N. de la R.: Esta nota reproduce una parte de la ponencia presentada por el autor en el VII Seminario internacional de teoría urbana latinoamericana, Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, 24 de octubre de 2025.
Introducción
Apuntaré al nudo más contingente de la realidad política de una Argentina gobernada desde fines de 2023 por el “anarco capitalismo”, focalizando en sus efectos hacia el sistema urbano. Teniendo en cuenta que el principal emblema de la administración mileísta consiste en “pasar la motosierra al Estado”, me preguntaré por la relación de esa consigna de raíz neoliberal con el concepto de lo público, que resulta clave para la teoría de lo urbano como sistema.
Redondeando los dos años de gestión, el presidente Javier Milei continúa en forma inalterable ostentando el instrumento talador. Pero en términos fácticos y vivenciales, la motosierra ha dejado de ser exclusivamente una metáfora, para pasar a ser aplaudida, por el poder económico-financiero que sostiene al gobierno, a la vez que protestada en las calles por muchos de quienes la sufren.
Con idas y vueltas, el Estado argentino ha venido subsidiando al capital desde hace ocho décadas, dentro de la tensión entre el modelo productivo de sustitución de importaciones y el agro-exportador neocolonial y neoliberal. La forma de ese subsidio fue la del llamado salario indirecto, cubriendo la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el sistema público de provisión de consumos colectivos, el sistema urbano, o el valor de uso de la ciudad moderna (Gravano, 2023ª).
El tronco del Estado y su ramaje de provisión de derechos básicos y ampliados para la reproducción ha sido imaginado ideológicamente por la fuerza de trabajo como garante de aquellos derechos mientras el capital siempre lo consideró un lastre para la apropiación de excedentes en forma de toma de ganancias dentro de la libertad de los mercados. Esta tensión es la que, con el gobierno de Milei, se ha agudizado al extremo.
Para la visión productivista de Argentina, representada por diversas fuerzas políticas reformistas, el Estado debería cumplir con la “función social” de garantizar –cuando no de proveer en forma directa- el cumplimiento de esos derechos y necesidades. Pero no suele explicitarse con la misma intensidad que esa función resulta ser, en el fondo, un elemento crucial para la solvencia de la reproducción del capital. Lo que más suele reivindicarse es una serie de consignas abstractas del tipo “más Estado”, “mejorar la calidad de vida de la gente”, “lograr el bienestar general”, con su correlato en la llamada teoría del derrame.
Hoy, con el gobierno autopercibido como anti Estado pero que actúa desde el Estado, las infraestructuras y servicios que hacen a la reproducción necesaria –básicamente desde el sistema urbano– han sido descalificados ideológicamente, considerándolos como tejido enfermo al que la motosierra llegó para amputar mediante el “ajuste más grande de toda la historia”.
El secretario de Obras Públicas de la Nación presentó en junio de 2025 los números del recorte en infraestructura encarado por el gobierno: de 2.337 obras, más de 1.600 fueron canceladas y solo 183 seguirían bajo ejecución nacional.
¿Cómo se efectiviza la motosierra en el sistema urbano?
En momentos de escribir este apartado, casi la mitad del país está sufriendo un corte en el suministro de gas natural, a la vez que una liberación de precios de garrafas. Desde la asunción del autodenominado “topo del Estado” las infraestructuras energéticas (gas, electricidad) y provisión de agua están en crisis; la red vial sin mantenimiento ni renovación; lo mismo los ferrocarriles; los servicios sanitarios urbanos básicos deteriorados y faltantes; la salud y la educación desfinanciadas; y las emergencias concretas (incendios, inundaciones, frío y calor extremos) han quedado incluidas en el “ustedes sabrán solucionarlo” con que justificó el presidente la ausencia de asistencia nacional a damnificados de catástrofes (las emergencias más notorias fueron las inundaciones de Bahía Blanca y Campana-Zárate y el incendio forestal en el valle de Punilla, Córdoba).
La imagen de la “paralización de la obra pública” de parte del Estado nacional, junto con el difuso traspaso de las responsabilidades al rango provincial o directamente municipal (el “efecto en dominó”, ya practicado en los años noventa), adquieren cotidianeidad creciente. Los cortes abruptos rozaron el 80 % sólo en el primer año de gobierno y en el presente continúan. El secretario de Obras Públicas de la Nación presentó en junio de 2025 los números del recorte en infraestructura encarado por el gobierno: de 2.337 obras, más de 1.600 fueron canceladas y solo 183 seguirían bajo ejecución nacional. El resto pasará a manos provinciales, pero sin asignación financiera o incluso con quita de transferencias ya pactadas. Finalmente, en vísperas de un nuevo aniversario de la Independencia (9 de julio), se comunicó la disolución del organismo responsable de las rutas nacionales.
Un efecto netamente urbano de la motosierra aplicada a la obra pública se materializa en la industria de la construcción y su eco en servicios y comercio, que llega a adquirir un sentido de crisis, principalmente en centros industriales arraigados y ciudades de rango medio. Se destruyeron cien mil de estos puestos de trabajo desde la asunción de Milei, lo que para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), significó el 0,4% del PBI en 2024, contra el 1,6% de 2023. A la par, hasta mediados de 2025 han desaparecido 100.000 empleos en el sector privado de la industria.
Respecto de las políticas de vivienda, el gobierno directamente cerró la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y discontinuó sus programas, principalmente el de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), con la justificación de que “el gobierno no debe construir casas” y de que el rubro “será mejor atendido por el mercado” (en palabras del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger). El decreto con los cierres fue conocido casi al mismo tiempo en que la ministra de seguridad nacional Patricia Bullrich prometiera a una manifestación de protesta de gendarmes que les construiría casas para solucionar los altos costos de sus alquileres: “Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas porque vamos a agarrar todos los planes PROCREAR”, que ya no existían (el presidente desarmó el área, pero mantuvo la subsecretaría que controlaba Sebastián Pareja, mano derecha de su hermana Karina Milei, en un gesto contradictorio similar al de su ministra Bullrich).
Vivienda y espacio público se articulan a partir de la modificación por decreto de la ley sobre personas en situación de calle, cuya responsabilidad fue definitivamente delegada en las provincias, al mismo tiempo que se hicieron notorios los fallecimientos de personas viviendo en el espacio público del AMBA en las primeras heladas del invierno de 2025 –indigentes considerados “ocupas” por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (“usan los cajeros automáticos como departamentos”, Jorge Macri dixit). Junto con el protocolo de la ministra de seguridad nacional para reprimir movilizaciones y su focalización en los reclamos de jubilados en torno al Congreso Nacional, constituyen parte de la escalada de violencia fundacional del mileiato.
A esto se suma la quita de fondos para la salud pública: hospitales, investigación, formación de profesionales, suministro gratuito de medicamentos oncológicos, oficinas encargadas de la vacunación masiva y la intervención más notoria en el Hospital Garrahan de atención a infantes en casos agudos; el cierre de los institutos de asistencia e investigación agropecuaria (INTA) e industrial (INTI) y desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica en general; la quita de subsidios al transporte público y el desguace de organismos de regulación y control; jubilaciones y pensiones prácticamente destruidas. Todos rubros acusados de ocasionar el “gasto” público, a los que Milei estigmatizó en su campaña electoral con sus emblemáticos “son la casta” y “¡fuera!”, personificando en los científicos, las universidades, los artistas y a todas las coberturas de derechos de primera y segunda generación.
Esa función la cumple lo público dentro de los antagonismos e intentos hegemónicos, ya que recurrentemente es invocado por los privados sobre la base del “interés común”. Pero no parece ocurrir esto con el anarco-capitalismo.
Lo urbano, el Estado y lo público vivo
Lo público, al menos tal como lo he constatado en mis investigaciones, se sitúa como eje que vertebra todo el proceso que va desde la necesidad estructural de la reproducción material y social, pasa por las invocaciones de derecho hacia la satisfacción de esas necesidades y se cruza con la apropiación de excedentes –elemento basal de lo urbano– o las contradicciones de hecho respecto al cumplimiento de ese derecho. Lo público aparece farragosamente en la cotidianeidad como servicio, como fenómeno de notoriedad, de invocación, como reclamo, como amparo, como sistema institucional, y como un valor, pero también como sistema de creencias de sentido común, dentro de los imaginarios y como un eje de brechas ideológicas. También es recurrente su solapamiento con la figura del Estado moderno y el concepto de gobierno, sus aparatos, sus historias formales y vividas y su espectro de divergencias lógicamente políticas.
Como caución preventiva, parto de la necesidad de des-solapar el concepto de lo público de la figura del Estado, ya que ese sentido estricto de lo público puede ampliarse a una perspectiva que sitúe a lo público como una construcción simbólica específica de la comunicación humana. De esta manera, he extendido el sentido de lo público en sociedades sin Estado (Gravano, 2023b: 30-35) y he ensayado una concepción de lo público instituido desde un enfoque dialéctico estructural, historizándolo en el proceso de formación del Estado en la matriz de lo urbano (Gravano, 2023b: 35-40 y 2021: 391-395), remontando a las realidades de las primeras ciudades-Estado.
El Estado, como aparato institucional, actúa, mientras lo público, como asignación de valor simbólico trascendente a los intereses particulares, legitima, siempre en nombre del interés invocado como general, que es necesario imponer por consenso.
La coyuntura de irrupción del anarco-capitalismo de tinte fascistoide en sus modos es una expresión de lo que podría caracterizarse estructuralmente como capitalismo al desnudo, y resulta ser una oportunidad para agudizar la conciencia crítica contemporánea hacia lo urbano y lo público. El capitalismo al desnudo refiere a la esencia estructural del capitalismo, cuyo eje es la apropiación del plus de trabajo necesario para producir lo que puede convertirse en valor y así conformar el capital. Luego, puede ser que se pueda diferenciar entre el capitalismo mercantil, industrial, financiero, pero su estructura básica es la apropiación y, por lo tanto, la constitución de ese excedente producido mediante el tiempo de trabajo no remunerado o correspondido por la figura salario y que constituye el principio del capital. Y la cualidad también básica para que se plasme este proceso es la libertad del trabajador para ser apropiado mediante el lazo contractual y ya no por la opresión servil feudal (que sostenía su reproducción), lo que, visto desde el otro lado, implica la imprescindible libertad para explotar de parte del capital.
Esa apropiación está mediada por el proceso social más amplio y genérico, que no se reduce a la relación entre un agente capitalista determinado y la fuerza de trabajo personalizada, sino que ambos términos forman parte de una relación procesual, reconocida y legitimada, a la par que estructural. El proceso amplio implica, por lo tanto, incluir conceptualmente dentro de la clase trabajadora a desempleados, expropiados de su potencialidad de ser productivos de valor a tiempo completo, o de aquellos que se insertan como necesarios y funcionales en las cadenas de valorización sin que estén formalizados bajo la figura de salario directo.
Para que todo el proceso se vea reconocido y legitimado debe ser parte de una esfera pública, esto es de un valor simbólico que se constituya a partir de ese reconocimiento y legitimación. ¿De qué manera? Desde la invocación de lo público considerado común a la totalidad, universal y no personalizado, trascendente a las particularidades y parcialidades. ¿Por qué? Porque debe opacar los antagonismos entre clases y también las competencias entre los privados burgueses dentro de la totalidad, en aras de la representación de lo abstracto común, de esa común-idad. Esa función la cumple lo público dentro de los antagonismos e intentos hegemónicos, ya que recurrentemente es invocado por los privados sobre la base del “interés común”. Pero no parece ocurrir esto con el anarco-capitalismo.
El gobierno anarco-capitalista invoca la destrucción del Estado, pero en realidad está operando mediante el Estado para aniquilar lo público y convertir todo lo viviente en asunto de privados.
El gobierno de Milei reivindica la esencia del capitalismo –la libertad para la explotación– sin límite alguno, totalmente libre incluso de la necesidad de su legitimación y reconocimiento, sin nada que la contradiga o pueda contradecir. Esa libertad absoluta no necesita entonces de lo público, que termina siendo situado como su antinomia y, por lo tanto, es lo que hay que aniquilar. Mi hipótesis afirma que detrás de esa invocación de destruir el Estado se practica en realidad un intento de aniquilamiento de lo público mediante el Estado, que sería para ello el instrumento, aunque pueda parecer una paradoja.
En realidad esta es una contradicción interna del anarco capitalismo. Porque si el capital necesita la subvención estatal del sistema urbano, legitimada y reconocida como necesaria para la totalidad –cuando en realidad beneficia al capital– es porque el salario nunca garantizó la reproducción plena de la fuerza de trabajo como sujeto de derecho, como personas concretas, sino sólo para mantener su funcionalidad para el capital. Esa es la base del capitalismo, ya que si se garantizara la reproducción total de la fuerza de trabajo no se produciría la apropiación del excedente, o sea la base del capital mismo.
En otras palabras, el derecho a la libertad de ejercer la explotación se articula, entonces, con una dimensión pública, de debate público, donde se diriman significados y valores no tan abstractos, porque deberán ser aplicados sobre intereses particulares en competencia con pares burgueses y en antagonismo con los explotados. Y esa será la función del Estado moderno. De modo que lo público y el Estado no son lo mismo, aunque se solapen conceptualmente. El Estado, como aparato institucional, actúa, mientras lo público, como asignación de valor simbólico trascendente a los intereses particulares, legitima, siempre en nombre del interés invocado como general, que es necesario imponer por consenso. En términos históricos concretos, dentro de la constitución de la ciudad moderna, es con ese mismo gesto contradictorio de asignación e imposición que se cifra la dialéctica de la vida social. Porque lo público funcionó también para invocar rupturas necesarias con el estado quieto, el statu quo del antiguo régimen, y los intentos por restaurarlo contra las revoluciones, en la dialéctica plena del siglo XIX.
Desde las entrañas de esa base estructural del capitalismo se erigió lo público moderno, entre otras cosas para sostener el sistema urbano, como un elemento crucial de la revolución burguesa y la modernidad misma. Esfera pública común que abarca o debería abarcar imaginariamente la totalidad, lo institucional, lo racional y lo impersonal, y así constituirse en el valor que cimenta, sostiene y justifica en abstracto al Estado moderno. Pero un Estado que se erige funcionalmente para el obrar fáctico, como sede de la autoridad que impone ese concepto de lo público ya no sustancializado en el poder de cuna o de un monarca absoluto, para trasladarlo a los modos modernos de representatividad y soberanía republicana. Sin embargo, es necesario problematizar qué tipo de Estado es el que puede servir para la consigna de oposición a Milei que lo pretende aumentar (“más Estado”) junto a las abstracciones del bien común y la calidad de vida “para todos”, como si eso fuera producido por el Estado que, así como ampara, construye y amplía derechos, dentro de la lucha de clases, al mismo tiempo obtura su realización. Desde aquel principio revolucionario respecto al antiguo régimen, el Estado moderno pasó a legitimar y legalizar la explotación del capitalismo y luego la apropiación de territorios y vidas del colonialismo. Y desde décadas Argentina mantiene –incluso con la década reformista e inclusivista de principios del siglo XXI– la misma estructura de ser un Estado de clase dominante, amparando la apropiación de territorios a pueblos originarios y excedentes de producción a las clases trabajadoras y precarizadas, todo invocando el bien común. ¿Más de este Estado?
El presidente Milei impone un personaje, él, desde una iconografía auto-inflingida de entre super-héroe y monarca y desde el Estado al que vitupera, al mismo tiempo que obtura el sentido de lo público del Estado moderno republicano. Su máquina taladora cree aplicarla al Estado, pero la dirige a lo público del Estado. Los efectos de su motosierra en lo urbano radicarían principalmente en segar lo público del sistema de provisión de consumos colectivos necesarios para la reproducción.
Hipótesis de llegada
La hipótesis que propongo establece la utilidad de la distinción entre el sentido restringido de lo público y el amplio. El primero se solapa con el concepto de Estado porque se reduce a lo normativo, a lo abstracto necesario para dirimir la controversia entre privados y legitimar que el antagonismo de clase se normalice en términos contractuales y consensuales. Por lo tanto, es un ariete formal utilizado para el opacamiento de la lucha de clases en términos de lo común en abstracto. El sentido amplio, en cambio, es lo que he propuesto llamar lo público popular, vivo, sin utilización para la apropiación de excedentes, al estilo del concepto de trabajo humano no alienado de Marx, pues conforma la arena de cruce de significaciones en la vida social material, la cultura, en su sentido antropológico. Y la cultura siempre es pública, no puede no serlo; un magma de símbolos e ideas por interpretar permanentemente, gracias a la existencia de la escisión de la mónada del lenguaje de señales y, por lo tanto, de la contradicción como fundamento de la historia y ya no de la evolución. Fue en el proceso histórico de acumulación de excedentes, propio de las sociedades estatales, cuando esta brecha, esta esfera de cruce de significantes, se constituyó en lo público instituido, en la figura del monopolio de los significados centrales dentro de la explotación esclavista, en las primeras ciudades-Estado. Esta mirada antropológica acerca de lo público en los procesos históricos se puede extender al registro de los significados en el presente.
La segunda hipótesis es la que ya quedó anunciada en cuanto a que, detrás de la invocación de destruir al Estado, el gobierno apunta al aniquilamiento de lo público por su valor de uso para la reproducción, pero desde el poder del Estado, pues lo necesita en pos del valor de cambio de sus negocios privados y para reprimir toda oposición. Los efectos de la motosierra a lo público en la realidad urbana implican la subsunción total del valor de uso del sistema urbano, de su función reproductora social, por el valor de cambio, la renta del suelo, el “agregado” de valor de la ciudad en sus espacios públicos, poner a la ciudad en el carril de la apropiación y el atesoramiento mercantil, en negocio de privados total. Mas esta es la contradicción interna de la apuesta (literal) de Milei, entre lo anarco (negar el Estado) y lo capitalista (libertad para explotar y acumular). Por eso es el propio sistema capitalista –en las instituciones representativas, como la Unión Industrial o la Sociedad Rural, reclamando en estos momentos por lo que el gobierno “dejó de hacer”– el que ya rumia la necesidad de la provisión pública para su propia reproducción, ante las rutas en pésimo estado, la ineficiente infraestructura energética, la interrupción de las obras, los efectos costosos del desfinanciamiento de la salud, de servicios esenciales para la atención de campo y ciudad, en suma, de lo público como sistema (Cabot, 2025).
El gobierno anarco-capitalista invoca la destrucción del Estado, pero en realidad está operando mediante el Estado para aniquilar lo público y convertir todo lo viviente en asunto de privados. Esa es su contradictoria “batalla cultural”, que en realidad se agita como fetiche para esconder siempre negociados privados del propio gobierno. Es el capitalismo al desnudo, con libertad para explotar y apropiarse del tiempo y las vidas, incluso segando el sobrante. Los recortes y obliteraciones en infraestructura, servicios, salud, educación, cultura y todo lo que garantice la vida plena y digna se explican por esta apropiación de lo público y la entrega de soberanía nacional mediante los aparatos estatales de gobierno.
Es desde esta caracterización que puede ser posible pensar en lo público vivo como un componente central de un Estado distinto al existente. Un Estado con un sentido de lo público que no se reivindique en abstracto, como donante y garante, sino que tome partido y defina su sujeto en concreto, a partir del valor de uso de lo urbano necesario para la reproducción y no del valor de cambio, sin dualizar Estado y mercado, sino vertebrando lo público vivo, en oposición al apropiado por la burguesía y al poder concentrado en la matriz y usina del dominio imperial real, cuya cabeza de playa hoy en Argentina es el gobierno de Milei. Un Estado cuyo emblema del communitas humano a lograr encuentre en la fuerza propia popular su sentido y fuente.
AG
El autor es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), docente de posgrados y consultor organizacional en procesos participativos institucionales. café de las ciudades publicará próximamente su libro Ensayos antropológicos sobre imaginarios urbanos.
Respecto del gas, “como se está gestionando con el presupuesto nacional 2023 actualizado, esto debería haber obligado a realizar la obra de las plantas compresoras, pero al regir también el DNU 70/23, el gobierno interpreta y ejecuta según … un exceso de deseo por reducir el gasto, no realizó las inversiones necesarias y se tuvo que importar gas.” En suma, “se quiso demostrar un fuerte ajuste fiscal, pero se termina pagando mucho más por la importación de Gas Natural Licuado (GNL)” (Rovelli, 2025).
En medio de los problemas de luz y gas, el gobierno firmó un decreto con el que disuelve tanto Enargas como el Ente Regulador y crea otro (DNU 450 y 452/2025), que se amparan en las facultades delegadas de la Ley Bases a dos días de que caduquen.
De 2.337 obras que la Nación tenía bajo su órbita y se encontraban en diferentes etapas de ejecución antes de la asunción de Milei, hoy solo continúan 183 proyectos de infraestructura. Unos 1668 fueron dados de baja y otros 486 fueron transferidos a las provincias y diversos municipios. En el caso de los gobernadores, recibieron 465 obras y otras 21 se entregaron a los intendentes. Es decir, la mayor parte de la obra pública se encuentra totalmente paralizada (Rafaele, 2025).
A la par que se clausuraron fondos fiduciarios de asistencia productiva y social, el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario Del Servicio Universal, se cerró el Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social, que había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”. Así lo manifestó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, luego de anunciar que se eliminó “el área y el ministerio que se dedica a la vivienda”. Cabe recordar que el programa Procrear, mientras existió, había entregado más de 500.000 viviendas en todo el país (Corti, 2025).
Bibliografía
Baldiviezo, J. y Koutsovitis, M. (2024) “Ajuste habitacional, la ausencia de una política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. El cohete a la luna, abril.
Cabot, D. (2025) “Obras públicas: uno de los territorios preferidos de la motosierra espera por el capital privado o la iniciativa de las provincias”. La Nación, 20 abril.
Corti, M. (2025) “El territorio en manos del ‘mercado’”. Café de las Ciudades.
Gravano, A. (2025) Ensayos antropológicos sobre imaginarios urbanos. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
Gravano, A. (2021) “Apuntes para una dialéctica de lo público”. Anacronismo e Irrupción, vol.11, nro. 21; 388-413.
Gravano, A. (2023a) Antropología de lo urbano, raíces y proyecciones de la ciudad como objeto de estudio (quinta edición, corregida y aumentada). Buenos Aires: Editorial SB.
Gravano, A. (2023b) “Registros de una antropología de lo público”. Revista Runa, 44; 25-43.
Rafaele, E. “Un topo en el estado”. Letra P.
Rovelli, H. (2025) Deuda y primarización. El cohete a la luna, enero.
