Café de las ciudades conversó con Raquel Rolnik, una de las urbanistas más notables de América Latina, sobre las particularidades legales del planeamiento urbano en Brasil. Son muy recientes la sanción del Estatuto de las Ciudades, la aprobación del Plan Director de San Pablo y, en un orden más general, el resultado de las elecciones presidenciales, culminación de un proceso político que en gran medida se explica por la exitosa experiencia de los gobiernos locales del Partido Trabalhista en numerosas ciudades, algunas de ellas entre las más importantes del país.
Raquel es profesora de la Maestría en Urbanismo de la FAU-PUC de Campinas, y técnica del Instituto Pólis. Escribió los libros “Estatuto da Cidade – guia para implementação pelos municípios e cidadãos” (POLIS / CEF), “A Cidade e a Lei”(Studio Nobel/FAPESP), “O que é cidade” (Brasiliense) e “Folha Explica São Paulo” (Publifolha), además de ejercer cargos técnicos y políticos y ser una de las formuladoras del proyecto del PT brasileño para vivienda y política urbana.
Simpática y entusiasta en la exposición de sus convicciones, accedió a repasar, delante de una mesa bien provista de café, el contexto de los procesos de planificación en Brasil desde la transición a la democracia y la reforma constitucional de 1988 hasta la actualidad.
Es importante comprender el contexto del cambio que se ha producido en las estrategias de planificación urbana en Brasil en los últimos años – comienza -, y sobre todo la crítica a la experiencia anterior en la materia durante las décadas del ´60 y ´70, una planificación que no había logrado producir ciudades equilibradas desde un punto de vista ambiental y social. Al contrario, si hay una marca importante en las ciudades brasileñas es la marca de la exclusión territorial, el estigma de que la mayor parte de la gente no vive en una “ciudad” sino en algo muy diferente, muy incompleto, con una urbanización de muy mala calidad, en periferias sin empleos y sin diversidad de usos, y en situaciones de absoluta falta de oportunidades urbanas.
Este modelo de exclusión territorial ha marcado mucho la organización del territorio en Brasil. No solamente el lugar de los pobres (que son la mayoría de la población), sino también las condiciones ambientales generales de la ciudad. La cuestión de la vialidad, el control de las inundaciones, todo esto ha sido afectado por el hecho de que la ciudad se produce por extensión sobre periferias no equipadas. Y esto también ha marcado la política brasileña: con la democracia, las demandas de los movimientos, organizaciones y asociaciones comunitarias de la periferia han presionado mucho a los gobiernos locales, y por lo tanto la inversión en incorporar estos lugares a la ciudad ha sido una gran fuente de votos y de poder político.
En esta situación, al redactarse la Constitución de 1988 (una Constitución totalmente nueva, un nuevo pacto nacional como resultado del reconocimiento formal del fin de la dictadura militar y el consiguiente anacronismo de la gran cantidad de enmiendas introducidas por los militares), se generó un importante movimiento por la Reforma Urbana, que aprovechó el espacio existente para propuestas realizadas directamente por los ciudadanos y no por los constituyentes: las enmiendas populares. Una de estas enmiendas fue la “enmienda popular de la reforma urbana”, que básicamente afirmaba la función social de la ciudad y la propiedad, el derecho de las mayorías a la tierra, la vivienda y la ciudad, la necesidad de reconocimiento de los asentamientos irregulares informales y su incorporación a la ciudad, y que también proponía una serie de instrumentos de combate a la especulación inmobiliaria en la ciudad.
¿Que consecuencias tuvieron este movimiento y la enmienda sobre la Constitución finalmente sancionada?
La consecuencia fue la inclusión de un capítulo de dos artículos (132 y 133) en la Constitución, que es una afirmación de la función social de la tierra urbana. De acuerdo a esta formulación constitucional son los Planes Directores municipales los que definen, en cada una de las ciudades, lo que significa cumplir esa función social. También se introdujo la posibilidad de sanciones para la retención de tierra vacante en áreas estructurales de la ciudad, posibilidad que también estaba sujeta a la delimitación de dicha área y los plazos establecidos por el Plan Director. Y en la misma Constitución se habla de una Ley Federal que reglamentará estas sanciones para su aplicación en el ámbito local.
A partir de ahí comenzó una discusión que llevó 12 años para la sanción de dicha ley federal, que se aprobó finalmente en julio de 2001: el Estatuto de las Ciudades. Es el marco de la planificación urbana, y de la producción de los Planes Directores locales, porque el Estatuto dispone para los municipios instrumentos de gestión y manejo del suelo urbano, algunos de ellos ya existentes pero que el Estatuto sistematiza. No es obligatorio aplicarlos, pero el Municipio puede aplicar cualquiera de estas herramientas e incorporarla al Plan Director. Lo único a lo que obliga el Estatuto es a que todo municipio de más de 20.000 habitantes tiene que tener un Plan Director, con un plazo de 5 años a partir del año 2001 para hacerlo. A los municipios que ya lo tienen se les da el mismo plazo para revisarlo, e incorporar los nuevos conceptos. Los planes nuevos tienen una validez de 10 años y después tienen que ser revisados. La producción y revisión de un Plan Director, de acuerdo con el Estatuto, debe ser hecho con la participación directa de la población, no solamente por un equipo técnico del gobierno y la posterior aprobación en el Concejo Deliberante.
A partir de estas normativas, todas las inversiones de la ciudad, y sus presupuestos anuales y plurianuales, deben seguir las indicaciones del Plan Director, que de esta forma ha ganado un rol central y muy importante en la política municipal. Por eso las municipalidades empezaron el año pasado un proceso de revisión de los planes directores.
Pero es muy importante remarcar que en realidad el Plan Director ya está en la Constitución del ´88, señalando cual es la función social de la ciudad y de la propiedad. En la década del ´90, mientras se discutía el Estatuto en el Congreso Nacional, muchas municipalidades empezaron a hacer planes directores participativos bajo un nuevo concepto, con introducción de nuevos instrumentos urbanísticos locales, y muchos ya lo han aprobado. El Estatuto es entonces una especie de balance de experiencias, no es solamente una normativa nueva, es también un “estado del arte” en el campo de la planificación y la regulación urbanística, porque incorpora muchos de los instrumentos y las prácticas nuevas. Como por ejemplo, el presupuesto participativo, que en el Estatuto es obligatorio. Aunque ya se practicaba en Brasil, ahora está encuadrado legalmente, y por ese motivo no puede ser omitido. Y lo mismo ocurre con muchos otros instrumentos, inclusive los relativos al manejo del suelo: el suelo creado, el otorgamiento oneroso del derecho de construcción, y muchos instrumentos nuevos que ya se aplicaban en algunos municipios.
Tenemos entonces un periodo, incluso anterior al Estatuto, de renovación de las prácticas de planificación, y en especial de nuevas maneras de enfrentar la exclusión territorial (que en el Estatuto se combate como una cuestión central), de utilización del suelo urbano. En términos más técnicos, y además de tener un marco conceptual nuevo, el Estatuto tiene también una visión de los instrumentos de gestión del suelo urbano con carácter mucho más inductivo que normativo (como en cambio era lo usual anteriormente). Estos instrumentos, más que decir “se puede o no se puede”, sirven para inducir una estrategia establecida en el Plan. Es en ese campo de la inducción donde están los instrumentos más novedosos: la separación del derecho de propiedad del derecho de construcción, la posibilidad de venta o transferencia del derecho de construcción de un terreno a otro terreno, las sanciones a la tierra vacante, etc. Esto es muy interesante en términos de balance disciplinario, porque esto ha pasado en un momento en que la planificación urbana y los planes directores estaban absolutamente desacreditados y descalificados como instrumentos de intervención en la ciudad.
Ese descrédito se da en los países centrales a partir de las críticas al Movimiento Moderno en arquitectura, y de las distintas y progresivas reacciones a los fracasos de las nuevas intervenciones urbanas: el Team X. el neoracionalismo italiano, los escritos de Lefebvre. Pero obviamente en Brasil, y en general en Latinoamérica, el contexto de este fracaso es otro.
Claro, y además se da también todo el tema de la flexibilización y abandono de los planes generales, reemplazado por el trabajo por proyectos o por piezas que es la nueva tendencia en la planificación …
De alguna forma, funcional al neoliberalismo…
Exactamente, y sobre unas ciudades, como las latinoamericanas, muy diferentes a la ciudad europea o norteamericana, que en aquel momento ya tenía un patrón básico de urbanidad que incluía todo. Eran ciudades que tenían transporte, vías pavimentadas, espacios públicos, vivienda. Todo esto era lo básico y estaba garantizado, sino para todos, por lo menos para un 90 % de sus habitantes. El contexto europeo donde se destruye la idea de plan general, es un contexto donde la universalización del derecho a la ciudad ya se había obtenido, porque la situación de esas ciudades era totalmente distinta a lo que fue por ejemplo Londres a fin del siglo XIX.
¡Pero nosotros no! Nosotros siempre trabajamos con esa doble agenda, una que tiene que ver con las urgencias locales, y otra que es una agenda internacional. Los procesos de globalización están insertos en la agenda internacional de planeamiento, y entonces la gran cuestión de nuestro planeamiento es ahora como afrontar todo esto tan complicado de tener un nuevo papel frente a la globalización, frente al desmonte de los estados nacionales, y hacerlo simultáneamente con la vieja agenda de universalización del derecho a la ciudad que en nuestros países aun no está cumplida. Quizás en Buenos Aires esta agenda ya está mucho más completa que en ningún otro sitio de América Latina…
Si, pero solo en la ciudad central…
Obviamente, en la ciudad central. Probablemente ahora Buenos Aires se transforme en algo mucho más semejante a San Pablo o Río de Janeiro, pero yo diría que las proporciones de Buenos Aires entre lo que está “adentro” y lo que está “afuera” de la ciudad hasta ahora eran distintas a otras ciudades latinoamericanas. Estamos hablando, en Brasil de un 30% “adentro” y un 70 % “afuera”, en el mejor de los casos 50 y 50, es algo tremendo. No es solo un tema de política de vivienda, es un tema de política urbana general, un tema mucho más amplio.
Recientemente se ha sancionado el Plan Director de San Pablo, y tú has participado activamente de ese proceso.
Con la aprobación del Estatuto de las Ciudades el año pasado, el proceso de formulación del Plan Director de San Pablo se ve tremendamente afectado. Aquí también es importante comprender el contexto: San Pablo tuvo un Plan Director aprobado en 1971 que ha generado una determinada zonificación, y una ley de zonificación en 1972. Desde entonces, nunca se ha logrado producir ningún otro plan. Hubo sin embargo varios intentos, primero en el ´85, y después en el ´88 hubo un plan que ha sido aprobado en el Concejo Deliberante sin discusión, bajo una norma dictatorial que hoy ya no existe y que no sería posible después de la Constitución. Mucha gente consideró ilegitimo este plan impuesto, que tampoco generó un cambio en la zonificación y que no fue instrumentado, y más adelante hubo un intento en la administración de Luiza Erundinha, del PT, de enviar un plan al Concejo, yo era entonces Directora de Planificación. Ese nuevo plan estaba dentro del espíritu de la Enmienda Popular, pero no logramos siquiera votarlo, ni se discutió. Después hubo otras dos tentativas de enviar un plan, que tampoco se votó, hasta que a principios de este año entró un proyecto de plan en el Concejo. El proyecto de plan incorporaba varios instrumentos nuevos del Estatuto de las Ciudades, y su entrada en el Concejo ha generado mucho debate y controversia en la ciudad. Particularmente el sector inmobiliario estaba muy en contra de este plan. A partir de esta presentación del plan se organizaron 3 frentes de entidades y organizaciones sociales para presentarse a debatir el plan y proponer cambios radicales.
Una, la más fuerte desde el punto de vista económico, es un frente de 30 o 40 entidades del sector empresarial inmobiliario, constructores, incorporadores, ingenieros, que hizo una fuerte campaña pública contra el plan y defendiendo otras medidas.
Se organizó también una coalición popular del Plan Director, básicamente una coalición de movimientos de vivienda que son bastante fuertes en San Pablo (hacen ocupaciones y tomas de predios y terrenos en la periferia), y ONGs que trabajan con el tema, universidades, centros de investigación y profesionales, también ligados al tema de la reforma urbana (hay desde la sanción de la Constitución un foro nacional por la reforma urbana, que ha redactado la Enmienda Popular de la que derivó el Estatuto). Este Frente realizó una propuesta de 10 puntos centrales que deberían estar contemplados en el plan, y ha hecho una campaña pública.
Y hay otro frente, que es un movimiento de barrios residenciales de clase media y alta, articulados con sectores ambientalistas, que se movilizaron contra la invasión de edificios en altura y de usos comerciales, en defensa de la calidad de vida. Algunos urbanistas organizaron un movimiento más integrado, de Urbanistas por San Pablo, que también presentó algunas proposiciones.
Todo esto dio lugar a un debate muy interesante dentro y fuera del Concejo, que finalmente construyó un proyecto de ley sustitutivo al anterior, a partir del debate y la negociación de los distintos frentes involucrados. El proyecto sustitutivo resultó aprobado en agosto en segunda votación, y ahora el Plan inicia un proceso de dos etapas: la elaboración de los planes regionales de las Subalcaidías, y la nueva Ley de uso y ocupación del suelo, revisión de la ley del ´72, que nunca ha sido revisada en su concepto. Hasta abril de 2003, que es el plazo del Plan para la presentación de estas nuevas leyes, estaremos insertos en este proceso.
Es muy importante este nuevo Plan, que incorpora varios de los instrumentos del Estatuto de las Ciudades (prácticamente todos), y a partir de ahí, por la propia y enorme importancia de San Pablo, se convierte en un marco de referencia importante para todas las ciudades brasileñas.
No es, a mi juicio, el plan de “nuestros sueños”, porque por una serie de problemas ya llegó al Consejo con mucha extensión y con demasiados artículos (casi 300). Está muy poco focalizado en estrategias, presenta bastantes problemas. Pero creo que fue un avance muy grande el lograr aprobarlo.
En una charla decías que “peor de lo que estamos no podemos estar”…
Si, y es muy importante pasar esa etapa, que ya deberíamos haber superado hace tiempo, por eso creo que fue muy importante esta aprobación. Hay otros planes de ciudades menores en el área metropolitana de San Pablo, en especial 2 planes que se han realizado bajo el nuevo marco del Estatuto: Diadema, en la periferia del ABC, y Embu, en la periferia sudoeste, planes que han sido producidos realmente de una manera participativa, innovadora. Estos planes han involucrado desde el principio a los distintos sectores de la sociedad, y son piezas muy interesantes desde el punto de vista de estrategia de ciudad. Creo que en los próximos 5 años tendremos un período muy rico e interesante de renovación del marco y las estrategias de la planificación urbana, y será muy interesante ver como todo estos procesos han sedimentado.
En ese mismo lugar decías que esperabas ver si se podía cambiar la agenda urbana en los próximos 10 años y que el tema del derecho a la ciudad dejara de ser una necesidad.
¡Si! Yo trabajo hace muchos años de urbanista, y estoy absolutamente harta de tener que continuar con esta agenda, pero creo que si no universalizamos el derecho a la ciudad, no es posible cambiar de tema en las cuestiones de planeamiento urbano. La cuestión puede resumirse en algo como: “bueno, somos pobres, tenemos una renta superconcentrada, tenemos una mayoría de pobres, pero ¿como es posible hacer planificación urbana bajo este marco?”. Tenemos que hacerlo de alguna manera, y por eso la misión de la planificación urbana es claramente redistributiva en este momento. ¡Ojalá!, en 5 o 10 años podamos tener otro panorama en Brasil, cosa que espero, porque también hay otros factores: por ejemplo, el crecimiento de la población es menos intenso, la tasa de migraciones es mucho más baja, hay fenómenos de transición demográfica que están ocurriendo, y quizás se pueda cambiar definitivamente esta agenda.
Entrevista: MC