Introducción
La idea de este artículo es analizar los cambios profundos que se están produciendo en las villas de emergencia o villas miseria (asentamientos informales del tipo de las favelas brasileñas o los barrios de ranchos de Caracas) de la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene consecuencias directas en las formas de intervención del Estado en estos barrios. Al mismo tiempo, deseamos debatir sobre los lugares comunes que circulan en diferentes medios de comunicación acerca lo que ocurre en las villas. Estas afirmaciones del sentido común se basan en la presencia de mitos que son considerados como realidades concretas y generan, por lo tanto, ciertas confusiones sobre la dinámica barrial de las villas, que conviene despejar.
Para este, fin abordaremos los siguientes tópicos: la supuesta anomia o pérdida de los lazos de solidaridad en estos asentamientos; la densificación o verticalización de las villas; el desarrollo de un mercado inmobiliario informal y el control del territorio por parte del narcotráfico.
a) La supuesta anomia o pérdida de los lazos de solidaridad
Es habitual y reiterado hacer referencia a la pérdida de los lazos de solidaridad entre los vecinos de los asentamientos informales, que suele ser calificado de “anomia”. Este tópico recurrente debe ser tomado con cuidado. Sostenemos que existe una complejización de las relaciones barriales que favorece las relaciones mercantiles del mercado inmobiliario informal. Esta complejización, creemos, se da por diversos procesos, entre ellos el crecimiento de la escala de la población por barrio y la llegada de recursos estatales de programas asistenciales, junto a la dinámica política barrial más competitiva.
En primer lugar, el crecimiento demográfico de estos barrios es cada vez mayor y hace que cambie la escala de relaciones sociales, donde se van diferenciando entre los “conocidos” y los “desconocidos”. Sin embargo, hay una sociabilidad cotidiana relevante, porque la mayoría de los vecinos realiza sus compras diarias en el barrio, practica su religión allí, asiste a comedores cercanos, etc.
La primera marca urbana que emerge en estos barrios es la representación de un “adentro” y “afuera”, que categoriza, por lo general, la ciudad “formal” y la “informal”, pero el crecimiento poblacional genera que aparezcan también fronteras internas, por lo general expresadas en las categorías de un “adelante” que no necesita ser nombrado como tal y un “fondo” que concentra en los imaginarios urbanos a los sectores “más pobres”, “más marginales” e inclusive asignado a los “delincuentes” (muchas veces considerados como sinónimo de los “recién llegados”).
La presencia de recursos de numerosos programas sociales asistenciales focalizados, que consideraron a los asentamientos informales como los lugares de mayor concentración de pobreza, permitió que en estos barrios buena parte de la población sobreviviera cotidianamente gracias a éstos. Estos recursos (que nunca son distribuidos universalmente), creemos, rompen las relaciones de confianza o de proximidad. Implican una competencia entre las familias por los recursos y modifican las tradicionales relaciones de reciprocidad. Resulta una paradoja que la distribución de alimentos o materiales para la construcción, como ejemplo, que utiliza como vía a las organizaciones sociales barriales, provocara un cambio del rol en éstas. Es decir, se pasa de la presentación de demandas al Estado o la resolución autogestiva de problemas en el hábitat a ser asignador discrecional de recursos y, por lo tanto, constituirse en las principales redes sociales presentes en los barrios, transformando así las relaciones de poder existentes y en muchos casos priorizando la adscripción partidaria (clientelismo político).
Existe un mito de origen, que remite a una experiencia de solidaridad barrial y otro que alude a una crisis de ese estilo de vida. Hay una dicotomía que funciona permanentemente en el discurso: el antes y el después, aunque no siempre es fácilmente rastreable el corte temporal entre ambos períodos, ya que el cambio fue gradual, de acuerdo a los pobladores. Entonces se repite desde los habitantes asentados y desde los agentes externos que apoyan a las organizaciones (e incluso los agentes gubernamentales) la referencia a la ruptura de los antiguos lazos. En realidad, merece remarcarse que, adentrándonos en los relatos de los habitantes de estos barrios, los conflictos entre vecinos no estaban ausentes en el pasado. La disolución de estas prácticas de reciprocidad es atribuida, por lo general, a la partidización política de las organizaciones barriales o la llegada de la comercialización de la droga (que deja por fuera de la socialización barrial a algunos grupos, y a los jóvenes en particular), que es atribuida a ciertas nacionalidades de acuerdo a los distintos grupos que uno escuche.
Es decir, no está claro que “todo pasado fue mejor”, sino que en cambio existe una tendencia a una mayor complejización y una modificación de las reglas del juego internas en los barrios. En primer lugar, los propios vecinos siguen siendo la principal fuente de información respecto a la situación habitacional del barrio y, en segundo lugar, es central en la vida cotidiana tener contacto o ser miembro de las redes que detentan poder, por ser gestoras de las intervenciones estatales o por ser distribuidora de recursos públicos (y en algunos casos privados, como las donaciones de iglesias u ONGs del extranjero, en particular europeas). Entonces, cuando se habla de “desertificación organizativa” o la ruptura de las redes de solidaridad, se debe tener cuidado: persisten los comedores, las guarderías, los centros de jóvenes, etc., pero estos se profesionalizaron, dependen cada vez más de recursos estatales, distribuyen recursos discrecionalmente (aún cuando haya criterios fijados de focalización). Las redes siguen vivas, pero se modifica su sentido. Algunos actores colectivos declinan, otras organizaciones se refuerzan, son más permanentes, ya con formas institucionalizadas, e incluso formalizadas (con personería jurídica) y, por lo tanto, son cada vez menos “espontáneas” (es decir, prácticas esporádicas y de respuesta inmediata a una situación puntual). Incluso, en esta línea, la presencia de las iglesias de diferente credo muestra esta institucionalización de las relaciones de reciprocidad, pero es necesario ser miembro de éstas.
Sin embargo, más allá inclusive de los conflictos entre grupos de diferentes nacionalidades, que se sospechan entre ellas, la principal fractura en la sociabilidad barrial está signada por el mercado inmobiliario informal. Esta es la división entre dos grupos con intereses antagónicos: los que se consideran “propietarios” (aún cuando no tengan el título que lo acredite) y los inquilinos. En particular, el conflicto es más fuerte entre los locadores y los locatarios. Estos intereses operan sobre los procesos de regularización dominial y los programas de mejoramiento barrial. Se construyó una ideología barrial en relación a los inquilinos; se considera que no tienen relaciones de vecindad, que no están integrados, que están de paso, cuando esto no corresponde a la realidad, ya que el alquiler es la puerta de entrada del barrio y prácticamente todos los inquilinos aspiran (si sus ingresos lo permiten) cambiar a la condición de “propietarios” (ocupantes de hecho con tenencia segura). Es decir, existen dos status sociales diferenciados; unos son “ciudadanos de primera” y otros “de segunda” en el mundo de la informalidad urbana. Por otra parte, los locadores tampoco gozan de un status social favorable cuando alquilan varios cuartos, ya que se considera que obtienen de esa forma ganancias exageradas, que especulan con la necesidad de los otros. Por esta razón, esta condición no es declarada públicamente y estas prácticas se ocultan para los agentes externos (en particular estatales). Así, muchas veces se les retiene el documento a los inquilinos para que no los delaten, o los ocultan en los censos realizados para el reparto de los programas sociales asistenciales o a fines de la confección de un padrón electoral.
La sociabilidad en el espacio barrial de estos asentamientos se constituye, entonces, a partir del entramado de actores, relaciones, experiencias, expectativas que configuran la vida cotidiana de los habitantes. En él se encuentran tanto relaciones de reciprocidad como de disputa, de identificación como de diferenciación o estratificación y, más recientemente, de mercado. Este espacio se encuentra en permanente cambio, que, como sostuvimos, no tiende de la unidad a la fragmentación, sino a prácticas diferentes, complejizando las relaciones.
b) la densificación o verticalización
Postulamos que el mercado inmobiliario informal permite entender el incremento (geométrico) demográfico de las villas y, en alguna medida, de los “asentamientos” de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, ya que provoca una fuerte densificación de estos barrios, observable en el crecimiento en altura de las edificaciones. Estos dos factores relacionados, el mercado inmobiliario informal y la extensión del espacio construido, alteran fuertemente las condiciones de factibilidad de los programas de regularización dominial de estos barrios y abre nuevos interrogantes al respecto. Por esta razón, consideramos que conocer las características estructurales y el funcionamiento del mercado inmobiliario informal puede echar luz a las dificultades con las que se van a enfrentar los agentes decisores de políticas en el corto y mediano plazo.
En particular, las consecuencias directas de este crecimiento en altura implican problemas directos en los servicios de infraestructura. En todos los barrios existen problemas con la presión y la calidad de agua, que en su mayoría es provista por agua corriente, aunque existen casos en que ésta es surtida por camiones cisterna (que no siempre cumplen con la frecuencia estipulada). Las cloacas en algunas zonas colapsan, en particular cuando fueron construidas por los propios habitantes sin las previsiones del crecimiento de los barrios. Lo mismo sucede con el servicio de electricidad, que sufre cortes frecuentes o situaciones de baja tensión (con la pérdida económica consecuente para las familias, a partir del deterioro de los electrodomésticos por esta causa).
Por otra parte, las construcciones nuevas, donde ya casi no queda espacio para un patio o una terraza, implican la ausencia de ventilación o del ingreso de luz solar. Esto hace que existan muchas viviendas, y en particular cuartos de alquiler, en condiciones que implican insalubridad, más aún si se suma el crecimiento de los casos de hacinamiento.
Otras de las consecuencias es que existe peligro de derrumbe en muchas de las construcciones, de acuerdo a lo que afirman los propios vecinos, ya que los pisos que se suman no estaban previstos y la estructura edilicia suele ser precaria.
Por último, este crecimiento en altura modifica radicalmente las condiciones de intervención de los programas de regularización dominial, ya que en un mismo lote conviven, por lo general, diversos hogares, ya sea en calidad de “propietarios” como de inquilinos.
c) el mercado inmobiliario informal
El mercado inmobiliario informal redefine nuevas reglas de relaciones sociales en los asentamientos, pero se inscribe sobre las que ya funcionan en cuanto a las reciprocidades, vecindad y urbanismo tácito.
Los distintos submercados informales debe ser comprendidos en el marco de los dos contextos: por un lado, el funcionamiento del mercado inmobiliario formal, que habilita y que imposibilita opciones para los sectores sociales que habitan las villas y por el otro, dentro de las relaciones sociales que implican prácticas no mercantilizadas de acceder a suelo urbano. Ambas configuran un abanico de opciones limitadas para los sectores de menores recursos. Por ejemplo, no es sencillo obtener una vivienda en alquiler en el mercado inmobiliario formal, ya que la entrada está imposibilitada para algunos grupos de los sectores populares por los requisitos económicos que involucra (renta mensual, más depósito, sellado, etc.) y legales (documentos argentinos en el caso de los extranjeros, recibos de sueldo formal, garantes, etc.), además de los gastos que implican en cuanto a servicios públicos, expensas comunes, etc. Ciertas prácticas de reciprocidad, que fueron las que permitieron el crecimiento de las urbanizaciones informales, con el tiempo fueron limitándose por diversos factores, entre ellos la escasez de tierra disponible y la posibilidad de obtener una renta por medio del alquiler de cuartos ante la creciente demanda de un lugar en la ciudad, el deterioro del nivel de ingresos y el crecimiento de la desocupación
En las entrevistas que realizamos a los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fueron profusas las respuestas en cuanto a la facilidad que otorgaron los contactos de con-nacionales o co-provincianos para obtener una vivienda (ya sea en alquiler como por medio de la compra), en especial en los migrantes, porque el conocimiento de la ciudad es limitado o nulo. Claramente, el alquiler es la forma de entrada a los asentamientos, reemplazando en muchos casos a la forma tradicional de ingreso que era el allegamiento en la casa de parientes o paisanos. Si este allegamiento existe, postulamos, implica en la actualidad (en términos generales) un tiempo corto.
Las encuestas que realizamos mostraron que el conocimiento del inmueble objeto de la transacción fue obtenido por la información que proveyeron los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, de la iglesia, etc. Esto muestra una relación muy estrecha entre el funcionamiento de las redes sociales y el mercado. De hecho, fueron muy pocos los que accedieron a un cuarto en arriendo o a una vivienda para la compra por medio de anuncios (ya sean estos carteles en la vivienda, en un comercio o en un periódico, etc.). La presencia de parientes o amigos en el barrio es central para acceder a los mismos. Encontramos, por ejemplo, que uno de cada cuatro inquilinos contaba con un hermano en el mismo asentamiento.
El producto típico del submercado de alquiler es el cuarto. En algunos casos, se trata de edificaciones que contienen una decena de piezas, con sanitarios compartidos. Esta situación de alquiler es vista por los pobladores como transitoria. Así, un alto porcentaje de los inquilinos encuestados nos indican que ahorrarían para comprar una casa. La mayoría esperaba hacerlo en el mismo barrio que alquilaba.
La “ilegalidad” o la “extralegalidad” de las transacciones inmobiliarias no están implicando ilegitimidad, ya que se sustentan en un orden jurídico local alternativo. Esta legitimidad se va consolidando con su uso, cada vez más extendido. El Estado no regula este mercado, pero tampoco sanciona este tipo de prácticas, sólo las tolera (por omisión de acciones). En estas operaciones no actúan agentes económicos típicos del mercado formal. Por el contrario, lo que caracteriza estas transacciones es su carácter “cara a cara.” Esta impronta marca las relaciones de mercado. Por lo tanto, no es un mercado de oferta y demanda con agentes anónimos y con una racionalidad pura y exclusivamente guiada por la ganancia. Se desarrollan e institucionalizan (es decir, adquieren estabilidad) reglas del juego conocidas y reconocidas por los actores del espacio social, accionado por lógicas que dependen del posicionamiento de los sujetos en las redes sociales barriales.
En los productos que se intercambian en este mercado informal se incluye la aceptación de la “libertad urbanística” que dio origen a las viviendas presentes en estos barrios. Es decir, no se requiere incorporar las normas urbanas constructivas del orden jurídico oficial. Esta flexibilidad constructiva, lógicamente no puede ser utilizada por los inquilinos; por esta razón estos aspiran, por lo general, a constituirse en “propietarios” en estas urbanizaciones informales para contar con mayor estabilidad habitacional y para amoldar la vivienda a sus necesidades.
Coexisten lógicas diferentes, algunas que llevan este mercado hacia modalidades muy similares a las del mercado formal capitalista y otras que lo impregnan de lógicas vinculadas a las redes de reciprocidad. Ninguna de las dos es hegemónica aún. Postulamos que las formas más cercanas a las capitalistas se centran en el submercado de alquiler y las formas más cercanas a las redes de reciprocidad se concentran en la compra-venta de viviendas. Sostenemos que el alquiler se asemeja a la lógica capitalista, porque el tiempo de permanencia en la vivienda, si no se paga, es nulo y por lo tanto, lo que prima es el interés del locador de colocar su capital en el mercado y obtener por este medio una renta. Otro elemento que confirma nuestra argumentación es la evidencia de que los precios de los alquileres subieron cerca del doble de lo que costaban un año antes (es decir entre 2005 y 2006), acompañando lo que sucedió en el mercado formal y no teniendo entonces como base el incremento de los ingresos de los habitantes, que estuvo lejos de ese porcentaje. Es conveniente aclarar que un grupo de los locadores alquila un sector de su vivienda o un cuarto en el mismo inmueble y este constituye un ingreso relevante para su familia, y por lo tanto queda por fuera de la lógica capitalista.
En el mercado de alquiler, que se encuentra en franco crecimiento, locadores y locatarios suelen pertenecer a redes de connacionales. Esto no quita la lógica de la ganancia, sino que muestra la necesidad de relaciones de confianza que deben estar presentes en las transacciones y evitan o minimizan conflictos por “estilos de vida”.
Mientras que en las transacciones de compra-venta encontramos muchos casos de adquisición a plazos (cerca de un tercio), que implicaron pagos de acuerdo a las capacidades económicas de los compradores (sin interés, tal como lo haría una entidad financiera del mercado formal) y con contemplaciones a circunstancias personales de los compradores, que impidieran cumplir estrictamente los plazos.
d) El control del territorio y el narcotráfico
En estos barrios se conforma un cuerpo de normas locales para la convivencia y los conflictos entre vecinos, prácticas de reciprocidad y un “urbanismo tácito” (Abramo, 2003) que establece qué se puede y qué no se puede construir, fijando pautas que diferencien un espacio público (en particular los pasillos) y un espacio privado. Por lo general, construir en altos no genera conflictos, como sí en cambio avanzar en la superficie de espacios de circulación. La instalación de comercios o establecimientos productivos tampoco es sancionado por los propios vecinos, aún cuando los programas de regularización (algunos de nuestros casos de estudio iniciaron este proceso) impliquen la prohibición taxativa del uso del espacio residencial con fines comerciales o productivos (lo mismo que el alquiler de la vivienda, ya que debe ser para uso exclusivo de la familia que ocupó el lote).
Los sujetos que no cumplen con las prescripciones del orden jurídico local alternativo en las experiencias económicas inmobiliarias, son sancionados por medio del rechazo de sus prácticas y los consiguientes calificativos (como “especuladores”), ya que este sistema no contempla condenas de otro tipo. No obstante, se observaron procesos de mediación llevados a cabo por las organizaciones sociales ante conflictos suscitados por el uso del espacio urbano o disputas por la posesión de algunos inmuebles. Inclusive algunas organizaciones sociales asignan viviendas desocupadas o venden algunas. También hallamos intervenciones de hecho (no así de derecho) de las fuerzas policiales en la resolución de algunos pleitos por inmuebles en los asentamientos.
Otra cuestión que modifica la dinámica de los procesos sociales barriales se relaciona con las formas organizativas y los estilos de representación que surgen y que son requeridos para los procesos de regularización dominial. Aquí se evidencia que los tiempos de las políticas públicas no son los mismos que los de la política barrial y se produce, entonces, un desgaste de las organizaciones barriales, que deriva en una falta de legitimación de éstas y (por lo tanto) también en el quiebre de la confianza hacia los dirigentes. Es decir, estas redes institucionalizadas se debilitan como fuente de cohesión, pero se fortalecen, en algunas coyunturas, como co-gestoras o de simplemente “informadoras” de las agencias estatales; sin embargo, su debilitamiento repercute en el carácter de las intervenciones. .
Mientras tanto algunos medios de comunicación consignan que los principales dirigentes del narcotráfico realizan un control social de la vecindad de las villas fijando laudos sobre conflictos familiares que implican un creciente control territorial. Creemos que esta situación es fuertemente exagerada por los periodistas, ya que no pueden diferenciar entre mitos y realidades. Los vecinos hacen alusión a importantes personalidades (tales como actores, deportistas o representante de deportistas) que se acercan a las villas a comprar droga, pero esto no es más que un mito urbano, lo mismo que el control territorial estricto de los jefes de la comercialización de la droga. Sí, en cambio, existe una territorialidad del delito que incluye robo dentro de los barrios o la venta de drogas, pero se está lejos de lo que ocurre en las favelas de Río de Janeiro. Existe una cotidianidad barrial que no está regulada por el comercio de la droga y es mayoritaria. No debemos confundirnos.
Consideraciones finales
Las modalidades de la informalidad sufren mutaciones que deben ser tenidas en cuenta para la formulación de políticas, a riesgo de operar con paradigmas que ya no se ajustan a la realidad urbana y social de estos barrios. Esto tiene dos consecuencias negativas respecto a las políticas de regularización y mejoramiento barrial: por un lado, se institucionaliza una movilidad residencial por medios de transacciones inmobiliarias informales que modifican las condiciones urbanas de tenencia de la tierra; los lotes se hacen más pequeños y se alejan cada vez más de las normativas urbanas. Por otra parte, cada vez cobra más relevancia un tipo de habitar estos barrios más precario, el alquiler, que implica un cambio en el paradigma de intervención de las agencias estatales (tomando además en cuenta las conflictivas relaciones con los que se consideran “propietarios”). En segundo lugar, la densificación implica peores condiciones habitacionales y sanitarias. En particular, nuevamente el alquiler se caracteriza por la permanencia de familias, muchas veces numerosas, en cuartos insalubres sin ventilación, con alto hacinamiento, con instalaciones sanitarias compartidas, precarias, poco higiénicas.
Por otra parte, crecen coyunturalmente los casos de nuevas urbanizaciones informales (ocupaciones), que canalizan, en parte, la demanda de parcelas urbanas por parte de los “sin techo”. Esto puede ser considerado, frente a ciertos planteos, como un elemento positivo ya que alivia la crisis urbana, pero muestra, al mismo tiempo, las limitaciones de las políticas de vivienda de interés social, que son cuantitativamente crecientes en los últimos años. Esto obliga entonces a un replanteo de la política urbana de forma integral, ya que la demanda más relevante se coloca sobre el suelo y no sobre la vivienda, ya que existe una amplia tradición de autoconstrucción (combinada con construcción por encargo de acuerdo a las capacidades de ahorro de las familias).
Con lo cual sostenemos que se debe revisar el paradigma actual de las intervenciones públicas en estos barrios. Sin embargo, no debe perderse de vista la aspiración de los pobladores de obtener una tenencia segura, que en nuestro país es sinónimo de la propiedad con título perfecto. Otros países de la región han experimentado formas de propiedad alternativas, que deberían ser exploradas, si contribuyen a la mejora de la situación de precariedad. Consideramos que la aspiración a ser propietario tiene que ver con la incertidumbre del mercado laboral y de las condiciones de vida, en general, de los sectores más vulnerados en nuestra sociedad. Habitar un espacio, aunque sea precariamente, da seguridad si permite la permanencia en el lugar, lo que otorga legitimidad y, en algún sentido, derechos sobre este espacio urbano.
En este nuevo paradigma hay que tener en cuenta la valoración de la “libertad urbanística” que admite introducir modificaciones en las viviendas a fin de adaptarlas a las necesidades y a las capacidades económicas en las diferentes etapas del ciclo de las familias, y se debe considerar que el espacio residencial en estos barrios es compartido con el espacio para la producción.
Consideramos como falsa la dicotomía autoconstrucción (ver Turner, 1976) frente a procesos de producción estatales. Puede suceder que ambos satisfagan las necesidades de vivienda y también que ninguno de los dos lo haga. Depende del caso que se trate. Por lo cual no creemos que tengamos que tomar posición por uno o por otro. Sin duda, si el Estado no puede ofrecer viviendas en condiciones adecuadas es mejor que acondicione las que las personas se proveyeron en las circunstancias que pudieron. Es cierto, como plantea Tuner, que el hábitat urbano que provee el Estado no contempla habitualmente las preferencias de los habitantes de las urbanizaciones informales y los usos que hace del espacio urbano. Creemos que se deben incorporar en el diseño de las políticas todas las variables que constituyen el hábitat de la ciudad y no sólo aspectos estrictamente circunscriptos a las viviendas (metros cuadrados, por ejemplo) o económicos (capacidad de pago de los usuarios). Sostenemos que esta brecha entre necesidades-demandas y oferta estatal se debe a las escasas experiencias de instancias participativas en los procesos de producción de vivienda
La autora es antropóloga, investigadora docente del Insituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Las encuestas a las que se refiere el texto fueron realizadas en el marco de una investigación para desarrollar una tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Para ampliar la temática puede consultarse su libro Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana, Universidad Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines (2006), próximamente en co-edición con Prometeo.
Sobre villas y asentamientos informales, ver también en café de las ciudades:
Número 19 I Tendencias – Política
Favelas en la ciudad: articular, no separar I Los muros de la vergüenza (II). I Jorge Mario Jáuregui
Número 12 I Entrevista
“Políticas para construir ciudad, no para hacer casitas” I Jorge Jáuregui y el programa Favela Barrio, de Río de Janeiro. I Jorge Jáuregui
Número 16 I Tendencias:
La extrema periferia I Ricardo de Sárraga relaciona lo doméstico y lo barrial en un barrio de Florencio Varela. I Marcelo Corti
Bibliografía
Abramo, Pedro (2003) “A teoría económica da favela: quatro notas sobre la localizaçao residencial dos pobres e o mercado inmobiliario informal”. En Abramo, Pedro (org.) (2003) A cidade da informalidade. O desafio das ciudades latino-americanas. Sette Letras. Río de Janeiro.
Cravino, María Cristina (2004) “El barrio concebido como comunidad. Reflexiones acerca de algunos supuestos presentes en la focalización territorial de políticas asistenciales”. En: Cuaderno Urbano Nº 4, UNNE. Resistencia.
Turner, John (1977) Vivienda, todo el poder a los usuarios. Hacia la economía en la construcción del entorno. Blume Ediciones. Madrid
