N. de la R. Esta nota fue publicada originalmente por la revista ENTRE RAYAS N° 2, Repensar la Ciudad. Reflexiones sobre La Guaira después del terremoto (agosto de 2026).
La recuperación post desastre debe tener una mirada integral
El doblete sísmico de junio de 2026 dejó en evidencia no solo la vulnerabilidad física de la costa venezolana, dejó al descubierto una fragilidad igualmente crítica: desinstitucionalización generalizada y débil gobernanza del territorio. “A lo largo de los siglos Venezuela ha registrado grandes terremotos, pero las lecciones técnicas no se tradujeron en políticas duraderas. Entender el riesgo sísmico con ciencia y memoria histórica es el primer paso para reducir la vulnerabilidad y proteger vidas a futuro, porque cuando estas en crisis no construyes mejor, cuando tienes inestabilidad política, no te organizas mejor” (Alejandra Leal, Antropóloga, PhD en Urbanismo, en revista Runrunes).
Debemos asumir las consecuencias de “mandatos” poco justificados, y reconocer que la ruptura entre el diagnóstico, un plan y su implementación no responde a falta de conocimiento técnico sino a una falla estructural en la gestión pública y la gobernanza local.
Nos enfrentamos a un desafío inmenso, complejo y multidimensional que requiere orden, estructura y alta gerencia. El Estado ha intentando enfrentar la situación, pero el esfuerzo realizado no sustituye la institucionalidad perdida, siendo uno de sus principales pendientes recuperar varias décadas de omisión de la Planificación como una Política Pública de Estado, continua, permanente, ininterrumpida y de obligatorio cumplimiento.
La escala y severidad de esta emergencia exige trascender la mirada fragmentada para reivindicar la visión integral del urbanismo y la fortaleza de las instituciones locales. Debemos asumir las consecuencias de “mandatos” poco justificados, y reconocer que la ruptura entre el diagnóstico, un plan y su implementación no responde a falta de conocimiento técnico sino a una falla estructural en la gestión pública y la gobernanza local.
La planificación no es un evento estático, requiere voluntad política, recursos y, sobre todo, control y seguimiento. En teoría, tiene rango legal porque se fundamenta en la Constitución y se instrumenta mediante normativas como la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (LOPPP, G.O. N° 6.011, 2010), la de Ordenamiento Territorial (LOOT, G.O. N° 3.238, 1983), Ordenación Urbanística (LOOU, G.O. N° 33.868, 1987) y la de Ambiente (LOA G.O. N° 5.833,2006). Tiene carácter vinculante porque los planes aprobados son de obligatorio cumplimiento para los órganos del poder público en todos sus niveles territoriales. Y tiene además visión estratégica, porque busca superar la simple asignación presupuestaria burocrática para alinear la acción de gobierno con directrices políticas de largo y mediano plazo.
En Venezuela, la planificación del desarrollo urbano se debe compaginar con la preservación ambiental mediante la ordenación del territorio. El marco legal vincula el crecimiento de las ciudades con la protección de los recursos naturales a través de jerarquías de planes y normas vinculantes, pero nuestra realidad muestra desarticulación entre los distintos niveles de gobierno, visión sesgada de las autoridades, falta de continuidad administrativa, ausencia de instrumentos de gestión del suelo adecuados a la dinámica urbana y una marcada omisión de la norma que no ha hecho posible el cumplimiento de las recomendaciones de mitigación e inversión señaladas, por ejemplo, en los estudios realizados por JICA (Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, entregado en marzo de 2005 por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón junto a Funvisis) en 2005 o en el Plan de Ordenación Urbanística del Estado Vargas (POUEV) de 2009 (publicado en la G.O. Ext No 5.927 y reimpreso por error material en la G.O. No 39.380 de 2010, cuyo enfoque central fue la gestión del riesgo socio-natural tras la tragedia de 1999).
De acuerdo al sistema jerarquizado de planes que establece la LOOU, el municipio debió contar con un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que detallara las variables urbanas de edificación, con base a estudios sectoriales pormenorizados que incluyeran la microzonificación sísmica. Este Plan debió sustituir la antigua Ordenanza de Zonificación del municipio Vargas de 1977 y constituirse en el marco legal e instrumental que regulara el desarrollo físico-espacial de los centros poblados del actual estado La Guaira. El municipio Vargas no cuenta con una ordenanza de zonificación moderna, unificada y actualizada de libre acceso. La antigua ordenanza de septiembre de 1977 sigue empleándose de manera supletoria o referencial, a pesar de estar legalmente en mora y haber sufrido profundas modificaciones por los deslaves de 1999 y 2010.
Pero cuando la política de desarrollo local se divorcia del rigor técnico y se tolera la densificación habitacional e informal sin fiscalización estricta, la vulnerabilidad se multiplica. El dolor de las familias afectadas es el recordatorio más severo de que para salvar vidas se requiere responsabilidad y compromiso. Los recientes hechos nos demuestran que los planes deben elaborarse, aprobarse y actualizarse según indica la norma, el desarrollo urbano no puede desvincularse de los mapas de riesgo y las normativas sismo-resistentes. Se deben imponer rigurosos incentivos para el reforzamiento estructural y auditorías urbanas a los activos inmobiliarios existentes para garantizar la seguridad jurídica y habitacional.
De acuerdo al sistema jerarquizado de planes que establece la LOOU, el municipio debió contar con un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que detallara las variables urbanas de edificación, con base a estudios sectoriales pormenorizados que incluyeran la microzonificación sísmica.
Haber ignorado las restricciones ambientales demostró que los desastres se co-construyen socialmente mediante decisiones institucionales inadecuadas. El elevado nivel de riesgo no responde únicamente a fenómenos físicos sino a una vulnerabilidad institucional acumulada: inobservancia de los planes urbanos, abandono y no culminación de las obras de control de torrentes, déficit en fiscalización y control urbano, discontinuidad técnica y pérdida de información (Genatios C., La Fuente, M. 2020, “Vargas, desastre, proyecto y realidad, veinte años después de las lluvias de 1999”, Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat).
Abordar el proceso de recuperación post-desastre exige implementar el modelo de la quíntuple hélice del desarrollo que transforma el diseño tradicional en un proceso colaborativo y de co-creación. Integra cinco subsistemas clave (gobierno, academia, empresa, sociedad civil y entorno natural) para alinear la innovación tecnológica con el desarrollo sostenible, la democracia participativa y la protección ecológica a largo plazo. Para lograrlo, se requiere unir voluntades para no duplicar esfuerzos, defender el deber ser de la norma y crear la visión compartida de un nuevo modelo de desarrollo.
Los recientes hechos nos demuestran que los planes deben elaborarse, aprobarse y actualizarse según indica la norma, el desarrollo urbano no puede desvincularse de los mapas de riesgo y las normativas sismo-resistentes.
Ante el colapso de infraestructuras y la interrupción de la vida cotidiana en el Estado La Guaira, municipio Vargas, la respuesta pública e institucional no fue suficiente, se vio disminuida y desvinculada de la realidad, se concentró en atomizar soluciones, fraccionando intenciones y perdiendo el foco sobre la magnitud y complejidad de un problema que requiere dimensionar el desastre físico, social y económico, ya que lo urgente puede opacar lo importante.
La catástrofe nos recordó la necesidad del razonamiento científico ante escenarios inesperados y finalmente el conocimiento fue reconocido como variable indispensable para el análisis. Se nombraron comisiones y autoridades para coordinar el despliegue de especialistas en riesgo y vulnerabilidad, se evaluaron fallas, suelos y daños en edificaciones. Se cuestionaron procesos constructivos y calidad de los materiales, pero se requiere mucho más para diagnosticar el impacto del desastre. Hay que reflexionar y reconocer errores para luego recuperar y reconstruir, urge indagar un poco más sobre el cumplimiento de la normativa urbana, la responsabilidad en el ejercicio de la profesión y la obligatoriedad en el cumplimiento de los planes y los procesos contemplados en las leyes orgánicas vigentes.
Recuperar la trama urbana implica entender la ciudad como una unidad funcional viva. Antes de proyectar soluciones puntuales, la prioridad del urbanista radica en realizar un diagnóstico integral del desastre que permita cuantificar y caracterizar la población afectada, calcular requerimientos inmediatos y futuros, proteger la base productiva estimulando la generación de empleo y la reactivación económica, e identificar proyectos detonantes, intervenciones estratégicas capaces de restablecer la conectividad del sistema urbano y apalancar la inversión pública y privada. La norma urbana no debe asumirse como un obstáculo burocrático sino como la garantía de seguridad jurídica, equidad en la ocupación del suelo y protección ambiental ante las amenazas naturales del litoral.
Se requiere aplicar la prospectiva estratégica como metodología para diseñar escenarios reales que nos permitan alcanzar la gobernanza del territorio y, junto a una gestión local descentralizada, diseñar planes a largo plazo y gestionar riesgos futuros en lugar de solo reaccionar ante emergencias. Volver a la figura de la Autoridad Única es una opción, pero también hay que fortalecer a nuestros gobiernos locales. Las alcaldías son las instancias encargadas por competencia de ley de planificar, gestionar e implementar el proceso complejo y dinámico de recuperación, que debe contar con los estudios técnicos necesarios, para luego asignar usos del suelo y condiciones de desarrollo. El control urbano es esencial para detallar la ubicación de los refugios temporales y consolidar solo aquellos localizados en zonas aprobadas (Virginia Jiménez, Geógrafa y especialista en gestión de riesgos; Ariana Tarhan, Urbanista, entrevista en Circuito Éxitos FM).
La norma urbana no debe asumirse como un obstáculo burocrático sino como la garantía de seguridad jurídica, equidad en la ocupación del suelo y protección ambiental ante las amenazas naturales del litoral.
Superar la crisis exige pasar de la acumulación de mesas de debate sectorial a la construcción de una instancia institucional sólida que asuma el liderazgo unificado del proceso. Multiplicar “planes maestros” desarticulados genera confusión y parálisis. La magnitud del desastre supera las capacidades presupuestarias de la administración pública. Se requiere una propuesta de recuperación articulada en bloque entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el sector privado, actores estratégicos que bajo figuras como las Alianzas Publico Privadas podrán impulsar proyectos detonantes y procurar la inversión necesaria.
La reconstrucción integral del municipio Vargas depende de nuestra capacidad para unir voluntades con un solo propósito, una imagen-objetivo concertada de la ciudad deseada. La teoría y la técnica deben subordinarse a una estrategia clara de desarrollo local sustentable.
Solo con alcaldías fuertes que ejerzan plenamente sus competencias, un gobierno nacional que guíe con directrices claras y un sector privado comprometido bajo reglas de juego transparentes lograremos transformar la emergencia en una oportunidad de desarrollo resiliente e institucional.
ZB
La autora es Urbanista, MSc Diseño Urbano y especialista en Planificación Estratégica Urbana y Gestión del Desarrollo Local. Directora del Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela.
Ig: @zulmacaracas
