Lo urbano y lo rural en el desarrollo territorial

N. de la R.: El texto de esta nota reproduce el capítulo 14 del libro El Desarrollo Territorial ante la Emergencia Climática. Desafíos conceptuales y metodológicos, de Pablo Costamagna y Miren Larrea (editores), publicado por Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad Fundación Deusto, 2024 (acceso libre y gratuito).

1- Introducción

Este capítulo pretende sumarse al desafío que nos plantearon Miren y Pablo [N. de la R.: editores del libro] para abordar, en principio, la relación entre la investigación, acción, las ciudades y la crisis climática.  Decimos en principio porque en nuestras conversaciones apareció como muy importante sumar lo rural e intentar observar estas dos dimensiones como un todo y hacerlas visibles frente a la potencia de miradas que dividen.

Lo urbano y lo rural concentran las posibilidades de cambio real, la idea de cercanía está presente para construir soluciones que parecen tan lejanas desde la teoría o en las declaraciones grandilocuentes que priman ante los riesgos del cambio climático. Esta certeza no aparecía tan claramente en los inicios de las reflexiones.

Los capítulos iniciales de este libro plantean el marco de reflexión para el resto de los capítulos, poniendo en evidencia los límites finitos de los recursos naturales y la capacidad de carga del planeta y cuestionando el crecimiento económico y la sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, desde la década de 1970, la población mundial se ha duplicado y el Producto Interno Bruto mundial se ha cuadruplicado (United Nations Environment Programme, 2024). Entre 1970 y 2020, la esperanza de vida al nacer pasó de 59 años a 73 (Banco Mundial, 2022) y el consumo per cápita de recursos de 7 toneladas anuales a 14 (United Nations Environment Programme, 2024). Somos más en el planeta, vivimos más y consumimos más, en términos generales, aunque con profundas desigualdades. El 10 % de personas en el mundo viven con hambre (con menos de USD 1,90 al día) aunque el 40 % de los alimentos producidos se desperdician. El 10% de la población acumula el 76% de la riqueza (Banco Mundial, 2018). El 29% de la población no tiene acceso a agua para consumo y el 45% no cuenta con tratamiento de aguas residuales. El actual modelo lineal de producción y consumo basado en el acceso a energía barata (donde no se internalizan los costos ambientales y sociales del proceso), explica que ya hemos explotado más del 50% de la existencia comprobada de combustibles fósiles, que el 33% de los suelos fértiles han sido degradados (Aselin, 2017) y que siete elementos de la tabla periódica están en peligro de extinción por su alta demanda tecnológica. Aunque existen esfuerzos para recuperar materiales y reducir la extracción de materias primas vírgenes, la tasa de recirculación (reciclaje, reutilización) no supera el 8% de todos los recursos que se extraen de la naturaleza.

Literalmente estamos devorando el mundo, entonces: ¿Cómo continuar con este devenir en un planeta con recursos finitos? Con las tasas actuales de consumo de recursos, ¿cuál es el stock disponible de minerales, combustibles fósiles, suelo fértil, o cuales son los umbrales de servicios ecosistémicos que deberíamos conservar para sostener la vida en el planeta? ¿Podemos seguir así? En vista de este estado de situación, ¿cuál debería ser el abordaje metodológico y propositivo de desarrollo territorial?

Hay muchas líneas analizadas en el libro y en este capítulo vamos a visibilizar el análisis vinculado al peso de las ciudades, del mundo rural y la relación entre ambos para una mirada sistémica. Se trata de una reflexión importante porque, para muchos y muchas de nosotros, el territorio es el espacio donde las cosas suceden.

Por un lado, el 58% de la población del mundo se concentra en las ciudades (en el caso argentino, donde habitamos los autores, un paradigmático 93%, UN Environment Programme, 2024). En términos de promedio, el 75% de la energía producida se consume en las ciudades, el 60% de los gases de efecto invernadero se emiten en las ciudades, entre el 10-20% del agua dulce disponible se ocupa en las ciudades y el 60% de los residuos que se disponen en la naturaleza se generan en las ciudades.

Asimismo, la nueva ruralidad en su perspectiva latinoamericana ubica aspectos de cambio fundamental en el territorio rural: encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o «sellos verdes», los pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales, y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio (Rojas, 2008). A esto se puede agregar que, las grandes luchas latinoamericanas frente al extractivismo se dan, en muchos casos, por colectivos pertenecientes a estos espacios.

En esta línea, es fundamental mencionar que la agricultura, ganadería y otras actividades rurales están directamente influenciadas por los cambios en el clima, lo que a su vez afecta a la seguridad alimentaria, a los medios de subsistencia y sostenibilidad de los territorios. Según la FAO, cerca del 70 % de las áreas de pastoreo de América Latina y el Caribe se encuentran en proceso de degradación en diverso grado. Las regiones más susceptibles a la ampliación de la frontera agrícola ganadera corresponden a ecosistemas de la Amazonía en Brasil, el chaco americano en Argentina, Paraguay y Bolivia, y las zonas áridas y semi-áridas de Argentina y Chile

Entonces, hay urgencias a trabajar de cara a la necesidad de una transición hacia un futuro sostenible y esto es indispensable hacerlo en tándem campo y ciudad, como un todo.

Desde el enfoque en soluciones sostenibles, se ha enfatizado cada vez más la necesidad de transiciones hacia modelos económicos y sociales más sostenibles, como la economía circular, la energía renovable, la movilidad sostenible, la agricultura regenerativa, entre otras, pero nuestro agregado es que no podemos seguir haciéndolo sin mirada sistémica porque pierde contundencia y deja retrasados a quienes menos poder y capacidad tienen.

Seguramente podemos reconocer que la tecnología y la innovación desempeñan un papel en la búsqueda de estas soluciones, también podemos suponer que el éxito de estas transiciones radica en la adopción de políticas estratégicas, pero solo será si lo hacemos rompiendo dicotomías y poniendo en diálogo intereses que no siempre coinciden, como los del sector rural y los vinculados a la urbanidad.

2- Soluciones exponenciales

Para que las ciudades y lo rural transicionen hacia sistemas más sostenibles, inclusivos y regenerativos, se requieren activar en los territorios procesos de transformación social, eco- nómica y urbano ambiental, atendiendo la inmediatez de problemas complejos y la diversidad de miradas sociopolíticas sobre las soluciones a abordar.

La agenda 2030 (tomando una iniciativa global) para el desarrollo sostenible supone para lo territorial, múltiples desafíos; uno es superar desde la escala territorial y poblacional el abordaje habitual de proyectos de pequeña escala, demostrativos o piloto para incorporar la estrategia de acupuntura urbana y expandir y acelerar los procesos para en el corto y mediano plazo abarcar la totalidad del ecosistema urbano y, más allá, incorporar lo rururbano y lo rural.

En segundo término, el desafío de la temporalidad; se necesita intervenir hoy con políticas de sostenibilidad en las ciudades, tal vez mañana pueda ser tarde para lograr un cambio sistémico. La ciencia ha podido predecir los puntos de inflexión, o de no retorno (tipping point) de fenómenos como la pérdida de biodiversidad o degradación ecosistémica, los incrementos de las temperaturas promedio globales determinantes para el cambio climático o los tiempos futuros donde tendremos escasez de recursos estratégicos como minerales y combustibles fósiles. Este mismo abordaje de puntos de no retorno/inflexión puede utilizarse para los ecosistemas, ya que su estructura se puede volver ingobernable y su metabolismo imposible de equilibrar y sostener. Debe haber, en términos del enfoque territorial, una reflexión más profunda sobre las prácticas actuales y no solo lo que se va hacer en el futuro, que esconde la poca voluntad política de trabajar con conflictos.

En tercer término, la gobernanza y los acuerdos sociales y políticos que requieren estas transformaciones. Transformar los modelos de producción y consumo (inmersos en el capitalismo), reducir o eliminar el consumo de recursos no renovables o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, transformar la movilidad, la estructura urbana, los espacios públicos o incluso destinar un territorio para su conservación y resguardo requiere de amplios consensos de las mayorías y la gestión democrática de los intereses de las minorías. Las crisis ambientales (sequías, inundaciones, incendios, olas de calor, epidemias, etc.) tienen su correlato con las crisis socioeconómicas (aumento de precios alimentos y combustible, desplazados ambientales, conflictos por recursos escasos, etc.) y su profundización, en un contexto de pérdida de confianza en las democracias, supone el peligro de una deriva autoritaria para abordar soluciones exponenciales en la escala y tiempo que se necesitan.

Por último, la construcción de capacidades y el liderazgo político para la gestión de la complejidad. Nuestra experiencia de trabajo indica que este desafío está en la base, es una barrera frente a cualquier proceso que lesione intereses o cambie el estado del arte de los territorios.

3- Ciudades en transformación, acciones en los territorios

En esta sección compartimos ejemplos prácticos de respuesta al cambio climático. Muchos de estos casos se vinculan a ciudades de América Latina pero, frecuentemente, se trata de casos en los que hay una interacción entre lo urbano y lo rural.

En Medellín, Colombia, la renaturalización urbana ha sido parte fundamental de la transformación de espacios públicos. La idea de integrar la naturaleza en la planificación urbana deviene de la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, crear espacios para el esparcimiento, mejorar la calidad del aire, incrementar la biodiversidad y los espacios verdes es en el entramado urbano, establecer una conexión natural con los periurbanos y los espacios rurales, y fundamentalmente adaptar la ciudad a las olas de calor, aumentando su resiliencia al cambio climático. Medellín está construyendo su plan de renaturalización al 2030 y tiene en marcha el plan de corredores verdes desde el 2016 (más de 30 corredores en funcionamiento) y ha abordado problemáticas sociales al convertir antiguas zonas marginales en lugares inclusivos, redefiniendo las buenas prácticas ambientales con impacto social positivo.

En Buenos Aires, Argentina se destaca el sistema de reciclaje por el intento de un abordaje de innovación social. Mientras que, en gran parte de Latinoamérica, los recicladores urbanos trabajan en condiciones de precariedad, informalidad y riesgo a la salud, el gobierno de la ciudad y las organizaciones de recicladores han logrado desarrollar un sistema integrado que permite obtener altas tasa de separación en origen y reciclaje de materiales. La ciudad cuenta con 16 centros de clasificación y acondicionamiento de residuos reciclables, administrados por 12 cooperativas de recicladores urbanos que integran 6.500 personas. Aunque no se han podido cumplir la meta de la Ley de Basura Cero (Ley N° 5.966), que preveía una reducción del 50% de los residuos enviado a relleno sanitario para el 2021, la ciudad está avanzando en la planificación de una estrategia de economía circular con una ambición de rediseño de los sistemas productivos con perspectiva de cadenas de valor.

El suministro y el consumo de energía en las ciudades es otro de los desafíos del siglo XXI. En plena transición y diversificación energética, Montevideo en Uruguay ha logrado generar más del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente eólica y solar. Aquí, las políticas nacionales a partir de inversiones públicas/privadas e incentivos han permitido diversificar la matriz energética e incluso fomentar la movilidad eléctrica. En tan solo 10 años, Montevideo y toda la República de Uruguay lograron descarbonizar la matriz eléctrica en un 95%, ocupando el segundo lugar a nivel mundial después de Dinamarca (97%). Dado que es un país sin petróleo, hoy se plantea una segunda transición, que apunta al reemplazo de los combustibles fósiles para la industria o el transporte por hidrógeno verde, un combustible renovable sin impacto ambiental que se produce a partir de la hidrólisis del agua separando el hidrógeno del oxígeno. La hoja de ruta de la economía del hidrógeno contempla entre otras innovaciones fomentar la inversión privada para instalaciones de parques eólicos y plantas de hidrógeno offshore.

Distintas capitales, con gobiernos de distintos posicionamientos ideológicos, están realizando acciones más sistémicas, pero es necesario mucho más y ahora con una nueva gobernanza y con más gestión de la complejidad.

El cuidado del agua que se utiliza en los centros urbanos, su acceso universal, distribución equitativa, tratamiento y disposición en condiciones adecuadas para volver a ser parte del ciclo hidrológico es uno de los pilares que ha trabajado la Ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina a lo largo de las últimas dos décadas. Rafaela es una ciudad intermedia de 120.000 habitantes, donde el acceso al agua para consumo humano se logra a través de un acueducto que recorre 130 km hasta la fuente de suministro, el Río Paraná. La ciudad se caracteriza por un entramado productivo innovador, una práctica permanente del diálogo para la resolución de conflictos entre actores del territorio y una articulación público-privada que ha permitido, entre otros aspectos, el desarrollo de políticas socio ambientales que han destacado en la escala nacional y regional. La planificación urbano-ambiental basada en indicadores y datos ha priorizado el ahorro y la autosuficiencia hídrica, así como uno de los pilares de la gestión ambiental de la ciudad. Se trata del Plan de Acción 2030 «Rafaela Sostenible e Inclusiva», que sistematiza los progresos y desafíos de la política socio ambiental de la ciudad, y da cuenta de la reducción de consumo de agua per cápita. La OMS sugiere un consumo racional de 120 litros por habitante día; Rafaela en 2010 llegó a tener un consumo de 610 litros por habitante al día. Una década después, producto de la política articulada con la empresa provincial Aguas Santafesinas de micromedición del consumo, provisión local de agua, educación para su uso racional, marco regulatorio para promover el uso de doble cañería, entre otros, ha logrado reducir a la mitad este indicador.

Este vector también nos permite analizar la relevancia del agua de calidad para la producción de alimentos agroecológicos dentro y fuera de las ciudades. Este vínculo entre lo urbano y lo rural en relación al acceso al agua, y a la producción agroecológica ha dejado amplios aprendizajes en el área metropolitana de Lima, Perú. Los productores del Perú dependen en gran medida de la captación y almacenamiento de agua de lluvia para llevar adelante sus cultivos anuales. En las cuencas alta, medias y bajas de los ríos como el Lurín Chillón o Rimac se producen frutas, verduras, papá, maíz, trigo, alfalfa, arvejas, etc. El uso de fitosanitarios de origen químico puede alterar la calidad de las aguas, contaminando por ejemplo el río Rimac, desde dónde se produce el abastecimiento de agua potable para Lima. La transición de estos productores hacia una agricultura regenerativa y agroecológica no solo permite llevar a los mercados de Lima sus productos sino evitar la contaminación de la cuenca de los ríos que alimentan a la ciudad.

En todos los casos hubo conflictos y un fuerte ejercicio del diálogo, con presencia de gestores que crean y fortalecen sus capacidades más decisión política y manejo de los tiempos. Son impensables estos cambios sin estas condiciones, aun cuando siempre quedan preguntas pendientes y cuestiones sin resolver y, tal y como adelantábamos, en la introducción a esta sección, muchas de estas cuestiones sin resolver tienen que ver con el vínculo entre lo urbano y lo rural.

4- Los desafíos de lo rural en dialogo con lo urbano

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, este capítulo pretende derribar dicotomías y también reposicionar lo rural en la discusión frente al cambio climático en base al importante papel que juegan los entornos rurales en lo económico, ecológico y social y a su vinculación con lo urbano, aunque «tradicionalmente lo rural y lo urbano se han presentado como opuestos, basados en modos de vida y culturas diferentes» (Reboratti, 2007).

Actualmente la preocupación por el medio ambiente ha alcanzado niveles sin precedentes en el escenario global. Los gobiernos de todo el mundo han reconocido la urgencia de abordar los desafíos ambientales para garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta. Sin embargo, desde nuestras perspectivas se puede evidenciar un desequilibrio preocupante en la forma en que se aborda esta cuestión, con una clara preferencia por lo urbano en detrimento de lo rural y en detrimento de la defensa de los recursos.

Las áreas urbanas han emergido como epicentros de atención en las agendas políticas y ambientales. Esta preferencia puede atribuirse a una serie de factores, entre los que se destacan las relaciones de poder económico, político y del modelo de producción y consumo, sumadas a la densidad de población y la concentración de actividades industriales y comerciales en estas áreas. Asimismo, los gobiernos tienden a priorizar políticas ambientales que aborden problemas como la contaminación del aire, el tratamiento de aguas residuales y la gestión de residuos sólidos en entornos urbanos, debido a su impacto inmediato en la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, esta atención desproporcionada a lo urbano ha llevado a una invisibilidad significativa hacia las áreas rurales en términos de políticas ambientales. Las comunidades rurales, a menudo marginadas y olvidadas, enfrentan sus propios desafíos ambientales, que son igualmente urgentes, pero menos visibles para los líderes y creadores de políticas públicas. La agricultura intensiva, la deforestación u otros tipos de extractivismos, la contaminación del agua debido a prácticas agrícolas y la pérdida de biodiversidad son solo algunos de los problemas ambientales que afectan a las zonas rurales.

La falta de atención a estas áreas y la falta de miradas de sistemas complejos no solo agra van los problemas ambientales existentes sino que también perpetúan la desigualdad socioeconómica. Las comunidades rurales, que a menudo dependen de los recursos naturales para su subsistencia, son las más afectadas por la degradación ambiental. La contaminación del agua y del suelo amenaza la seguridad alimentaria y la salud de estas poblaciones, exacerbando la pobreza, la inseguridad alimentaria y la migración rural hacia los centros urbanos. Además, por su marco de ideas, estas comunidades son quienes «le ponen el cuerpo» a los conflictos.

Es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de equilibrar sus esfuerzos ambientales entre lo urbano y lo rural. Esto implica adoptar un enfoque integrado que aborde las necesidades específicas de cada entorno. Es necesario promover prácticas agrícolas sostenibles, conservar los ecosistemas naturales y empoderar a las comunidades rurales para que participen activamente en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Los gobiernos deben reconocer que la protección del medio ambiente no puede lograrse únicamente a través de políticas centradas en las áreas urbanas sino que se requiere un enfoque holístico que abarque tanto lo urbano como lo rural. Hay que primero construir puentes y la mirada del desarrollo territorial y sus enfoques metodológicos deben contribuir en este sentido.

En ese marco, como se expresó en párrafos anteriores, la ruralidad convive con varios planos, una creciente conciencia sobre los desafíos ambientales que se enfrenta actualmente en los territorios (Gudynas, 2011) donde, además, las comunidades rurales son a menudo las más vulnerables a los impactos del cambio climático debido a su dependencia de los recursos naturales y su relativa falta de recursos económicos con, en algunos casos, alto niveles de violencia. Pérez y Rojas (2017, p. 12) sostienen que los conflictos socio ambientales son situaciones complejas que reflejan diferencias y desequilibrios sociales, ambientales, económicos, culturales y de poder en torno al uso del territorio, de los recursos disponibles en él y de sus potenciales efectos e impactos en la vida de las personas.

A esa realidad, se suma que el crecimiento de las áreas urbanas a menudo implica la conversión de tierras rurales en urbanas para satisfacer las necesidades de vivienda, infraestructura y desarrollo. Esta conversión de tierras puede llevar a la pérdida de áreas verdes, bosques y tierras de cultivo, lo que a su vez puede contribuir a la degradación del medio ambiente y aumentar los conflictos sociales en estos territorios. Lo relatado implica como consecuencia que la interfase urbano-rural es el campo de acción entre dos o más sistemas sociales, ambientales, económicos, políticos y culturales, de origen urbano y rural, en donde se concentran diferentes tipos de tensiones (Pellicer, 1996).

Por su parte, el desempeño de los agroecosistemas depende directamente de los efectos positivos o negativos del clima (UICN, 2008), la disminución de la productividad agrícola ha llevado a la pérdida de empleos e ingresos económicos en las áreas rurales, lo que a su vez puede empujar a las personas a migrar hacia áreas urbanas en busca de oportunidades económicas. Adicionalmente, en 2002, la población rural representaba el 23% de la población total de América Latina y el Caribe. En 2016, el porcentaje había disminuido a 18% (CEPAL, 2018).

En algunos casos, las comunidades rurales pueden recurrir a prácticas insostenibles, como la deforestación, para obtener tierras de cultivo adicionales. Esto puede liberar grandes cantidades de carbono almacenado en los árboles y agravar aún más el cambio climático. La planificación sostenible del uso del suelo es crucial para evitar estos impactos negativos. Los procesos de cambio de uso de la tierra contribuyen a la degradación ambiental: la expansión de la frontera agrícola, deforestación y degradación del suelo han afectado a los ecosistemas más sensibles (Magrin et al., 2014).

Ahora bien, en función de lo planteado anteriormente, los territorios rurales enfrentan una serie de desafíos en términos de sustentabilidad y medio ambiente; una opción para ayudar a fortalecer los territorios rurales es poder aplicar la propuesta denominada Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET), en el cual se entiende al territorio no como un espacio físico o geográfico sino como una «construcción social, es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados» (Schejtman y Berdegué, 2004, p. 5).

5- Un ejemplo de desarrollo rural con enfoque territorial

En este marco, compartimos una experiencia territorial iniciada en 2023, llamada

«Agenda Estratégica Territorial Rural-Avellaneda 2030», un proceso de planificación que busca integrar lo rural y lo urbano. Los primeros pasos de esta iniciativa han mostrado resultados prometedores en la vinculación de estos dos entornos, los cuales, como se había identificado previamente, no se articulaban de manera suficiente. Esta experiencia es digna de destacar, ya que ha logrado comenzar a fusionar de manera efectiva las dinámicas urbanas y rurales, generando un modelo de integración que va más allá de la mera coexistencia pacífica. La sinergia entre ambos espacios ha dado lugar a una serie de beneficios tangibles en diversos ámbitos, que van desde lo productivo y económico hasta lo cultural y medioambiental.

La Agenda Estratégica es un proceso participativo creado desde la política en 2023 y luego asumido por los actores del Municipio de Avellaneda, territorio que se encuentra ubicado en el Departamento General Obligado, en el noreste de la Provincia de Santa Fe, República Argentina. El distrito Avellaneda posee una superficie de 937 km2, donde la zona urbana comprende alrededor de 5 km2 y el resto de la superficie lo constituye la zona rural, de la cual el 65% corresponde al valle de inundación del Río Paraná.

La comunidad de Avellaneda cuenta con 25.630 habitantes, según los datos provisorios arrojados por el Censo del año 2010. Del total, el 77% habita en un núcleo urbano y el 23% en seis pequeños parajes que se distribuyen en la zona rural: La Vertiente, Moussy, El Carmen, Santa Ana, El Timbó, Avellaneda Oeste.

Mapas 1 y 2. Provincia de Santa Fe y territorio rural de Avellaneda

Las principales líneas de la Agenda Estratégica Territorial Rural definidos en un proceso colectivo son:

a-La transformación productiva.

b-El desarrollo institucional.

Por otra parte, los objetivos Estratégicos son:

-Promover la diversificación productiva y el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales, fomentando actividades económicas rentables y sostenibles.

-Mejorar la calidad de vida de la población rural, garantizando el acceso a servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento.

-Conservar y manejar de forma sostenible los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la resiliencia al cambio climático.

-Fortalecer las capacidades de los actores locales, promoviendo la formación técnica y tecnológica.

-Promover la equidad de género, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la organización comunitaria.

-Detener el proceso de despoblamiento de las zonas rurales.

-Impulsar los servicios turísticos que ofrecen los espacios naturales y la actividad rural.

-Fortalecer los vínculos rural-urbanos.

Cerramos la presentación de este caso haciendo referencia a las primeras acciones en cumplimiento de los objetivos, que son cruciales, pues marcan el inicio de un proceso integral de transformación territorial. Estas acciones no solo buscan abordar las problemáticas existentes, sino también aprovechar las oportunidades latentes en las zonas rurales, en diálogo con lo urbano, pero reconociendo su potencial para impulsar el desarrollo económico, social, productivo y ambiental de las comunidades que las habitan.

Entre las acciones principales que se han venido realizando desde el 2023 se destacan las siguientes:

• Creación del Centro de Desarrollo Rural. La ubicación de este edificio resulta estratégica, dado que facilita el acceso tanto del tejido urbano y el área rural de la ciudad de Avellaneda. Se proyecta ser un lugar de referencia regional y de encuentro para capacitaciones ligadas al sector. De esta manera, se trabaja para propiciar la incubación de emprendimientos enfocados a producciones o servicios rurales innovadores. Además, se articula lo rural y lo urbano, generando un lugar de vinculación entre emprendedores y empresas de la cadena agroindustrial, comercial y de servicios, como así también con instituciones civiles y educativas.
• Realización de talleres participativos con actores e instituciones del territorio, con el objetivo de iniciar con el diagnóstico territorial rural. Este proceso garantiza que las decisiones que se tomen reflejen las necesidades y deseos reales de la comunidad, promoviendo así la inclusión y la equidad en la planificación.
• Creación y puesta en funcionamiento de la Ordenanza del Concejo Municipal de Avellaneda «Censo Rural Avellaneda 2024». Realización del Censo Rural Avellaneda 2024 para construir mejor información para la toma de decisiones compartidas.

La ruralidad se está convirtiendo así en un eje importante de la agenda de las políticas públicas del equipo de gobierno.

6- Reflexiones finales

Existe en la práctica una falta de consideración del territorio como un todo; claramente hay que profundizar la integración entre las áreas rurales y urbanas, considerando que ambas están intrínsecamente relacionadas en términos de recursos, emisiones y sostenibilidad. Un enfoque colaborativo y coordinado entre estos entornos puede generar soluciones más efectivas y sostenibles para mitigar y combatir al cambio climático.

Para esto, hay que modificar conductas, sumar nuevos liderazgos, fortalecer capacidades, cuestionar los actuales modos de producción y también las maneras de hacer políticas públicas. Debemos profundizar el marco metodológico que nos ayude en ese camino.

De tal modo, los gobiernos deben comprometerse a adoptar un enfoque equilibrado que priorice la sostenibilidad ambiental en todo el territorio, reconociendo la interconexión entre lo urbano y lo rural y garantizando que ninguna comunidad se quede atrás en la búsqueda de un futuro más ambientalmente responsable y sostenible. Para esto, no solo hay que mirar el futuro como algo lejano sino comenzar de modo urgente con la revisión de las prácticas y atender los problemas de manera urgente y concertada.

HEN y AJ

Harold Giovanny Espinel Navas, colombiano y nacionalizado argentino, es Zootecnista. Aspirante a Doctor en Estudios Territoriales, Universidad Nacional de Quilmes. Argentina. Maestrando en Desarrollo Territorial – Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rafaela. Argentina. Docente en la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). Argentina e Investigador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Sociales para el Desarrollo Territorial – FRRa UTN – Praxis. Consultor en Planificación Estratégica, Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Formulación de Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales. Integrante de la Red de Universidades en Desarrollo Territorial de Argentina y de la RED DETE (Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe)

Alejandro Jurado es ecólogo urbano con maestría en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Catalunya, UPC (España), posgrados en Gestión de Ciudades de la Universidad Autónoma de Barcelona UAB (España) y en Desarrollo Local por la Universidad CAECE Argentina. Docente de postgrado, desarrolla actividades de consultoría, gestión, investigación, capacitación y emprendedorismo con triple impacto para el sector público, privado y ONG. Como director ejecutivo de La Ciudad Posible se dedica a diseñar e implementar proyectos, programas y políticas que aumenten la capacidad de los ecosistemas de sostener la vida, mejoren la circularidad de los recursos y contribuyan a crear nuevos puestos de trabajo. Es miembro activo de la Fundación Hábitat y Desarrollo, colabora con el Club de Roma y asesora a la Asociación Civil Compromiso Empresario por el Reciclaje.

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