Subsidiar energía o urbanizar barrios populares

¿Es posible este debate en Argentina?

Según la nota Tarifas 2022: los números detrás de la madre de todas las disputas entre Argentina y el FMI, en El Economista del 28/2/22, “los subsidios económicos treparon desde 1,6% del PIB en 2019 hasta 3% en 2021, alcanzando US$ 14.000 millones. Más de US$ 11.000 millones se destinaron al sector energético (2,3% del PIB), siendo la electricidad la que se llevó la mayor porción (1,9% del PIB)”. Otros subsidios se aplican a las tarifas de agua y transporte público (en este caso, con especial incidencia en el AMBA).

Por otro lado, el economista Sebastián Welisiejko, ex Secretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, sostiene en su artículo ¿Cómo financiar a escala la integración socio urbana de barrios populares?, en el número de febrero de nuestra revista, que “de acuerdo a estimaciones de los equipos técnicos de la Secretaría de Integración Socio Urbana y de las propias organizaciones sociales, el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del RENABAP ronda los 26.000 millones de dólares. Hoy, pandemia de por medio, con cientos de nuevos barrios y los existentes extendidos y/o densificados, ese monto es seguramente mayor”. También sostiene que al ritmo actual de erogaciones de los organismos a cargo se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la Ley 17.453, de urbanización de barrios populares.

Una cuenta rápida (y seguramente ingenua, imprudente e improcedente) indicaría que si se redestinara un 25% del monto de los subsidios a la urbanización de barrios, en 7 u 8 años tendríamos resuelta la cuestión habitacional en Argentina. Por supuesto, además de la factibilidad política y la conveniencia económica de esa operación, habría que tener claro si realmente los subsidios se ejecutan en forma de desembolsos desde la “caja” del Estado o si se trata de otro mecanismo financiero o fiscal que no permite su redireccionamiento en esos términos.

Otra cuestión a dilucidar es la consecuencia directa e indirecta sobre otras actividades económicas. Pareciera que eliminar subsidios a usuarios de recursos altos o medios altos ocasionaría alguna restricción en otros consumos que mueven la economía real. Pero también es claro que dinamizar la urbanización de barrios mueve importantes sectores de la economía, especialmente construcción e infraestructuras y todos sus impactos directos o indirectos.

Consultamos al respecto a tres economistas especializados, que nos aportaron elementos de interés para abrir este debate: el mismo Welisiejko, Alejandro Einstoss, integrante del Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi y coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem, y Juan Pablo Costa, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Einstoss considera tres aspectos relevantes en los subsidios a la energía eléctrica (los más importantes entre los que otorga el Estado nacional). En primer lugar, las tarifas solo cubren el 20% de los pagos a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), siendo el 80% restante transferencia estatal. Por otro lado, los planes de promoción para aumentar la producción de gas natural cubren el 30% de su costo, la diferencia va a las productoras. Finalmente, ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima), cuyo objetivo es llevar a cabo el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, el transporte, el almacenaje, la distribución, comercialización e industrialización de estos y sus derivados, así como el abastecimiento y distribución de gas natural, vende barato e importa a precio internacional (que como veremos, se triplicó tras la invasión rusa a Ucrania). Estos “guitaductos” explican el 97 % del déficit fiscal e implican un costo de oportunidad para otros proyectos o planes… como por ejemplo la urbanización de villas y asentamientos, los barrios populares de la Ley 17.453. Entre otras externalidades positivas que podría tener la urbanización, Einstoss señala la reducción de “pérdidas” de las distribuidoras, categoría en la que eufemísticamente se incluye a la energía eléctrica consumida pero no pagada por no existir conexiones legales en los barrios.

Welisiejko, que considera la urbanización como la política pública más potente para la reducción de la pobreza estructural en Argentina, señala en primer lugar que el régimen actual subsidia el consumo de energía en base a hidrocarburos, uniendo así un problema ambiental a su impacto negativo en lo económico. Si el objetivo, “la ilusión” de corto plazo, es la reducción de la inflación (“por ejemplo, si se aumentan las tarifas a las panaderías de barrio esto será otro motivo para que aumente el pan”), los subsidios no lo cumplen y en cambio ocasionan problemas fiscales y cambiarios. El monto de los subsidios es mayor que el de todo el gasto social combinado (“es la discusión que nunca damos; nadie le encontró la vuelta”) y genera un déficit fiscal tanto como en la cuenta corriente, al generar demanda neta de divisas. “El costo de la energía se compone de tres componentes: el combustible, el transporte y la distribución”; todo eso está subsidiado y planchado. No hay incentivos a la extracción de gas y, para superar esta situación, o hay que emitir y/o hay crisis cambiaria.

Y esto lo sufre más la población de los barrios populares. “Nosotros disfrutamos bajos precios para la calefacción o el aire acondicionado mientras que en las villas se sufre la inflación en los alimentos”; además, la gente tiene menos plata para comer pero también menos plata para invertir en la producción social de su propio hábitat. En 2021 el programa Previaje recibió más fondos que el FISU (Fondo para la Integración Socio Urbana). Este fondo depende de aportes como el Impuesto País (Ley n° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que aplica un impuesto de 30% a diversos consumos realizados en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito) y el impuesto a las grandes fortunas; estos recursos son extraordinarios, se aplican por única vez o tienden a la baja. Además de ser afectado también por los aumentos en los costos de materiales de construcción, que reducen su potencial de realización.

Por su parte, Costa considera muy difícil la reducción de los subsidios energéticos por su impacto sobre el resto de las actividades económicas, no solo respecto al déficit fiscal sino sobre la inflación, “como se vio en los tarifazos de 2016 y 2017”, por la incidencia de las tarifas en las cadenas de valor. Con la guerra en Ucrania, el costo promedio del gas natural licuado (GNL) aumentó de U$ 6,5 por millón de BTU en 2019 o U$ 8,3 en 2021 a U$ 30 o más en la actualidad. Se suma a esto la crisis hídrica, especialmente en el Paraná, con su impacto sobre las represas. Así, “Argentina es con más frecuencia importadora que exportadora de energía”: el déficit fue de U$ 627 millones en 2021, luego de un superávit de 900 millones en 2020, y se estima que en 2022 será cercano a los 4.000 millones.

El gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta con Saliqueló (Buenos Aires) y posteriormente con San Jerónimo (Santa Fe) permitirá reducir importaciones para proveer a Buenos Aires y el AMBA y exportar a Brasil, lo cual puede aliviar o resolver esta situación.

Pero aun cuando aumenten las tarifas, Costa no cree que se puedan reducir los subsidios. A partir de la negociación con el FMI se prevé una segmentación por la cual el 10% más rico de la población pagaría el precio completo real de la tarifa, el 60% medio pagaría el 80% de la variación salarial (45% de aumento anual, por debajo de la inflación) y el 30% más pobre un 40% de la variación salarial (23% de aumento anual); vale decir, una caída respecto al precio real a pesar del aumento nominal. En estos términos, resulta difícil pensar una reducción del déficit fiscal de un 0,6% del PBI, como se estimaba y, por lo tanto, no se liberarían fondos… ni para la urbanización ni para otros fines.

En todas estas entrevistas hemos hablado de los subsidios al consumo de energía y no de los aplicados al transporte público de pasajeros, que tienen incidencia directa en la gestión de las ciudades y el territorio y que actualmente son objeto de otras discusiones referidas, entre otras, a la asimetría entre los aplicados en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA respecto al interior, a la extensión del uso de la tarjeta SUBE y al traspaso de las líneas de colectivos porteños a la CABA.

En todo caso, la pregunta que disparó esta nota sigue en pie: ¿es técnicamente factible y políticamente realizable que las clases medias y altas paguen los costos reales del gas y la electricidad que consumen para redireccionar fondos del Estado nacional a la urbanización de villas y asentamientos?

MC

Sobre la Ley 27.453 hemos publicado las notas Asentamientos populares, entre la regularización y la nada, de María Cristina Cravino, Un paso necesario hacia una sociedad más integrada, de Fabio Quetglas, La reglamentación de la ley de barrios populares, de Marcelo Corti, y Esperanzas y cuentas pendientes de la integración socio-urbana de los barrios populares, de Santiago Chudnovsky. Ver también la nota La regularización de asentamientos y villas, de Marcelo Corti en El Estadista.

De Juan Pablo Costa, ver su nota con Sergio Rosanovich sobre La ley de alquileres en Argentina en nuestro número anterior.

Y sobre la necesidad de incluir adecuadamente la gestión de las ciudades y el territorio en la agenda económica y política argentina, ver en nuestro número 2080 la nota El Plan Argentina Productiva 2030. La omisión de la ciudad y la vivienda, por Mario L. Tercco.

 

Pasado continuo

Sobre La ciudad latinoamericana, de Adrián Gorelik.

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