Desde mediados de la década de 2010, una ola de fuerzas antisistema, que atrajeron a sectores desencantados con las élites políticas, fueron obteniendo inesperados triunfos electorales instalando gobiernos populistas de derecha. Liderados por personajes outsiders que se instaron a lo largo y ancho del planeta, ocasionaron un profundo impacto cultural y político que comenzó a erosionar el andamiaje institucional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Aquel orden de posguerra había dado origen a nuevas formas de regulación de las relaciones internacionales, incorporando una lógica multilateral que amplió la participación de todos los países, abriendo incluso la posibilidad de intervenir a gobiernos subnacionales —estaduales y locales—, permitiendo desarrollar mecanismos de disuasión frente a posibles conflictos bélicos (medidas pacíficas: negociación directa, mediación, y coercitivas: sanciones económicas y/o embargo de armas).
Aquella nueva institucionalidad había hecho posible la creación de organismos, programas y normas que pasaron a integrar el moderno Derecho Internacional: Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la UNESCO, la OMS, la OIT, el Programa UN-Hábitat y numerosas agencias multilaterales más igualitarias que impulsaron, con ciertas limitaciones pero también con continuidad histórica, una perspectiva orientada a la paz, el desarrollo económico y la inclusión social.
La irrupción reciente de esos nuevos liderazgos populistas tuvo la capacidad de debilitar, e incluso socavar, gran parte de aquella construcción política del visecimum saeculum. Muchos de esos gobiernos comenzaron a denunciar como “ineficaces” a los organismos internacionales, retirándose de ellos o desfinanciándolos sistemáticamente. El resultado es un escenario que deja a la intemperie los objetivos de paz, progreso e igualdad, así como las iniciativas orientadas a regular la relación entre sociedad y naturaleza y a desarrollar nuevas escalas de gobernanza regional, metropolitana y urbana capaces de representar las nuevas configuraciones económicas y sociales en la geografía del planeta (producto de la migración rural-urbana).
La reciente epidemia de ébola desatada en el Congo debería ser un toque de alerta, dada la peligrosidad del brote, que superó los 246 casos sospechosos (un límite nunca superado) y encontró a la infraestructura —redes de vigilancia, equipos de respuesta rápida y asociaciones diplomáticas— gravemente desmantelada debido al retiro de la ayuda de Estados Unidos a la OMS, producto de una de las primeras decisiones de Elon Musk como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por él creado (Craig Spencer, “Sobreviví al ébola. Esto es lo que más me asusta de este brote”, 24 de mayo de 2026, The New York Times en español).
La obsesión por una eficacia económica indiscriminada y cortoplacista desplazó las miradas interdisciplinarias y estratégicas que, con enorme dificultad, se habían ido consolidando en el clima político más favorable de la posguerra. Hoy, proyectos vinculados con la ecomovilidad, las energías renovables, la infraestructura sanitaria y la educación pública atraviesan riesgos concretos de abandono o desfinanciamiento.
El retroceso amenaza también a las nuevas formas de gobernanza territorial, como la Unión Europea, el MERCOSUR y diversos esquemas metropolitanos de cooperación urbana que dependen de inversiones de largo plazo y de políticas sostenidas en el tiempo. Paradójicamente, mientras algunas de estas estructuras lograron avances significativos —como el demorado acuerdo económico entre la Unión Europea y el MERCOSUR—, el nuevo clima ideológico global vuelve a imponer viejas recetas centradas exclusivamente en la rentabilidad inmediata y los acuerdos bilaterales entre países.
En la Argentina, esta visión extrema adoptó la forma del denominado “anarco-capitalismo”, cuya herramienta conceptual más difundida es la llamada “destrucción creativa”. Aplicada sin gradualismo ni incorporando criterios selectivos de sector, esa política provocó el cierre de numerosas actividades productivas, aceleró el desempleo y dejó heridas profundas sobre el tejido social y económico. La filosofía de “demolición del Estado desde adentro” alcanzó también áreas estratégicas como la salud pública, la educación y la planificación estatal, debilitando funciones esenciales vinculadas con la organización territorial y la infraestructura. Reapareció así, bajo nuevas formas, más sofisticadas, aquella consigna de los años noventa: “ramal que para, ramal que cierra” referido a la infraestructura ferroviaria de pasajeros y carga. Sin embargo, la propia radicalización de estas políticas comienza a exhibir signos de implosión. El deterioro social y la fragmentación territorial ponen en evidencia los límites de un modelo que, en nombre de la eficiencia, desmantela las herramientas mismas que sostienen la cohesión de la sociedad contemporánea.
El antropoceno, protagonismo países centrales
Estados Unidos, protagonista histórico de la etapa más expansiva del capitalismo industrial fordista, atravesó diversas transformaciones en su modo de inserción global. Tras una primera fase basada en la producción industrial y el empleo masivo dentro de sus fronteras, avanzó hacia un esquema de tercerización manufacturera en países con menores costos laborales e impositivos. Mientras la producción se desplazaba hacia México y Centro América, aprovechando los bajos costos comparativos y de transporte, y hacia países de Asia-Pacífico y otras regiones periféricas con bajos costos impositivos y de mano de obra, las grandes corporaciones conservaron en territorio estadounidense el control financiero, tecnológico y comercial.
Pero también ese contexto fue propicio para que comenzara a consolidarse una conciencia global acerca de los daños irreversibles provocados por un desarrollo capitalista descontrolado. El concepto de antropoceno propuesto por un grupo de científicos sintetizó esa percepción: la idea de que la actividad humana había alterado profundamente los equilibrios naturales del planeta. Se entiende por Antropoceno a la época geológica actual (posterior al Pleistoceno y Holoceno), que describe el periodo en el que la actividad humana ha alterado de forma profunda y permanente los ecosistemas, el clima y la geología de la Tierra, dejando una marca indeleble en el planeta. El cambio climático, la rápida acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) o los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales son un reflejo de las actividades humanas en el medio ambiente y sobre la superficie terrestre.
Muchos de esos procesos pueden rastrearse a partir del auge de la industria automotriz estadounidense y la expansión del uso del petróleo como fuente energética dominante. El desarrollo del automóvil implicó no solo una revolución tecnológica sino también la expulsión progresiva de sistemas de movilidad anteriores y la reorganización completa de las ciudades y los territorios alrededor del consumo energético fósil. La organización multilateral de postguerra se convirtió entonces en el principal marco institucional para enfrentar los efectos del antropoceno. Primero de manera fragmentaria y luego mediante enfoques más sistémicos comenzaron a surgir acuerdos internacionales orientados a medir, monitorear y corregir los daños ambientales. En ese proceso crecieron también el protagonismo de las ciudades, los gobiernos locales y los movimientos urbanos, que encontraron en los organismos multilaterales un espacio de cooperación y articulación política.
La fase armada del antropoceno
Era previsible que los sectores ligados a las formas tradicionales del capitalismo reaccionaran frente al avance —lento, pero sostenido— de las políticas ambientales y de resiliencia impulsadas durante el tramo de la postguerra del Siglo XX. Muchos analistas interpretan el escenario actual como un retorno a políticas hegemónicas clásicas, encabezadas por potencias que buscan reconstruir áreas de influencia mediante relaciones directas de poder.
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, la política internacional comenzó a experimentar un giro abrupto. Sus decisiones y discursos configuraron un verdadero cambio copernicano en la geopolítica global. Entre avances, retrocesos y fuertes tensiones diplomáticas, esa orientación terminó de consolidarse con la publicación de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional centrada en el poder duro, el proteccionismo económico y la reafirmación unilateral de los intereses estadounidenses, unificando las dimensiones productiva y defensa en la política.
Trump endureció su política migratoria y relanzó una ofensiva contra el narcotráfico en América Latina (AL), actualizando aspectos de la vieja doctrina Monroe, que asigna el rol de patio trasero de Estados Unidos a los países de América Latina. Al mismo tiempo, reconoció como interlocutores inevitables a otras potencias capaces de disputar espacios de influencia global, como Rusia en Europa, China en Asia-Pacífico y determinados actores en Medio Oriente (Israel por compromisos ancestrales e Irán por su demostrada capacidad bélica).
De hecho, el esquema de áreas de influencia siguió subyacente hasta el fin de la guerra fría en 1991, a pesar de la creación de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1945 y el comienzo de una fase de globalización sostenida sobre dichas instituciones multilaterales, que no han sido una premisa suficiente para disciplinar el comportamiento de los países más poderosos que las utilizaron a voluntad.
En el plano económico, buscó reducir gastos militares externos mientras impulsaba una agresiva guerra arancelaria destinada a equilibrar la balanza comercial estadounidense y recuperar capacidad productiva interna. Pero el cambio más profundo se produjo en materia institucional. Estados Unidos comenzó a debilitar deliberadamente el entramado multilateral que había impulsado tras la Segunda Guerra Mundial. La consecuencia fue la progresiva devaluación política de Naciones Unidas y de organismos como la OMC, la FAO, el PNUD o la OMS.
La fragilidad de las ciudades en el nuevo orden (caos) global
La crisis del multilateralismo debilitó también el espacio político en el que las ciudades habían ganado protagonismo como actores de la gobernanza global frente a la emergencia climática. Durante años, los gobiernos locales se habían convertido en laboratorios de políticas públicas y en plataformas capaces de impulsar respuestas concretas frente al cambio climático y otros desafíos planetarios; la pieza fundamental fue el Acuerdo de París, firmado en 2015 durante la 21º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21).
La nueva etapa política amenaza con desarticular esos avances. Junto con el repliegue institucional emergió un discurso negacionista que cuestiona el cambio climático y desacredita los consensos científicos construidos durante décadas. Las posiciones de Donald Trump resultan paradigmáticas en este sentido: rechazo al globalismo, hostilidad hacia la inmigración y debilitamiento deliberado de los mecanismos internacionales de cooperación.
Una de las primeras medidas de su nuevo mandato fue retirar nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París (COP21), firmado por casi 200 países comprometidos a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales. La decisión retomó la línea ya adoptada durante su primera presidencia y posteriormente revertida por Joseph Biden.
Trump profundizó además su crítica al “globalismo”, revitalizando el movimiento MAGA (“Make America Great Again”). Desde esa perspectiva, las ciudades aparecían como espacios asociados a los valores cosmopolitas que el trumpismo buscaba combatir. Se consolidó así una tensión creciente entre gobiernos nacionales orientados al repliegue soberanista y administraciones locales que seguían impulsando respuestas locales para problemas globales.
Los gobiernos locales, que durante la segunda mitad del Siglo XX habían promovido estrategias de resiliencia y cooperación territorial, perdieron centralidad en el nuevo escenario. Aun así, muchas ciudades continúan intentando resistir el avance de las agendas negacionistas y sostener políticas ambientales y de integración regional y urbana.
En este punto es donde con más nitidez aparece la gravedad de la pérdida de la continuidad de los proyectos regionales y locales, escala preferencial para el abordaje de las problemáticas ambientales. Los desajustes sociedad-naturaleza que origina el “antropoceno recargado” en las primeras décadas del Siglo XXI no se amoldan a los límites de las jurisdicciones históricas y requieren abordajes desde los espacios ecosistémicos regionales y urbano-metropolitanos.
Un mundo sin cobijo
Mientras buena parte de la atención internacional está puesta en la llamada “extracción” del presidente venezolano Nicolás Maduro -una operación militar inédita- presentada como “policial”, o el episódico y nunca acabado conflicto en Medio Oriente, seguramente debería prestarse mayor atención a la debacle del orden jurídico internacional y un replanteo de los procedimientos de disuasión nuclear, por la incorporación de nuevos países al concierto de los poseedores de arsenal atómico, que amenazan el futuro mismo del planeta.
Más allá de los conflictos localizados puntuales, el problema central reside en la alteración profunda del sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre países comienzan a organizarse nuevamente a partir de vínculos bilaterales de fuerza, debilitando la arquitectura jurídica internacional destinada a preservar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.
La verdadera dimensión de esta crisis aparece cuando se observa el impacto que tiene sobre las iniciativas destinadas a preservar la vida humana en el planeta. Bajo el amparo de aquella arquitectura multilateral crecieron acuerdos ambientales, programas científicos y políticas públicas orientadas a enfrentar las consecuencias de la acción antropogénica desarrollada durante el siglo XX.
En el país se observa que el ajuste fiscal afectó el desvío de los recursos del BID, destinados tanto a los programas de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) como a los Parques Metropolitanos de Villa Domínico en Avellaneda, Parque de la Ribera en Quilmes, Complejo Eva Perón en Santa Fe, Cuenca del Río Grande en Jujuy y de Red de Ciclovías de Mendoza. La etapa en curso ha desatado una batalla cultural que intenta justificar el debilitamiento de los acuerdos climáticos de París y busca justificar el boicot a la Agenda 2030, con el avance de discursos pseudocientíficos negacionistas que amenazan con desandar décadas de construcción política y científica orientadas a evitar un deterioro irreversible de las condiciones de vida humana sobre la Tierra.
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El autor es Coordinador General del OUL BAM, Observatorio Urbano Local Buenos Aires Metropolitana, CIHaM FADU-UBA. Es autor de Metrópolis Argentinas.
