Uno de los grandes ríos que conforman el corredor del litoral fluvial de la Argentina es el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica. La Ecorregión del Delta e Islas del Paraná es un conjunto de macrosistemas de humedales de origen fluvial que presentan una riquísima diversidad biológica y étnico cultural y constituyen una unidad hidrológica, ecológica, cultural y poblacional. Es aquí donde se encuentra la mayor reserva de agua dulce del país y una de las áreas con mayor biodiversidad de la Argentina.
Los humedales del delta e islas del Paraná son una vez más foco de atención de los medios de comunicación, esta vez producto de los incendios de pastizales (pajonales, juncales, bosques, etc.), en particular por su impacto en la contaminación del aire en la ciudad de Rosario y área metropolitana.
Si observamos con mayor detalle, la quema de pastizales es una práctica de manejo agrícola ganadero tradicional en las pampas de la Argentina y en otros lugares del mundo. Es un fenómeno que ocurre con frecuencia anual, con diferentes intensidades en función de su recurrencia, época del año, extensión y condiciones meteorológicas e hidrológicas. La práctica del fuego en los pastizales, como parte del desarrollo de la ganadería extensiva estacional, permite aumentar el espacio entre matas, favoreciendo el desarrollo de especies vegetales forrajeras (aprovechables por el ganado), en general de algunas pocas gramíneas estoloníferas de porte rastrero (géneros Axonopus y Paspalum). Su avance en los humedales del delta y sus islas, con el propósito de aumentar la carga ganadera a través de rebrote de pastos tiernos y de mayor palatabilidad, implica también compactación, erosión del suelo, reemplazo de especies vegetales autóctonas y disminución de la biodiversidad del ecosistema (pajonales y pastizales de bañados, cañadas y esteros).
Hay que enmarcar este proceso de avance de la ganadería sobre los humedales en la profundización del proceso de agriculturización (el cambio de uso de suelo de ganadero a agrícola) impulsado por la expansión del cultivo de soja. La producción de esta oleaginosa en el país pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980/81 a 58,8 millones en 2015/16. Esta situación generó la pérdida de bosques, pastizales y pasturas cultivadas, así como disminución en la diversidad de cultivos, lo que implica paisajes agrícolas más homogéneos y aumento en los costos ambientales de la agricultura.
En 2020, como ocurrió también en el 2008, convergen un conjunto de procesos que magnifican el fenómeno. Escasas precipitaciones, altas temperaturas (sequía), heladas intensas que deshidratan los pajonales, bajante extraordinaria del río (desaparecen cortafuegos, los ríos interiores, se secan bañados, esteros, lagunas, cañadas que a través de las plantas palustres trasladan el fuego), acumulación de biomasa, alto tránsito en el área, e incremento de quemas intencionales.
En los humedales, la importancia de las “praderas de herbáceas altas” que llamamos pajonales radica en su capacidad para acumular grandes cantidades de biomasa, no solo aérea sino también la elevada proporción que almacenan en sus raíces y rizomas, siendo fundamental para la devolución de nutrientes al suelo por medio de la descomposición.
Cuando se queman los humedales se degradan las bases de las cadenas tróficas que sostienen la vida en el Delta y sus islas. Al remover la cobertura vegetal a través del fuego se modifican las funciones fundamentales de estos ecosistemas, como la provisión de alimentos, refugio y áreas de reproducción para los animales; también se reduce la capacidad de resistencia a la erosión durante las crecientes, además de incrementar la emisión de gases de efecto invernadero, la pérdida de especies vegetales nativas (por el ingreso potencial de especies exóticas) y sus impactos indirectos, por ejemplo en los ciclos de germinación y floración afectando la actividad apícola de la zona.
Fuente: Infocampo
La respuesta estatal multinivel (Nación, Provincia, Municipios) se concentra en esta oportunidad en dar respuesta a la emergencia y, en una primera instancia, en controlar el fuego, destinando recursos tecnológicos y humanos que resultan insuficientes dada la escala territorial del evento. En paralelo, provincia y nación se centran en la puesta en marcha de faros de conservación (puntos estratégicos dotados de personal idóneo: guardaparques, brigadistas de incendios, entre otros), infraestructura y equipamiento para la prevención, monitoreo y control del fuego. Y en relación a la gestión del territorio, se reactivaron las mesas de trabajo interjurisdiccionales del Plan Integral Estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná (PIECAS DP). En el plano judicial también se realizaron actuaciones para deslindar responsabilidades en relación al inicio de diferentes focos ígneos y la Corte Suprema ha instado a la creación de un comité de emergencia ambiental.
En una mirada rápida sobre los desafíos socioambientales del Delta del Paraná y sus islas, encontramos que múltiples factores productivos han alterado y degradado el territorio y sus servicios ecosistémicos en el último siglo. Por ejemplo, hemos alterado el régimen y los caudales hidrológicos del Río Paraná, debido a la infraestructura energética y de transporte de cargas (canalizaciones); también cambiamos el uso de la tierra, grandes extensiones ocupadas originalmente por el humedal han sido ocupadas por actividades ganaderas (engorde de vacunos), agrícolas (monocultivos), forestales (principalmente exóticas), y extractivistas (minerales, fauna y flora silvestres, pesca industrial). Podemos agregar la contaminación del humedal con efluentes y residuos del sector industrial, agropecuario (deriva de plaguicidas y fertilizantes) o de origen urbano (efluentes cloacales y pluviales) y el avance de la frontera urbana (infraestructuras, desarrollos recreativos y habitacionales, vías de comunicación, etc.) favorecido por la ausencia de códigos de ordenamiento territorial y urbano en ambientes isleños y una mayor especulación en el mercado inmobiliario. Estos fenómenos no tienen la espectacularidad y repercusión de los incendios, pero transforman el territorio silenciosamente hacia un destino sin retorno.
¿Estamos a tiempo para un ordenamiento territorial? ¿Por qué es conveniente conservar y regular pero también diversificar e incluir? ¿Es posible regenerar el territorio y sus funciones ecosistémicas?
El ordenamiento territorial regional en el Delta y las Islas del Paraná está en una etapa incipiente y aún no se han establecido los lineamientos técnicos y jurídicos para su desarrollo, lo que dificulta la definición y coordinación de los usos del suelo y de la tierra desde un punto de vista ecosistémico. No obstante, sin hacer un análisis histórico exhaustivo, encontramos que en 2007 se creó una comisión integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe, el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y Desarrollo con el propósito de proponer la creación, implementación y manejo del Parque Nacional y Reserva Islas de Santa Fe. El proyecto inicial abarcaba un área de 166.000 ha y tenía como foco “conservar a perpetuidad un área significativa y representativa del más importante humedal de nuestro país; garantizar la integridad ecológica del sistema de islas y cuerpos de agua de escasa profundidad, que constituyen los nichos de cría y desarrollo de las especies ictícolas, el hábitat de aves acuáticas y el recurso de sobrevivencia de reptiles, anfibios y mamíferos; proteger la fuente de agua de Coronda y demás ciudades y pueblos costeros, que también alimentará los acueductos Norte y Centro de la provincia, proveedores de agua potable a las poblaciones de un extenso territorio, incluyendo Rafaela, Sunchales y Tostado; desarrollar el turismo de naturaleza en las islas de Santa Fe, asegurando el uso sustentable del recurso para las presentes y futuras generaciones y garantizando la sustentabilidad de las actividades pastoriles, apícolas y de pesca deportiva y artesanal”.
Después de gestiones legislativas provinciales y nacionales, en 2010 se crea el Parque Nacional Islas de Santa Fe, alcanzando un conjunto de islas en tierras fiscales en torno a la reserva provincial “El Rico” con un total de tan solo 4.096 hectáreas (esto incluyó una promesa del gobierno provincial de ampliación progresiva que no se concretó). Así, se logra “conservar” un porcentaje inferior al 3% del territorio en cuestión, sin una gravitación relevante en el monitoreo y control de las actividades antrópicas antes citadas. Se hace referencia aquí a un aspecto importante, la conexión entre la necesidad de proteger el humedal para asegurar la calidad del suministro de agua dulce que alimenta a las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe.
En 2008, la región del Delta e Islas del Paraná fue afectada por extensos, intensos y persistentes incendios de pajonales (que alcanzaron en un año calendario más de 170.000 ha en un periodo de singular sequía) y contaminaron el aire de las ciudades del AMBA y el gran Rosario. En aquel momento, ante la criticidad del fenómeno, las provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) junto a la Nación (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible) coordinaron acciones para el control del fuego y el manejo de la crisis socioambiental, pero también con una mirada de largo plazo, acordaron el desarrollo del Plan Integral Estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná (PIECAS DP). El PIECAS DP tuvo un desempeño intermitente y con escaso nivel de desarrollo. En 2015, previa presentación a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, es reconocido el Delta del Paraná como Sitio Ramsar, creando un nuevo ciclo de planificación y un comité intersectorial para el manejo y conservación del área. A pesar de los esfuerzos por su conservación (APN, PIECAS, Sitio Ramsar, y actualmente los Faros de Conservación) la ecorregión del Delta e Islas del Paraná presenta desafíos estructurales para conciliar las actividades productivas con el uso sostenible de los recursos y la continuidad de las servicios ecosistémicos que aporta el humedal, en un entorno socioambiental frágil y vulnerable, en proceso de transformación por el cambio climático.
En este marco, diferentes colectivos sociales exigen la aprobación de la Ley de Humedales que, en la misma línea de la Ley de Bosques, Ley de Glaciares, etc., propone proteger y conservar para las próximas generaciones estos ecosistemas y un ordenamiento territorial para un uso sustentable de estos ecosistemas. Tal vez, este tipo de respuestas institucionales no puedan detener en el corto plazo los incendios, la deforestación, la minería a cielo abierto. Sin duda, es imprescindible tener regímenes institucionales que regulen el uso de la tierra, protejan los bienes comunes, y aseguren la provisión de servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir. Estamos a tiempo de ampliar las políticas de conservación ampliando el PN Islas de Santa Fe desde 4.000 hectáreas a 160.000 hectáreas, copiando el límite del sitio RAMSAR y creando un nuevo eje de desarrollo territorial en torno al turismo regenerativo, capaz de conectar al ser humano con la naturaleza, propiciando en el proceso la restauración ecológica y regeneración ambiental del humedal.
Fuente: Fundación Hábitat y Desarrollo. Proyecto parque y reserva natural Islas de Santa Fe, patrimonio de todos los argentinos, 2007.
Un parque nacional de esta envergadura genera la centralidad territorial necesaria para regular los usos de la tierra, promover las economías regionales, diversificar la actividad productiva, incluir las comunidades locales y proyectar una visión ecosistémica que contemple las necesidades actuales y de las próximas generaciones. No obstante, mientras esta vocación territorial se consolida, es urgente establecer nuevas reglas del juego, nuevos marcos regulatorios que creen las condiciones necesarias para transitar las transformaciones institucionales y territoriales propuestas. En este sentido, el proyecto presentado recientemente por el bloque oficialista y otros bloques de Diputados de la Nación propone modificar el artículo 22 bis de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego. Este proyecto propone la prohibición de realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales” y “garantizar su restauración” por un total de 60 años. Esto incluye “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares y fiscales; y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”. De igual manera, propone extender estas prohibiciones por 30 años “en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”. En paralelo, es necesario también contar con nuevos regímenes institucionales alineados entre la provincia de Entre Ríos y Santa Fe para regular la pesca industrial, allí donde se encuentra el área de reproducción de peces más importante del río Paraná, o la minería de extracción de arena con destino a la industria petrolera, vidrio, construcción y siderúrgica. Son dos provincias con capacidades para desarrollar la acuicultura o el reciclaje de vidrio para sustituir el uso de la arena de río (podemos citar los cientos de basurales a cielo abierto en ambas provincias con millones de toneladas de vidrio que se podrían recuperar evitando la extracción de arena).
El territorio del delta y sus islas puede ser entendido como un sistema socio-ecológico donde interactúan el espacio biofísico natural y un complejo conjunto de actores sociales, donde se hacen presentes diferentes actividades productivas, relaciones sociales, institucionales e identidades culturales. Proponer ideas, proyectos y políticas públicas sobre el área requiere gestionar la complejidad (en lugar de reducirla), escuchar y entender la mirada de los diversos actores y los mecanismos de toma de decisiones y tener en cuenta la dinámica local pero también su relación con territorios alejados que influyen en ella. Las nuevas políticas ambientales también deberían considerar que el camino hacia una transición ecológica nos debería incluir a todos. En materia de ganadería, por ejemplo, es necesario para aquellas áreas de influencia del Parque Nacional ampliado o el área de humedal protegido impulsar nuevas prácticas compatibles con la conservación y regeneración de los ecosistemas naturales. La ganadería de humedales, muy bien documentada por Wetlands International, y la ganadería regenerativa (o Pastoreo Racional Voisin), que consiste en un modelo de producción que apunta a imitar la naturaleza para producir más con menos –siendo el objetivo la generación de renta, así como de capital biológico y social. En las interfaces territoriales entre el humedal y el desarrollo urbano encontramos oportunidades para el desarrollo de políticas públicas de cuidado ecosistémico de temas estructurales como el tratamiento de efluentes domiciliarios e industriales o la gestión integral de residuos sólidos urbanos, o de revinculación con la naturaleza a través de la puesta en valor de los espacios públicos ribereños, hoy con una fuerte impronta de privatización.
Adentrándonos en el inhóspito espacio del delta y sus islas, para aquellos que han tenido la oportunidad de recorrerlo, surge a primera vista la percepción de un territorio donde “vale todo”, con un escasa presencia del Estado y una fuerte apropiación territorial por parte de sectores concentrados de la economía.
Recuerdo que en marzo de 2010, junto al editor de esta revista, recorrimos durante un mes el Delta del Paraná y sus islas junto a un grupo de artistas y científicos – antropólogos, sociólogos, ecólogos, geógrafos, astrofísicos, ingenieros, arquitectos, educadores ambientales, músicos, artistas visuales, escritores y filósofos, historiadores del arte y de la ciencia– argentinos, paraguayos, holandeses y españoles. El viaje entre Rosario y Asunción se llamó expedición Paraná Ra'Anga, y tuvo como propósito construir nuevas formas de mirar y comprender el Río Paraná. Diez años después, el paisaje se ha transformado, los habitantes de las islas han cambiado (o tan solo han migrado), la naturaleza se ha degradado, los desafíos socio-ambientales y productivos se han profundizado, las aguas ha dejado lugar al fuego. Tal vez llegó el momento de las políticas públicas que prioricen el bien común y la salud del planeta.
AJ
El autor es Ecólogo Urbano, Cofundador de La Ciudad Posible y Director del Laboratorio de Economía Circular de la UNRaf.
Sobre el tema, ver también las notas Sobre la ocupación de humedales. “Bienes comunes de la naturaleza cuya existencia es determinante para las sociedades que los poseen”, por Patricia Pintos en nuestro número 189, y Sobre las quemas en las islas del Paraná. Parar la catástrofe ambiental y avanzar en un proyecto territorial, por Roberto Monteverde en nuestro número 188.
Ver en nuestro número 186 las notas Regeneración Territorial. Presentación de nuestra nueva sección editorial, por Alejandro Jurado, y Turismo con impacto ambiental y social positivo. El caso Don Enrique, en Misiones, Argentina, por Virginia Criado y Lautaro Guardamagna. En el número 187, La reconstrucción post pandemia del sistema de reciclaje con inclusión social, por Alejandro Jurado y Pablo Schamber. En el número 188, Personas facilitadoras de procesos de Desarrollo Territorial, por Pablo Costamagna, y En tiempos en que los bosques arden, por Gonzalo del Castillo.
Comité intersectorial: integrado por autoridades del SRDP: Administración de Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Municipio de Diamante, Comuna de Gaboto. Otros organismos públicos: Secretarías de Turismo de ambas provincias, Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Universidades: UNL; UNR; UNER; UADER y UNRaf, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas: CICyTTP de Diamante, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Organizaciones del sector no gubernamental: El Paraná no se toca, Fundación Cauce, Fundación Hábitat y Desarrollo, Wetlands International, Taller Ecologista.
Paraná Ra'Anga (la figura del Paraná) fue organizado por la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), liderado por el Centro Cultural Parque de España, de Rosario, participando además los Centros Culturales de España en Buenos Aires, Córdoba y Asunción del Paraguay. Contó con el apoyo de una amplia red de centros de investigación europeos y sudamericanos que poseen como nodos de articulación la Universidad Autónoma de Barcelona (en especial su Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, IGOP) en Europa y la Universidad Nacional de La Plata, en Sudamérica. Julia Solomonoff, directora de cine entre otros talentos, lo recoge en una producción audiovisual.
Ver también la nota Subiendo el río hacia atrás. Paraná Ra'Anga, Tekooreí y el Tekohá, por Marcelo Corti en nuestro número 90.
