En el año 2024, el Observatorio Villero de La Poderosa, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación TEMAS, con el asesoramiento técnico del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA), realizamos un relevamiento de condiciones habitacionales en nueve barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego. La muestra alcanzó a 1.485 hogares, abarcando un total de 5.024 personas.
El instrumento de relevamiento abordó diversas dimensiones, que se desarrollan a lo largo del informe:
-composición de los hogares, asistencia alimentaria, condición de propiedad de la vivienda y hacinamiento;
-condiciones materiales de las viviendas;
-acceso a servicios básicos y sus implicancias al interior del hogar (riesgo eléctrico, acceso a agua segura y red de saneamiento);
-accesibilidad y medios de transporte;
-disponibilidad de espacios verdes, estado de la infraestructura barrial y cercanía a fuentes de contaminación;
-percepción comunitaria de problemáticas principales del territorio.
En la mayoría de los casos, estos barrios se localizan en las periferias urbanas, zonas expuestas a riesgo ambiental o áreas sujetas a barreras físicas y simbólicas que profundizan la segregación territorial.
Introducción
En Argentina, más de cinco millones de personas habitan más de 6.000 barrios populares, según los datos más recientes del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2024. Registro Nacional de Barrios Populares). Esta cifra representa aproximadamente un 10% de la población nacional. La falta de planificación urbana integral y el déficit estructural de vivienda han dado lugar a una expansión sostenida de estos barrios, caracterizados por el acceso restringido a servicios básicos, la falta de infraestructura adecuada y condiciones de vida muy por debajo de los estándares mínimos establecidos en diversos tratados internacionales y en nuestra Constitución Nacional. En la mayoría de los casos, estos barrios se localizan en las periferias urbanas, zonas expuestas a riesgo ambiental o áreas sujetas a barreras físicas y simbólicas que profundizan la segregación territorial.
Lejos de constituir un fenómeno transitorio, la configuración de los barrios populares responde a procesos históricos de segregación. En las últimas dos décadas se ha observado una aceleración significativa en su crecimiento, lo que se conjugó con contextos de crisis económicas y políticas, que debilitaron los sistemas de protección social y restringieron el acceso al suelo urbano formal (Scheinsohn, M., 2021. La investigación sobre la informalidad urbana en Buenos Aires: Imágenes, perspectivas y controversias. Secretaría de Investigaciones, FADU-UBA). En este marco, los barrios populares, constituyen una expresión territorial de la pobreza estructural, en donde convergen múltiples dimensiones de privación: déficit habitacional, inseguridad alimentaria, servicios públicos precarios, falta de desarrollo del espacio urbano, hacinamiento y exposición sistemática a riesgos ambientales. Estas condiciones impactan directamente en la vida de sus habitantes, limitando su desarrollo económico, educativo, sanitario y social, y reproduciendo patrones de desigualdad intergeneracional. Por esto, los enfoques de las políticas públicas contemporáneas han comenzado a reconocer la necesidad de intervenciones integrales por parte del Estado, orientadas a garantizar el derecho al hábitat y a la ciudad, mediante procesos de integración sociourbana sostenidos en el tiempo (Marx, B., Stoker, T., & Suri, T. 2013. The Economics of Slums in the Developing World. Journal of Economic Perspectives, 27(4), 187-210).
A partir de la visibilización generada por la lucha de las organizaciones sociales, religiosas y comunitarias, en los últimos años se registraron avances significativos en la agenda pública vinculada a la integración de barrios populares. Sin embargo, durante 2024 se produjo una regresión preocupante en este campo, con el desfinanciamiento de políticas clave y la fragmentación de las acciones tanto a nivel nacional como de los gobiernos locales, que interrumpió procesos de transformación que venían desarrollándose.
Estas condiciones impactan directamente en la vida de sus habitantes, limitando su desarrollo económico, educativo, sanitario y social, y reproduciendo patrones de desigualdad intergeneracional.
Frente a este contexto, se vuelve urgente contar con información precisa y actualizada sobre las condiciones habitacionales de los barrios populares, que permita comprender y dimensionar los desafíos que enfrentan sus habitantes. Este informe presenta los resultados del relevamiento comunitario llevado adelante en nueve barrios populares de seis provincias del país. A partir de una metodología que articula el conocimiento popular con herramientas técnicas, se buscó generar datos sobre múltiples dimensiones que configuran la vida cotidiana en estos territorios: desde la composición de los hogares y la situación habitacional hasta el acceso a servicios públicos, condiciones ambientales, movilidad urbana y percepción comunitaria de los principales problemas.
El objetivo es doble: por un lado, visibilizar las desigualdades persistentes y los costos que asumen las familias para sostener su vida cotidiana en contextos de precariedad estructural, muchas veces invisibilizados pero también naturalizados por los mismos vecinos; por otro lado, aportar herramientas para la incidencia en políticas públicas que reconozcan estos territorios como parte integral de la ciudad y garanticen el cumplimiento efectivo de derechos básicos.
Resumen Ejecutivo
En los nueve barrios analizados en este informe, entre el 20 % y el 30 % de la población tiene 14 años o menos, mientras que casi no hay presencia de personas mayores a 75 años. Esto evidencia un perfil demográfico joven, característico de los barrios populares de Argentina. Esta estructura etaria contrasta con el promedio nacional y del AMBA, donde la proporción de adultos mayores es significativamente más alta.
Los hogares presentan una marcada feminización. La mayoría de las jefas de hogar son mujeres (más del 60 %) y entre el 50 % y el 60 % de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo. Este escenario evidencia una doble vulnerabilidad: las mujeres deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos.
El 41 % de las familias recurre a comedores comunitarios, cifra que llega al 60 % en barrios como Isla Maciel y Virgen Desatanudos. Además, el 74 % de los hogares encuestados es beneficiario de algún tipo de asignación estatal. Esta combinación evidencia una alta dependencia de redes de apoyo comunitario y transferencias sociales estatales para garantizar la subsistencia diaria, reflejo de una inserción laboral precaria o inestable.
Sólo el 18 % de la población cuenta con cobertura de salud, mientras que el 13 % de los hogares incluye al menos una persona con discapacidad, porcentaje que asciende al 20 % en barrios como Las Dalias y Yapeyú.
Los hogares presentan una marcada feminización. La mayoría de las jefas de hogar son mujeres (más del 60 %) y entre el 50 % y el 60 % de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo.
Solamente el 27 % de las viviendas relevadas se ubica sobre calles asfaltadas y el 46 % sobre calles de tierra. Esta situación muestra un marcado déficit en infraestructura básica, muy evidente.
En algunos casos se observa una desigual distribución de obras públicas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Villa 21-24-Zavaleta concentra el mayor porcentaje de personas encuestadas sin alumbrado público en la calle o pasillo (84%), mientras que el Barrio Mugica registra el mínimo (11%).
El espacio público es percibido como insuficiente por casi el 80 % de los habitantes de los barrios. En la mayoría de los casos esta visión negativa supera el 90 %. Además, el 61 % de las personas no tiene árboles frente a su vivienda, lo que no solo afecta el confort térmico y la calidad del aire, sino también el bienestar psicológico y las oportunidades de socialización y recreación al aire libre.
El 90 % de los hogares enfrenta un alto riesgo ambiental, según un índice que considera la presencia de plagas, acumulación de basura y proximidad a fuentes contaminantes. En particular, el 49 % de las viviendas se encuentra cerca de agua contaminada y el 29 % junto a basurales, lo que incrementa significativamente la exposición a enfermedades.
En promedio, el 30 % de las personas tarda más de una hora en llegar a su lugar de trabajo, y el 10 %, más de dos horas, reflejando otra dimensión de la pobreza estructural: la carencia de tiempo para dedicarle a otras actividades que no sean el trabajo.
Apenas el 15 % de las viviendas alcanza una calidad constructiva suficiente, mientras que el 81 % se clasifica como “parcialmente insuficiente”. Además, cerca de la mitad de los hogares presenta grietas, filtraciones o goteras, y entre el 20 % y el 45 % carece de agua caliente o lavamanos en el baño. Estos indicadores evidencian un déficit crítico en las condiciones dignas de habitabilidad.
(…) el 30 % de las personas tarda más de una hora en llegar a su lugar de trabajo, y el 10 %, más de dos horas, reflejando otra dimensión de la pobreza estructural: la carencia de tiempo para dedicarle a otras actividades que no sean el trabajo.
En cuanto al acceso a los servicios públicos, la situación es crítica: el 73 % de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión, calidad o cantidad, y un 11 % directamente no cuenta con ningún tipo de acceso a uno o más de los servicios públicos, configurando un acceso deficitario.
El 50 % de los hogares relevados accede al agua mediante conexiones informales (alcanzando picos del 95 % en la Villa 21-24-Zavaleta), el 63 % se conecta de manera precaria a la red eléctrica (casi el 90% en Isla Maciel, y más del 95% en Villa 21-24-Zavaleta) y el 36 % tiene acceso a internet solo a través del celular o carece completamente del servicio. Estos niveles de informalidad y precariedad implican mayores costos, aumentan el riesgo de accidentes y limitan las oportunidades educativas y laborales.
OVdLP, ACIJ y FT
Informe completo: Condiciones de vida en barrios populares. Análisis de nueve barrios de seis provincias de la Argentina.
Ver también la web del informe.
La Asociación Civil La Poderosa es una organización villera de base cuyo objetivo es transformar la realidad de los barrios populares y fortalecer el trabajo en comunidad a partir de la educación popular, el cooperativismo y el deporte. Publica la revista La garganta poderosa.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos vulnerabilizados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, así como también contribuir al desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia.
La Fundación Temas tiene como objetivo contribuir a la promoción y el ejercicio de derechos de la comunidad de la Villa 21-24 de Buenos aires, a través de programas orientados a la educación, deporte, salud, vivienda y hábitat, desde espacios comunitarios donde se promuevan la participación y organización colectiva.
Equipo de Trabajo:
Autores: Fernando Bercovich (ACIJ), Diego Mora (Observatorio Villero – La Poderosa).
Revisión: Catalina Marino (ACIJ), Pablo Vitale (ACIJ).
Diseño visual: Florencia Nicolini (autora de las imágenes que ilustran esta nota).
Con la participación de Fundación TEMAS y la asesoría técnica de Mercedes Di Virgilio, Mercedes Najman y Denise Brikman, integrantes del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG).
Agradecemos el apoyo de Namati y el International Development Research Centre (IDRC) en el desarrollo de esta investigación.
