron fuera o son hijos o nietos de éstos. Independencia como se entendía el siglo XIX y perduró en el XX no lo creo posible, pero sí una situación relativamente especial, como el País Vasco, en el marco de un Estado español más federalizante y menos simétrico. No es imposible pero es necesario; hay que evolucionar las relaciones y las innovaciones como, por ejemplo, priorizar las relaciones más contractuales que jerárquicas. Y obviamente es indispensable asumir la diversidad pero garantizar la igualdad de derechos ciudadanos y la solidaridad entre los pueblos. El independentismo tal como se presenta, como Estado soberano, no nos lleva a ninguna parte. Hay que resituarse sobre el tema catalán. ¿Una relación bilateral que reconozca la especificidad de Catalunya o la plurinacionalidad? Lo cual no quiere decir que también otras nacionalidades o regiones españolas requieren algunas especificidades comunes y otras específicas. En Catalunya hay una reivindicación muy específica que incluye lengua, cultura y enseñanza. Pero mejorar el déficit fiscal y las inversiones estatales afecta especialmente a Catalunya, aunque también a otros territorios. Y lo mismo la proyección internacional y la mayor autonomía para la organización interna del territorio. Poner también en primera línea las políticas económicas, sociales y culturales que contribuyan a suturar las fisuras sociales que se han generado en estos años dentro de Catalunya y también con otras regiones o nacionalidades. Hay que renovar las instituciones y los partidos. Y democratizar la deficiente calidad de la democracia actual, algo que permita especialmente a las clases populares e incluso medias a sentirse ciudadanos como el resto, sean de Catalunya o del resto de España. El problema no es Catalunya, es España.
JB, julio 2018
El autor es Profesor Emérito y Presidente del Comite Académico de los programas de posgrado de Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Presidente del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales).
Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y Geógrafo urbanista por la Université de Paris-Sorbonne. Ha ocupado cargos directivos en el Ayuntamiento de Barcelona y participado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades europeas y latinoamericanas. Entre otros libros, es autor de Luces y sombras del urbanismo de Barcelona y Revolución urbana y derechos ciudadanos, y coautor de Ciudades, una ecuación imposible y Ciudades para cambiar la vida, publicados por café de las ciudades.
De su autoría y sobre el mismo tema ver también El resistible ascenso del independentismo. O el Estado español contra España, en nuestro número (2)155; y también en café de las ciudades:
Número 2 | Tendencias
Jordi Borja: La Ciudad Conquistada | "La ciudad es el desafío a los dioses, la torre de Babel, la mezcla de lenguas y culturas, de oficios y de ideas. Sin memoria y sin futuro la ciudad es decadencia". | Jordi Borja
Número 15 | Política
"Tendencia no es destino" | Ciudadanía global e innovación en La Ciudad Conquistada, de Jordi Borja. | Marcelo Corti
Número 21 | Política
Barcelona y su urbanismo | Éxitos pasados, desafíos presentes, oportunidades futuras. | Jordi Borja
Número 31 | Tendencias
La Revolución Urbana (I) | Las ciudades ante la globalización: entre la sumisión y la resistencia. | Por Jordi Borja
Número 32 | Tendencias
La Revolución Urbana (II) | De un urbanismo de oferta a un urbanismo de demanda: oportunidades, peligros y abusos. | Jordi Borja
Número 38 | Política de las ciudades (I)
"El circulo vicioso de la marginación" | Jordi Borja y la violencia en el banlieue de París. | Jordi Borja
Número 42 | Política de las ciudades (I)
Espacio público, condición de la ciudad democrática | La creación de un lugar de intercambio. | Jordi Borja|
Número 64 | Política de las ciudades (I)
La izquierda errante en busca de la ciudad futura | Un lugar de encuentros múltiples entre gentes diferentes | Jordi Borja|
Número 81 | Cultura de las ciudades (I)
François Ascher | Pensamiento crítico y acción en la sociedad hipermoderna | Jordi Borja
Número 87 | Política de las Ciudades (I)
Siete líneas para la reflexión y la acción | Después de la “burbuja” inmobiliaria en Barcelona | Jordi Borja
Número 104 | Política de las Ciudades (I)
Carta desde Barcelona: elecciones y campamentos en las plazas | Los Indignados y la construcción colectiva de una acción política | Jordi Borja
Número 108 | Urbanidad contemporánea
Ciudades del mañana | Derecho a la ciudad y democracia real | Jordi Borja
Número 115 | Política de las ciudades (I)
¡Devuélvannos lo que es de ustedes! | Repsol y la expropiación de YPF en Argentina | Jordi Borja|
Número 120 | Política de las ciudades (I)
Cómo hacer de la ciudad una ecuación posible | Las visiones de David Harvey y Jordi Borja sobre el derecho a la ciudad | Beatriz Cuenya
Número 120 | POSICiones cordobesas
Algunas reflexiones después de la visita de Jordi Borja | Cómo producir ciudad en el nuevo contexto | Carola Inés Posic
Número 133-134 I Urbanidad contemporánea
Ciudades inteligentes o cursilería interesada I ¿Hubo alguna vez ciudades tontas? I Por Jordi Borja
Número 137 I Política de las ciudades
La calle y su propiedad I ¿Quién hace la calle, quién la usa, para qué sirve? I Por Jordi Borja
Número 141 I Política de las ciudades
Sobre la Revolución urbana I Urbanismo ciudadano o urbanismo globalizado I Por Jordi Borja
Número 148 I Política de las ciudades
Ciudadanía o barbarie I Sobre la "ley mordaza" española I Por Jordi Borja
Sobre la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau, ver en nuestro número 150 "El tejido social y vecinal de Barcelona debe ser protagonista de una revolución democrática", entrevista realizada por Marcelo Corti.
Sobre Nou Barris, ver Gente de Nou Barris. La transformación de la periferia en la Barcelona post-franquista, por Marcelo Corti en nuestro número 63.
Algunas referencias bibliográficas
Hay mucha bibliografía en forma de artículos y entrevistas en los medios de comunicación, especialmente en La Vanguardia (en castellano) y en ARA (en catalán, bastante entendible si se conoce el castellano). También de diarios digitales como eldiario.es o Público. También en el semanario digital Sin Permiso. El diario más internacional, El País, ha sido muy sectario respecto a Catalunya y especialmente al independentismo. Recientemente, en julio de 2018, veteranos periodistas han asumido la dirección y tienden a ser más objetivos, con menos prejuicios y más progresistas.
El periodo crítico fue entre setiembre y diciembre 2017 y de este hay escasos libros, casi todos “partidistas” de estos meses y más en catalán que en castellano. Hay algunos libros de los años anteriores que previeron más o menos la implosión de 2017. Son útiles.
Recomendamos algunos libros bastante equilibrados, críticos por ambos bloques:
Jordi Amat. La conjura de los irresponsables. Editorial Anagrama, Barcelona, se publicó a finales de 2017. Escritor y colaborador de La Vanguardia, es catalán y escribe sus libros principalmente en catalán pero es crítico y no independentista.
Ignacio Sánchez-Cuenca. La confusión nacional. Editorial Catarata, Madrid 2018, profesor de Ciencia Política de Madrid, crítico pero aún siendo crítico con el independentismo concentra principalmente su obra crítica al gobierno del PP, los otros partidos estatales (C’s y PSOE) y los medios de comunicación de Madrid.
Guillem Martínez. La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe. Editorial. Debate, Barcelona 2016. Y el conjunto de sus artículos a lo largo de 2017. Periodista catalán, muy crítico con el proceso catalán.
Ramón Cotorelo. La república catalana. Editorial Now Books, Barcelona 2016. Sociólogo y ex socialista de Madrid. Crítico con los partidos estatales y expresa simpatía al proceso catalán sin declararse indepe.
Joan Coscubiela. Empantanados: Una alternativa federal al soviet carlista. Editorial Península, Barcelona, 2018. Izquierda histórica (eurocomunista). Sindicalista, secretario general de Comisiones obreras. Catalán. Crítico con el independentismo por su gestión precipitada y poco democràtica. Diputado y portavoz de los “Comunes”; su discurso fue histórico. Federalista.