En la fría madrugada del pasado viernes 1° de junio (de hecho, el día más frio del año), a una semana de cumplirse el cuarto aniversario de la toma que le dio origen, la Policía provincial desalojó a la fuerza y con topadoras el Barrio Parque Esperanza, ubicado en la periferia de Estación Juárez Celman (que a su vez es parte de la periferia metropolitana norte de la ciudad de Córdoba, Argentina). Débora Cerrutti ha realizado la crónica de este hecho y de la historia del barrio en una nota de inusual calidad en el buen sitio periodístico La tinta; a ese artículo remito a quienes deseen precisiones sobre lo ocurrido.
Conozco personalmente a Andrés Villalba, referente de la organización Jóvenes al frente (JAF) y de la cooperativa que procura la regularización dominial y la urbanización del asentamiento. Lo he visto presentar el caso en encuentros académicos; su compromiso es tan grande como su conocimiento práctico de la construcción de ciudad. Andrés fue uno de los militantes arrestados en los sucesos del 1° de junio. Horas después de su liberación, hablé con él por teléfono y me dio algunos detalles del desalojo y su contexto.
Parque Esperanza es uno de los miles de barrios populares argentinos que solicita la expropiación de las tierras en que se asienta; en este caso, de propietarios privados, como el 60% de esos asentamientos. La solicitud fue realizada a la Provincia de Córdoba y a efectos de su implementación se constituyó la Cooperativa 12 de Junio con los habitantes del barrio. Villalba señala inclusive la voluntad de la cooperativa de comprar un predio a través del programa provincial Lotengo, de acceso a pedios para la vivienda familiar. La orden de desalojo ya había sido suspendida anteriormente, pero finalmente se ejecutó afectando las vidas, posesiones y esperanzas de unas 120 familias.
El desalojo de Parque Esperanza contradice los términos y objetivos del Proyecto de Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial de los Barrios Populares recientemente presentado al Congreso por el gobierno nacional. Dicho proyecto es resultado del trabajo realizado a partir del decreto 358/2017, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares y el Certificado de Vivienda Familiar, y es uno de los principales mecanismos con el que Argentina puede acompañar debidamente su adhesión a la Nueva Agenda Urbana de ONU-Habitat, emitida en Quito en octubre de 2016. Cabe destacar que en su artículo 11 esta nueva agenda dice compartir
“el ideal de una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la integración y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Tomamos nota de los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas”.
Al cierre de esta edición de café de las ciudades, la cooperativa estaba en tratativas con autoridades provinciales para resolver el conflicto desde su raíz más evidente: la necesidad de acceso seguro al suelo urbano para materializar ese objetivo de una ciudad realmente inclusiva.
MC
Fotos: Arquitectos al aire y Gonzalo Vélez.
Sobre el desalojo de Parque Esperanza, ver las entrevistas del programa radial Arquitectos al aire (sábados de 20 a 22 por AM 580 y FM 88.5 de Radio Universidad) a Gonzalo Vélez y Rebeca Villalba.
Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares, ver nuestra consulta a especialistas en hábitat, vivienda y urbanismo en Argentina.
