
Introducción
La globalización, como fenómeno socio político, ha conmovido la idea de Estado Nación, a tal punto que hasta se habla de la desaparición de las fronteras y de un auge cada vez mayor de las uniones internacionales. Esa pretensión del liberalismo ya ha comenzado a tener lugar en la transformación de las instituciones (por ejemplo, la Unión Europea).
La unificación del signo monetario imperante en esas transformaciones, la hegemonía de la legislación aplicable, de las unidades de medida utilizadas por los países miembros, los órganos políticos, ejecutivos y judiciales comunes, etc. no son precisamente una cuestión novedosa. Pero se ha olvidado a la gran protagonista institucional del futuro: la Ciudad. Porque no se han propuesto nuevos modelos de ciudad, o peor aún, porque los modelos propuestos no se aplican.
Es cierto que las fronteras nacionales -siempre invisibles- contribuyen a hacernos creer en los cambios producidos. Pero las ciudades, como unidades físicas que albergan a casi el 80% de la población mundial, claman por una consideración seria y profunda. Cuando viajamos en avión sentimos el impacto de su presencia al despegar o aterrizar. Ellas están ahí, bajo nuestra vista. Se nos presentan con toda la imponencia de su tamaño extendido sobre el horizonte. Nos hacen admirar sus puentes, la altura y belleza de sus edificios, el largo de sus avenidas, la multiplicidad de los vehículos que circulan por sus autopistas y finalmente, nos llevan a pensar en los millones de personas que las habitan, en sus sueños y esperanzas.
Para el caso de la República Argentina, el 87,5% de las personas vive en centros urbanos. Como añadidura, sufrimos en las ciudades el deterioro constante de la oferta de servicios públicos, no se protege nuestra vida ni nuestros bienes y la ciudad ha perdido su sentido comunitario. Casi la única comunidad organizada es la delictiva. Porque la administración de las ciudades no es suficiente, tampoco eficaz ni eficiente. Responde a rutinas de arrastre, no a exigencias actuales. A veces, se cree desde el gobierno que la información pública se resume en la publicación de los balances y estados contables. La comunidad no está interesada en las relaciones contables. En cambio, sí que le preocupan las ofertas de la ciudad a sus necesidades.
No pretende que las empresas ferroviarias tengan superávit. Si quiere que los trenes sean limpios, cómodos, seguros y puntuales. No pretende que los pavimentos sean los más baratos del mundo. Si quiere que sean sólidos, amplios, señalizados y mantenidos. No pretende que la telefonía sea barata. Sí que esté siempre disponible, segura y atendida.
No pretende que los juicios a los criminales sean modelo de técnica jurídica. Quiere que los violadores y asesinos estén fuera de las calles. No pretende que la arquitectura sea tan bella como la de Praga. Quiere que no ofendan su vista los carteles, la basura, los perros callejeros y algunas construcciones. Quiere poder pedirle a su ciudad. Hablar con ella. Contarle sus problemas. Se ha quebrado hoy la relación vecino – municipalidad. Tampoco ésta ostenta la organización y financiación que demanda el hoy.
Las municipalidades no tienen financiación estructurada. La Constitución Nacional, las provinciales y las leyes orgánicas de las municipalidades no prevén un esquema organizativo que asegure un sistema de financiación acorde con las funciones que realizan. Según dijera el Dr. Rafael Bielsa, allá por los años ´50 del siglo pasado, son “las instituciones mendigas” de nuestro sistema de gobierno. Hay un exceso de funciones transferidas desde las Provincias y aún desde la Nación misma (como el del control de precios, hecho reciente), sin el necesario sostén de estructura financiera que absorba los costos consiguientes.
Mientras siga este desorden de asignar los fondos desde la Nación a las Provincias y desde éstas hacia los municipios, estas dos últimas organizaciones del sistema jurídico político seguirán buscando los medios a través de transgresiones (servicios que se cobran y no se prestan) o del déficit consuetudinario al que nos tenían acostumbrados hasta la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Mientras se siga centralizando cada vez más el poder hacia el Gobierno Federal, menor será la posibilidad de desarrollo de las regiones y de los centros urbanos, salvo la Capital Federal, que está fuera de la cuestión.
No es tampoco el objetivo de este trabajo un intento más para el logro de la tan mentada autonomía municipal. De ninguna manera. Esa autonomía, concebida bajo formas propias del siglo XIX, no es garantía de ningún cambio. La transformación necesaria debe incursionar más hondamente sobre el problema. Veamos sino la correspondencia entre la competencia jurisdiccional que mandan las constituciones federal y provincial, y los recursos con que financiar los servicios u obras derivados de ella en la Provincia de Buenos Aires:
Tabla de correspondencias y recursos

Notas:
“Corresponde a”: significa que le compete como función propia según la Constitución Provincial.
“Participación” y luego “Compartida”: significa que la Provincia, por ley de descentralización tributaria, le asigna una parte de lo que la Municipalidad recauda del Impuesto Inmobiliario Rural de la Provincia y también por el total del Impuesto a la Patente Automotor Provincial que, por vehículos muy viejos, la Provincia les cede el total de lo que la Municipalidad recaude por ese concepto.
“-“: significa que la Municipalidad no cuenta con un tributo específico para poder cubrir el costo del servicio u obra respectivo.
Como puede apreciarse en el esquema precedente, hay una marcada falta de financiación para las actividades comprendidas en Servicios a la Comunidad y Construcción y mantenimiento de Obras, mientras que por otra parte se resalta el traslado de funciones desde la Provincia hacia el Municipio, sin que las mismas tengan el debido respaldo del recurso con que financiar su prestación. Inclusive en materia de Servicios Públicos, vemos que aquellos de Servicios de Hospitales y Salas y Control de Obras Eléctricas, Control de Obras Telefónicas y Control de Obras de Televisión, tampoco cuentan con el recurso respectivo, aunque todas ellas se desarrollen dentro del ejido urbano, propio de la competencia de las municipalidades.
Respecto a Construcción y Mantenimiento de Obras, el desplazamiento de funciones provinciales hacia las municipalidades ha sido más que significativo. Así tenemos aquellas de Viviendas, Hospitales, Salas de primeros auxilios, Escuelas, Teatros estatales, Estadios deportivos, Estaciones ferroviarias, Estaciones automotores, Parques industriales, Cocheras para estacionamiento, Cloacas, Gas natural, Agua potable, Arbolado público y Zoológicos.

Espacio
Todo ente público debe existir en un territorio dado, dentro del cual tenga atribuciones para decidir (jurisdicción) sobre las materias propias de su quehacer (competencia). El territorio en relación a la cuestión municipal siempre ha sido sindicado como el correspondiente al área urbana. No es que la figura jurídico política del Estado haya nacido desde la perspectiva inicial del municipio, ya que todos los tratadistas de la institución municipal afirman lo contrario, sino que la materia sobre la cual la municipalidad debe tener competencia es la urbana, puesto que ella es gobierno local.
El Municipio nace urbano, por eso es una institución política, administrativa y territorial propia de los vecinos de un conglomerado urbano. Es un ente surgido por necesidad sociológica del grupo humano que habita ese centro urbano y que precisa organizarse jurídica y económicamente para satisfacer sus necesidades colectivas. Por eso, el concepto de Partido, vigente en la Provincia de Buenos Aires, no es representativo de esa definición, y menos aún del pensamiento de sus ciudadanos.
En el Municipio – Partido no hay relación de vecindad, salvo en la cabecera, que generalmente privilegia a sus habitantes sobre el resto de los centros urbanos que componen el Partido. En el Municipio Partido reina el vacío para los centros urbanos del interior del mismo y se genera injusticia en la distribución de los recursos, que como es natural, atienden preferentemente las necesidades del núcleo urbano o “cabecera”de Partido. Por ello es que, independientemente de los casos públicos y notorios donde localidades del interior de un partido desean convertirse en municipalidades, no es demasiado aventurado pensar que en todos los partidos deben existir cuestiones semejantes. En otras provincias, en cambio (Santa Fe, Mendoza, Córdoba, por ejemplo), el territorio provincial se ha divido en departamentos o distritos que encierran zonas territoriales comunes a todos los servicios provinciales (educación, catastro, recaudación, vialidad, salud, obras públicas, agua potable, etc.). Todo ello contribuye a una armonización de la acción del Estado local.
Estos departamentos o distritos concentran la jurisdicción y competencia provincial en el interior de esas provincias, mientras que los gobiernos locales corresponden a cada centro urbano (aldea, pueblo o ciudad) conforme a una categorización según su importancia relativa. Estos sistemas permiten obtener “zonas” provinciales comunes a la gestión del gobierno provincial respectivo, uniformando criterios de prestación de servicios y racionalizando la utilización de los recursos disponibles. Por otro lado, permiten una autonomía municipal más cercana a la definición de “gobierno local”, puesto que dentro de los ejidos urbanos respectivos, las municipalidades, comunas y comisiones municipales atienden la resolución de las necesidades ciudadanas.
El sistema de partidos de la Provincia de Buenos Aires, nacido en oportunidad de la “Conquista del Desierto”, permitió en el siglo XIX obtener y mantener los territorios dominados por los aborígenes y avanzar en la colonización de las tierras librándolas a la explotación agroganadera. La implantación de un fuerte (cabecera), donde se concentraba la autoridad militar, policial, y de gobierno y justicia, fue necesaria para ese cometido, pero hoy resulta anacrónica e inconveniente para el desarrollo periférico pleno.
La Provincia de Buenos Aires (exceptuando el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata) tiene 207 localidades con más de 1000 habitantes y sólo 134 tienen gobierno propio o Municipalidad asignada, mientras que el resto, o sea las otras 73, no lo poseen. El Gran Buenos Aires y el Gran La Plata cuentan con 101 ciudades, de las que sólo 22 tienen gobierno propio, lo que importa reconocer a 79 sin representatividad gubernativa, y un total general de la Provincia de 152 localidades para las cuales el protagonismo propio no es ni siquiera una autarquía. Es de destacar que las “delegaciones municipales” no cuentan con un presupuesto propio, sino que deben estar a lo que sobre ellas resuelva el poder central (Intendente). Recuérdese que las cabeceras de partido, que gozan de la presencia de un gobierno municipal, sólo llegan a 134. Además, y como agravante, la Provincia de Buenos Aires representa el mayor fenómeno de concentración urbana del país. Veamos sino cifras del llamado Conurbano Bonaerense y el Gran La Plata:
- El Partido de La Matanza, con más de 1.500.000 habitantes, supera en voto directo a 16 provincias argentinas.
- Hay centros urbanos mayores de 50.000 habitantes y no tienen gobierno propio (Barrio de Los Hornos de La Plata, por ejemplo).
- En cambio, hay Municipios con sólo 2.000 habitantes (como es el caso de General Lavalle).
Decía el Dr. Salvador Dana Montaño, clásico municipalista santafesino: “Para que exista autonomía municipal o independencia comunal, no basta proclamarla más o menos enfáticamente. Hay que establecer en la misma Constitución, y no dejar librada su suerte a la ley, las garantías de la triple autonomía política, administrativa y financiera” (“Constitución Federal Argentina”, 1941.BCN. PO.1438).
Eso es lo que debería tenerse en cuenta para establecer una armónica vinculación entre la Provincia de Buenos Aires y los municipios. La funcionalidad del gobierno estará dada por una correcta y suficiente distribución de las funciones que corresponden por jurisdicción y competencia a cada uno de los niveles del gobierno: federal, provincial y municipal.
Esa cuidadosa distribución y asignación de funciones al Estado Federal, las Provincias y las Municipalidades, traerá seguro una mejor orientación en lo que hace a la distribución del PBI total de la Nación, sobre la base de considerar que el sistema fiscal impositivo debe ser consecuencia del efectivo ejercicio de cada una de las funciones de gobierno. Quien las ejecute deberá contar con el recurso originario para costearlas.
Claro está que no podemos dejar de ocultar el fenómeno actual de traslado de la capacidad fiscal desde las provincias hacia el Estado Federal. Hoy este último recauda el 86,14 % del PBI total.
Las Regiones
Pero la idea de constituir entes institucionales municipales en todos los centros urbanos habrá de chocar principalmente contra dos obstáculos primarios:
a) La dispersión de recursos y esfuerzos, frente a una posible “desintegración” o “atomización”de los intereses municipales.
b) La posible carencia de financiación propia que adolecerán ciertos centros urbanos escasos de recursos propios y que hoy disfrutan de la distribución de recursos originados en otros puntos del Partido.
Pero a ello debemos oponer el principio de que si bien se divide para conocer y resolver, se integra para comprender y hacer. Es decir, que la determinación de regiones nunca habrá de ser un obstáculo para el ejercicio de las funciones de gobierno, sino antes bien un recurso positivo para atender las necesidades colectivas.
Región: “Area territorial caracterizada por elementos que le confieren cierta homogeneidad Caracteres: Geográficos: Fronteras naturales; Económicos: Recursos naturales, trabajo, industria, población, comunicaciones, transporte, energía; Sociales: Ideas, creencias. sentimientos, costumbres; Jurisdicción: Leyes, decretos, ordenanzas” (Horacio Rosatti. “Tratado de Derecho Municipal” Ed.Edison Culzoni.1999; Alfredo Poviña. “Tratado de Sociología. Buenos Aires. Ed.Astrea.1977).
La Provincia de Buenos Aires no ha establecido regiones comunes sobre las cuales tanto el gobierno provincial como municipal (en mancomún entre los municipios de la zona o región) pudieran ejercer funciones de cooperación, cada uno dentro de sus respectivas jurisdicciones y competencias, claro está. En cambio, impera una organización no sistematizada, que consagra zonas en regiones diferentes -pero comprendidas a veces en un mismo partido- para las funciones de Justicia, Salud. Educación, Obras Públicas, Vialidad, Recaudación, Catastro, Previsión Social, Servicios Públicos, etc. Han predominado las zonas que las distintas unidades organizativas delinearon para sí, sin tener en cuenta a las demás áreas de competencia del gobierno provincial que, en suma, es uno solo.
Además, estas zonas son abstractas, no se compadecen con las reales características físicas de la región y constituyen una falsa división geográfica. Esta diversidad de divisiones geográficas impide cualquier planificación global que comprenda distintas competencias, aunque las mismas recaigan parcialmente sobre un mismo territorio geográfico, ya que parte de él no estará comprendido en la jurisdicción predeterminada legalmente. Tampoco es posible organizar programas operativos unificados que comprendan más de una función de gobierno, ya que se encontraría con las mismas limitaciones de jurisdicción geográfica y dependencia jerárquica de las respectivas delegaciones del interior.
La planificación y programación operativa de las funciones que son comunes a una región se segmentan dentro de divisiones jurisdiccionales y de competencia pertenecientes a dos o más partidos, dificultando la acción y dispersando recursos financieros y capacidad instalada.
Los “mapas” de zona han predominado sobre los “mapas” regionales, de manera tal que han desalentado la producción y hasta la participación de los ciudadanos, al punto que hasta han generado un fenómeno de desplazamiento de la población hacia la cabecera del Partido, con el consiguiente debilitamiento de la periferia en beneficio de la ciudad cabecera. Mucho se ha hablado sobre el caso, pero lo cierto es que nada se ha hecho en concreto. Ni siquiera un estudio de situación que manifieste al menos los inconvenientes actuales y mida su costo operativo.
Se impone entonces una zonificación uniforme de la Provincia de Buenos Aires, que ordenada en departamentos, partidos o distritos, como quiera llamárselos, concentre en cada zona el total de las funciones del gobierno provincial. Ello redundará para la integración propia del quehacer provincial y también para el de las municipalidades, que tendrán así referentes directos y físicamente cercanos para exponer sus necesidades y propuestas.
La Constitución Alemana habla de regiones y de los Consejos Regionales de Planeamiento y Finanzas. Estos últimos están insertos institucionalmente en el “Bundestag” o Parlamento Federal a través de sus representantes, y presentes siempre en cualquier normativa que regule el poder político y/o el poder fiscal de los Municipios.
En Argentina, el centralismo conspira contra el desarrollo local y regional. Desde las capitales no se hace, ni se deja hacer. Sabemos que la descentralización impone: democracia, federalismo y autonomía, mientras que la centralización conlleva ineludiblemente autocracia, unitarismo y delegación. El mentado desarrollo de las regiones, si bien deberá contar con el apoyo fundamental del Estado Central (Nación y provincias), no es menos cierto que deberá nacer de planes gestados desde cada una de ellas. No es que cada región deba elaborar sus proyecciones sólo por sí y sin tener en cuenta el plan general de gobierno de la Provincia sino que, basándose en este último, formulen el correspondiente a sus necesidades. Ello, debatido en el seno de los Consejos Regionales de Planeamiento, llevaría a proyectos concretos que elevados a la Legislatura Provincial se resolverían en el seno de una Comisión Parlamentaria de Asuntos Municipales, donde los municipios tengan participación activa.
El poder local, si bien deberá circunscribirse a su ámbito natural y particular marcado por la legislación que establezca la jurisdicción y competencia territorial, debe sin embargo estar explícitamente instrumentado en la legislación y administración del Estado Provincial. Así habrán de proponérselo tanto la Constitución de la Provincia como sus leyes fundamentales, en aras a una verdadera descentralización política y administrativa. De lo contrario, se estaría continuando la política de desconcentración operativa, sin resolver plenamente la cuestión en todos sus aspectos: políticos, legislativos, administrativos y financieros. Es preciso que la nueva legislación contemple una zonificación regional, atendiendo a las características socio económicas imperantes en las distintas áreas y a las necesidades diferentes de las mismas. Ello contribuirá a la mejor atención de los servicios públicos de las comunidades y a un mayor aprovechamiento de los medios disponibles para costearlos.
El filósofo francés Olivier Mongin, Director de la revista Cultural Esprit, Doctor en Filosofía y editor de la colección en la editorial Seuil, de Francia, considera que la posesión del espacio ciudadano ha dado lugar a una confrontación comparable en su esencia con la de la lucha de clases. Entrevistado por Matilde Sánchez, según la publicación del diario Clarín, del pasado 9 de septiembre, el referido estudioso señala textualmente: “Asistimos a una gran reconfiguración territorial, es decir de propiedad sobre el espacio, a partir de la globalización. Esto afecta de manera directa a la política y al Estado: en otras palabras como recomponer el territorio en términos nacionales. Diría, grosso modo, que la lucha por el espacio urbano ha reemplazado a la lucha de clases“.
Asimismo, sostiene que la ciudad debe reinstituirse. Que sus componentes deben tender a volver a encontrar el sentido comunitario que impone la condición humana. Así, al preguntarle la periodista Matilde Sánchez: “En uno de sus libros, usted valora el concepto de renovación urbana del estudioso Bernardo Secchi“, el contesta: “Sí, ese urbanista nos llama la atención sobre los lugares catastróficos de la morfología urbana, donde el ideal espacial de una parte de la ciudad entra en franco conflicto con el de otro sector, o bien se pierde en una periferia sin orden. Sostiene que no hay que pensar a partir del centro de la ciudad –ya que siempre buscará protegerse-, sino a partir de los márgenes. Por otra parte, el centro también tiene sus márgenes. Es preciso reinstituir la relación entre las partes en conflicto“.

Estado
Esta reconfiguración territorial y de dominio sobre el espacio urbano, acentuada con el advenimiento de la globalización mundial, conmueve la institución del Estado, a punto de desplazar aquél viejo esquema que pretendía asignar los problemas generales a la Nación, los regionales a las provincias y los locales a los municipios. Hoy en día tal elemental división no es posible. Los Estados Nacionales han sido absorbidos por la globalización mundial, aún cuando subsistan como tales de la forma tradicional, pero no en los hechos. Mientras, las Provincias han perdido casi totalmente su carácter de Estado Autónomo, para convertirse en descentralizaciones geográficas del Estado Nacional. A tal punto que en la Argentina actual es el Estado Federal quien recauda el 86% del PBI total. También el que impone una rígida y por otra parte bienvenida disciplina financiera a los Tesoros provinciales y municipales, a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917. Pero ello no obstante, no vigoriza la institución de la ciudad y su gobierno.
Precisamente y en la misma entrevista señala Mongin: “Las mutaciones de las periferias, la degradación de los barrios céntricos y el auge de las torres cerradas, son estrategias de demarcación y de una aguda falta de solidaridad entre sectores sociales. Y el Estado como proveedor de seguridad genera la pregunta de como redefinir las funciones del Estado Nacional cuando la vida se ha fragilizado. (…) Estamos ante el fin de la ciudad como utopía, esa concepción urbanística que tiene su raíz en la polis griega y en Tomás Moro. Con la globalización, nos vemos proyectados a lo que Francoise Chaoy llama con crudeza la “apres-ville” (o post ciudad). De acuerdo con esta visión, nos adentramos en una era post-urbana, dado que ninguna ciudad puede ya integrar ni contener tal cantidad de flujos tecnológicos globabilizados“.
Es decir que aquella ciudad concebida como centro de residencia y desarrollo de la vida laboral, familiar y cultural del individuo ha sufrido un constante deterioro de identidad. Al respecto Mongin agrega: “Por cierto, en Europa estábamos acostumbrados a ver la ciudad como el espacio en el que se desarrolla la vida cultural, social y política que hace posible la integración cívica. Hoy la ciudad a veces sólo ofrece segregación; es muy arduo integrarse al ideal urbano -lo que implica nuevas formas de vida cotidiana-. El nuevo perdedor social es un perdedor definitivo. Pierre Bourdieu destacó esta situación en su antología: La miseria del mundo“.
Es entonces que tenemos todos la obligación de contribuir a que se cree otra clase de ciudad para la vida actual. Porque nadie sabe aún a ciencia cierta que ocurrirá con la decadencia de los barrios cerrados y los countries. ¿Acaso ocurrirá lo mismo que ha pasado con las torres de departamentos de viejos edificios del siglo pasado? ¿Se convertirán en aguantaderos de marginales sociales? ¿Cuántos Warnes (edificio para departamentos de residencia familiar con ubicación en la Ciudad de Buenos Aires y cuya estructura a medio hacer fue abandonada luego a la usurpación de personas que carecían de vivienda; finalmente fue desalojado y destruido por razones de seguridad pública mediante implosión deliberada) nuevos tendremos en el futuro? La misma incógnita desvela a Mongin: “En la actualidad estamos enfrentados, por una parte, a las sprawling cities, o metrópolis que se derraman en el territorio, a la manera de la Ciudad de México; y por el otro al surgimiento de las ciudades globales, desvinculadas de su entorno y conectadas a otras en red, según ha analizado Saskia Sassen. Por último, quedan ciudades-museo, pese al crecimiento de las periferias, donde la conservación de un centro sigue siendo una clave de su economía. Es el caso de París y Londres. Esta reconfiguración despierta inquietud. ¿Asistiremos indefensos al ocaso irremediable de los valores urbanos?¿La fragmentación y el desajuste caótico se impondrá? Lo que le decía antes, vamos a lamentar la desaparición de la polis griega, la ciudad del Renacimiento, las urbes industriales del siglo XIX“.
Se impone en consecuencia una reinvención de la ciudad, mejor dicho del concepto urbano, puesto que el tradicional está en crisis. No es entonces que cuestiones tales como la autonomía local llevada a la Constitución Nacional y las constituciones provinciales resultan la solución al accionar de los gobiernos locales municipales. La cuestión merece llegar a mayor profundidad, cual es la redefinición del Estado Local y su configuración política, administrativa y económica. Allí sí la Constitución Federal, reglamentado que fuera el artículo correspondiente, debería establecer las funciones federales, provinciales y municipales y los recursos con que costearlas.
También allí, en la misma Constitución, deberá reglamentarse el régimen de coparticipación de recursos, determinando que recursos pertenecen en exclusividad a cada uno de los tres componentes (Nación, Provincias y Municipios) y que otros deben prorratearse conforme a las realidades de las prestaciones de los servicios o realización de las obras. Asimismo, será preciso que la Carta Magna establezca la representatividad y participación legislativa de las provincias y los municipios en las decisiones que sobre la materia recursos decida el Congreso Nacional.
Mongin alude a las soluciones doctrinarias intentadas por los investigadores y nos dice: “Cada ciudad debe encontrar las soluciones particulares. El italiano Alberto Magnaghi lanzó la idea de proyecto local. El coordina desde hace más de una década un “proyecto de preservación dinámica del patrimonio” en el valle del Po, en una región próspera en términos económicos pero degradada por la concentración industrial. Lo interesante es que su concepto de patrimonio no se restringe a los monumentos e iglesias, sino que incluye el acervo de tradiciones agrícolas y el artesanado de los pueblos, sus recursos hidráulicos, etc. Supone una forma singular de resolver problemas en el territorio concreto sin interrumpir los intercambios globales. En respuesta a los flujos que orquesta la globalización “por lo alto”, que privilegian el llano, su Proyecto privilegia las colinas y las costas, proponer una “civilización por lo bajo”. Se trata de recrear un sistema de relaciones complejas entre el ambiente y las comunidades que lo habitan. En ese territorio local, donde la lucha de clases es reemplazadas por las luchas por los lugares, Insurgent City, tal el nombre de su utopía, pone a competir los lugares entre sí. No se trata de una ciudad líquida y aleatoria., una ciudad-isla lista a desaparecer con el primer ventarrón de la historia, sino que consiste en relacionar ciudades vecinas, autónomas en el plano administrativo. Desde la perspectiva de Magnaghi, el territorio se convierte en una obra de arte colectivo. Pero a la vez, el territorio siempre tiene relación con el afuera: es preciso atender la exigencia de movilidad y a la energía de los flujos mercantiles“.

Conclusión
Lo expuesto anteriormente nos obliga a repensar la institución de la ciudad, pero no ya sobre la base de los conceptos clásicos de la polis griega o de los romanos. Tampoco es ya el burgo de la Edad Media, ni las ciudades de la Revolución Industrial. Es, sin embargo, y nada menos que el sitio donde reside casi toda la humanidad y donde se presentan todos los problemas de seguridad, salud, educación, justicia, cultura y cuanto factor exista para la determinación de la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, no es que el sistema de gobierno municipal haya de resolverlo.
Tampoco una mejor coparticipación impositiva hacia los gobiernos locales o la institucionalización de la autonomía municipal. Ni siquiera la planificación urbana por sí misma y aislada será el factor de garantía de su transformación. La ciudad habrá de ser obra de una nueva política, de una nueva regulación para su crecimiento constante, de una continua labor de planeamiento estratégico que reúna todos factores que inciden en el nacimiento, evolución y control de la ciudad. Verdaderas estrategias de contenido interdisciplinario, puesto que la experiencia urbana siempre pone al individuo en relación con los demás.
JAR
El autor es Contador Público, ex docente universitario, investigador de la administración financiera municipal.
Ver en café de las ciudades sus notas:
Número 14 I Política de las ciudades
Stadtluft macht frei (“el aire de la ciudad libera”) I Reforma del estado: la ciudad y el municipio.
Número 20 I Política de las ciudades
Rosario: autonomía y financiación, ¿mito o realidad? I El gigantismo urbano, la descentralización socio-política y económica, las regiones, la financiación de las ciudades, los principios de solidaridad y asistencia fiscal.
Número 23 I Política de las ciudades:
Rosario: autonomía y financiación, ¿mito o realidad? (II) I El gigantismo urbano, la descentralización socio-política y económica, las regiones, la financiación de las ciudades, los principios de solidaridad y asistencia fiscal.
De Saskia Sassen, ver en café de las ciudades las notas:
Número 10 I Tendencias
Saskia Sassen: una visita guiada a la Ciudad Global I Dispersión, centralidad, nuevos movimientos políticos, culturas alternativas, y una pregunta: ¿de quien es la ciudad? Entrevista digital.
Número 10 I Tendencias
La densidad y sus arquitecturas I ¿La necesitamos? Y en tal caso, ¿la única manera es construir en altura? I Saskia Sassen.
Número 36 I Política de las ciudades (I)
Ciudadanía, democracia informal y disputas territoriales I Saskia Sassen y la presencia de lo local en lo global. I Federico Lisica