Incendios extremos y recurrentes de los humedales del Delta del Paraná han colocado, una vez más, el proyecto de Ley de Humedales en el debate público (y mediático). En esta oportunidad se busca proteger, regular y conservar un ecosistema, los humedales, caracterizado por áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante períodos considerables de tiempo. Según inventarios preliminares (MAyDS, INTA), pueden ocupar entre el 9 y el 20% del territorio nacional. Aunque con fuertes presiones de uso y en parte degradados, estos ecosistemas tienen aún la capacidad de regular el clima, reducir los efectos de las sequías o las inundaciones, proveer agua de calidad para nuestras ciudades, contribuir en la lucha contra el cambio climático como sumidero de carbono, proteger áreas de reproducción de cientos de especies vegetales y animales esenciales para nuestra supervivencia.
El proyecto de ley que se está discutiendo (se intenta avanzar en diferentes comisiones del Congreso nacional) tiene un enfoque de “presupuestos mínimos” de protección ambiental para el “uso racional y sostenible” de los humedales, propone inventarios para el ordenamiento territorial, la creación de un fondo nacional, programas de conservación, consejos consultivos y gabinete federal y demás instrumentos basados en un diseño institucional que delega parte de la ejecución y la toma de decisiones en las provincias. Como antecedente contemporáneo de este enfoque regulatorio, tenemos la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos del 2007, con resultados de regulares a malos en estos 15 años de ejecución. Por citar algunos, el incumplimiento de la dotación presupuestaria del Fondo Nacional para el enriquecimiento y conservación de bosques nativos (para el presupuesto 2022 se destinará sólo el 3% de lo que estipula la ley), sumado a las dificultades en la ejecución de fondos y su rendición por parte de las provincias, demoras en los procesos de elaboración/actualización de inventarios y planes de ordenamiento territorial, planes de manejo, control y conservación, etc. En síntesis, en la Argentina se sigue reduciendo la superficie de bosques nativos, continúa la deforestación a la luz del día (incluso en zonas amarillas y rojas), ya hemos perdido el 70% de los bosques y se estima que para el 2030 perderemos el 76%.
Es posible que este instrumento regulatorio para resolver problemas urgentes no sea el más pertinente. Otros proyectos de ley con marcos regulatorios aún pendientes en la Argentina reinciden año a año con un enfoque similar. Por ejemplo; aquellos que en los últimos 20 años han buscado sin éxito regular la responsabilidad extendida del fabricante (denominada Ley REP, que obliga a empresas fabricantes e importadoras de productos de consumo masivo a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos en el país; los países europeos en los cuales nos referenciamos cuentan con esta ley hace décadas, como también Uruguay, Brasil y Chile). La gestión de residuos sólidos urbanos está en el top cinco de las preocupaciones ambientales de la población argentina pero, mientras los proyectos se discuten en el congreso, dos mil municipios (de un total de 2.300) siguen disponiendo año a año sus residuos en basurales a cielo abierto, 200.000 recuperadores urbanos sin derechos continúan trabajando en condiciones infrahumanas y, como si no existiera una crisis de recursos y climática, descartamos 5 millones de toneladas anuales de materiales que podrían reciclarse, creando empleo y sustituyendo el consumo de recursos no renovables. En materia de normativa ambiental, también se aplica la ley del péndulo: así como en el 2006 la Argentina fue pionera en la promoción de biocombustibles (Ley Nº 26.093) para el reemplazo de combustibles fósiles por fuentes renovables, 15 años después, en 2021, en lugar de perfeccionar el instrumento estableciendo nuevas metas de corte y transformando la matriz energética hacia los biocombustibles de segunda generación, el parlamento argentino aprobó un proyecto funcional al sector petrolero, rebajando cortes, no considerando el biometano, el hidrógeno y las nuevas materias primas alternativas a la soja, la caña de azúcar o el maíz.
Retomando el proyecto de Ley de Humedales, una década de desinterés político tal vez tenga en el fondo las mismas razones instrumentales que la ausencia de una ley REP, el retroceso de la ley de biocombustibles o el fracaso de la ley de bosques. Alguna pista podemos encontrar en la recientemente exposición de Gustavo Petro (presidente de Colombia) en la Asamblea de Naciones Unidas en defensa de la selva amazónica. Petro señala que la crisis civilizatoria, el peligro de extinción de la humanidad y el fracaso de la lucha contra el cambio climático se debe a nuestra “adicción” al poder irracional, al dinero, a la ganancia, al petróleo…. Sin intención de radicalizar el debate, en el caso argentino es clara la resistencia de empresas privadas y estatales con intereses económicos en juego al desarrollo de estos marcos regulatorios. Visualizan en estas normativas un obstáculo para la expansión y crecimiento de las actividades que realizan. Para el caso de Ley de Humedades, por citar algunas, se contrapone a los intereses de arroceras en Corrientes, ganaderos en Santa Fe, exportadores de turba en Tierra del Fuego, mineras de oro, plata, cobre en San Juan, mineras de arena en Entre Ríos, productores de sal en el NOA, desarrolladores urbanos e inmobiliarios en Buenos Aires, entre otras actividades y zonas del país.
El debate de fondo radica, entonces, en la incompatibilidad aparente entre el actual modelo productivo/extractivista y la conservación de la naturaleza. La ciencia y sus informes anuales (IPCC, IPBES, IIR, otros) dan cuenta de que en las últimas tres décadas no hemos logrado alcanzar el desarrollo sostenible, conservar los recursos para las próximas generaciones ni tampoco reducir significativamente el impacto ambiental de las actividades económicas dominantes (agricultura, ganadería, industria, pesca, minería, etc.). De hecho, ya se están discutiendo nuevos paradigmas económicos orientados a la circularidad de los recursos, la regeneración ecosistémica o el desarrollo de empresas de triple impacto positivo (ambiental, económico y social).
En cualquier caso, la toma de decisiones sobre qué recursos hay que conservar o qué ecosistemas hay que proteger no puede ser una acción librada a los intereses económicos, que bajo su racionalidad buscarán siempre maximizar ventas y beneficios. Estas definiciones competen al conjunto de la sociedad. La vía única de la autorregulación empresarial tampoco ha sido efectiva, si evaluamos los resultados a escala planetaria. Los estados nacionales, provinciales y locales en la Argentina tienen un papel fundamental en materia regulatoria, como ponen en evidencia histórica las leyes y políticas públicas de control de la contaminación, de creación de áreas protegidas y parques nacionales, etc. Como vimos en los párrafos precedentes, el desafío es aún mayor; no alcanza con la norma, hay que alumbrar un nuevo orden económico que tenga como uno de sus propósitos la reproducción de la vida (no solo el incremento del PIB) y este priorice el funcionamiento de la naturaleza si queremos evitar el colapso de los ecosistemas y las formas de vida asociadas.
El modelo de producción y consumo actual está configurado para facilitar que las empresas o personas que tienen acceso a los medios de producción puedan obtener beneficios económicos e incrementar su capital. Este sistema no reconoce los límites que impone la naturaleza, no está diseñado para conservar los servicios ecosistémicos, tampoco internaliza los costos de los impactos ambientales o sociales que genera ni reconoce que los recursos que utiliza son finitos y que su disponibilidad está en franca decadencia.
Un nuevo acercamiento entre producción y conservación es imprescindible. Una transición hacia la sostenibilidad de los modos de producción y consumo con prácticas como la ganadería regenerativa o la agricultura agroecológica tendrán una mejor oportunidad de articulación con las políticas de conservación de ecosistemas. No obstante, allí donde las condiciones de partida no permitieran el desarrollo de actividades compatibles con la conservación de la naturaleza, habrá que optar por la preservación de los bienes comunes. Por ejemplo, para las industrias extractivas tendremos que buscar materialidades alternativas para su sustitución en los territorios para los que se defina estratégicamente su necesidad de conservación. ¿Es posible utilizar como materia prima vidrio reciclado para la producción de nuevos envases en lugar de extraer arena de los humedales del Río Uruguay? ¿Es viable sustituir la turba extraída de los humedales de Tierra del Fuego para la producción de plantines o cultivo de hongos comestibles? ¿Podemos seguir engordando el ganado en los humedales e islas del Delta cuando conocemos el daño ecosistémico y a la salud de las personas de las prácticas de quema para forraje?
En relación a posibles estrategias que atiendan la emergencia ambiental en tiempo y forma, la Argentina tiene una amplia tradición e institucionalidad en materia de conservación a través de la creación de áreas protegidas a nivel local, provincial y nacional, tanto de gestión pública como privada. Tal vez el instrumento mejor conocido es el desplegado desde 1934 por la Administración de Parques Nacionales. Allí donde se requiere un cambio de uso de la tierra de carácter urgente (como hemos visto en los incendios del Delta del Paraná) una respuesta posible hubiera sido convertir los sitios RAMSAR en Parques Nacionales. En otros países, la ausencia de protección oportuna ha provocado una catástrofe que hoy afecta al ambiente y a las comunidades. En España (tercer país en el mundo con más humedales), los humedales de importancia internacional (RAMSAR) no han sido protegidos convenientemente y ya se han perdido el 60% de estos ecosistemas. Controlar el fuego (o intentar hacerlo) en el Delta del Paraná ha obligado a incurrir en un gasto diario de 50 millones de pesos. El Parque Nacional más grande de la Argentina (Los Glaciares, 700.000 has) dispone de un presupuesto anual de 100 millones de pesos. Crear un parque nacional de 100.000 has en el norte de Santa Fe (sitio RAMSAR Jaaukanigas) y ampliar el parque nacional Islas de Santa Fe y Predelta en Entre Ríos a unas 200.000 has hubiera demandado un presupuesto equivalente (incluido funcionamiento, equipos e infraestructura) al del funcionamiento de una semana del plan nacional del fuego y resuelto de raíz la causa de los incendios.
AJ
El autor es Ecólogo Urbano, Cofundador de La Ciudad Posible y Director del Laboratorio de Economía Circular de la UNRaf.
Sobre los incendios: los pastizales naturales han coevolucionado con pulsos ígneos, con una frecuencia más espaciada en el tiempo cada 3,5 y 10 años y, por parches, plantas y animales se han adaptado a esta dinámica. Desde hace 400.000 años, la humanidad utiliza el fuego para cazar, criar animales o cultivar. Actualmente la quema prescrita de pastizales es una herramienta tecnológica que se utiliza en la Argentina y el mundo para promover el rebrote (y aumentar la oferta de forraje), eliminar malezas invasoras o evitar incendios descontrolados, en general con frecuencia anual y en campos ganaderos. Las quemazones en el Delta del Paraná responden al avance de la ganadería (que ha sido desplazada por la agricultura en tierras altas) y a un periodo de extrema sequía y bajante del Río Paraná.
Recientemente se cumplieron 50 años del informe realizado por el MIT, por encargo del Club de Roma, sobre los límites del crecimiento; ver nota ampliatoria con un buen resumen aquí.
Sobre el tema, ver también en café de las ciudades las notas En tiempos en que los bosques arden, por Gonzalo del Castillo, El destino del Delta e Islas del Paraná. Reflexiones y propuestas, por Alejandro Jurado, y Sobre la ocupación de humedales, por Patricia Pintos.
