El aporte urbanístico de Jordi Borja ha estado siempre ligado y dirigido a la praxis política. Se trata en todo sentido de un pensamiento en y para la acción, desde su vinculación a los movimientos sociales en la resistencia a la dictadura franquista, pasando por su actuación en el Ayuntamiento de Barcelona de la transición democrática y su involucramiento con la realidad política latinoamericana hasta su vinculación con los movimientos municipalistas de Barcelona y Madrid –las “alcaldías del cambio” de Manuela Carmena y Ada Colau.
El hilo que une estos trayectos es la opción por la ciudadanía y una clara e infrecuente comprensión de la dialéctica entre lo espacial y lo social. Su trayectoria se desarrolla así de manera transversal a las tres categorías de lo urbano, definidas por las respectivas raíces lingüísticas del concepto ciudad: urbis, espacio construido; polis, ámbito de soberanía estatal; civitas, colectivo humano objeto y sujeto de derechos. Este aporte se concreta alternativa o simultáneamente en la militancia política, la actuación académica y profesional y los artículos, manifiestos y libros que las acompañan.
Tanto en sus propuestas como en sus rechazos Borja procura dar respuesta a las preguntas y desafíos del momento histórico. Esta elección le ha deparado críticas pero no lo ha apartado de su compromiso personal con la “ciudad democrática”. En esa línea, la evolución de su pensamiento se corresponde más con variaciones tácticas acordes a los giros de la historia y a su propio rol como intelectual militante que con un cambio estratégico en la manera de entender las ciudades como escenario, objeto y –sobre todo– sujeto de transformación social y política.
Los ejes de reflexión sobre los que se sustenta el aporte de Borja pueden enunciarse sintéticamente:
- Los movimientos sociales y vecinales como motor de cambio político. Esta concepción plantea una alternativa al marxismo clásico, que suele considerar la cuestión urbana como una emergencia superestructural de la lucha de clases entre burguesía y proletariado. Las reivindicaciones sociales no solamente se expresan en la ciudad sino que se corresponden con la ciudad. En sus referencias aparece reiteradamente el caso de Nou Barris, barrio barcelonés proletario y de inmigrantes que fue privilegiado en las transformaciones democráticas de los ochenta y primeros noventa.
- El espacio público como condición de ciudadanía, tanto como espacio de lucha y reivindicación como lugar de la micropolítica cotidiana, de la vida social y personal; tanto un espacio físico y de articulación territorial de la ciudad como el ámbito social por excelencia, el ámbito en que se reclaman y se ejercen los derechos.
- El enfoque de derechos como sustento de la actuación urbanística, continuando a la vez que evolucionando el enfoque original del derecho a la ciudad de Henry Lefebvre (1969) y articulando lo jurídico, lo político y lo social del concepto.
- La ciudad como sujeto político y espacio de libertad frente a los poderes del Estado conservador –un sujeto político articulador de lo global y lo local.
- La tensión entre institucionalidad y demanda de cambio, en la que Borja se coloca sistemáticamente en la posición favorable a “estirar los límites” de lo administrativo institucionalizado. Esto vale tanto para la necesidad de un gobierno metropolitano (que Borja eleva al rango de derecho) en las aglomeraciones urbanas que exceden el término de una ciudad, como en términos generales para ampliar las competencias de la ciudad a fin de otorgar derechos de ciudadanía universales, incluso a quienes están jurídicamente excluidos de la condición ciudadana.
Los movimientos sociales y vecinales como motor de cambio político
Tras un exilio en Francia, en el que obtuvo su postgraduación en La Sorbonne y realizó algunos trabajos de geografía y sociología para organismos académicos y estatales, Borja regresa a Barcelona a fines de la década de 1960. Rápidamente entra en contacto con organizaciones vecinales opuestas al alcalde franquista Josep M. de Porcioles y colabora con ellos en la formulación de políticas urbanas alternativas. La cuestión urbana se mostraba entonces como una gran oportunidad de plantear espacios de lucha contra la dictadura, tanto por las condiciones materiales muy duras que sufrían las clases trabajadoras y los inmigrantes en sus barrios de la periferia como por las amenazas que el desarrollismo especulativo y exacerbado del tardofranquismo generaba al patrimonio urbano barcelonés. Pero al mismo tiempo ingresó como técnico a la oficina de urbanismo municipal (en la que permaneció algunos años hasta que las diferencias con las autoridades se hicieron irreconciliables) y se incorporó a organismos académicos.
Una de las experiencias más significativas de esta etapa es su contacto y trabajo en común con la asociación vecinal de Nou Barris, en lo que resultó el germen de las operaciones desarrolladas posteriormente en democracia y también el origen de uno de los diez distritos creados en el programa de descentralización de la ciudad.
En este contexto, Borja es invitado a una residencia universitaria en Santiago de Chile, muy pocos meses antes del golpe de estado de septiembre de 1973, que lo sorprende en tierra chilena. En línea con la experiencia barcelonesa, Borja elabora (sin posibilidad de presentarlo debido a las circunstancias que motivaron su precipitado retorno) una reflexión crítica respecto a tres dimensiones claves: la subordinación de las políticas urbanas de la Unidad Popular a la confrontación revolucionaria, la omisión de las clases medias e incluso de sectores trabajadores especializados como sujeto y objeto de políticas esas urbanas y la omisión de cualquier política de descentralización o democratización local, de refuerzo del poder municipal (Borja et al, 1986: 15 y 16). En esta experiencia histórica traumática pero reveladora, Borja confirma sus hipótesis acerca del potencial político de lo urbano a la vez que comienza su relación con América Latina, que proseguirá y se consolidará especialmente al consolidarse los procesos de democratización en la década de 1980.
A su regreso a Barcelona, ya disuelta Bandera Roja, se ocupa de coordinar el trabajo con movimientos vecinales y sobre políticas municipales en el PSUC. Recuperada la democracia en España, en 1979 se realizan las primeras elecciones conforme a la flamante Constitución y con ellas retornan los ayuntamientos democráticos. Borja fue desde 1980 hasta 1984 portavoz en las Comisiones de Políticas territoriales y Organización política de las instituciones territoriales en el parlamento catalán. Convocado por Pasquall Maragall, ingresa en 1983 como representante del PSUC al ayuntamiento, en el que se desempeña hasta 1995 como teniente de alcalde de Descentralización y participación, vicepresidente-director ejecutivo del Área metropolitana, Delegado del Alcalde para las Relaciones internacionales y Ponente de la Carta Municipal, sucesivamente. La tarea más importante de esta etapa de Borja en el Ayuntamiento es el diseño de las políticas de descentralización municipal, incluyendo la definición sociodemográfica de los diez distritos y la propuesta de competencias administrativas y políticas.
En años recientes, Borja acompaña y ayuda a la formación de Barcelona en Común, una fuerza política que en buena parte es producto de las manifestaciones de “indignados” de 2011 y en particular de un movimiento estrechamente vinculado a demandas urbanas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Este armado político lleva en 2015 a Ada Colau a la alcaldía barcelonesa, siendo reelecta en 2019.
Para Borja, el Estado centralizado es una “expropiación política a las clases populares” respecto a lo que pretenden ser las democracias representativas (Borja, 1988: 22 y 23). Para recuperar esa soberanía originaria que reside en el pueblo –y limitar su delegación a poderes centrales– plantea esa doble operación de reivindicación local: la directa de las demandas aluvionales de base expresadas en la organización vecinal (la asamblea, los movimientos barriales, los colectivos urbanos de demandas específicas); la institucional de la subsidiariedad de las tareas de gobierno hacia los niveles de gobierno más cercanos a sus destinatarios, expresadas en el fortalecimiento del poder municipal y en la descentralización de sus operaciones hacia el distrito y el barrio.
El espacio público como condición de ciudadanía
Posiblemente influido por la relación con los arquitectos que participaron activamente de las transformaciones de la Barcelona postfranquista pero en todo caso en total coherencia con su visión dialéctica de la relación entre lo espacial y lo social, Borja dedica al espacio público una parte muy importante de su reflexión teórica y su discurso militante posteriores a su experiencia en el Ajuntament barcelonés. Su libro del año 2000 con Zaida Muxi vincula este concepto con la díada “ciudad y ciudadanía”, que articula la expresión física y el sustento social. El espacio público, comienza el texto, es “el de la representación, en el que la sociedad se hace visible. Del ágora a la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender la historia de una ciudad” (Borja y Muxi, 2000: 7).
En clara oposición a la concepción arquitectónica del espacio continuo e indiferenciado del Movimiento Moderno de la arquitectura –pero también de las “urbanizaciones sin ciudad” de las periferias y de los grandes centros comerciales– Borja y Muxi nos recuerdan que el “espacio público ciudadano” no es un mero espacio vacío o residual entre calles y edificios, ni un criterio jurídico ni tampoco un sitio “especializado, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo”. Lo que constituye el espacio público es su capacidad de albergar, representar y celebrar expresiones populares reivindicaciones sociales, las contradicciones propias de la sociedad e incluso el conflicto y la reivindicación social. Aparecen en ese sentido ejemplos que van de la Revolución Francesa a los acontecimientos en las plazas de las Tres Culturas en México o Tiananmén en Pekín, los desfiles del día del orgullo gay y los carnavales de Rio de Janeiro o Venecia (Borja y Muxi, 2000: 7, 29 a 32).
Esta concepción considera al espacio público como regulador de las relaciones entre la ciudadanía y el poder político. En el diseño y en la evaluación de las políticas urbanas, el proyecto físico y el alcance social del espacio público puede ser considerado entonces como un indicador adecuado de calidad y eficiencia de las intervenciones: “El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes” (Borja y Muxi, 2000: 13).
La opción de Borja no es esteticista –aunque considera la belleza como un aspecto insoslayable de la realización de espacios urbanos, muy especialmente en los que están destinados a los sectores populares– y debe diferenciarse de las operaciones excluyentes que muchas veces se han implementado en ciudades diversas bajo el “mantra” del espacio público. Se trata de una concepción que vincula usos personales y colectivos, cotidianeidad y animación, significados comunes, reivindicaciones, demandas y conflictos, sintetizando en sí toda la riqueza de lo urbano; se trata en definitiva del espacio común donde se expresa y palpita la sociedad democrática. Puede incluso ser un factor de conexión y visibilidad para barrios marginales o postergados. Y a diferencia de otros enfoques fisicalistas o meramente ornamentales que han caracterizado algunas políticas urbanas recientes en muchas ciudades, Borja considera que la agenda del espacio público es simultánea o posterior a otras agendas imprescindibles para la vida urbana: trabajo, ingresos suficientes, vivienda y transportes.
El enfoque de derechos como sustento de la actuación urbanística
La producción de Borja a partir de los noventa incorpora cada vez con más fuerza la reivindicación de derechos humanos específicamente vinculados a la cuestión urbana. De alguna forma, esta prédica amplía y a la vez introduce precisiones al concepto lefebvriano del derecho a la ciudad. Se trata, en sus propias palabras, de derechos ciudadanos-urbanos “directamente vinculados a la política de y en la ciudad. Legitimar las demandas locales y la síntesis entre valores universalistas y prácticas políticas territoriales requiere la formulación de derechos que permitan desarrollar un combate democrático por la justicia en la ciudad”.
Un catálogo “no exhaustivo” (Borja, 2013: 146 a 152) de estos derechos incluye:
– Derecho al lugar. “La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales […] o a tener otro de su libre elección”.
– Derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la belleza. “La estética del espacio público es ética”. Borja cita en ese sentido las palabras de una humilde moradora de un barrio latinoamericano que, en su presencia, pidió a los funcionarios que visitaban el lugar que construyeran espacios y edificios de calidad porque “señores, los pobres también tenemos derecho a vivir en lugares bonitos”.
– Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad, que entronca tanto con los estudios sobre “la imagen de la ciudad” y sus aspectos referenciales para el individuo y los colectivos como con la reivindicación patrimonial y cultural de los sectores populares como respuesta a la homogeneización forzada de la globalización acrítica; Borja deja bien aclarado que no se trata de un particularismo banal o antimoderno sino una condición de reconocimiento grupal y expresión de fuerza colectiva.
– Derecho a la movilidad y a la accesibilidad, con enfoques que amplían la mirada centrada en los medios y la importancia del transporte público: Borja reclama el fácil y equitativo acceso a las centralidades, la respuesta a demandas heterogéneas e incluso (en línea con lo anterior y lo siguiente) la necesidad de que cada parte de la ciudad tenga algún interés para el resto.
– Derecho a la centralidad, tanto la tradicional como la nueva y contemporánea, y en especial la de las áreas más vulnerables, las periferias que albergan a los sectores populares.
– Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en “ciudad de ciudadanía”, que incluye políticas de equipamiento, renovación, legalización y participación.
– Derecho a la ciudad metropolitana o plurimunicipal, un enfoque que supera la mera conveniencia administrativa, técnica o funcional, y que promueve incluso su gobierno por autoridades elegidas democráticamente por el conjunto de la población, con independencia de su localización jurisdiccional.
– Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación, incluyendo el acceso digital universal a los servicios municipales y el acceso gratuito a Internet. En línea con esto, Borja opone el concepto democrático de Open Data a las promesas tecnocráticas de las “ciudades inteligentes” (“¿hubo alguna vez ciudades tontas?”, se pregunta) y el Big Data (Borja, 2013, digital).
– Derecho a la ciudad para quienes necesitan protección de los aparatos represivos del Estado por razones legales, culturales o personales; esta reivindicación anticipa el concepto de “ciudades santuario” que muchas administraciones progresistas incorporaron tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y sus amenazas de persecución extrema a inmigrantes y sus familias.
– Derecho a la protección de oficio por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios, frente a las tendencias privatizadoras y la concentración oligopólica.
– Derecho a la justicia local rápida, eficiente y accesible, y a la seguridad –no limitada a sectores medios y altos sobre la base de políticas represivas, sino basada en la prevención y en la calidad y animación del espacio público.
– Derecho –paradójico– a la ilegalidad, cuando esta sea un paso para el reconocimiento de demandas legítimas de suelo urbano, reconocimiento jurídico o defensa del medio ambiente.
– Derecho al empleo y al salario ciudadano, tanto a través de iniciativas locales que incluyen los servicios de cuidado y ambientales como en la garantía expresa y legal de ingresos monetarios por la sola condición de ciudadanía.
– Derecho a la calidad del medio-ambiente, que a la conocida definición de desarrollo sostenible vinculada a la preservación de recursos para las generaciones venideras une el patrimonio histórico-cultural y la protección de la calidad urbana frente a factores como la congestión, la suciedad y la fealdad.
– Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales: “Nadie puede sufrir discriminación según sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione”; esto incluye la acción afirmativa destinada a reparar discriminaciones y perjuicios históricos.
– Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político-jurídico de ciudadano, con la consiguiente igualdad de derechos y responsabilidades. En ese entendimiento la ciudadanía puede distinguirse de la nacionalidad; “todos los que viven en la ciudad tienen que ser iguales en derechos y deberes”.
Borja ha reclamado permanentemente una Declaración actualizada de los derechos y deberes de la ciudadanía; “Las clases trabajadoras”, sostiene en un informe para el Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales), del que fue presidente desde 2012 hasta 2016,
…están fragmentadas en categorías no necesariamente vinculadas a la producción. […] Y por ahora solamente expresan comportamientos resistenciales para defender, con poco éxito, los derechos históricos alcanzados en el siglo XX. Estamos viviendo un cambio de época en el que se produce una “regresión democrática” que afecta a los derechos económicos y sociales, a los derechos culturales y ambientales y también a los derechos políticos. Defender únicamente los derechos de antaño es a la vez apostar por la derrota y aún si se consiguiera sería insuficiente. Las nuevas realidades exigen nuevos derechos o desarrollar más los antiguos (Borja, 2012, digital).
La segmentación, la deslocalización de los poderes económicos, el resurgimiento del racismo y la xenofobia son realidades que interpelan a la democracia y requieren la incorporación de estos nuevos derechos urbanos. Para ello Borja imagina un triple proceso: cultural, de elaboración y hegemonía de valores; social, de movilización ciudadana para conseguir su formalización y aplicación; y político-institucional para su consolidación y desarrollo. “En esta etapa histórica el desafío que el territorio plantea a la intelectualidad exige un gran coraje moral y una considerable audacia política”, plantea Borja reafirmando esa dimensión espacial del conflicto político que es uno de los ejes esenciales de su discurso (Borja, 2013: 152).
La ciudad como sujeto político y espacio de libertad
Borja recuerda la respuesta de François Mitterrand a la pregunta de un periodista: ¿qué es hoy el socialismo?, a lo que el ex presidente de Francia contestó muy sintéticamente con dos palabras: “Es la justicia. Es la ciudad” (Borja, 2013: 322). En la misma línea, sostiene en La ciudad conquistada que “la ciudad es el desafío a los dioses, la torre de Babel, la mezcla de lenguas y culturas, de oficios y de ideas” (Borja, 2003:25).
Esta visión de la ciudad como utopía realizada se enfrenta a las distintas visiones antiurbanas, aquellas de la extensión periférica sin calidad y los “espacios lacónicos” del desarrollismo post-industrial globalizado, pero también las romantizaciones bucólicas del pseudo-ecologismo o la idealización de la vía campesina de algunos socialismos. También enfrenta el fatalismo de considerar inevitable “la muerte de la ciudad” como proyecto colectivo, entendiendo aquella como una suburbanización global, “un mundo periurbanizado de ciudades débiles”, de violencia en las periferias y control autoritario en los centros. Borja niega la concepción fatalista que iguala una tendencia en curso con un destino manifiesto. “La ciudad hoy emerge nuevamente como lugar, como mixtura, como espacio colectivo, como referente cultural” (Borja y Muxi, 2003: 107). Se trata entonces de construir la ciudad del siglo XXI con un proyecto de ciudadanía, cuya consigna es “ciudadanía o barbarie” –actualización y síntesis de aquellas del pasado: civilización o barbarie, socialismo o barbarie.
La ciudad es entonces al mismo tiempo un espacio libre y que hace libre, como literalmente lo fue en las sociedades feudales del medioevo europeo, y un proyecto político colectivo que lleva implícitos unos valores éticos, unos modos de vida y de relación entre las personas y una promesa siempre renovada de justicia y buen vivir. Nuevamente, la idea de ciudad como fenómeno espacial se confunde en Borja intencionadamente con la de ciudadanía como construcción social. Y esto no puede entenderse de otra forma que en el marco de la ciudad abierta, heterogénea y compleja, democrática; una ciudad que no es la idealización de un pasado ilusorio –despojado de sus conflictos y objeto de nostalgias acríticas– ni el sueño siempre postergado de una ciudad ideal para una sociedad que, ¡por fin!, habría resuelto sus contradicciones y encontrado el momento oportuno para construir la utopía.
La ciudad –sin adjetivos, sustantiva en su concepción física y política– es para Borja un escenario de animación, libertad y justicia para personas diversas, tanto como un estatuto de convivencia fraterna e igualitaria, todo ello en construcción permanente. Esta construcción enfrenta obstáculos políticos pero también específicos de la urbanización contemporánea y la voracidad del “blocco edilizio” (el complejo que une a propietarios de suelo, promotores inmobiliarios, entes financieros y sistema político): la urbanización cerrada, los desarrollos monofuncionales, los centros comerciales y de ocio segregados, la banalización de los centros históricos y barrios tradicionales, la dispersión en las periferias, la expulsión de los sectores populares, las privatopías.
La tensión entre institucionalidad y demanda de cambio
La amalgama de lo espacial y lo social requiere acciones políticas que la hagan concreta. Estas acciones pueden ser demandas de colectivos particularizados o globales o pueden ser actos administrativos y jurídicos propios de la fase institucional. Para Borja los progresos sociales no comienzan en las instituciones sino que culminan en ellas; “los progresos se materializan en políticas que se formalizarán en instituciones” (Borja y Muxi, 2003: 107). Corolario de este principio es que los gobiernos democráticos deben dar voz y fuerza a esas demandas, “desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes”, promover nuevas formas de participación ciudadana, realizar acciones afirmativas hacia los colectivos más vulnerables por edad, inserción social o pertenencia étnica, cultural o personal (Borja y Muxi, 2003: 102).
Por lógica, esa demanda política por ciudad y ciudadanía es expresada en las calles, en el espacio público. “La calle es nuestra, de todos”, como anuncia la consigna con que el pueblo de muchas ciudades respondió a una bravuconada de Fraga Iribarne al iniciarse la transición española. Y nuevamente, la demanda puede ser por ciudad como espacio físico (los reclamos de Nou Barris por servicios, transporte público y dignidad barrial en las postrimerías del franquismo o los del Gamonal de Burgos, cuarenta años más tarde, para protestar contra el embellecimiento cosmético de su calle principal) o por el ejercicio irreverente y fundante de la ciudadanía, como en el Mayo francés, la Primavera de Praga, el “que se vayan todos” argentino o los indignados del Sol madrileño o la Plaza de Cataluña en 2011. Para Borja, la democracia se legitima cuando sus formas sirven para que se garanticen derechos económicos, sociales y culturales que reduzcan las desigualdades y supriman los privilegios. “Sin derechos reales, es decir ejercitables, la democracia es para muchos una ficción, un fraude” (Borja, 2011, digital).
Y en su fase institucional, Borja privilegia aquellas instancias que cuestionan o al menos complementan la hegemonía de los estados centrales, muy especialmente las aparentemente opuestas pero efectivamente complementarias de la descentralización municipal y el gobierno metropolitano (elevado, como hemos visto, al rango de derecho), desde su intervención el diseño de las políticas de descentralización municipal barcelonesa hasta su participación en uno de los equipos que elaboró propuestas para el Gran Paris en el concurso realizado en 2008.
De la urbanización sin ciudad a la ciudad del deseo
La ciudad del deseo no es la ciudad ideal, utópica y especulativa. Es la ciudad querida, mezcla de conocimiento cotidiano y de misterio, de seguridades y de encuentros, de libertades probables y de transgresiones posibles, de privacidad y de inmersión en la vida colectiva. Es necesario reinventar el erotismo de la ciudad que no se encuentra ni en el miedo público, como la agorafobia que es una enfermedad reciente de la ciudad latinoamericana y que comienza a manifestarse en Europa, ni en la asepsia aburrida del balneario suizo protegido, al cual tienden los “barrios cerrados” cada vez más frecuentes tanto en Europa como en América. Ser ciudadano es el derecho a sentirse protegido, pero también la libertad de vivir la aventura urbana. (Borja y Muxi, 2003:108)
La mayoría de estas postulaciones que hemos recorrido aparecen de modo independiente en discursos particularizados del campo de los estudios urbanos y territoriales en las últimas décadas del siglo XX y principios de este. La particularidad de Borja es haberlos articulado en un cierto paradigma abierto, en proceso y necesariamente incompleto (o mejor, en proceso de completarse en la acción política concreta). Puede explicarse así el impacto y la influencia que su pensamiento ha tenido en distintas prácticas técnicas, profesionales y políticas, en la formación de cuadros técnicos y políticos y en variadas disciplinas vinculadas al estudio y la gestión de la ciudad, tanto las relacionadas directamente a su aspecto físico-territorial como las ciencias sociales, jurídicas, etc.
Quizás por esa misma componente política que define su práctica profesional, Borja también puede ser comprendido a partir de sus oposiciones o contraposiciones respecto a los contenidos de la corriente principal del urbanismo contemporáneo. De esos “contra-principios” pueden destacarse, por ejemplo, su furibunda invectiva contra algunas palabras/conceptos que fueron adquiriendo hegemonía en el discurso urbanístico de las últimas décadas y su oposición militante a la Nueva Agenda Urbana de ONU-Habitat, aprobada en la tercera reunión de dicho organismo en Quito, en octubre de 2016.
Las palabras que Borja cuestiona al punto de proponer directamente su exclusión de cualquier documento o propuesta de acción concreta en las ciudades son aquellas que han poblado y pueblan todavía buena parte las recomendaciones y recetas de organismos internacionales involucrados en la actuación urbana y su financiamiento: sostenibilidad, resiliencia, equidad, competitividad, participación, gobernabilidad, cohesión social, globalización… (Borja, 2013: 266 a 282). La preocupación semántica alcanza también, como hemos visto, a construcciones del tipo “ciudades inteligentes”. En esta crítica a los estereotipos del discurso urbano queda explicada la ecuación imposible a que hace referencia el título de uno de sus libros: la imposibilidad real de concretar en conjunto estos postulados retóricos, la quimérica ecuación que permitiría un desarrollo urbano democrático frente a las dinámicas disolutorias existentes.
Frente a la Nueva Agenda Urbana, Borja plantea y lidera la formalización del Manifiesto de Quito, presentado en un foro alternativo y paralelo al encuentro oficial de Hábitat III. “La existencia de Hábitat hasta ahora no se ha justificado. Las Conferencias cada veinte años y los Foros Urbanos más frecuentes han permitido encuentros más propios de una feria popular repetitiva que de un espacio de debate, resoluciones y seguimiento de los compromisos”, sostiene el Manifiesto cuya redacción original estuvo a su cargo (Borja, Carrión y Corti, 2016:311 a 325).
Al mismo tiempo que enfrenta los lugares comunes del discurso urbanístico contemporáneo, Borja debe realizar un esfuerzo permanente para dejar en claro su posición respecto al proceso urbanístico de la Barcelona postfranquista, del que resulta tanto un actor clave de su primera etapa como intérprete, difusor y crítico en años posteriores. El segundo alcalde constitucional, el socialista Pasquall Maragall, lo convoca en 1983 como representante del PSUC al ayuntamiento, en el que se desempeña hasta 1995 como teniente de alcalde de Descentralización y participación, vicepresidente-director ejecutivo del Área metropolitana, Delegado del Alcalde para las Relaciones internacionales y Ponente de la Carta Municipal, sucesivamente. Su tarea es el diseño de las políticas de descentralización municipal, pero también colaboró con Maragall y los equipos municipales en la propuesta, análisis y evaluación de otras políticas urbanas tanto en la etapa “heroica” de la acupuntura urbana y las transformaciones barriales como en el lanzamiento, implementación y despliegue de los Juegos Olímpicos de 1992.
Borja analiza esta época en términos de experiencia y proceso de la ciudad y no del concepto popularizado internacionalmente de Modelo Barcelona, justamente uno de los conceptos que somete a una dura crítica en función de su equívoco fundamental –el de pensar acríticamente una ciudad como modelo a copiar o franquiciar. Como indica el título de su libro, Borja interpreta las “luces y sombras del urbanismo de Barcelona” diferenciando el sentido democrático y progresista de la primera época (la de las acupunturas urbanas, la “monumentalización de las periferias, la recuperación de los barrios y los espacios ciudadanos) de la deriva snob y especulativa que se expresa a principios de este siglo en el desafortunado episodio del Forum de las Culturas (Borja, 2011).
Tras dejar la función municipal, Borja se dedica especialmente a la tarea de consultoría, a la actividad académica y a escribir, tanto libros de pretensión estructural como artículos periodísticos o políticos de mayor urgencia para participar (o incluso) generar debates sobre temas urbanos y su relación con la política general. En lo académico, Borja crea una Maestría dedicada a las políticas, proyectos y gestión de la ciudad, que se dicta en primera instancia en versión presencial en la UB y la UPC y luego como curso digital en la UOC (en sentido inverso, desarrolla su propia tesis de Doctorado en la UPC, que constituye la base de Revolución urbana y derechos ciudadanos).
En todas estas actividades se perfila la creación de una relación cada vez más fuerte con grupos profesionales, intelectuales y políticos de América Latina, en donde contribuye fuertemente a la creación de una agenda urbana común basada en los temas ya explicitados.
La actuación latinoamericana de Borja, en particular a partir de su salida del ayuntamiento barcelonés, se produce desde campos diversos pero finalmente complementarios: la labor de consultoría, la asesoría a gobiernos de distintos niveles, la tarea académica (tanto en el continente como en la propia Barcelona, donde su maestría en gestión de ciudades atrae en sus distintas sedes y formatos a numerosas/os profesionales de distintas disciplinas convergentes en la acción urbana), la participación en encuentros, congresos y seminarios y (no menos importante) el acompañamiento a diversas experiencias militantes. El resultado es la conformación de una especie de colectivo internacional-continental, heterogéneo en lo ideológico y disciplinar, difuso en sus límites. No se trata de una “iglesia” con un líder y unos apóstoles sino más bien de un grupo al que podríamos llamar “rizomático”, con propósitos convergentes pero diversos y no siempre paralelos, asistemático y con capacidad de generar sentido sobre diversos aspectos de la práctica y la gestión urbana –precisamente aquellos aspectos en los que Borja centra a lo largo de su carrera su prédica técnica y política.
El aporte de Borja podría entonces sintetizarse en la conformación de un discurso que cuestiona con cierta coherencia ideológica y técnica las consecuencias de la práctica urbanística “que realmente existe”: privatización de espacios y bienes comunes, especulación sobre el suelo y la vivienda, dispersión urbana, despilfarro ambiental, mercantilización, etc. En los lustros iniciales del siglo XXI, el emerger de gobiernos progresistas de distintas raíces y características en América Latina pudo haber sido una ocasión para poner en práctica (no necesariamente con su participación activa) muchas de las ideas que concurren en los discursos de Borja. Que esto no haya sido así puede tener muchas lecturas, entre las que pueden priorizarse dos de los límites más fuertes de esos procesos progresistas: la dependencia del extractivismo y la producción primaria como recurso económico, y la escasa vocación de estos gobiernos por atacar la base fundiaria de los privilegios de clase en Latinoamérica, sobre la cual se planteó en general una desregulación de hecho, contraria a la recuperación de la intervención pública que caracterizó otras áreas de la economía y la política.
La prédica “espacio público + movimientos vecinales + derechos ciudadanos” de Borja puede sin embargo considerarse una de las vertientes más poderosas de generación de sentido urbanístico en América Latina. Es paralela a otras vertientes discursivas como la acción del Lincoln Institute of Lincoln Policy en favor de políticas fiscales de gestión de suelo (recuperación de plusvalías y regulación georgiana) o la promoción de experiencias como las de Curitiba y Medellín, y en general confrontada a los estereotipos –tanto los económico-políticos de la ONU, su sección de Hábitat y los organismos multilaterales de crédito como los tecnofílicos de las grandes corporaciones del Big Data. Y por supuesto, en las antípodas del modelo de inspiración estadounidense de dispersión suburbana, comunidades cerradas y movilidad basada en el automóvil privado.
En forma recurrente Borja postula la responsabilidad ética y social de los profesionales (“no se puede ser neutro en estos temas”, Belil, Borja y Corti, 2012: 279) y la actualización de los principios permanentes del urbanismo: acceso universal a los beneficios de la ciudad y la ciudadanía, control estatal del mercado del suelo a partir de la normativa y de la fiscalidad y, en términos más generales, profundización de la democracia a partir de hacer efectivos y reales los derechos legales. En línea con ese común origen etimológico que hemos señalado al comienzo, su trabajo nos recuerda en todo momento que el urbanismo es política, que la política se expresa (para bien y para mal) en el territorio y que ambos construyen la ciudadanía como proyecto y logro colectivo. Promover esa “ecuación” implica someterse a tensiones de significado y de acción, que Borja ha estado dispuesto a sostener durante toda su carrera.
MC
Ilustración de J. Borja por Federico Duelli
Jordi Borja Sebastià (Barcelona, 1941), Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y Geógrafo urbanista por la Université de Paris-Sorbonne. Profesor Emérito y Presidente del Comité Académico del Máster universitario de Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha ocupado cargos directivos en el Ayuntamiento de Barcelona y participado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades europeas y latinoamericanas. Fue Presidente del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales). Su pensamiento urbanístico y su labor profesional, política y académica ha tenido una enorme y positiva influencia en la planificación, la gestión y el desarrollo de las ciudades de América Latina.
Desde la década de los sesenta ha estado vinculado al movimiento ciudadano popular de Barcelona, ocupando el cargo de responsable de Política Municipal y Movimiento Popular del PSUC. De 1980 a 1984 fue diputado al Parlamento de Cataluña y, tres años después, teniente de alcalde de Descentralización y Participación del Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido profesor de Sociología y Geografía urbana en la Universitat Autònoma y en la Universitat Politècnica de Catalunya, así como en otras universidades como las de París, Buenos Aires, México y Nueva York; en la UNC dictó clases especiales y conferencias magistrales en varias oportunidades, incluyendo su participación en 2016 en la Maestría en Urbanismo de la FAUD. También ha dictado cursos, seminarios y conferencias en ciudades europeas (Paris, Londres, Roma, Venecia, Lisboa, etc.) y americanas (México UNAM y UAM, Bogotá, Quito Flacso, Santiago de Chile, Católica de Lima, Buenos Aires, Córdoba, Sao Paulo, New York, Berkeley, La Habana, etc.
Ha escrito columnas periódicas de opinión en los diarios El País y La Vanguardia.
También ha realizado o asesorado planes y proyectos urbanos y estratégicos y reformas políticas locales además de Barcelona en Paris, Lisboa, ciudades españolas, Buenos Aires, Córdoba, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Chile (Santiago, Valparaíso), Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Quito, etc. e informes para la Unión Europea, Eurociudades y para Naciones Unidas-Habitat.
Referencias:
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