El texto de este artículo reproduce las conclusiones de Diagnóstico y perspectivas del reciclaje en Argentina: factores económicos, sociales y políticos, Baca Castex y Martingorena, trabajo final de la carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de San Isidro.
En Argentina se generan más de 50.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Solo una mínima parte, alrededor del 6%, logra reinsertarse en sistemas de reciclado. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué ese potencial no se transforma en resultados? ¿Quiénes sostienen hoy el sistema de reciclaje? ¿Y qué papel tienen el Estado, el sector privado y la sociedad en esta cadena?
Estas preguntas guiaron nuestra investigación, que culminó en el trabajo Diagnóstico y perspectivas del reciclaje en Argentina: factores económicos, sociales y políticos. El objetivo fue desentrañar las dinámicas que moldean el reciclaje de residuos post-consumo asimilables a domiciliarios en el país. Lo hicimos desde un enfoque cualitativo, combinando revisión bibliográfica y entrevistas con actores de toda la cadena: recuperadores urbanos, plantas de clasificación, acopiadores, industrias recicladoras, funcionarios públicos, técnicos y referentes del sector.
El sistema de reciclaje en Argentina se sostiene sobre una estructura fragmentada, apoyada principalmente en el trabajo de los recuperadores urbanos y los gobiernos locales, quienes asumen las tareas de recolección, clasificación y entrega de materiales al circuito de valorización. A esta situación se suman factores como la caída del valor de los materiales reciclables, en contraste con el aumento sostenido de los costos operativos, de transporte y energéticos. Este escenario evidencia la urgente necesidad de transformaciones estructurales, entre ellas, la sanción de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que permita redistribuir responsabilidades y asegurar financiamiento al sistema. Sin reformas de fondo, la rentabilidad del reciclaje seguirá deteriorándose, comprometiendo seriamente su sostenibilidad a largo plazo.
Estos dos materiales (cartón y plásticos) constituyen las principales fuentes de ingreso para las plantas de clasificación y los recuperadores urbanos, por lo que esta situación pone en riesgo la viabilidad económica del sector.
En cuanto a la caída de los precios de los materiales reciclables, la desaceleración de la actividad económica provocó un sobre-stock tanto de materias primas como de productos terminados en las industrias recicladoras. A esto se sumó la reciente flexibilización para la importación de residuos reciclables, lo que ha generado una drástica disminución en los precios del cartón, de un máximo de USD $300 por tonelada en diciembre de 2023, bajó a USD $152 por tonelada hacia fines de 2024; con una inflación acumulada en el mismo periodo de 170%, esta tendencia de precios continuó a la baja durante 2025. En el caso de los plásticos, además del impacto de la desaceleración económica, durante 2024 se registró una caída en el precio del petróleo, al cual están vinculados los precios tanto de los plásticos vírgenes como reciclados, lo que también afectó su valor de venta. Estos dos materiales (cartón y plásticos) constituyen las principales fuentes de ingreso para las plantas de clasificación y los recuperadores urbanos, por lo que esta situación pone en riesgo la viabilidad económica del sector. Por otro lado, materiales como el vidrio enfrentan una fuerte concentración de la demanda en unas pocas industrias, que suelen imponer precios por debajo de los costos operativos necesarios para su clasificación y acondicionamiento. El resultado es evidente: en gran parte del interior del país, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos donde operan la mayoría de las industrias recicladoras, el reciclaje de vidrio se vuelve económicamente inviable.
(…) la responsabilidad de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) recae en los municipios. Sin embargo, esta tarea exige recursos financieros, humanos y logísticos que muchos gobiernos locales no tienen o disponen en forma muy limitada.
En un país tan extenso como Argentina, el reciclaje enfrenta importantes desafíos logísticos. El alto costo del transporte es uno de los principales obstáculos, especialmente considerando que la mayoría de las industrias recicladoras se concentran en el centro del país. Esta situación compromete seriamente la viabilidad del reciclaje en regiones alejadas. Esta problemática, en sinergia con el contexto propio de cada material, plantea distintas situaciones complejas en cuanto a la rentabilidad de la actividad. Por ejemplo, al día de hoy, un flete desde Formosa a Buenos Aires para transportar cartón cuesta en promedio ARS $2.000.000 + IVA, mientras que la venta de 25 toneladas del material (equivalente a la capacidad máxima promedio de un camión completo) genera ARS $3.031.000 + IVA. Es decir, el costo del transporte representa más del 65% del valor de venta del material, volviendo poco rentable la operación. Situaciones similares se observan con otros materiales, en los que la incidencia del costo logístico sobre los ingresos obtenidos por la venta continúa en alza. Esta tendencia pone en jaque la sustentabilidad económica del sistema de reciclaje en el interior del país.
Según la Ley 25.916/04, la responsabilidad de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) recae en los municipios. Sin embargo, esta tarea exige recursos financieros, humanos y logísticos que muchos gobiernos locales no tienen o disponen en forma muy limitada. Como consecuencia, las iniciativas de recuperación y reciclaje suelen verse restringidas por la falta de presupuesto y capacidad operativa. En este contexto, dejar a los municipios como únicos responsables de la recolección de reciclables no solo es injusto, sino también ineficaz. Un abordaje más integral y con articulación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado resulta indispensable para construir un sistema verdaderamente sostenible. A esto se suma el hecho de que el bajo costo de la disposición final en rellenos sanitarios y la gratuidad en el caso de los basurales a cielo abierto, desincentivan la inversión municipal en programas de tratamiento y reciclaje. En muchos casos, resulta más económico para los municipios simplemente disponer los residuos que implementar sistemas de recolección y clasificación de materiales reciclables.
(…) se desprende la necesidad de reconocer el servicio de clasificación y tratamiento de reciclables como un servicio público y remunerado, ya que su financiamiento no puede depender exclusivamente del valor de mercado de los materiales recuperados.
A través de este trabajo, identificamos que muchas plantas de clasificación no logran cumplir con los estándares exigidos por la industria recicladora para la entrega de materiales reciclables. Entre los principales requisitos se encuentran el peso mínimo del fardo, el volumen consolidado de entrega, la posibilidad de emitir facturación y la inscripción en los regímenes impositivos correspondientes. Estas limitaciones refuerzan el rol de los acopiadores como un eslabón indispensable dentro de la cadena de reciclaje. Son ellos quienes, al acumular pequeños volúmenes provenientes de distintas plantas, logran alcanzar las condiciones necesarias para operar con la industria recicladora, asegurando así la continuidad del circuito de valorización.
En este contexto, las plantas de clasificación de residuos enfrentan serias amenazas a su sostenibilidad y continuidad operativa. Los análisis que realizamos de las plantas de clasificación en diferentes regiones del país muestran que, sin apoyo financiero externo, ya sea municipal, provincial o nacional, la operación de estas instalaciones, esenciales para el reciclaje, no es sostenible. Los ingresos generados por la venta de materiales reciclables no alcanzan a cubrir los costos operativos, que incluyen mantenimiento, alquileres, personal, transporte, insumos y servicios. De esto se desprende la necesidad de reconocer el servicio de clasificación y tratamiento de reciclables como un servicio público y remunerado, ya que su financiamiento no puede depender exclusivamente del valor de mercado de los materiales recuperados.
(…) se hace notar la falta de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), dada que esta podría ser una herramienta estratégica para paliar las dificultades mencionadas, traccionando e incentivando la demanda de material reciclado.
No solo las plantas de clasificación se ven afectadas por el aumento de los costos de transporte y energía; las industrias recicladoras también sufren este impacto. A estos incrementos se suma una caída en las ventas de productos terminados, lo que reduce los ingresos del sector y agrava su sostenibilidad económica. Esta combinación de factores pone en riesgo a este eslabón clave dentro de la cadena del reciclaje. Ante este escenario, las industrias recicladoras, principales demandantes de material reciclable clasificado por los eslabones anteriores, han reducido la cantidad de material que adquieren. Muchas operan por debajo de su capacidad máxima debido al sobre-stock de productos terminados, lo que, a su vez genera un estancamiento en los precios del material reciclable. Esta situación se ve agravada por la pérdida de competitividad frente al material virgen. Otro factor que amenaza la supervivencia de estas industrias, especialmente las recicladoras de plásticos, es el contrabando de residuos, principalmente PET, hacia países vecinos como Brasil y Paraguay. Esta salida informal de materiales reduce la disponibilidad de insumos para la industria local, distorsiona el mercado y debilita aún más la sostenibilidad del sector.
Con respecto al marco normativo, ante estas situaciones propias de la economía argentina, se hace notar la falta de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), dada que esta podría ser una herramienta estratégica para paliar las dificultades mencionadas, traccionando e incentivando la demanda de material reciclado. También, al redistribuir los costos de la gestión de residuos entre productores, municipios y recicladores, no solo aliviaría las arcas públicas sino que permitiría mejorar la trazabilidad de los materiales, fomentaría el ecodiseño y generaría nuevos flujos de financiamiento para la recolección y el tratamiento. El aumento de la demanda de material reciclado sería aprovechado por la industria recicladora que, en la actualidad, opera con un 40% de capacidad ociosa, según Ecoplas, por falta de sistemas de recolección y de materiales bien clasificados y separados en origen. Esto demuestra que no es la infraestructura lo que falta, sino políticas públicas, coordinación interjurisdiccional y un marco regulatorio que haga viable el circuito.
Mientras tanto, la caída en la rentabilidad del sector amenaza con desarticular una red que involucra más de mil actores en todo el país –entre plantas de clasificación, acopiadores e industrias recicladoras– y que podría crecer con el impulso adecuado. Reconocer el reciclaje como un servicio esencial, planificar con visión federal y promover incentivos reales a la economía circular no es solo una necesidad ambiental, es también una oportunidad productiva y social que no debería seguir siendo postergada. Nuestra investigación completa ofrece un diagnóstico detallado porque para cambiar el sistema, primero hay que entenderlo.
MRM y NBC
La autora y el autor son Licenciados en Gestión Ambiental (Universidad Nacional de San Isidro) e integrantes de La ciudad posible.
