La desigualdad territorial asociada a la localización de población y de actividades, al acceso a infraestructuras y servicios, al empleo y a las condiciones materiales de vida, es una realidad histórica en América Latina. Es producto de un proceso de concentración territorial, económica y social, que se ha espiralado a lo largo de la historia. Ante ello, desde mediados del siglo XX se han puesto en marcha un conjunto de acciones que no han logrado incidir significativamente sobre la desigualdad territorial, situación que nos obliga a revisar las limitaciones y a plantear desafíos que se deben asumir en la búsqueda de una mayor justicia territorial.
Otras limitaciones a destacar se vinculan con la escasa consideración de las particularidades de los territorios, así como de las heterogeneidades de los gobiernos locales, en la disputa por la recepción de las políticas públicas y de los recursos de los programas.
Entre las principales limitaciones se identifica una débil visión integral del territorio, una escasa coordinación entre sectores y entre niveles de gobierno, así como una limitada atención a la capacidad de gestión de quienes deben motorizar e implementar las políticas, situaciones que pueden generar efectos contrapuestos a los objetivos que se persigan. En esa línea cobra relevancia la falta de participación local y la ausencia de vínculos entre actores en las etapas de diagnóstico, de diseño, de planificación y de ejecución de las políticas. Otras limitaciones a destacar se vinculan con la escasa consideración de las particularidades de los territorios, así como de las heterogeneidades de los gobiernos locales, en la disputa por la recepción de las políticas públicas y de los recursos de los programas.
Estas limitaciones resultan puntos de partida sobre los cuales operar para lograr la implementación de políticas públicas con impactos positivos que tiendan a la justicia territorial. Entre estos aspectos se entiende necesaria la adopción de un enfoque que integre políticas para la producción, el empleo y el acceso a la tierra, así como para la provisión de servicios e infraestructuras. Valorando que los procesos territoriales no deben atenderse de manera sectorial ni fragmentada en la comprensión de las problemáticas, se considera fundamental articular las escalas de gestión, y entre diversas áreas gubernamentales para evitar superposiciones e inconsistencias en torno a los objetivos del conjunto de las políticas. Por otra parte, la heterogeneidad territorial requiere estrategias selectivas y diferenciadas mediante la implementación de políticas e instrumentos que permitan contemplar especificidades territoriales. La participación de un amplio conjunto de actores que se involucren en las distintas etapas de la política es clave para la implementación de políticas bajo consenso. Por último, el principio de justicia territorial implica implementar una agenda de largo plazo que solo es posible a partir de la articulación y los acuerdos de distintos actores.
La heterogeneidad territorial requiere estrategias selectivas y diferenciadas mediante la implementación de políticas e instrumentos que permitan contemplar especificidades territoriales.
De lo expuesto se desprende el rol central que asume el Estado motorizando estrategias que tiendan a la reducción de las desigualdades. Para llevar a cabo un proyecto inclusivo es preciso un Estado que opere activamente en concordancia con diversos actores en pos de un proyecto político cuyo horizonte sea la justicia territorial. En la actual coyuntura, América Latina y particularmente Argentina, condicionada en su accionar político por un fuerte endeudamiento externo, se convierten en escenarios donde avanzan las propuestas de tinte neoliberal y con un corrimiento hacia discursos conservadores en términos políticos, aunque liberales en lo económico. Las manifestaciones en favor de la reducción del Estado a su expresión mínima (como lo son el cierre o la desjerarquización de ministerios y la minimización de la obra pública) y la posible emergencia de un gobierno ultraliberal, suscita un posicionamiento donde el territorio quede librado a la lógica de un modelo de acumulación que resulte en la profundización de las desigualdades. En contraposición a esta idea, se requiere un Estado más presente con una construcción efectivamente democrática, donde sea posible un territorio más justo.
MS y MAA
Mariana Schweitzer es Arquitecta y Doctora en Urbanismo, investigadora CONICET CIHaM-FADU-UBA y docente FADU-UBA.
Mariel A. Arancio es Licenciada en Sociología y becaria CONICET CIHaM-FADU-UBA.