Estuvimos en marzo en Barcelona, donde participamos del encuentro Ciudades, estados y globalización, organizado por UOC y CIDOB. Fueron dos jornadas intensas coordinadas por Jordi Borja, Mireia Belil y Mirela Fiori, en los que se analizaron situaciones urbanas de América y Europa desde distintas miradas sectoriales pero también integradoras: la exclusión social, el género, los conflictos regionales, la financiarización de las ciudades, etc.
En el cierre, Boaventura de Sousa Santos sintetizó mucho de lo hablado en el encuentro con el concepto de “línea abisal”, una línea invisible pero no precisamente imaginaria que divide a quienes están seguros y quienes no lo están en la ciudad (los migrantes, las mujeres, la juventud). Las ponencias y conclusiones del encuentro coincidieron explícita o tácitamente en la cuestión del derecho a la ciudad como base de cualquier acción política y urbanística en la actual situación.
En el texto fundante del concepto, Henry Lefebvre sostiene en 1967 que “El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad”. Medio siglo más tarde, sostiene Mariela Iglesias, “El ejercicio del derecho a la ciudad como proyecto político, lejos de ser una abstracción, es un reclamo de la vida urbana con el fin de satisfacer toda la variedad de valores de uso, recuperando la vida cotidiana y poniendo la sostenibilidad de la vida como centro de toda política. Una apuesta por democratizar la vida urbana, cuyo devenir en la concreción de derechos dependerá de dinámicas sociales, políticas y culturales”.
MC (el que atiende)
