La realización de megaeventos deportivos en la ciudad de Rio de Janeiro –Copa de las Confederaciones 2013, Copa Mundial de Fútbol 2014 y Juegos Olímpicos 2016– está impactando severamente en los procesos territoriales urbanos a partir de las políticas públicas implementadas por el gobierno local.
Desplazamientos forzados de la población más pobre, demoliciones para construcción de equipamiento turístico y vivienda de lujo, implementación de sistemas de transporte para abastecer el flujo de visitantes en detrimento de las necesidades locales, violaciones de derechos humanos y exclusión de los ciudadanos en los procesos de participación garantizados por la legislación; la llegada de los megaeventos ha potenciado la desigualdad estructural de la ciudad, dejando vía libre a la acción del capital inmobiliario en la definición de transformaciones urbanísticas estratégicas. Mientras tanto, los grandes medios ensalzan el progreso y las oportunidades que estos fenómenos conllevarían para el desarrollo económico y las mejoras en la calidad urbana.
En el ámbito de las movilizaciones populares se habla de estado de excepción: las esferas de decisión no involucran a la sociedad civil, los ciudadanos afectados por remociones no reciben información sobre los proyectos a realizarse y se registran sistemáticamente abusos de poder de funcionarios y fuerzas policiales para realizar los desalojos. Las violaciones del derecho a la vivienda son recurrentes; la alcaldía de la ciudad esgrime que las viviendas afectadas se encuentran en zonas afectadas a nuevos equipamientos deportivos, o al trazado de vías de BRT (Bus Rapid Transit), o a emprendimientos turísticos o a áreas de riesgo y preservación ambiental. Las favelas que están sufriendo más expulsiones son, casualmente, las que se ubican en la zona sur de la ciudad, el área más cara y con mejores visuales desde los morros. La apropiación de estos sectores está en la mira de las empresas turísticas y hoteleras: se prevé la construcción de miradores y paseos turísticos, tanto como de posadas y hoteles boutique que aprovechan la escala barrial que el resto de la ciudad fue perdiendo.
Los desalojos son negociados con cada familia, desconociendo las asociaciones vecinales que luchan por preservar sus espacios de vida tradicionales, y consisten en la oferta de una nueva vivienda del proyecto Minha Casa Minha Vida (emprendimientos que cuentan con muchas denuncias por problemas constructivos y normalmente localizados en la zona oeste de la ciudad, a veces hasta a setenta kilómetros de la ubicación original de la familia), o bien un sistema de compra asistida de otra vivienda, cuando no una indemnización muy por debajo de los valores de mercado. O nada. Son muchas las familias que han abandonado sus hogares y aún esperan una solución habitacional. Las negociaciones no revisten ningún carácter formal, no se les presentan a los vecinos los reales motivos de la expulsión, ni ningún documento que avale las acciones que se pretenden llevar a delante.
A este escenario de violaciones al derecho a la vivienda, se le suman un plan de transporte que interviene las favelas para hacerlas “visitables” turísticamente, agravando la ya precaria movilidad de sus habitantes, una política de seguridad pública basada en el uso de fuerzas policiales para invadir y “pacificar” los territorios considerados peligrosos, que quedan así bajo militarización permanente, además de la violación sistemática de derechos humanos de la población más vulnerable. La ausencia de información a los ciudadanos, la falta de procesos participativos y la promoción de proyectos que agudizan la fragmentación urbana y la desigualdad social están transformando a Rio de Janeiro en una ciudad negocio, donde la política pública responde, exclusivamente, a los intereses empresariales que esperan grandes ganancias en los próximos años. La situación es muy compleja y cada vez más dramática: las obras y la política pública que lleva adelante el gobierno local, de cara al Mundial y las Olimpiadas, promueven una ciudad aún más desigual.
GGR
21 de mayo de 2013, Rio de Janeiro
La autora es arquitecta y urbanista de la UBA. Actualmente reside en Rio de Janeiro. Integra el grupo surbanistas, “profesionales formados en las áreas de arquitectura y urbanismo y crecidos en metropolis latinoamericanas. Nos moviliza la necesidad urgente de pensar y hacer nuestras ciudades desde un paradigma socialmente justo, es decir, que priorice el desarrollo de las personas y que garantice que todos…”.
Sobre el impacto de los grandes proyectos urbanos en ciudades brasileñas originados en “grandes acontecimientos” como el Mundial, ver también el libro Grandes Proyectos Urbanos, de Cuenya, Novais y Vainer, y el prólogo “Mirá lo que quedó…”, de Alfredo Rodríguez, en el número 118 de café de las ciudades.
Sobre urbanismo e inclusión/exclusión social en Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas, ver también en café de las ciudades:
Número 12 | Entrevista
“Políticas para construir ciudad, no para hacer casitas” | Jorge Jáuregui y el programa Favela Barrio, de Río de Janeiro. | Jorge Jáuregui
Número 19 | Tendencias – Política
Favelas en la ciudad: articular, no separar | Los muros de la vergüenza (II). | Jorge Mario Jáuregui
Número 58 | Arquitectura de las ciudades (I)
URDIMBRES: la favela es el lugar del puro devenir | Una estrategia de reconquista de la ciudad en la 12 DOCUMENTA de Kassel | Jorge Mario Jáuregui
Número 98 | Planes y Arquitectura de las ciudades
Rambla de Manguinhos | La articulación entre “ciudad partida” y sociedad en Río de Janeiro | Jorge Mario Jáuregui
Número 106 | Proyectos de las ciudades
Porto Maravilha y sus fuentes | El proyecto de Jáuregui y Machado&Silvetti para Río de Janeiro 2016 | Marcelo Corti
