“No hay mal que dure 100 años” dice el refrán, aunque hay uno que data de las primeras aventuras coloniales, se hizo carne durante el siglo XX y se profundiza hasta entrada la segunda década del XXI: la exclusión urbana. Hace más de un siglo que todas las discusiones, acciones, omisiones, acuerdos y desacuerdos a nivel global giran en torno a cómo integrar a los excluidos de las ciudades en Latinoamérica. Desde la teoría de la modernización, pasando por la dependencia y la marginalidad, hasta el modelo de ciudad competitiva-neoliberal del Banco Mundial; desde convenciones internacionales como Hábitat I, II y III a los ODS y la Nueva Agenda Urbana, son numerosas las iniciativas teóricas y políticas que se han puesto en marcha para responder a LA pregunta del millón (o los miles de millones invertidos en vano). Si en algo se emparentan las ciudades y la democracia es que ambas son una promesa incumplida o, mejor dicho, un proyecto incompleto.
Desde mucho antes de la pandemia asistimos a una crisis de poder en la cual tenemos que abordar y resolver problemas muy complejos del siglo XXI con herramientas del siglo XX, en un contexto de neoliberalismo sin horizonte, una sociedad desconfiada de cualquier institución política y un Estado que, en cada una de sus escalas, perdió capacidades de planificación, conducción de procesos, creación de instrumentos y autoridad sobre el territorio. Como dice Juan Grabois: “el sistema no es sólo la reafirmación del poder del capital y las corporaciones, sino el desempoderamiento de la sociedad y el Estado. La impotencia, el no poder, la falta de soberanía operativa que convierte en letra muerta el mejor tratado internacional”. La exclusión urbana de los 4-116 barrios populares de Argentina, su historia y su presente, es la manifestación territorial de esta crisis de poder.
Afortunadamente, el pesimismo de la razón se complementa con el optimismo de la voluntad política de muchos actores, principalmente los movimientos sociales que además de reclamar, vigilar e interpelar al poder de arriba, también trabajan incansablemente para avanzar hacia una articulación entre democracia, derechos humanos y políticas sociales a través de instrumentos concretos que, en medio de una crisis de poder, nos permitan poder, valga la redundancia.
El ejemplo paradigmático de este trabajo es la urbanización de los barrios populares a través del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana. Los movimientos sociales entendieron mejor que nadie que son los Estados (y no los gobiernos) los responsables de garantizar la transformación de los derechos en realidades. Para eso había que dotarlos de medidas legislativas y capacidad de planificación estratégica para diseñar e implementar políticas públicas desde el enfoque de los derechos humanos, que se constituyan en obligaciones y responsabilidades permanentes de los gobernantes de turno independientemente de su color político. Las cifras de la exclusión no dan lugar a dudas: este sistema no puede sostenerse, y garantizar la convivencia común sin incorporar la integración urbana como realidad efectiva y permanente del ejercicio de gobierno.
Para quienes nacimos en democracia, crecimos con la crisis social y económica del 2001 y nos formamos como militantes luchando por el acceso a la tierra, la ley de Integración Socio-Urbana es la primera política de largo alcance para los barrios populares que conocimos. Medio siglo acordando metas, firmando compromisos internacionales, descentralizando, promoviendo la gobernanza, pero el primer y único registro en la historia de nuestro país que puso en el mapa nada más y nada menos que el lugar de vida de casi 5 millones de personas fue RENABAP en 2017. Esta ley representa un marco jurídico e institucional y una estrategia nacional para garantizar una política de Estado que, aun con dificultades, cuenta con un compromiso institucional a mediano plazo, donde se garantiza la existencia de recursos financieros y humanos.
Pero sobre todas las cosas, es una herramienta clave para resolver situaciones conflictivas muy complejas a nivel territorial, como sucedió con el conflicto del barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario, cuyo destino era convertirse en un barrio cerrado de enormes proporciones –producto de la connivencia entre desarrolladores privados y la orientación de las políticas urbanas municipales de aquel momento– pero que hoy, luego de 15 años, terminó siendo una de las dos intervenciones más grandes de las 358 que actualmente lleva adelante la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) a nivel nacional.
En la historia de Nuevo Alberdi, RENABAP se asemeja a esas películas de Hollywood donde los protagonistas resisten heroicamente frente a enemigos poderosos (aunque sin saber cuánto más podrán aguantar) hasta que de repente cambia la música y aparecen los aliados en helicóptero dando vuelta la situación. “Pasamos de pelear con una gomera a tener apoyo aéreo” dice nuestro compañero Juan Monteverde, haciendo referencia, entre otras cosas, a la posibilidad concreta de evitar desalojos.
No me preguntes cómo llegué hasta acá sino de dónde vengo
Ciudad Futura es un partido político conformado en el año 2012 a partir de la confluencia de dos movimientos sociales autónomos de la ciudad de Rosario, el Movimiento Giros y el Movimiento 26 de junio. Un partido de movimiento cuyas raíces identitarias se encuentran en la lucha cuerpo a cuerpo contra el avance de la especulación inmobiliaria hacia la periferia en el barrio Nuevo Alberdi y, otra cara de la misma moneda, la crisis de violencia urbana y narcotráfico que puso patas arriba absolutamente todas las instituciones de la ciudad desde lo que se conoció como el triple crimen de Villa Moreno.
Del curso concreto de estas luchas particulares aprendimos unas cuantas cosas que luego se tradujeron en una plataforma donde conviven escuelas, comedores, espacios culturales, unidades productivas, de comercialización, medios de comunicación, concejales y diputados y, finalmente, lo que más interesa en este artículo: una política prefigurativa de escala como la urbanización de Nuevo Alberdi.
Hasta la trágica inundación de 2007, Nuevo Alberdi era una de las zonas más olvidadas de Rosario. Un barrio habitado por 1.200 familias (hoy ya son casi 2 mil) ubicado en el extremo noroeste de la ciudad sobre el límite del municipio, dividido en dos por los canales Salvat e Ibarlucea. Esa barrera natural dibuja una zona urbana parecida a los asentamientos tradicionales y, del otro lado del canal, una zona rural de 500 has, inundable, sin calles ni luz ni agua, pero habitada por familias que durante décadas se dedicaron a fabricar ladrillos y criar animales.
Aquella inundación abrió la puerta de un conflicto territorial que no difiere de los métodos conocidos de la especulación inmobiliaria: comprar o apropiarse de tierras inundables a muy bajo costo esperando alguna futura intervención del Estado a través de la obra pública, que cambie los usos de suelo y, por ende, el valor de la tierra. Apenas bajó un poco el agua, comenzaron a aparecer operadores inmobiliarios que, sabiendo lo que venía, ofrecían a los habitantes una escasa suma de dinero en mano a cambio de irse. La opción B era el desalojo con topadoras, sin intervención judicial ni policial.
Al calor de esa embestida inédita fue que se conformó la Asamblea Popular Nuevo Alberdi, que en sus acciones colectivas combinó distintos repertorios (acampes, movilizaciones, intervenciones, propuestas legislativas, gestión social del territorio) que permitieron, entre otras cosas, visibilizar y poner en el centro de la discusión pública las consecuencias conflictivas del denominado “modelo Rosario”, cuyo caballito de batalla era el Plan Urbano 2007-2017, la formalización de los convenios público-privados y otros eufemismos para tapar el avance monopólico del sector privado sobre la poca tierra que quedaba en la periferia. Un mismo grupo económico llegó a concentrar el 9% de la tierra en sus manos.
El trabajo político y pedagógico en busca de aunar voluntades políticas por parte de la Asamblea tuvo su pico en diciembre de 2010, cuando el Concejo Municipal aprobó por abrumadora mayoría la Ordenanza del Ya Basta, gracias a la cual Rosario se convirtió en la primera ciudad del continente en prohibir la figura de barrio privado. Para Nuevo Alberdi, esta batalla ganada permitió abrir muchas cabezas acerca de la posibilidad concreta de cambiar el destino de barrio privado por una urbanización más inclusiva y democrática. La respuesta del poder fue contundente: con topadoras y parapolicías, más un juicio de desalojo en tiempo récord contra el último tambo de la ciudad, ubicado en el corazón de la zona rural del barrio, y como broche de oro, un fuerte lobby en el Concejo para aprobar tras bambalinas la ordenanza que se conoció con el nombre de “Parque Habitacional Bouchard” (2011), un convenio público privado perfectamente a medida de los empresarios.
Estos años no fueron solo de resistencia sino fundamentalmente de apuesta por la construcción de proyectos territoriales y nuevas institucionalidades con el fin de solidificar el arraigo y la identidad colectiva del barrio. Creamos de la nada la Escuela Ética, primera secundaria de gestión social reconocida por la provincia de Santa Fe. Pusimos a resistir y producir el Tambo La Resistencia que hoy es una cadena láctea que produce e industrializa 1400 litros de leche diarios. Y con esa base decidimos “dar el salto” a construir un instrumento político local, Ciudad Futura, para entrar y transformar instituciones como el Concejo Municipal, que con una ordenanza pueden decidir los destinos de miles de familias. Objetivo que logramos en 2015, batacazo electoral mediante, cosechando el 16% de los votos y un bloque de 3 concejales; que al día ya cuenta con 5 bancas propias.
En un contexto político de retroceso a nivel regional, fue el optimismo de la voluntad de una diversidad de organizaciones lo que posibilitó la confección de una hoja de ruta que, a priori, parecía irrealizable: relevar seriamente los barrios populares, garantizar un status legal de ocupación, aprobar una ley nacional para expropiar todas las tierras relevadas y, en paralelo, realizar obras de integración urbana. Imposible o no, para Ciudad Futura significaba un instrumento clave que, de cumplirse, podría ser el golpe de timón a un conflicto de diez años que no se resolvía para nadie.
Hacia finales de 2016 pusimos toda la organización para acompañar el relevamiento de los 112 barrios populares de Rosario y el proceso nacional. El Decreto 358 de 2017, firmado por el ex-presidente Macri, le dio volumen al relevamiento incluyendo la definición de barrio popular y el certificado de vivienda como documento clave del mismo. El análisis de los datos del relevamiento y la construcción de polígonos de intervención en cada barrio relevado tuvo su corolario entre julio y octubre de 2018, cuando la Cámara de Diputados y luego el Senado de la Nación aprobaron por unanimidad la ley 27.453: Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Conocida también como “ley de barrios populares”, “ley de integración urbana” o, simplemente, “ley RENABAP”.
A pesar de la intención por construir una política de Estado que supere las vicisitudes de la coyuntura política, fue el cambio de gobierno tanto a nivel nacional como municipal en diciembre de 2019 y la llegada de Fernanda Miño a la flamante Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) lo que aceleró los tiempos para que el 1 de septiembre de 2020, en plena pandemia, luego de 15 años de conflicto ininterrumpido y con el tambo La Resistencia como escenario de fondo, se firmara el convenio de urbanización de Nuevo Alberdi, con la presencia de los principales funcionarios municipales, provinciales y nacionales.
Firma del convenio en el Tambo
El buen gobierno del territorio
El nuevo escenario a partir de la firma del convenio y el inicio de un proceso de urbanización abren la puerta a múltiples interrogantes, aprendizajes y desafíos hacia adelante. Después de 15 años de construir voluntad política para torcer el destino de una zona estratégica de la ciudad, hay que decir que no alcanza solo con eso si de lo que se trata es de moldear una nueva cultura institucional con capacidad para expresarse en prácticas sociales y en prácticas institucionales distintas, que redefina los contenidos, la organización y la implementación de los programas y políticas públicas en el territorio. Más que sentarnos a esperar que el Estado cumpla su responsabilidad, comenzamos a explorar una nueva forma de gobierno del territorio que, en el caso particular de Nuevo Alberdi, se sostiene sobre dos grandes pilares que, en simultáneo, trazan el trayecto hacia la integración socio urbana.
Uno de esos pilares es repensar la normativa urbana e innovar en las herramientas legislativas locales y los marcos jurídicos para captar plusvalía en serio, generando suelo y financiamiento. Apenas firmado el convenio, desde nuestro bloque en el Concejo Municipal impulsamos la derogación de la nefasta ordenanza Parque Habitacional Bouchard, y trabajamos en articulación con el nuevo ejecutivo municipal para reemplazarla por el “Plan de Desarrollo Urbano-Ambiental Canales Salvat-Ibarlucea”, que logramos sea aprobado por unanimidad en julio de 2021. Este nuevo plan de ordenamiento para Nuevo Alberdi se propone intervenir sobre 490 has y prevé cuatro sectores con distintos usos: una zona de integración socio urbana, una de desarrollo más densificado, y dos zonas de protección ambiental con usos productivos para localizar la producción del barrio y con posibilidades de vivienda de baja densidad y áreas deportivas. Así, los arroyos dejan de ser la variable especulativa del valor de la tierra para convertirse en un humedal urbano a preservar. Pero además la ordenanza crea nuevos mecanismos con los que antes la ciudad no contaba: reparcelamiento, reajuste de tierras y donaciones anticipadas de suelo, para darle al proyecto mayor agilidad e incentivos para quienes se sumen al plan integral y que deje de suceder que las compensaciones privadas se hagan muchos años después de consolidado el desarrollo o directamente nunca lleguen. Otro elemento innovador es que fijamos el porcentaje de donación de tierra más alto de los convenios urbanísticos de Rosario, llevándolo al 30%. Los propietarios que quieran construir van a tener que donar ese porcentaje de suelo para desarrollo público.
Estos no son detalles técnicos. Conviene leerlos políticamente y situarlos territorialmente para entender su importancia. El proyecto promueve el crecimiento urbano de la ciudad en armonía con las condiciones físicas y ambientales y respeta las condiciones sociales y políticas preexistentes, garantizando la permanencia en el lugar de las 200 familias que desde hace décadas luchan, viven y trabajan en la zona. A diferencia de las políticas urbanas desplegadas en los últimos 20 años, en el caso de Nuevo Alberdi el estado municipal no sólo capta mayores porcentajes de plusvalía urbana y genera nuevos mecanismos para garantizar su captación sino que también “recupera el lápiz”, es decir la capacidad de planificación y definición sobre el suelo, que no es otra cosa que la autoridad política sobre el territorio. La apuesta política es que, de aquí en más, la ciudad crezca y se expanda ya no en base a los proyectos de negocios concebidos desde el sector inmobiliario sino según el diseño urbano que define el sector público y, ahora sí con nuevas reglas, orientar la iniciativa privada.
En ese sentido, y contra todas las apuestas, este cambio de paradigma traerá resultados favorables para los distintos sectores que intervienen en el proceso y para la ciudad en su conjunto. Vamos a demostrar que la desigualdad no sólo es moralmente intolerable sino que también es ineficaz, porque coloniza la estructura estatal con el discurso del “no se puede” y, en ese tren, cada día que pasa perdemos oportunidades valiosas de integrar la ciudad con beneficios muy concretos y tangibles. Costó mucho convencer sobre esto, pero el “Plan de Desarrollo Urbano-Ambiental Canales Salvat-Ibarlucea” tiene como eje central garantizar la mixtura y la integración de sectores sociales de distinto poder adquisitivo, eliminando la posibilidad de barreras físicas y cerramientos que fragmentan el territorio y creando un corredor vial prioritario donde se emplacen los principales servicios educativos, sanitarios, comerciales, de manera tal que se garantice la conexión real y convivencia entre el barrio popular existente y las nuevas construcciones para sectores medios y medios altos.
Un rasgo distintivo es la planificación del desarrollo urbano bajo la modalidad de “supermanzanas”; la decisión de que tanto el sector privado como público desarrollen proyectos que rondan entre 12 a 20 hectáreas contribuye no solo a la mixtura, a la construcción de una ciudad que priorice la proximidad, la cercanía y las movilidades sustentables, sino también a diversificar los actores económicos e inmobiliarios de la construcción que pueden intervenir en la expansión urbana y así evitar que sean solo los 2 o 3 grandes desarrolladores inmobiliarios quienes inviertan en la zona. Otro elemento importante e innovador es la creación de un fondo especial para la integración sociourbana de Nuevo Alberdi, para la sostenibilidad económica y financiera del proceso de urbanización, administrando la totalidad de las compensaciones, obligaciones y donaciones que la municipalidad capte en concepto de plusvalía urbana sobre los desarrollos privados del sector. Y en una reivindicación histórica, logramos que el estado municipal priorice que las compensaciones sean en tierras en lugar de dinero, con el objetivo de poder no sólo garantizar la regularización dominial de las familias existentes sino también desarrollar políticas de acceso al suelo y a la vivienda para sectores medios en convenio, por ejemplo con gremios o sindicatos de trabajadores y trabajadoras. La creación de este fondo aporta también a la transparencia, seguimiento y control político y social sobre los mecanismos de articulación del sector público con el privado.
El segundo de los pilares para pensar un nuevo gobierno de los territorios de las periferias urbanas es la necesaria construcción de una plataforma de gestión, articulación y poder que permita abordar los desafíos complejos y urgentes del momento. Digamos que es el motor que debe hacer realidad al menos los primeros pasos de la urbanización, los más difíciles en este contexto. En los tiempos que vivimos, especialmente en Rosario, urbanizar los barrios populares no es sólo una deuda social con más del 30% de nuestra población sino una necesidad inmediata para la construcción de una política de seguridad democrática que se sostenga en la inclusión y creación de oportunidades reales para el desarrollo de proyectos de vida independientes de las economías delictivas y el poder de las mafias.
En este marco, urbanizar no puede ser sólo tirar caños y pavimento. Urbanizar es la oportunidad para que acordemos entre los distintos niveles y áreas del Estado, las organizaciones territoriales y comunitarias, los movimientos sociales, las universidades y el sector privado –desde las empresas prestadoras de servicios hasta las cooperativas de trabajo– un plan de intervención consensuado que, en un mismo territorio y al mismo tiempo, permita transformar las condiciones materiales y simbólicas de vida de quienes allí habitan, logrando sostener esos cambios en el tiempo. Para lo cual se necesita dejar atrás las dinámicas endogámicas y mezquinas de poder, apostar por la construcción de confianza política a través de nuevos modos de gestión y articulación que prioricen la cooperación y el intercambio y renunciar a las políticas públicas enlatadas, diseñadas desde los escritorios, entendiendo que las respuestas a las graves y crecientes problemáticas de las periferias urbanas están precisamente ahí, en las experiencias de vida, en las frustraciones, los anhelos, las conquistas alcanzadas y los proyectos de cada territorio.
El buen gobierno, nos enseñaron lxs zapatistas, tiene que ver con el ejercicio democrático del poder (“mandar obedeciendo”) y sobre todo con sus resultados, con su eficacia para garantizar derechos y no solo con su legitimidad de origen. Este es el desafío del Estado y la democracia del siglo XXI.
El Nuevo Alberdi: “¿Será que esta vez será?”
“¿Será que esta vez será?”. Es una expresión que se popularizó en las primeras instancias colectivas que se realizaron en el barrio durante la pandemia. Nuestros compañeros del Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), artífices de un intenso proceso de diagnóstico, dinámicas, recolección de datos y proyección, usaron esa frase para tomar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos por delante ante la lógica desconfianza y el pesimismo esperanzado de aquellos que hace años vienen dejando la piel por hacer realidad cada uno de los puntos que componen el Plan Urbano-Ambiental del barrio. La ordenanza es un deseo proyectado que no será si nos sentamos a esperar; entonces, ¿cómo aplicamos una ley y una ordenanza revolucionaria sin hacer la revolución, en un Estado y una sociedad plagada de valores y prácticas neoliberales? ¿Cómo se lleva adelante la transición de un sistema a otro cuando todo depende de todo? No hay respuesta definitiva, pero sí algunas pistas, muchas puertas y ventanas hacia el futuro. La llave para abrirlas está en la organización territorial. Los seres humanos como sujetos y productos de su propia actividad.
Desde ya, se equivocan quienes piensan que organizar consiste en juntar personas y asignarles tareas. Parafraseando a Saint-Exupéry, si se quiere construir un barco primero hay que generar ansias de mar. Cuando se inicia el proceso de urbanización de Nuevo Alberdi, allá por noviembre de 2020, la primera cuestión a resolver era cómo generar expectativas, como contar la urbanización y traducir tanta información compleja, sobre todo a las nuevas generaciones del barrio, las generaciones futuras que deberán sostener y tomar las riendas del proceso en algún momento.
Ante el encierro, la falta de conectividad y la imposibilidad de encuentros masivos, se resolvió “volver a las bases” como se dice. La radio apareció como la opción más viable y “Aquí y ahora Nuevo Alberdi”, el programa de la urbanización, fue el primer catalizador de información, consultas y visibilización de realidades diversas y desconocidas como la de los comerciantes y artistas del barrio. Otra propuesta que se llevó adelante fue recuperar la historia social del barrio, recreando la organización de la Asamblea Popular Nuevo Alberdi con delegadxs por manzana como nexo para crear dispositivos que permitieran recoger esas expectativas y deseos realmente existentes. El confinamiento habilitó la oportunidad de realizar “mapeos familiares” (mediante un kit con mapas e iconos) y precisar qué actividades y necesidades deben resolverse dentro y fuera del barrio. También tuvieron mucho éxito los “mapeos de emociones” donde los miembros de cada familia identificaron que lugares les generaban enojo, inseguridad, miedo, confianza, felicidad. Se sumaron talleres de prototipado y diseño del espacio público para las infancias, ciclos de encuentros de mujeres (la violencia de género aparece de modo recurrente en todas las instancias) y talleres de participación al paso en la calle. La sabiduría tácita de quienes viven, perciben y producen el territorio convertida en sabiduría social a través de la participación activa.
Finalmente, se puso en marcha un complejísimo censo realizado en enero de 2021, movilizando 80 relevadores que se lanzaron a recorrer cada una de las 1.789 casas de Nuevo Alberdi con la expertise de un geógrafo. El censo es una herramienta fundamental para entender aspectos cualitativos sobre cómo se vive en un barrio popular hoy. Pero lo más decisivo es quizás lo que permite evitar que las tareas políticas (el censo y todas las anteriores lo son) se conviertan en una tarea especializada, abriendo así una disociación fatal entre el mundo común y el universo de quienes concentran una parte especial del poder de decidir y proyectar.
El resultado de esta primera etapa del proceso de integración de Nuevo Alberdi es la gestación de experiencias como la articulación con la Universidad Nacional de Rosario para instalar una sede con tecnicaturas en oficios que permitan ser un puente entre la escuela secundaria y la universidad para las juventudes del barrio. El trabajo en conjunto con una empresa local prestadora de servicios de internet para garantizar la conexión domiciliaria del servicio de cable, teléfono e internet a tarifas accesibles; la instalación de un Centro de Acceso a la Justicia y la organización de los comerciantes del barrio para la creación de un centro comercial a cielo abierto en articulación con el Banco Municipal de Rosario para la incorporación de pagos electrónicos y hasta la posibilidad de un cajero automático en el barrio. Todas estas iniciativas se generan en paralelo y en cierto sentido desbordando o complementando el propio convenio con la Secretaría de Integración Socio Urbana, a partir del cual se desprenden las primeras obras tempranas que serán financiadas por el fideicomiso RENABAP: extensión del servicio y conexión domiciliaria de agua y cloacas, la construcción de tres espacios públicos con infraestructura de envergadura y calidad –una cancha de fútbol de césped sintético con predio ferial, una plaza comestible y el ingreso al barrio con la reconversión del parque de la estación ferroviaria con sede de la universidad– y la construcción del edificio de la escuela secundaria para jóvenes y adultos y el jardín de gestión social ETICA.
“Cambiar la vida, cambiar la sociedad, nada significan estos anhelos sin la producción de un espacio apropiado” decía Lefebvre. Es curioso como las vecinas y vecinos que forman parte de las duplas territoriales lograron apropiarse del término “urbanizar”. Cambiaron expresiones como “me voy a recorrer el barrio” o “me voy a la asamblea” por “me voy a urbanizar”, “hoy fui a urbanizar”, “el sábado a las 10 tenemos que urbanizar”. Generar ansias de mar es también dejar el lugar naturalizado de consumidores o usuarios de un espacio no pensado por ellxs o para ellxs. La re-apropiación del espacio que lo saca de su valor de cambio y devuelve su valor de uso, la única forma posible para la creación colectiva. Urbanizar como verbo y acción colectiva. El resto es todo mercancía y ganancia de unos pocos.
Línea cronológica del proceso participativo
Al igual que la exclusión urbana, la lucha de los más pobres en la ciudad para tener un espacio adecuado, por infraestructuras accesibles y de alta calidad, ha estado siempre presente desde las primeras ciudades. En Argentina se logró un paso gigante: salir del estado de indefinición institucional, reconocer la situación y tomar la decisión de que 4.116 barrios populares deben formar parte de esas ciudades. Ningún camino está trazado y, de hecho, nunca existirá UN camino. Pero hay que acelerar el paso y prepararnos para lo imprevisible. Lo que hay que hacer hay que hacerlo rápido, de manera seria y organizada porque no estamos actuando en el vacío sino en medio de mucha incertidumbre, dolor y muerte. En todo caso, se pagará el mismo precio por atrevernos que por no hacerlo. De lo contrario, se profundizará este colapso civilizatorio que ya es una realidad y pone en crisis la unidad política de la ciudad ante la escalada de desigualdad y violencia urbana. Además de Nuevo Alberdi, en Rosario hay 111 barrios populares esperando su turno. Tal vez la experiencia acumulada y lo que vendrá aporten un camino posible para dejar a un costado los puntos medios que no conforman a nadie y apostar por alternativas reales, con capacidad de enamorar, resolver y transformar.
Caren Tepp es militante de Ciudad Futura y concejala desde 2015. Formó parte, desde los primeros años, del Movimiento Giros, trabajó en la organización de la Asamblea Popular Nuevo Alberdi, la reactivación productiva del Tambo La Resistencia y fue presidenta fundadora del partido Ciudad Futura. Actualmente preside el bloque de concejales de dicha fuerza política en el Concejo Municipal de Rosario.
Alejandro Gelfuso es militante de Ciudad Futura. Fundador del Movimiento Giros en el barrio Nuevo Alberdi, participó de la organización de la Asamblea Popular Nuevo Alberdi y la creación del partido Ciudad Futura. Actualmente forma parte del equipo legislativo de Ciudad Futura en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Sobre la Ley 27.453 453 de Integración Socio Urbana, ver en nuestro número 163/4 Asentamientos populares, entre la regularización y la nada, de María Cristina Cravino, y Un paso necesario hacia una sociedad más integrada, de Fabio Quetglas, la nota La reglamentación de la ley de barrios populares, de Marcelo Corti en nuestro número 181, y Esperanzas y cuentas pendientes de la integración socio-urbana de los barrios populares, de Santiago Chudnovsky en nuestro número 182/3. Ver también La regularización de asentamientos y villas, de Marcelo Corti en El Estadista.
Sobre la urbanización de Nueva Alberdi, ver también:
Ciudad Futura, Plan de desarrollo Urbano-Ambiental Canales Salvat-Ibarlucea.
Instituto de Gestión de Ciudades, “Urbanización Nuevo Alberdi- ¿Será que esta vez será?”.
Ciudad Futura, resumen acto firma del convenio de urbanización.
