“Las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismas, sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban imaginando”. Aldo Rossi

1. Introducción

En el post coronavirus se pensó que vivir sería salir de casa para volver al mundo anterior, idealizado. Sin embargo, el salir no ha sido vivir, tampoco volvimos al mundo idílico del pasado; sobre todo porque, como dice Naomi Klein (2020): “nuestra normalidad ya era una crisis”. Salir del aislamiento o regresar al pasado como idearios de vida no tiene soporte, porque antes del Covid-19 la crisis económica y social era aguda. Entonces algunas preguntas saltan a la vista: ¿Qué es vivir? ¿Dónde y cómo se vive? ¿Se sale de una crisis para caer en otra? ¿Cuál será la salida urbana en el pos Covid?

La transición de las crisis previas a la pandemia se aceleró como consecuencia de los efectos del contagio y la letalidad, demostrando grandes problemas que, evidentemente, ya existían. Tanto en la salud primaria (alimentación, agua potable) y secundaria (clínicas, hospitales); como en la economía, por la recesión mundial de la demanda y la oferta a niveles sin precedentes; en las condiciones sociales, por el incremento del desempleo, la pobreza y la desigualdad; y en lo político, por la crisis de representación, la agudización de la polarización y el descrédito de la política y de los políticos (Instituto Internacional para la democracia y la asistencia electoral, 2021).

A ello se debe añadir la contingencia desplegada a partir del diseño de políticas de salud homogéneas aplicadas en contextos de alta heterogeneidad, que profundizaron la desigualdad y la inequidad a todo nivel. El Quédate en Casa no tiene el mismo impacto en Europa, Estados Unidos y América Latina; como tampoco en ciudades fragmentadas y segregadas. Lo mismo ocurrió con el Lávate las Manos, según UNICEF (2019) un tercio de la población mundial no tiene acceso al agua potable y mucho menos al jabón. Además, el cierre de países y ciudades de forma generalizada operó socialmente de manera discriminatoria, poniendo en debate ciertos derechos. Y qué decir de la administración de las vacunas que, habiendo comenzado con la inoculación de los países centrales en desmedro de los de menor desarrollo relativo, produjo nuevas variantes que se volvieron un boomerang. En el Gráfico 1 se puede observar que, a pesar de la vacuna, los contagios y la letalidad no han disminuido considerablemente.

De tal manera, durante el primer momento de pandemia, las políticas restrictivas terminaron por formar ciudades vacías y fantasmales. Ello intensificó la crisis urbana y la de vivienda, como también la de infraestructuras, principalmente vinculadas a la movilidad y la salud pero, además, la irrupción de nuevas plataformas tecnológicas que han producido nuevas y mayores brechas y desigualdades.

Gráfico 1: Casos y letalidad en el mundo
Fuente: Datos de recursos sobre covid-19

Por otro lado, en el post Covid-19, el imaginario del lugar para vivir se revierte. Antes de la pandemia se asumía que la vivienda era ese lugar privilegiado para vivir, incluso al buscar conocer la localización o la dirección domiciliaria de alguien -persona o familia- la pregunta central era: ¿Dónde vives? Sin embargo, hoy ese lugar se traslada al exterior de la casa, al espacio público, a la ciudad, al barrio, porque el vivir está vinculado a la libertad de movimiento y no solo al lugar donde se habita, porque el vivir tiene un emplazamiento plural y de interacción colectiva.

La reclusión del vivir en el espacio doméstico (vivienda) o en el espacio público (ciudad) no puede ser vista dicotómicamente y, mucho menos, de forma excluyente. Más aún, dado que en la ciudad existen mutuas y permanentes interacciones entre espacio público (Borja, 2011) y espacio doméstico (Collin, 1994). Es que ninguno de los dos espacios puede entenderse de forma genérica, uniforme y aislada porque cada uno de ellos depende del otro para existir, considerando la condición social y económica en la cual están inscritos.

El espacio doméstico en los sectores populares tiene un nivel de hacinamiento alto, una significativa precariedad de servicios y una mala calidad constructiva y de habitabilidad, que conducen a un efecto continuo con el espacio público. Como testimonio de esta afirmación se tienen los siguientes ejemplos: la tienda de la esquina opera como una prolongación de la alacena de la casa porque los miembros del hogar no tienen refrigeradora, la vereda es una extensión de las viviendas que carecen de sala y la esquina es el lugar de captación de ingresos económicos para el sustento de las familias que carecen de trabajo formal.

Mientras que para otros sectores poblacionales, las élites económicas, es todo lo contrario: el espacio doméstico requiere del espacio público para su valoración económica (renta de suelo) y la operatoria de la soberanía del consumidor. Es decir, para unos es una condición del vivir (sobrevivir) y para otros la cualidad de valoración de inversiones.

Más todavía, en general el espacio doméstico está reglado o normado bajo instrumentos jurídicos (código penal, civil, familiar) o de planificación urbana (usos de suelo, densidades) que son esferas propias del espacio público. De esta manera, los espacios públicos y domésticos deben ser entendidos de forma diferenciada, según los contextos espaciales y sociales en los cuales se encuentran inscritos, aunque de manera articulada.

Esto supone que el uno no puede existir sin el otro, ya que producir vivienda es producir ciudad, entonces producir vivienda sin ciudad no tiene sentido; tanto que conduce a la aberración de ciudades sin ciudadanos. Es más, la localización de la vivienda siempre estuvo vinculada al espacio público, sea ante una plaza, un parque o una calle, porque ciudad sin vivienda no existe, como tampoco vivienda sin espacio público. Esta afirmación es contraria a lo ocurrido, desde inicios de la segunda posguerra mundial, con los agudos procesos de migración rural/urbana que no produjeron ciudad porque en las periferias no se generaron espacios públicos, ni infraestructuras, ni servicios.

De manera inversa, el espacio doméstico impulsó el vecindario, esto es, el conjunto de personas que residen en el mismo espacio de forma comunitaria y colectiva en un barrio. Allí se originó y conformó la unidad indisoluble entre la vivienda (espacio doméstico) y la ciudad (espacio público), dentro del sistema urbano global. En este contexto general se ubica la tesis central de este artículo: el vecindario. Eso supone actuar en el lugar donde se expresa la mayor igualdad interna, pero también la más alta inequidad con respecto a la ciudad, por ser unidades de conflicto y segregación urbana y residencial.

Por lo tanto, este artículo recoge el planteo central del barrio como unidad territorial y del vecindario como conjunto de personas que tienen vida comunitaria en proximidad, bajo los principios contenidos en la afirmación del 5D. Este planteamiento va en la línea del fortalecimiento de la relación con la ciudad y el sistema urbano global, de tal manera de pasar de la ciudad de los negocios a la ciudad del buen vivir (Ecuador, 2008; Bolivia, 2009) o del vivir feliz de Aristóteles (Fierro, 2009). Los cinco principios claves que rigen la propuesta empiezan con la letra D y son: Democracia, Derechos, Descentralización, Doméstico, Densidad-Distancia.

2. La ciudad neoliberal es productora de desigualdad

La ciudad es una construcción social históricamente determinada (Mumford, 1979), donde su racionalidad permanente es el cambio; esto es, la mutación constante (innovación). Las ciudades cambian constantemente porque son históricas, y debido a que la sociedad se transforma, existen ciertos momentos en que estos cambios se aceleran, como ocurre en este momento, asentados en situaciones previamente configuradas. Pero esta lógica evolutiva no es lineal, porque pueden ocurrir avances y retrocesos, como también momentos de ruptura y contracción importantes.

En América Latina, desde 1980 hasta 1990, existió una acelerada transformación de las ciudades porque el proceso de urbanización desarrollista adoptó la lógica neoliberal, llegando a su fin los modelos de bienestar y de industrialización por sustitución de importaciones. Con ello la ciudad se convirtió en objeto de negocio y acumulación. Para el efecto, se modificaron los marcos institucionales, las políticas, los mercados y las infraestructuras urbanas, configurando lo que varios autores definieron como la ciudad neoliberal (Carrión 2021; Rodríguez y Rodríguez 2009; Theodore, Peck, y Brenner, 2009). Así, a partir del cambio del modelo de acumulación se mercantilizó la vida urbana, las brechas sociales se agudizaron y el trabajo se precarizó e informalizó, acumulando una serie de problemas estructurales en los escenarios económicos, políticos, sociales y ambientales en los territorios. La liberalización de la economía en los territorios fue resultado de la presencia de nuevas medidas políticas-económicas en el que la reforma del Estado y la presencia de las ciudades fueron determinantes

Además, en el ámbito de las urbes, se impulsó de manera simultánea el proceso de democratización, gracias a la elección popular de las autoridades locales: si en 1985 solo 7 países de la región las elegían, para el año 1997 todos lo hicieron. Esta representatividad municipal produjo tres efectos: i) la politización de los territorios frente al poder nacional; ii) la descentralización del conflicto de lo nacional hacia lo local; y iii) el establecimiento de la tensión central de la ciudad latinoamericana actual entre un gobierno local con legitimidad social y las crecientes demandas de la ciudadanía por el derecho a la ciudad.

La urbe se convirtió en un lugar estratégico para el modelo de acumulación global porque concentró la población, la productividad y la innovación, lo cual le otorgó un protagonismo inédito, convirtiéndose en uno de los tres actores globales, junto al Estado y a las corporaciones transnacionales (Sassen, 1998). Una condición como esta fue factible gracias a que las ciudades se integraron y relacionaron muy fuertemente entre sí, para constituir la red urbana global. Así, actualmente, las relaciones inter y transurbanas son claves e intrínsecas para su existencia, como para el proceso de globalización.

En esa perspectiva, los municipios, como instancia de gobierno de la ciudad, se convierten en un actor clave, porque asumen la condición de organismo de representación de la sociedad local, de igual modo como instancia institucional de producción y ordenamiento de la ciudad en su conjunto. Es el organismo más próximo a la sociedad, que tiene las competencias de solventar las necesidades más inmediatas de la ciudadanía en los territorios locales. 

En ese proceso, el marco institucional y las políticas municipales se redefinen. Por un lado, el municipio vive una mutación asentada en privatizaciones, con base en un marco organizacional que privilegia empresas, fundaciones, fideicomisos y corporaciones y, por otro lado, en políticas que ponen en crisis la planificación funcionalista e indicativa, conduciendo al impulso de la lógica del mercado en la ciudad. Una gestión de este tipo conduce a la fragmentación extrema de la ciudad, mediante la dinámica de la ciudad insular definida por Duhau y Giglia (2012) propios de la lógica mercantil, donde la soberanía del consumidor segmenta el territorio por tipos de mercados.

Antiguamente la urbe se constituía desde una división territorial del espacio que surgía mayoritariamente de las condiciones jurídicas, compuesta por la ciudad legal e ilegal; la ciudad formal y la informal, dando lugar a la ciudad dual (Hardoy y Satterthwaite, 1987). Esta condición tiene vigencia hasta la actualidad, aunque con modificaciones introducidas por la lógica del mercado, que rompe la dualidad y constituye multiplicidad de mercados segmentados.

Hoy la fragmentación se configura mercantilmente; es decir, desde la oferta y la demanda. Allí la desigualdad adquiere inéditas fronteras físicas, sociales y simbólicas, propias de la ciudad de los muros (Caldeira, 2007), porque los capitales inmobiliarios priorizan la ganancia sobre el acceso de la población a la ciudad. En esa perspectiva se instaura una nueva dicotomía: los que están dentro del mercado, con distintos grados de satisfacción de necesidades según la capacidad económica, y los que están por fuera del mismo. Lo paradójico es que los que son marginados por estas lógicas del mercado y de la actuación del Estado son mayoritarios, convirtiéndose en un testimonio de la desposesión a la que son sometidos y de la resistencia al modelo de ciudad hegemónico. Estos grupos, en respuesta y búsqueda de nuevas lógicas, impulsan la alternativa de la producción social del hábitat (Ortiz, 2012).

Dentro de esta búsqueda y producción de nuevas lógicas de ciudad llegó la pandemia del Covid-19, con una particular cronología. Primero, Latinoamérica se convierte en su epicentro, al ser el continente más urbanizado (84% de la población vive en ciudades) y desigual del mundo (5,4 coeficiente de Gini) (Cepal, 2020). Situación que se agravó con las políticas para combatir la pandemia, inscritas en lógicas generales y homogéneas. Su resultado es claro si se analiza la relación de los datos demográficos con los sanitarios. Mientras la región cuenta con el 8,4 % de la población planetaria, el contagio llegó a significar casi la tercera parte de los contagios a nivel global, esto es 28,02% en febrero del 2020 y 15,84% en febrero del 2022.

Pero más grave: la relación de la población con el número de personas fallecidas era a febrero del 2020 de 1 a 3,5, o sea, el 35% de los muertos del mundo por coronavirus, como se observa en la Tabla 1 (a ello hay que sumar la crisis económica, que según organismos internacionales como CEPAL (2020); Banco Mundial (2021), se contrajo en 6,7% para 2020 y se recuperó en 6,2% para 2021. En 2020 esto significó que 47 millones de personas pierdan empleo, representando el 14% en el sector formal y el 25% en el informal según OIT (2020). Para el 2022 se estima que existen 28 millones de personas en desempleo y según OIT (2022) más del 60% de los reintegrados se encuentran en condiciones de informalidad. Esto significa un retroceso de 8% con respecto al 2019).  Adicionalmente y según la CEPAL (2021), América Latina para 2020 contaba con 22 millones de nuevos pobres, equivalentes al 33,7 % de la población, un incremento de la desigualdad en 2,9%, y una pérdida de 47 millones de empleos respecto al año 2019, pero además 5 millones más de personas en extrema pobreza para el 2021, significando hasta 30 años de retroceso.

Tabla 1: Tasas Covid-19 (2020 – 2022) 
Fuente: Elaboración propia con base en datos BBC News

Segundo, debido a las condiciones urbanas de alta concentración de población y actividades, así como por la alta desigualdad urbana, la ciudad se convierte en un escenario proclive al contagio. La incidencia más significativa de ello ocurre en los lugares donde se concentra la mayor interacción social; esto es, en las centralidades urbanas, como también donde menor calidad de vida de la población existe; o sea, en las zonas periféricas de las urbes. Pero además, en las ciudades pequeñas la letalidad es mayor debido a que la capacidad sanitaria es más reducida.

Con este comportamiento del Covid-19 en la región se ilustra claramente la idea de las rupturas urbanas, debido a que, por un lado, se produce una crisis que conduce a un cuestionamiento de la esencia misma de la ciudad. Allí se ubica el shock urbano, que hace referencia a una afectación súbita que conmociona la dinámica de la ciudad, pudiendo tener un carácter antrópico (crisis urbana) o natural (cambio climático). Y, por otro lado, el urbicidio, relacionado con el impacto profundo a la totalidad de una ciudad en particular (Detroit) o de una parte estructural de ella a través, por ejemplo, de las guerras (aeropuertos bombardeados), de la violencia (espacio público o doméstico), de la economía (especulación inmobiliaria), que terminan por impactar de forma irreparable (Carrión y Cepeda, 2021). En otras palabras, hay situaciones en que se llega a una devastación que produce grandes efectos, capaces de proyectar salidas con cambios estructurales positivos; según el pensamiento chino, las crisis deben ser vistas como una oportunidad –crisis en chino es una palabra compuesta: wei (peligro) y ji (oportunidad).

Las crisis sean de un tipo o de otro, contienen factores desencadenantes que aceleran los procesos que se venía prefigurando, para producir cambios altamente significativos. El caso del Covid-19 es un ejemplo de ello; tanto que introduce una lógica disruptiva, capaz de acelerar los cambios anclados en situaciones previas. Se trata de problemas estructurales que ocurren en ciertos momentos específicos, produciendo distopía en el desarrollo de la ciudad, planteando la necesidad de repensarlas y cambiarlas.

Frente a esta crisis multidimensional quedan dos opciones: la una, dejar que el proceso de transformación se dé sin ninguna actuación explícita; esto es, que se procese de forma “natural” bajo la lógica de la mano invisible del mercado, donde la voz cantante la tienen las élites económicas con sus propuestas de desregulación, paradójicamente aliadas al Estado. Y la otra, mediante la recuperación de la planificación, que ha perdido peso en estos últimos 30 años, con una crisis sin precedentes, de la cual tiene que salir para conducir estos procesos. Sin duda la mejor opción es la segunda, la cual demanda retomar y reconstruir la institucionalidad pública y la lógica de la planificación. De tal manera que se procese con las mejores iniciativas para encontrar un cambio en la normalidad pre existente y en la crisis posterior.

En la salida a la crisis del Covid-19 está presente el sentido del tiempo bajo dos dimensiones: la del regreso a la normalidad; esto es, de la búsqueda del pasado como solución, o la nueva normalidad, como proyección futura. De esta manera, la discusión de la temporalidad -pasado o futuro- se especifica por encima del sentido de la normalidad; cuando esta es central. Esto supone un statu quo naturalizado bajo normativas vigentes, que según Naomi Klein (2021): “Nuestra normalidad ya era una crisis”.

Entonces, para modificar esta situación, Coraggio (1980) propone una planificación concebida a partir de un sujeto social con voluntad consciente, donde el sujeto social es un órgano estatal representativo, la voluntad está dirigida hacia dotar de un sentido de cambio a la realidad y lo consciente, amparado en un diagnóstico consensuado.

Este proceso supone un cambio de óptica respecto de la ciudad (comunidad política) en un triple sentido: primero, que lo social debe tomar preeminencia sobre lo espacial; esto es, un cambio del urbanismo que organiza el espacio (zonificación) al “civitismo”, que busca satisfacer las necesidades de la población (buen vivir). Segundo, el tránsito de la planificación del urbanismo de proyectos, propio de la ciudad de los negocios, hacia el urbanismo ciudadano, tendiente al vivir bien (Aristóteles). Y tercero, que la escala de intervención debe ser el barrio, inscrito en la ciudad, donde el vecindario debe tener la mayor significación.

3. De la ciudad como negocio a la ciudad del buen vivir

Para superar la crisis provocada por el Covid-19 (sanitaria, económica, social), y para no regresar a la crisis urbana y económica anterior, se debe considerar producir cambios estructurales en la dinámica de la ciudad, en al menos en los siguientes tres órdenes:

1. El tránsito del urbanismo al “civitismo”

Es imprescindible una mutación sustancial en la concepción tradicional de la ciudad, para entenderla como lo que en realidad es: una comunidad política. La ciudad no es solo un espacio físico, sino una comunidad de vecinos que se representan en su gobierno con la finalidad de satisfacer sus necesidades cotidianas. En otras palabras, según el pensamiento griego, la ciudad es la polis.

Esto supone modificar la propuesta basada en el vocablo latino Urbs, que servía para diferenciar el mundo urbano (la ciudad) del rural (campo), cuestión que se verificó con fuerza desde la revolución industrial, cuando se vivió un crecimiento histórico de las ciudades por la migración de los factores de la producción del campo a la ciudad (fábricas, población). Además, con la emergencia de la tensión o contradicción rural y urbana, y el desequilibrio ambiental con el aumento de la contaminación al producir la ciudad.

En ese contexto nace el urbanismo (el DRAE recién lo incorpora en 1956) como disciplina, con el objetivo de ordenar la condición físico-espacial de la urbe. En esa perspectiva, la planificación urbana tuvo como misión estructurar el espacio de la ciudad, desde el sentido del desarrollo urbano o de la organización del territorio. Para ese logro se recurrió a la zonificación, inicialmente destinada a separar el lugar de residencia (la vivienda) del de trabajo (la fábrica), principalmente porque afectaba la salud de la clase obrera, debido a la contaminación producida por la producción manufacturera (Engels, 1887; este fue un elemento determinante para el fortalecimiento del orden patriarcal de la ciudad (Chinchilla, 2020).

Posteriormente, con la llegada del urbanismo moderno, a fines del Siglo XIX y principios del siglo XX, se estableció un cambio sustentado en la regulación de los flujos (movilidad) y en la zonificación (infraestructura), ahora funcionalista, racionalista y reguladora de los usos de suelo (residencial, comercial, industrial). Sus impactos fueron varios, porque afectaron barrios enteros (Galvis, 2020), fortalecieron la lógica patrtiarcal (Chinchilla, 2020), crearon asentamientos humanos en las periferias y legitimaron la dominante división social del espacio. Sobre todo, porque fue una propuesta única que no reconoció la diversidad existente, legitimando la vigente geografía del poder y el arquetipo de planificación urbana.

En la actualidad, con la Cuarta Revolución Industrial, el espacio físico pierde cierta relevancia y aparece como cimiento de una nueva dimensión: el ciberespacio. El tránsito del espacio físico al virtual trae grandes modificaciones en las infraestructuras urbanas, hoy inscritas bajo la lógica de plataformas o aplicaciones de alta tecnología, que conducen a la presencia de la tele ciudad (Carrión y Cepeda, 2020). Así mismo, se modifica el sentido de la distancia y del tiempo bajo el crono-urbanismo y la instantaneidad introducidos por la tecnología, modificando la relación tiempo-espacio.

Este conjunto de transformaciones de amplio espectro lleva al tránsito del urbanismo, que organiza el espacio al civistimo que estructura la ciudadanía. Quizás dos de los más notables cambios sean, por un lado, la evolución del urbanismo que privilegió el espacio como su punto focal de comprensión y actuación hacia el civitismo, que puso énfasis en la población y en la ciudadanía (Carrión y Cepeda, 2020). El civitismo hace alusión a la comunidad y al vecindario, priorizando al ser humano cooperativo que humaniza la ciudad bajo la dinámica del buen vivir y de su fuente originaria, la ciudadanía, que es en última instancia la que ejerce sus derechos frente a la polis. De esta forma, se cambian las prioridades, poniendo menos énfasis en el espacio y más en los vecinos; menos en los negocios y más en el bienestar de la población.

Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías que hicieron que la mayoría de las actividades de la ciudad pase del mundo material al remoto, poniendo un acento importante en la existencia de una teleciudad (que supera a la ciudad inteligente). De esta manera cambian las infraestructuras tradicionales, gracias al aparecimiento de las aplicaciones o plataformas (Uber, Airbnb, Google, Amazon), inscritas en la lógica del eufemismo de la economía colaborativa y de la inteligencia artificial (Carrión y Cepeda, 2021).

2. El tránsito del urbanismo de proyectos al urbanismo ciudadano

La transición del urbanismo al civitismo produce un proceso adicional: del urbanismo de proyectos (Lungo y Smolka, 2005) al urbanismo ciudadano (Bellet-Sanfeliu, 2017). Por las lógicas del neoliberalismo, el Estado dejó de regular los mercados, lo cual contribuyó a que la planificación urbana entrara en crisis. Frente a ello, la salida fue la instauración del urbanismo de proyectos orientado a la productividad de la ciudad (GPU´s) y al sentido privado, propios de los capitales corporativos. Así aparecen los denominados Grandes Proyectos Urbanos en lugares estratégicos de las ciudades (GPU), concebidos al interior de las denominadas Zonas Especiales de Desarrollo Urbano (ZEDU), en las cuales se definen estímulos a la inversión privada; flexibilización de los mercados (inmobiliario); incremento de las densidades (verticalización). Ello sumado al impulso de las infraestructuras que operan bajo la lógica de Condiciones Generales de la Producción (CGP) (Garza et al., 2013), dentro del desarrollo de ciertos servicios para la conexión global (puertos, aeropuertos, autopistas, tecnología), para el comercio (shopping centers), para el turismo (hoteles, convenciones) o para la producción (energía eléctrica, gas).

Con esta lógica se fragmentan los mercados, porque la inversión sigue al sentido del enclave (según DRAE, enclave es: Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc.), localizándose en espacios específicos de alta rentabilidad y subordinados a las áreas de influencia a sus demandas (ZEDU). La propuesta de los GPU´s tiene algunas ventajas para el capital, entre las cuales se pueden señalar: plazos cortos de ejecución (alta rotación del capital), mucha visibilidad (marketing) y fuerte impacto urbano y social (rentas). La ejecución de estos proyectos se hace a partir de la cooperación público/privado -que ignora el componente de la participación social- con lo cual hay una subsunción del Estado al capital.

Este enfoque, según Vainer (2000), coloniza la historia y el espacio, produciendo nuevos entornos sustentados dentro de la ciudad competitiva, con la construcción de una imagen de ciudad moderna para el mundo (marketing). De esta manera, responde más a la lógica de acumulación propia de una ciudad global que a las demandas de los territorios locales (Parnreiter, 2016), dificultando las respuestas positivas a las problemáticas estructurales e incluso a los shocks urbanos que llegan a afectar a las mayorías.

La confrontación a este enfoque se ejerce a través de las manifestaciones sociales impulsadas por la población urbana que ve restringir sus condiciones de vida y derechos, así como de los estudios respecto de sus consecuencias. Por eso, según De Mattos (2004), el crecimiento económico de las ciudades debe gestionarse desde la participación colectiva, preservando la cohesión social. De uno y otro espacio emerge la idea del urbanismo ciudadano como alternativa, en tanto persigue, como su nombre lo indica, una ciudad para y desde las personas que asumen la condición de ciudadanía; esto es, de sus derechos dentro de la comunidad política. Es un giro notable por cuanto persigue el vivir bien de los vecinos y del negocio del capital, motores contradictorios del desarrollo urbano.

Esto supone una ciudad que concentra una comunidad (política) la cual comparte la producción y consumo de los bienes comunes, sean naturales como el agua, el aire, la fauna y la flora, que son sujetos de derechos (Carrión y Cepeda, 2021; la constitución del Ecuador (2008) consagra los derechos de la naturaleza en los siguientes términos: artículo 71: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”); o antrópicos, como el espacio público, la energía eléctrica o la vialidad (infraestructuras) que son parte del derecho a la ciudad. Por eso la ciudad se convierte, bajo esta óptica, en un ecosistema de vida en común y colectivo.

Por eso, en la comunidad política o la polis, lo público y lo común son la base de la ciudadanía (derechos), teniendo tres entradas determinantes:

El gobierno (polis). Los cambios en el proceso de urbanización generaron un desfase entre la organización del territorio y los marcos institucionales, conduciendo a la existencia de un territorio multi escalar (región urbana) y de una institucionalidad multi nivel, con autonomías yuxtapuestas. Esta constatación de la diversidad de órganos de gobierno debe sustentarse en el principio de subsidiariedad o de competencia, que determina que la responsabilidad institucional de la atribución debe recaer en aquella más próxima al problema. Adicionalmente, se deben tomar en cuenta los efectos perversos producidos por la Reforma del Estado para fortalecer la estructura organizativa del Estado dentro de la nueva organización territorial, y del retorno de lo público. Esto supone generar un autogobierno que actúe de forma integral en el territorio y no sectorial, como ocurre con el Estado central.

En esa perspectiva se ha caminado con algunas iniciativas estructurales y otras aisladas, que deben profundizarse dentro de una misma dinámica. Fortalecer el gobierno de la ciudad con la transferencia de recursos y competencias provenientes del gobierno central y obtener mayor representación y participación política de la ciudadanía. La estructura municipal debe abandonar las fundaciones, corporaciones y empresas para fortalecer su propia estructura y concentrarse en la generación de recursos propios. Hay que profundizar en el presupuesto participativo, la silla vacía, la revocatoria de mandato, la proximidad, la rendición de cuentas, entre otros elementos propios de una gobernanza local.

La ciudadanía (Civitas). Con la penetración de la dinámica neoliberal se ha vivido un proceso de reversión de la ciudadanía, para constituirla en demanda. Incluso, desde el mundo de la producción de servicios municipales se convierte al contribuyente, por el consumo que hace de los servicios producidos por empresas y fundaciones. Por otro lado, el espacio público, donde se configura la ciudadanía, vive según Borja (2000) un proceso de agorafobia.

De aquí se desprenden dos cuestiones relevantes: por un lado, la necesidad de recuperar el espacio público de la lógica privada en la que se encuentra sometido (Malecón 2000), de la especialización funcional y racionalista (vialidad para el vehículo a motor individual); del acoso y discriminación que sufre por la violencia simbólica y delincuencial. Con ello se podrá revertir esta tendencia, de tal manera de acoger la vida colectiva (alteridad), la representación (visibilizar), y la estructura de la ciudad (orden). Por otro lado, lograr que se convierta en el ágora de la deliberación constante para configurar la ciudadanía.

El territorio (urbs). Según Castells (2003), la estructura urbana está compuesta por una constelación de espacios discontinuos, donde cada fragmento se constituye competitivamente frente a los otros, impulsando fuertes e inéditas formas de desigualdad y conflictos urbanos y sociales. En esa perspectiva, aparece la unidad básica del barrio, a partir de la cual la heterogeneidad de la ciudad se expresa, como también su homogeneidad interna. Allí aparece el sentido del vecindario, que no es otra cosa que la unión en comunidad de las personas que lo habitan, bajo el sentimiento de proximidad y participación. En el barrio, el vecindario hace realidad la demanda de sus derechos ante la comunidad política: la ciudad. 

En ese ámbito el barrio y el vecindario tienen la posibilidad de producir un sentido más democrático y equitativo de la ciudad. Esto en la medida que parta del reconocimiento de la gestión de bienes comunes y lógicas de producción social; de la articulación entre del espacio doméstico con el espacio público; y del impulso de la ciudad de los cuidados (Chinchilla, 2020).

3. El tránsito del barrio a la ciudad del vecindario

La ciudad neoliberal construyó una división social del espacio altamente heterogénea bajo las modalidades de segregación o fragmentación urbanas. Una situación como la descrita hizo que según Bernardo Secchi (2021), la ciudad se constituyera como una fábrica de producir desigualdad. La expresión más evidente proviene de la lógica multi escalar que se forma a partir de su unidad básica: el barrio. Sin embargo, el mismo es de una diversidad muy grande según: tamaño, funciones, localización, estructura social y usos de suelo, entre otros. Eso conduce a que los barrios pueden ser predominantemente residenciales, productivos o administrativos. 

Los barrios son heterogéneos entre sí, porque provienen de la desigualdad de la ciudad, pero homogéneos en su interior, dado que el vecindario se construye con identidad, pertenencia y adhesión diferenciada frente al resto. De allí que se conviertan, por un lado, en el lugar privilegiado para la construcción de la cohesión social y de la comunidad local y, por otro, en el elemento esencial para que las políticas urbanas construyan una mayor equidad dentro de la ecuación señalada. Desde el barrio se puede reducir la pobreza y la desigualdad urbanas, empezando por los más pobres y vulnerables, a los cuales se les debe proveer de servicios e infraestructuras. Pero también el barrio debe operar como hub y/o router donde coincidan los bienes y servicios esenciales para los vecinos, como adicionalmente las infraestructuras que lo inserten globalmente,  para lo cual la tecnología se vuelve un servicio central.

La ciudad es una red y sistema multiescalar de unidades territoriales que parte del barrio, convertido en su unidad básica, permitiendo enfrentar no solo la problemática o shock urbanos como las pandemias, sino también del desarrollo urbano. Para ello se requiere que la planificación urbana sea participativa y democrática, inscrita en el urbanismo ciudadano. Solo con este cambio de enfoque se podrán abordar los problemas sanitarios, como también los que provienen de la desigualdad, segregación y fragmentación.

Los conceptos estructuradores de la política local deben ser los de justicia espacial y equidad social (Soja, 2014), ejecutados a partir de las escalas y los tipos y estratificación barrial (Uribe-Mallarino, 2008) por lo heterogéneos que son. A partir de ello se les pueden dotar de actividades (usos de suelo) e infraestructuras (servicios) (Niembro, Guevara, y Cavanagh, 2019), para satisfacer las demandas inmediatas del vecindario, reducir los niveles de segregación y desigualdad urbana, como también para articularlos a la ciudad. Además, el barrio debe ser el lugar de impulso de temas ambientales claves como la sostenibilidad, la vulnerabilidad, la resiliencia y la rehabilitación (Espinosa y Fort, 2017).

De allí que las políticas de planificación urbana deben tener al barrio como su punto de partida en la reconformación de la estructura urbana, desde su sistema de centralidades -en tanto allí se concentran los servicios de salud, administración, finanzas, comercio, educación, recreación y empleo (Rodríguez, 2019)- hasta sus áreas de influencia periféricas. Unas y otras articuladas y regidas por el principio de equidad o la justicia espacial. Y también el barrio se convierte en el lugar de origen donde los vecinos adquieren sus derechos como ciudadanos ante la comunidad política.

De esta manera, en el contexto del Covid-19 sería más lógico formular la política sanitaria de cuarentena en una escala barrial y no en la casa y el país, porque en este territorio, el vecindario actúa comunitaria y solidariamente. Además, porque es en ese lugar donde se produce la articulación del espacio doméstico con el espacio público (Carrión, 2020).

En ese contexto se retoman varias propuestas, entre las cuales se ubican dos ejercicios recientes de planificación urbana, como son los casos de los llamados bloques o súper manzanas de Barcelona formuladas por Ada Colau (Rueda, 2011) y el caso de la ciudad de los 15 minutos en París, configurada por Anne Hidalgo (Mayorga, 2021). En los dos casos se conjugan cambios en las lógicas de movilidad sustentadas en el automóvil a motor; en la recuperación de la proximidad; en el fortalecimiento de la cohesión social; y en la distribución territorial equitativa de los servicios y las infraestructuras.

Finalmente, se puede acotar que el financiamiento de este proceso de orígen barrial debe provenir de tres fuentes: la venta de edificabilidad en las zonas de mayor demanda del sector inmobiliario; los recursos provenientes del presupuesto del municipio; y los aportes realizados por la comunidad (impuestos, trabajo, bienes), configurando lo que podría denominarse un Bono Básico Barrial (3B). Estos recursos permitirán que opere la teoría de los vasos comunicantes para generar equilibrios de los lugares que tienen la mayor cantidad de servicios e infraestructuras hacia los que menos tienen, pensando en una ciudad más equitativa: la ciudad del vecindario 5D.

4. Ciudad del vecindario 5D

La ciudad del vecindario tiene como base social a la comunidad (Jacobs, 2020), con sus despliegues de participación ciudadana, derechos y solidaridad, articulados en dos niveles. El uno, dentro de la ciudad a través de los sistemas de centralidades y sus diversas funciones; y el otro, al interior del sistema urbano global con el peso de la tecnología, es decir, articulado al mundo, a la manera de aldea global como lo definió McLuhan y Powers (2020).

La ciudad del vecindario es aquella en la que la ciudadanía tiene derechos individuales y colectivos, como los vinculados a la ciudad; esto es, a la accesibilidad, a la riqueza y a los bienes comunes que produce la ciudad (infraestructura, espacio público, economía). Con la misma se busca satisfacer las necesidades esenciales, como la salud y la educación, y fortalecer la participación y la representación en el marco institucional del gobierno. Esto bajo el precepto de que la ciudad os hará libres, no como en su origen relacionado al feudalismo, sino frente a la realidad del neoliberalismo reinante (El Tiempo, 2011).

La ciudad del vecindario se articula al medio ambiente, bajo esquemas de sostenibilidad y sustentabilidad a la manera de un ecosistema integrado. Se trata de una comunidad de organismos vivos (fauna, flora, humanos) que interactúan armónicamente en la ciudad; esto es, en un entorno producido por la humanidad (artificial) dentro de un contexto ambiental, sin que ninguno de los dos rompa el equilibrio. De allí que se debe construir el derecho de la ciudad en la cual se respete el entorno donde la ciudadanía habita (Carrión y Cepeda, 2021).

Entonces la idea de repensar la ciudad para sustentar un nuevo urbanismo debe inscribirse en la civitas, en el urbanismo ciudadano y en su célula básica del barrio.

Nuevos paradigmas urbanos en debate

Varias discusiones de los paradigmas urbanos y de los modelos de planificación de ciudades se han posicionado en esta coyuntura del Covid-19, principalmente alrededor de las siguientes dicotomías:

Ciudad compacta vs ciudad difusa (Rueda, 2014; Sennett, 2017). La primera es cuestionada por varios aspectos: por el alto nivel de densidad y aglomeración que supone (el Covid-19 es una enfermedad que se transmite por la densidad de interacción social), por la gentrificación que genera y por ser la localización privilegiada del capital inmobiliario. Todos elementos que producen en contraparte el crecimiento acelerado y descontrolado de sus periferias. En otras palabras, no es una disyuntiva sino una relación que genera efectos perversos en las dos locaciones. En este debate se posicionan los conceptos Densidad en la ciudad compacta y Distancia en la ciudad dispersa, debido a los efectos que produce: el automóvil en la creación de los suburbios europeos y norteamericanos y la migración acelerada en América Latina. Pero además se suma el impulso de la tecnología en el mundo, que replanteó los contornos inmediatos, urbanos y periurbanos de la ciudad central y de las preferencias de localización.

La ciudad compacta genera una masa gravitacional de atracción de población y capitales (inversión) que incrementan la densidad de personas y la altura de los edificios, en un contexto de infraestructura deficitaria, poco moderna y con baja capacidad de servicio. Por eso, discutir la ciudad compacta pasa por reconocer lo que ocurrió, por ejemplo, en Nueva York, epicentro mundial del coronavirus con la diáspora poblacional hacia sus extramuros. Debatir la ciudad difusa hace relación con la distancia-proximidad a los equipamientos, servicios, trabajo y actividades esenciales. Por tanto, se evidencia la necesidad de buscar una adecuada relación distancia y densidad, más aún cuando se están produciendo cambios drásticos en las ciudades por la Des-localización, Re-localización y A-localización de actividades urbanas (Carrión y Cepeda, 2020).

Ciudad física vs ciudad virtual (Cuadra, 2003; Carrión y Cepeda, 2020), originada en el aparecimiento de una nueva dimensión espacial: el ciberespacio. De esta manera lo material de la ciudad opera como el hardware y lo virtual como software de este nuevo mundo denominado tele ciudad. La infraestructura sobre la cual se despliega ya no es exclusivamente su base material sino también virtual, a través de las plataformas globales que acogen una infinidad de actividades, tales como: transporte (Uber, Cabify); comercio (Amazon, Alibaba); hospedaje (Airbnb); conferencias (Zoom, Google meet); diversión (Fortnite); localización (Waze, Google); viajes (Booking, Tripadvisor) entre muchos otros. Las relaciones capital-trabajo transitan hacia territorios distintos: de la fábrica, la oficina y la universidad hacia el domicilio bajo la modalidad del trabajo remoto, que conduce a una nueva forma de desarrollo urbano, donde el terciario superior tiene una operatoria muy importante (Pradilla, 2018), cambiando la dinámica de la centralidad como del periurbano.

La rápida evolución tecnológica, que es aprovechada por el capital, no es correspondida por los municipios y el sector público en general. La política urbana se queda rezagada frente a estas mutaciones, porque los gobiernos locales no han adquirido la capacidad para generar procesos de producción y regulación de estas tecnologías, debido a su condición global, privada y remota.

Espacio público vs espacio privado (Lipovetsky, 2015; Carrión, 2011); en este debate, dos características se evidenciaron durante la crisis del Covid-19 respecto de estos dos tipos de espacios. Primero, tienen una cualidad que no puede ser vista o entendida de forma genérica, debido a que sus contenidos se especifican según su procedencia social, sean estratos populares o elitarios. Segundo, que no es correcto mirarlos desde una perspectiva dicotómica, por las relaciones intrínsecas que tienen y porque, en ese contexto, existe una prolongación del uno sobre el otro. 

Los principios de la ciudad del vecindario 5D

Los principios sobre la ciudad se fortalecen durante los años de la presencia del Covid-19. Lo primero que se debe señalar es que el sentido del 5D es una metáfora proveniente de la definición de la tecnología 5G, tan en boga en la actualidad, la cual pretende incrementar su conectividad, velocidad y memoria. Componentes muy similares a los de la ciudad de hoy, debido a que debe estar más conectada, ser más veloz, preservar su memoria histórico-cultural y responder a los constantes cambios. Por tanto, los 5 principios de la ciudad del vecindario empiezan con la letra D y son los siguientes: Democracia, Derechos, Descentralización, Desarrollo urbano (Densidad – Distancia) y Doméstica.

Gráfico 2: Esquema ciudad 5D
Fuente: Elaboración propia

1. Democracia

La ciudad democrática es un sistema de integración económica, social y cultural del vecindario a la ciudad y a su gobierno, constituido a partir de una doble relación; por un lado, de la formación del autogobierno de la urbe, de tal manera que cuente con recursos económicos y competencias suficientes, así como que sea representativo, próximo y legítimo. Por otro lado, que se revierta la desigualdad originada en este siglo, a través de la distribución equitativa del espacio producido. Por tanto, los servicios y las infraestructuras deben distribuirse bajo los preceptos de igualdad, equidad y justicia espacial (Soja, 2016). Y debe haber un respeto irreductible a la diversidad ambiental, social y cultural.

2. Derechos

La ciudad de derechos es aquella que hace realidad los derechos conquistados a lo largo de la historia; desde los individuales (a la vida, a la libertad de expresión), los sociales (salud, educación), los colectivos (identidad, no discriminación) y los que superan el concepto antropocéntrico, como son los que convierten a la naturaleza en sujeto y no solo en objeto de derechos (Acosta, 2010), así como también a la misma ciudad, para que se puedan satisfacer los derechos colectivos de la ciudadanía (Carrión y Cepeda, 2021).

De esta manera la ciudad de los derechos es aquella que satisface los derechos humanos en su amplitud, pero también los provenientes de su relación con la naturaleza. Para ello se tiene especial significado el derecho A la ciudad, que se inscribe en el sentido del buen vivir, partiendo de la garantía del acceso equitativo a los servicios, equipamientos e infraestructuras, respetando la diversidad social y cultural, así como representándose y participando en el gobierno de la ciudad (ciudadanía). En ese contexto se inscribe el derecho De la ciudad como complementario, en tanto la urbe es concebida como un bien común con vida propia, donde se puedan satisfacer los derechos colectivos de la ciudadanía, mediante un vínculo armónico con la naturaleza (ecosistema) y con el gobierno nacional (recursos, competencias).

3. Descentralización

La ciudad descentralizada es aquella que enfrenta la desigualdad originada en la concentración existente en espacios reducidos con servicios, equipamientos y funciones, frente a otros que carecen de ciudad (espacio público, servicios). La descentralización no busca eliminar la centralidad sino generar equilibrio de poderes en dos ámbitos: en el de las relaciones de lo nacional y lo local, con la finalidad de generar auto gobierno urbano. Lo primero supone contar con autoridades representativas, que cuenten con recursos suficientes para desarrollar las competencias en el espacio más próximo a la sociedad civil (principio de competencia o de subsidiaridad).

Y, por otro lado, contar con una ciudad policéntrica, donde el barrio sea la célula básica de la ciudad multi escalar. La configuración del sistema de centralidades se desarrollará por aproximaciones sucesivas, teniendo un filamento integrador del sistema, a través de la denominada centralidad longitudinal -tipo rosario (Carrión y Cepeda, 2021).

4. Desarrollo urbano: densidad y distancia

El desarrollo urbano originalmente se concentró en la organización del medio urbano desde la perspectiva físico-espacial. En este caso se buscaba dotar a la ciudad de una estructura urbana mediante ordenamiento territorial, donde las infraestructuras -principalmente de movilidad- y el auge inmobiliario, eran claves en la determinación de la densificación y la distancia (verticalización o ciudad compacta). De tal manera que no exista un crecimiento descontrolado y discontinuo de la mancha urbana.

Sin embargo, esta visión tradicional empieza a dar paso a una nueva interpretación del desarrollo urbano, en la que se conjugue el crecimiento sostenible, se mitigue el cambio climático (ecosistema), se estimule la innovación a todo nivel y, principalmente, se satisfagan las necesidades de la diversidad poblacional, como elemento central del vivir bien. En otras palabras: estructurar menos la ciudad del negocio y más la ciudad del vivir bien.

5. Doméstica, con sentido de los cuidados

La ciudad doméstica no está recluida en la casa, todo lo contrario, es la que se proyecta al barrio (vecindario) y por allí a la ciudad (ciudadanía), modificando las lógicas patriarcales y discriminatorias. Ese tránsito espacial va de la mano del cambio de la ciudad en al menos tres variables: del barrio a la ciudad (la proximidad), de los negocios a la calidad de vida (buen vivir); y del transporte individual al colectivo (movilidad sostenible). Esto forma un ecosistema en el que los cuidados se presentan como contraparte a la lógica productivista y al negocio como motores de la ciudad actual.

En esa perspectiva, lo fundamental es lo reproductivo (cuidados), expresado de forma contraria a la visión productiva de la zonificación urbana funcionalista y racionalista clásica. Es necesaria su modificación, para dejar atrás la separación iniciada en la revolución industrial entre la zona residencial y laboral que exige grandes desplazamientos poblacionales en automóviles privados. La diversidad de actividades y los usos de suelo mixtos en espacios verticales y horizontales demandan una infraestructura de movilidad colectiva y de desplazamientos cortos (eco urbanismo). Simultáneamente, la ciudad debe ser biodiversa para que proteja las diversidades corporales, ambientales, etarias, étnicas y de géneros (Chinchilla, 2020).

Estos principios deben recuperar la lógica institucional pública con la planificación urbana a la cabeza (contrario al urbanismo de proyectos), para regular los mercados e impulsar la prioridad en la célula barrial (vecindario), en el urbanismo ciudadano y en el civitismo (humanismo sobre espacialismo). En esa misma perspectiva, la crisis sanitaria debe seguir esta misma línea general y ser enfrentada no desde la vivienda, sino desde el barrio. Además, también contar con un sistema de salud global, por ser una pandemia generalizada. Estamos mucho más interconectados de lo que creíamos, porque las ciudades además de globales son los hipercentros de la pandemia, justamente por las relaciones interpersonales que especifican: glocalización.

5. Conclusiones

En definitiva, la ciudad es una construcción social a la manera de una comunidad política (polis), nacida a partir de los nexos sentimentales (hogar), domésticos (casas), aldeanos (barrios) y ciudadanos (vecinos) bajo un fin específico: el buen vivir o el vivir bien. De esta manera la ciudad es el lugar común (urbs) donde coinciden al mismo tiempo la casa, la aldea y el espacio público para formar la comunidad política con la finalidad de producir “la ciudad feliz y virtuosa” (Aristóteles).

En ese camino aparece el urbanismo ciudadano que busca producir ciudad desde los territorios más próximos (barrios) y desde las escalas más cercanas a la ciudadanía (vecindario), con la finalidad de construir un proyecto de ciudad colectivo basado en los derechos, la descentralización, la domesticidad, el desarrollo y lo doméstico.

En esa perspectiva, los gobiernos locales deben asumir un rol mucho más protagónico para hacer frente en este caso a la pandemia, pero también para enfrentar el nacimiento de una nueva ciudad que satisfaga las necesidades de la mayoría de la población. Si al inicio del artículo nos planteamos la pregunta ¿dónde se vive?, hoy podemos afirmar que solo será en una ciudad que sea capaz de modificar la lógica productivista que hoy tiene para dotarlo de un nuevo sentido reproductivo, donde el cuidado, el ambiente, la ciudadanía y el cuerpo sean parte central.

FCM y PC

Fernando Carrión Mena es Arquitecto de la Universidad Central del Ecuador y Maestro en Desarrollo Urbano Regional en el Colegio de México. Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador. Académico del Departamento de Estudios Políticos FLACSO-Ecuador. Ex Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, OLACCHI. Ha publicado numerosos libros, entre ellos en café de las ciudades: Luchas urbanas alrededor del fútbol, Fernando, Carrión Mena y María José Rodríguez (2014); El giro a la izquierda, Fernando Carrión Mena (2015); y Ciudades para cambiar la vida, Jordi Borja, Fernando Carrión y Marcelo Corti (2016).

Paulina Cepeda es académica e investigadora del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO Ecuador.

De Carrión y Cepeda ver también las notas anteriores, Ciudades de plataforma: ¿nuevo paradigma urbano? El viraje hacia la teleciudad, La Uberización de las ciudades y El Derecho DE la ciudad en las capitales de América Latina. Un nuevo momento en la relación entre el Estado y las ciudades.

Ver también La ciudad del vecindario es doméstica, fragmento del libro Quito: la ciudad que se disuelve – COVID 19, por Fernando Carrión.

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