Un poco más allá, Hanna Arendt escribió dos ensayos hoy reunidos en un solo libro, “Verdad y mentira en la política” (Página indómita, Barcelona, 2018). Con un título directo, sin eufemismos, ensaya un acercamiento reflexivo al peso de la verdad y su antónimo, la mentira, en el discurso del poder avanzado el siglo XX. En parte consecuencia de la amplificación de la cultura de masas, guerra fría mediante y con el Holocausto como hito del resquebrajamiento de la razón, en sus textos se deja entrever el lento desplazamiento entre la realidad y los grandes discursos organizados. Ese movimiento parece producir disonancias, fragmentos de discursos desarticulados de las realidades que le dan origen a medida que se abandona la confianza en la política y, por qué no, en el estado como forma social organizada. En esa compulsa, Arendt construye su tesis principal a favor de la realidad fáctica: “Es obvio que los hechos no están seguros en manos del poder, pero lo que nos interesa señalar aquí es que el poder, por su propia naturaleza, jamás puede producir un sucedáneo de la segura estabilidad de la realidad objetiva… Los hechos se reafirman por su tozudez… en su obstinación los hechos son superiores al poder, son menos transitorios que la formación del poder”. Quienes y cómo terminarán de ganar la pulseada, todavía está por verse en la década de las fake news, los candidatos virtuales y la fuerte incidencia de los impactos globales en cualquier construcción de realidad.

Bajo estas lógicas, las elecciones municipales, en general, siguen siendo una muestra de la manera que se articulan –o no– discurso político, poder y realidad. Tal vez la escala municipal sea una de las esferas de la política de gestión más interesantes, en la medida en que el territorio, sus habitantes y quienes lo gestionan coinciden, por ahora, en un espacio delimitado física y formalmente. No es casual que las ciudades se han posicionado en el contexto mundial como organismos muchas veces transnacionales que pueden generar redes, realizar intercambios y acumular y mover capitales y flujos independientemente de los países que las alojan. A la medida de la velocidad y volatilidad de los cambios socio-productivos, el territorio acotado, demarcado y gestionado por ciudadanos y ciudadanas que lo habitan cobra cada vez más relevancia.

Es en esta escala, y no en otra, que los problemas toman dimensión y peso relativo ya que gravitan sobre la vida de las personas y, por lo tanto, la realidad fáctica se hace presente. La construcción de sentido colectivo reconfigura la realidad material y viceversa. Cuando Barcelona, Madrid o Nueva York toman medidas prácticas y articuladas a fin de generar instrumentos para contrarrestar la excesiva concentración de capitales globales o la precarización del empleo montado sobre la volatilidad de las redes, dejan en evidencia por un lado la magnitud de los procesos globales y sus efectos y al mismo tiempo la posibilidad de incidir en las escalas locales con políticas territorializadas. Discurso, acción y realidad parece encontrarse amalgamadas en tiempo real y sobre un sentido común. En un reciente encuentro en Barcelona sobre ciudad, estados y globalización, distintos funcionarios y gestores del ayuntamiento local así como expertos urbanos tendían a coincidir en la potencialidad inherente a la municipalización del territorio para su gestión, a la par que señalaban la debilidad creciente para resolver la complejidad de los problemas económicos y sociales emergentes en las ciudades. En ese mismo encuentro, los latinoamericanos presentes daban cuenta de la fragilidad institucional y política, a la par que disminuye la capacidad de gestión e incidencia no solo para poner freno a los procesos globales de impacto sino para revertir o mitigar los procesos endógenos de pobreza y exclusión socio-territorial.

A modo de ejercicio; si revisamos los discursos de las campañas electorales a la intendencia de Córdoba, ¿qué ciudad proyectan y reconstruyen? ¿Cómo se vinculan estos discursos con la realidad efectiva y con la política como articulador simbólico?

Tomemos por ejemplo algunos de los discursos para los que aspiran a gestionar la Ciudad de Córdoba, ciudad intermedia de alrededor de 1 millón y medio de habitantes, con un aporte de un 4% al PBI nacional en Argentina (que trepa a más del 40% en el contexto provincial). Sin posibilidades de reelección, se abre un escenario de una decena de opciones que compiten para la intendencia. Una primera observación es que menos de la mitad de los candidatos/as acceden a los espacios de opinión masivos –periódicos, televisión, radio y redes–, algunos por haber estado en la gestión, otros por pertenecer a las fuerzas políticas dominantes, otro por una militancia constante en el tiempo. El resto queda acallado para el gran público, que no logra referenciar candidaturas con posibilidades de gestión efectiva.

Si se revisan los discursos de los candidatos de las fuerzas políticas que actualmente gobiernan algún estamento del estado coincidentes con las fuerzas políticas dominantes –el peronismo o los partidos que componen Cambiemos– es interesante observar que en general las propuestas devienen de una lectura de “demandas” vecinales; bajo esta óptica, los vecinos/as se entienden como un colectivo homogéneo con problemas comunes, problemas que en todos los casos son sectoriales. Propuestas sobre iluminación, basura y desagües, entre otras, conforman las agendas de campaña, quedando afuera aquellos temas que presuponen procesos más complejos como, por ejemplo, la salud o la educación. Solo la inseguridad, aún sin una definición muy clara, parece interesar en las gestiones como tema recurrente. Gestionar parece ser, para los candidatos cercanos a ser intendentes, erigirse en el artífice de las soluciones directas a problemáticas específicas que se encuentran “por fuera” de la esfera política. Males que vienen dados, como catástrofes externas al entramado socio político y a la propia ciudad. Como señala un candidato: “No se trata de empezar de cero sino de avanzar en solucionar problemas que nos corren”.

Otra característica común es que las demandas señaladas en forma de promesa no constituyen en ningún caso un discurso organizado sobre la ciudad. Tampoco existen diagnósticos articulados. Es más bien un listado de temas tal vez devenidos de alguna consultora que realiza encuestas a la población. No existe una mirada integral que reconstruya la dimensión política. En ese sentido, el territorio es subsidiario a este discurso fragmentado y es solo escenario donde se asientan las “promesas” de campaña. La ciudad y su territorio pocas veces es nombrada como un constructo colectivo con historia. Tal es así que solo un candidato recupera la dimensión de los barrios como lugar donde se produce la articulación entre sociedad y espacio urbano. Otros se centran en la idea más abstracta de “orden”, donde se identifica un enemigo –en este caso el narcotráfico– sobre el que se deposita la culpabilidad de la degradación de los barrios y la falta de perspectivas para la juventud. Así, bajo la figura masculina dominante y paternal, el candidato afirma que en el caso de ser electo va a trabajar para “sacarlos del infierno de la droga y volverlos a ruta y el sendero del progreso”.

Fuera de los discursos dominantes, nuevas voces aparecen para visibilizar a algunos colectivos y sus demandas, mujeres, jóvenes, trabajo precarizado, etc. Estas demandas, si bien no terminan de producir una nueva agenda en la política tradicional van transversalizando los discursos. Sin embargo, en ningún caso estas nuevas voces parecen territorializar esas políticas y quedan al margen de los discursos oficiales.

En este sentido, es cierto que la lógica electoral fordista todavía tiende a configurar los discursos y muchas de esas promesas se centran en acciones concretas sobre la realidad, en obras. Infraestructuras y arquitecturas que devienen en símbolo de buena gestión, como el listado de obras inauguradas que se muestran en el spot publicitario de la campaña a reelección del gobernador actual. La mejor garantía de gestión es la realidad fáctica que se muestra en obras, sea estas relevantes o no para el conjunto. Lo que no se ve no existe. Lo que se hace es bueno en sí mismo por el hecho de la acción.

Sin embargo algo empieza a cambiar y cada vez más parece que el “discurso” devenido en “discurso electoral” se separa de la realidad efectiva para adoptar la forma de la convención. Un pacto no escrito con la población en que lo que se dice –y se promete– queda relegado a ese momento eleccionario. Mentira y verdad se funden en la convención del discurso. La frase “Todos los políticos mienten” parece devenir hoy más en una afirmación resignada que en una protesta.

CIP

Carola Inés Posic es comunicadora especializada en temas urbanos. Es corresponsal en Córdoba de café de las ciudades, a cargo de la sección POSICiones Cordobesas.

Ver las candidaturas registradas para las elecciones municipales del próximo 12 de mayo en Córdoba y los resultados de elecciones anteriores.

La entrada Elecciones municipales se publicó primero en Cafe de las Ciudades.

Si bien es indispensable legislar la integración social, mencionada en la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2014 y en la Nueva Agenda Urbana de 2016, para formular mecanismos de justicia espacial y para responder al derecho de toda persona a un lugar donde vivir en paz y dignidad – o sea, para el cumplimiento del derecho humano a una vivienda adecuada – afirmamos que, detrás de un conjunto de premisas correctas en el fundamento de la ley, se esconde una nueva incongruencia política.

Este proyecto de ley busca levantar las ya limitadas regulaciones urbanas contenidas en los Planes Reguladores; propone incentivos a quienes oferten un porcentaje no definido de viviendas de integración social –en un concepto mal precisado –; sostiene al subsidio como único instrumento para facilitar el acceso a la vivienda; no tiene en cuenta que tan sólo los hogares entre el 7° y el 9° decil del ingreso tienen acceso a los valores de viviendas propuestas por este proyecto de ley; viene a ser entonces el equivalente a un nuevo cheque en blanco y al portador a favor de los intereses especulativos del lucro inmobiliario y en contra del bien común.

El derecho de propiedad, y muy especialmente respecto al suelo urbano, permanece intocado. La iniciativa de ley desconoce la función social del suelo, este bien común indispensable para la sostenibilidad del planeta; más bien apunta a la lógica del negocio de unos pocos, en el marco vigente de desregulación y privatización de nuestros bienes públicos. Nos oponemos a la concesión de terrenos fiscales a la especulación inmobiliaria, sin que se precisen las normas de uso del suelo en función de las necesidades de las colectividades y no sólo del negocio inmobiliario.

El proyecto de ley sugiere un cambio de nombre del ministerio para llegar a ser de ciudad y vivienda. Empaqueta, sin embargo, bajo una misma iniciativa legal, diversos temas relativos a la producción de vivienda  para arriendo y de integración social, sin abordar los problemas de la ciudad ni la complejidad del acceso al hábitat. Una vez más se busca operar con incentivos al sector privado para que éste, desde sus jugosas ganancias, se encargue, supuestamente, del desarrollo de la ciudad de todas y de todos, cuyos ingresos promedios son de aproximadamente 950 mil pesos al mes, observando que 7 deciles de la población están por debajo de este monto.

La propuesta de ley sigue inscribiéndose en la práctica, sostenida desde hace 40 años ya, de solucionar la demanda habitacional sin procesos de planificación urbana, basados ellos en el desarrollo de bienes públicos y en el incremento de la calidad de vida de las mayorías. Todo apunta a que Chile seguirá pensando y realizando la vivienda y los barrios, como lo hizo en los Bajos de Mena de Puente Alto o en los guetos verticales de Estación Central, en una bacanal para las empresas del sector inmobiliario, que construyen indiscriminadamente edificios, transformando la ciudad en una selva de hormigón, con edificios que no respetan las normas, donde unos con otros se tapan el sol, sin privacidad para sus habitantes, con departamentos minúsculos, con congestión en los ascensores y en los servicios públicos, con distancias mínimas entre edificios, sin espacio público ni áreas verdes, con veredas angostas y calles atiborradas de automóviles; en una imagen que poco tiene que ver con el concepto de integración social y urbana.

Las propuestas de subsidiar el arriendo viene a ser más de lo mismo, como fue la historia efímera del subsidio de localización: favorecer las tendencias universales al alza, en este caso, la del canon del alquiler. Con este subsidio de 200 mil pesos, que seguirá subiendo también, el Estado está definiendo el arriendo mínimo en el mercado por 350 mil pesos, valor poco asequible para los sectores sociales vulnerables, correspondientes a los deciles 1 a 6. Además, subsidiar el arriendo no responde a la complejidad de estos problemas, formales e informales, como se dan en la multiplicación de arriendos con o sin contrato, en micro y macro campamentos, en cités, o piezas de estudiantes, en casas comunitarias, dirigidas a migrantes y gestionadas por mafias, en estacionamientos, caballerizas, galpones, fábricas o escuelas –los conventillos del siglo XXI de arriendo. Ya lo denunciamos el año pasado en torno a que los arriendos abusivos son delitos, y seguimos abogando por políticas de viviendas públicas en arriendo para ir controlando el fenómeno de estas alzas, en vez de seguir fomentándolas con más subsidios.

Ésa es la verdadera moneda de cambio que se oculta tras la iniciativa de ley de integración social y urbana.

El Estado debe proteger y respetar los derechos humanos; debe promover esquemas de producción y gestión social del hábitat en políticas públicas sostenibles y diversificadas, que abarquen distintas formas de acceso y gestión, sea en propiedad, arriendo y comodato, de forma colectiva e individual, respondiendo a las capacidades de autogestión y de organización desde los territorios, y contribuyendo a ciudades más justas. Llamamos a los parlamentarios a rechazar la idea de legislar un proyecto que no considera la planificación urbana como un deber ineludible del Estado y que no considera a la persona, la familia y la comunidad como los actores protagónicos de la integración social y urbana.

CHyV – CACh

Santiago, primero de abril de 2019

Sobre políticas urbanas en Chile, ver también en café de las ciudades:

Número 157-158 I Política y Planes de las ciudades
La recuperación demográfica de la comuna de Santiago I Volver al centro: razones e interrogantes de una política pública exitosa. I Entrevista de Marcelo0 Corti a Pablo Trivelli

Número 151-152 I Economía y Política de las ciudades
La planificación urbana importa I El caso Caval, las catástrofes y las políticas de suelo y ciudad en Chile I Por Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez

Número 77 | Planes de las ciudades 
Sobre la propuesta de modificación de Plan Regulador Metropolitano de Santiago | La necesidad de una justificación más sólida ante la ciudadanía | Pablo Trivelli O.

Número 59 | Economía de las ciudades 
25 años de mercado de suelo en Santiago | Desarrollo urbano, valorización inmobiliaria y equidad territorial en la capital chilena | Pablo Trivelli

Número 52 I Lugares
Santiago a la vanguardia I Los claroscuros de una ciudad en desarrollo I Marcelo Corti

Número 19 I Economía 
El problema de los "con techo"…  I Alfredo Rodríguez describe las paradojas del subsidio habitacional en Chile. I Alfredo Rodríguez

Número 3 I Proyectos 
Portal Bicentenario: Santiago y la Reforma Urbana I Recuperación de un antiguo aeropuerto y políticas de integración territorial en la capital chilena. La reforma urbana chilena según su Secretario Ejecutivo, Mario Tala I Marcelo Corti

La entrada Declaración contra la iniciativa de ley sobre integración social y urbana se publicó primero en Cafe de las Ciudades.

El libro combina testimonios de vida de gente desplazada de barrios donde pasó toda su vida con una impecable descripción del dispositivo con el que se instrumentó la expulsión y el formidable aumento del valor del suelo que sustenta ese proceso. ¿Cómo, por ejemplo, se logra demoler un barrio entero de vivienda social como Heygate, en Southwark Council, para dar lugar a un complejo de lujo como Elephant Park, a cuyos apartamentos ninguno de los anteriores residentes puede siquiera soñar en acceder? Para Minton, este proceso ni siquiera puede llamarse “gentrificación”; se trata de un fenómeno completamente distinto, una nueva política del espacio en el que el capital global reconfigura por entero el territorio a partir de tasas de retorno sobre el valor de la propiedad que superan por lejos las que puede soportar la actividad productiva.

En el principio, fue la retórica antimodernista de matriz Charles Jenks vs Pruitt-Igoe la que alimentó la mala fama de los conjuntos de vivienda social (council housing, producida por los municipios) de postguerra, en los que al iniciarse los ochenta residía un tercio de la población londinense. Esta interpretación de la crítica arquitectónica y urbanística se combinó con el discurso thatcheriano del esfuerzo individual y el emprendimiento para salir del Estado de Bienestar. El programa Right to Buy, diseñado para “transformar proletarios en propietarios”, permitió el desguace de la estructura habitacional mediante el acceso a la propiedad de los inquilinos residentes. Esta operación llevaba implícita una trampa: se vendían las unidades de vivienda pero no el suelo sobre las que estas se localizan, que continuó siendo municipal. Lo que se disparó en este siglo es la compra forzosa de las viviendas para demolerlas y dejar lugar a intervenciones de extremo lujo, dedicadas a una elite global (la “alpha elite”) y altamente ligadas a operaciones de lavado de dinero –según Transparency International, el Reino Unido es un destino “premium” para blanquear riquezas ilícitas y acceder a un estilo de vida lujoso a la crema de la corrupción internacional. Los “propietarios” recibieron un pago que no considera el valor del suelo y cuyo monto, aun combinado con los ahorros de toda la vida, no alcanza para comprar una propiedad equivalente ya no en el nuevo desarrollo de lujo sino en el mismo distrito. Las familias se ven así obligadas a mudarse a barrios periféricos, perdiendo capital social, redes de relaciones, acceso al trabajo y servicios urbanos que habían logrado en su barrio original. En los distritos que las reciben se reproduce el mismo mecanismo y el filtro económico va desplazando familias y hogares fuera de Londres a otras ciudades en que recomienza el proceso, en un desolador efecto dominó.  Los municipios que recuperan así el suelo de la anterior vivienda social ni siquiera se capitalizan como para aprovechar el proceso para una regeneración urbana que permita mantener sus residentes; la venta a las corporaciones desarrolladoras apenas cubre el costo de la sumatoria de compras forzosas.

De Heygate Estate a Elephant Park…

La eliminación del impuesto al mayor valor de la tierra, también una herencia de la era Thatcher, quita al sector público la posibilidad de actuar sobre la gestión del suelo. Minton recuerda que ese impuesto (promovido históricamente por personajes tan lejanos a un pensamiento de izquierda como Adam Smith, Loyd George y Winston Churchill) y el Cinturón Verde fueron clave en la política de planeamiento urbano posterior a la Segunda Guerra Mundial, que además mediante la Housing Act de 1949 promovía barrios integrados y con mixtura social. El dispositivo de expulsión y limpieza social que actualmente lo remplaza genera situaciones personales y familiares casi cercanas a las que retrató Charles Dickens en el siglo XIX. Integran este sistema el mal llamado subsidio a la demanda a través del otorgamiento de bonos de vivienda a los supuestos beneficiarios, la desregulación de precios y plazos de alquileres, el desacople entre los precios de la propiedad y los subsidios que los municipios pueden otorgar, las facilidades que la Housing and Planning Act de 2016 otorga a la demolición y “regeneración” de áreas construidas y las trampas legales que permiten a los desarrolladores eximirse de cumplir con los cupos de vivienda económicamente accesible que deberían incorporar en sus proyectos, a partir del falseamiento de sus evaluaciones financieras…

Tutorial de S106 Management, una consultora que ayuda a desarrolladores a eludir la provisión de vivienda a precio accesible.

Este proceso no puede desvincularse del desencanto que da origen al triunfo del Brexit en el plebiscito de 2016. Terry y Brenda, antiguos residentes de Heygate confinados a Sidcup, a una hora y media del centro de Londres en transporte público, votaron Leave aunque no tenían muy claro si era o no la mejor opción. “Pero entonces pensé que el gobierno municipal laborista de Southwark  nos echó de nuestra casa y no hizo nada por protegernos. Nos dejaron sin opciones…”, dice Terry, y votar por salir de la Unión Europea se convirtió así en una opción.

Minton considera necesario para superar este panorama la consideración del Derecho a la Ciudad, una nueva concepción democrática y participativa de los procesos de planificación urbana, el estímulo a las asociaciones cooperativas de vivienda y políticas de completamiento de tejidos en áreas consolidadas, además, claro está, de establecer el impuesto a la valorización especulativa del suelo. Presenta ejemplos europeos que podrían servir de referencia a una política urbana progresista para Londres y el Reino Uniudo, como deFlat en Amsterdam, Sluseholmen en Copenhague y, sobre todo, el extenso stock público de vivienda de Viena o Berlín, ciudades que basan su política urbana “en no parecerse a Londres”.

MC

Anna Minton (2017). Big Capital: Who Is London For? Penguin Books, UK. ISBN 978-0-141-98499-5

Sobre los problemas del “subsidio a la demanda” de vivienda social, ver también la nota El problema de los “con techo”, entrevista a Alfredo Rodríguez en nuestro número 19, y el capítulo sobre México a cargo de Alicia Ziccardi en Hábitat en deuda (Michael Cohen, María Carrizosa y Margarita Gutman, editores).

Sobre los procesos de expulsión de poblaciones y control global corporativo de la propiedad urbana, ver también No necesitamos a Starbucks para tomar un buen café ni a IKEA para comprar una silla, entrevista de Ana Falú y Marcelo Corti a Saskia Sassen en nuestro número 151/2.

Sobre el acoso a la vivienda social en Londres, ver también El incendio de la Grenfell Tower: ¿un Pruitt-Igoe postmoderno?, por Marcelo Corti en nuestro blog.

La entrada ¿Para quién es Londres? se publicó primero en Cafe de las Ciudades.

Gráfico NBI de la ciudad de Santa Fe. Fuente: Elaboración propia a partir de información del CNPHV (2010) y la MCSF-BCSF (2016).

Esta fragmentación socio-urbana se evidencia principalmente en la cobertura y acceso a los servicios básicos. En este sentido, y dado que en muchos sectores el crecimiento urbano se concretó sin la debida planificación urbanística y acompañamiento de políticas públicas, distintas zonas de la ciudad carecen de la infraestructura básica que permita acceder a ellos. Es importante tener en cuenta que entre 1991 y 2010 la ciudad de Santa Fe creció un 12 % en habitantes pero un 48 % en superficie (Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, 2015). En consecuencia se tendrían que haber ampliado las redes de infraestructura en ese mismo porcentaje para absorber un crecimiento real de la población cuatro veces inferior. Resulta evidente que durante ese periodo no se construyó toda la infraestructura necesaria, lo cual resulta un desafío casi imposible de alcanzar si no se ponen en juego variables que promuevan un modelo alternativo de urbanización.

Gráfico crecimiento de la ciudad de Santa Fe. Fuente: UTDT –CIPUV, Centro de Investigación de Políticas Urbanas y de Vivienda, Atlas de Crecimiento Urbano (2013).

Barrios populares y acceso a los servicios básicos

En la Argentina, a partir de la entrada en vigencia del decreto 358/2017, se considera barrios populares a aquellos “comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de ocho (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”. La Ley 27453 en su artículo 1° define como 'Barrio Popular' a aquel con las características definidas en el capítulo XI del decreto 2670 del 1° de diciembre de 2015, que es incorporado por el artículo 1° del Decreto N° 358/2017.

En este sentido, se estima que en los 52 barrios populares de la ciudad viven aproximadamente 12.720 familias. Si se considera la media de personas por familia en barrios populares (3,11 para el departamento La Capital de la Provincia de Santa Fe) el total de personas asciende a casi 40 mil. Asumiendo que la población en la ciudad alcanza los 420.236 habitantes (MCSF-BCSF, 2017), podemos estimar que 1 de cada 10 santafesinos vive en barrios populares, en coincidencia con la media nacional. A su vez, considerando que en la provincia de Santa Fe son municipios todos aquellos centros urbanos que tengan una población mayor a 10 mil habitantes, podemos tener una real dimensión de lo que significan 40 mil personas viviendo en barrios populares.

Gráfico barrios populares de la ciudad de Santa Fe. Fuente: Elaboración propia a partir de información del ReNaBap, 2016.

Gráfico de asentamientos informales de la ciudad de Santa Fe. Fuente: MCSF-BCSF, 2011.

Es importante destacar que en los últimos informes municipales oficiales las zonas que abarcan asentamientos informales reconocidos sólo incluyen 29 (MCSF-BCSF, 2011), muy lejos de los 52 existentes. Por otro lado, dada la gran disparidad de familias que habitan cada barrio no basta con considerar a los mismos en forma unitaria. De acuerdo con esto, si bien el distrito Noroeste tiene la mayor cantidad de barrios populares de la ciudad, alcanzando un total de 16, en los 11 barrios populares de La Costa habitan 749 familias más. Asimismo, el barrio más poblado es Alto Verde, con más de 3.000 familias y el menos habitado es el barrio ubicado en Av. Peñaloza y R. Martínez con 9 familias. Esta realidad vuelve imprescindible que el análisis de los barrios populares en nuestra ciudad sea realizado no sólo en a partir de su cantidad, sino también en relación al número de familias que los habitan y su distribución por distritos. La posibilidad de agruparlos permite considerarlos en conjunto con otros indicadores (NBI, viviendas precarias, etc.).

Gráfico barrios populares por distrito de la ciudad de Santa Fe. Fuente: Elaboración propia a partir de información del ReNaBap, 2016.

Gráfico familias en barrios populares por distrito de la ciudad de Santa Fe. Fuente: Elaboración propia a partir de información del ReNaBap, 2016.

Considerando el acceso a los servicios básicos en relación a la cantidad de familias la situación es similar en el conjunto de los barrios. En cuanto al acceso al agua es mayoritariamente por medio de una conexión irregular a la red pública (61,78%). Respecto de la energía eléctrica, las conexiones irregulares son predominantes (62,34%), seguidas por las conexiones con medidores domiciliarios (35,61%) o comunitarios (2,04%). Si se considera las familias agrupadas por distrito, en La Costa prevalecen las conexiones a la red pública con medidores, mientras que en resto las conexiones irregulares. En lo referido a la energía para cocinar predomina el gas en garrafa (96,97%) y minoritariamente la energía eléctrica (2,75%) o la leña (0,28%). A su vez, la mayoría de las familias calefaccionan sus viviendas mediante el uso de energía eléctrica (8,.84%). La eliminación de excretas se produce casi en su totalidad por medio de desagüe sólo a pozo negro o excavación a tierra (87,68%) o desagüe a cámara séptica (10,43%).

Integración socio-urbana de los barrios populares

Los barrios populares surgen como una contestación rebelde a necesidades insatisfechas. No son otra cosa que la consecuencia directa del fracaso de políticas neoliberales y un sistema económico que sólo ofrece respuestas habitacionales a quienes son capaces de acceder a las mismas por medio de una lógica de mercado restrictiva y excluyente. Integrarlos y regularizarlos, en tanto posibilidad de ejercer derechos fundamentales, no promueve la formación de nuevos barrios populares, lo que los estimula es no atacar las causas profundamente injustas por las cuales se crean. Está demostrado que cualquier solución posible no pasa por la criminalización de la pobreza o la segregación urbana, que se presentan como políticas persistentes, sino a través de una reforma urbana capaz de superar el mercado, las leyes sagradas del valor de cambio, el dinero y el lucro privado, y definir el lugar de esta posibilidad: la ciudad como valor de uso en la cual prevalezca su función social.

GS

El autor es arquitecto, graduado de la Universidad Nacional del Litoral (2017).

Sobre la Ley 27453, RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA o de Barrios Populares, ver las notas de Cristina Cravino y Fabio Quetglas en nuestro número 163/4.

Sobre la reforma urbana en Argentina, ver la Declaración en el número 36 de café de las ciudades.

Fuentes de información

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), INDEC.

Atlas de crecimiento urbano (2013). UTDT–CIPUV, Centro de Investigación de Políticas Urbanas y de Vivienda, Atlas de Crecimiento Urbano.

Financiamiento de infraestructura urbana. Criterios para un modelo de gestión público-privado (2015). Secretaria de Asuntos Municipales. Ministerio del Interior y Transporte.

Relevamiento de asentamientos informales (2016). ONG Techo.

Santa Fe cómo vamos 2008-2011(2012). Publicación de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Ediciones UNL

Santa Fe cómo vamos 2012 (2013). Publicación de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Santa Fe cómo vamos 2015 (2016). Publicación de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Santa Fe cómo vamos 2016 (2017). Publicación de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

La entrada Santa Fe arde se publicó primero en Cafe de las Ciudades.

 María, vecina del Barrio 31, en entrevista con el autor 23.06.17

Anuncio avisando a los residentes de los proyectos de construcción del PMV en su barrio.

Introducción

El Programa de Mejoramiento de Vivienda (PMV) en el Barrio Padre Mugica de Retiro o Barrio 31 constituye una de las varias intervenciones de hábitat desplegadas como parte del actual proyecto de urbanización. Una de las particularidades del PMV es que ha involucrado a algunas de las cooperativas barriales en la producción del hábitat. Como parte del PMV, estas cooperativas interactúan con actores estatales, por un lado, y con los propietarios a quienes el programa se destina, por el otro, para realizar obras de mejoramiento a las viviendas del barrio. Esto significa no sólo un cambio importante en la manera en que se produce el hábitat, sino también en el modo en que se ofrecen oportunidades laborales y se encara el desarrollo social. Considerando estas novedades, quisiera reflexionar sobre las experiencias de los vecinos y empleados del gobierno que documenté en una investigación etnográfica en el barrio durante 2017 y 2018 para analizar cómo se desencadena este nuevo abordaje del hábitat en entornos de informalidad. Siguiendo esta línea, presentaré el contexto de implementación del PMV y a continuación consideraré cómo dicho contexto y el diseño del PMV han condicionado las experiencias locales, poniendo de relieve los mecanismos por los cuales el programa genera una tensión entre la creación de oportunidades laborales y la construcción de hábitat, al tiempo que desencadena un proceso de desarrollo local que tiende a dar lugar a disputas sobre el espacio público y el privado. Para concluir, reflexiono sobre posibles lecciones a extraer de las experiencias de los vecinos del Barrio 31 y los empleados del gobierno encargados de la implementación del PMV.

Una serie de viviendas refaccionadas como parte del PMV en el sector Playón Oeste durante obra. Foto del autor 19.07.17.

Contexto de la Intervención

El PMV forma parte de un nuevo conjunto de políticas que marcan un avance importante en cuanto a la intervención estatal en entornos de informalidad. Como las demás políticas actuales de hábitat, el PMV busca mitigar la precariedad habitacional, mejorar la calidad de vida de los vecinos, generar activad económica y producir cambios visibles en el entorno urbano. Es esencial destacar que, para desplegar la política pública en el barrio, el gobierno (por medio de la Secretaría de Integración Social y Urbana –en adelante: la Secretaría) tuvo que ofrecer ciertos incentivos a las cooperativas locales. Esto se podría considerar como una mera consecuencia del diseño de la política; por ejemplo, cada vez observamos mayor participación de los actores locales en la implementación de las intervenciones y políticas públicas en entornos urbanos (Lindert 2016). La Ley 3343 para la urbanización de las Villas 31 y 31 Bis, la cual estipula la participación de los vecinos en su implementación, es un caso emblemático de dicha participación. En esta línea, es esencial no limitarse a considerar exclusivamente cómo se implementan las políticas de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba y, particularmente, cómo estructuras del poder local afectan la implementación de la política. Como otros han destacado en investigaciones académicas (di Virgilio 2016), este poder local se observa en el capital espacial (es decir, la capacidad de dar forma al espacio urbano) que los actores en estos entornos han acumulado. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la importancia del capital espacial en la Argentina es el Barrio 31.

Más aun, es esencial reconocer que los procesos sociales, económicos y políticos que constituyen el capital espacial han convertido a ciertos actores locales en importantes figuras barriales que tienen el poder no sólo de dar forma al espacio urbano directamente sino también de afectar la implementación de las políticas públicas en su entorno. Tal fue la situación con la implementación del PMV en el Barrio 31: desde el comienzo, los actores locales se interpusieron en la ejecución del programa. Como señala Atena, la presidenta de una cooperativa constructora,   

Este año, desde el año pasado, en noviembre, empezaron a trabajar socialmente y de ellos venían el grupo y llamaban a la consejera para que informen a los vecinos. Los vecinos no querían nada, le querían golpear y ellos sí afrontaron, es un trabajo social que hicieron y yo sí los apoyé en mi sector porque a más de uno le quisieron hacer de todo, le querían asaltar, le querían robar, le querían cortar, le querían matar (en entrevista con el autor 05.06.17).

En este pasaje, observamos que la consejera del barrio fue uno de los primeros puntos de contacto para el gobierno. Vemos también que ella decidió ejercer influencia en su sector para incidir en el juego político entre los actores del barrio y los agentes del gobierno, lo cual nos muestra cómo el poder político se localiza en el territorio, es decir, su situación como un referente local del barrio se la vincula al territorio del barrio, situación que la implica como actor clave en cuanto a la implementación de la política en el territorio que controla. Además, sugiere que a la hora de la llegada de nuevas políticas habitacionales las cooperativas actúan como agentes locales que capturan oportunidades laborales con el objetivo de sostener sus intereses económicos y políticos o, dicho de otra manera, para preservar e incrementar su capital espacial. Por otro lado, el gobierno, por medio de estos actores locales, buscó bajar los costos de transacción en la implementación de las políticas públicas. En las palabras de Sebastián, un arquitecto del gobierno:

Creería que el rol real [de las cooperativas], entiendo que es como facilitar la entrada al barrio del proyecto y entiendo que… no sé bien cómo es la decisión de la elección de las cooperativas, pero entiendo que son gente del barrio y que ya está trabajando en el barrio hace muchos años y creo que la forma de poder ejecutar el proyecto en el barrio era más viable con las cooperativas que con algún agente externo al barrio. Creo que la realidad es ésa, es que como son del barrio y ellos son referentes del barrio y por sectores son referentes, tienen un peso dentro del barrio diferente al nuestro que somos nuevos (en entrevista con el autor 15.06.17).

De manera similar, Adriana, una trabajadora social del gobierno sostiene que:  

Ahora, lo que pasa con el programa de mejoramiento de vivienda y las cooperativas es que, en efecto, la forma, la única o quizá la mejor forma de poder trabajar en convivencia con las formas del barrio desde el programa era haciéndolo con las cooperativas porque ahí voy a la primera, al primer encuentro que tuvimos nosotros de mejoramiento de vivienda con el barrio… Entramos la primera vez al barrio… Entramos, el equipo de mejoramiento de vivienda iba a ir a invitar a los vecinos, ya después de que el grupo de desarrollo territorial había hablado con delegados, consejeros, y les había dicho que íbamos a ir, ya por lo menos no habían dicho que no. Vamos a invitarlos a los vecinos en general a nuestra primera reunión de información y nos sacan del barrio, nos dicen que no podemos entrar (en entrevista con el autor 20.07.17).

Estas interacciones entre actores locales y agentes del gobierno, tal como son relatadas por estos últimos, allanaron el terreno para la implementación del PMV. En este sentido, dichas interacciones han revelado ciertos factores estructurales que han sido determinantes en cuanto a la construcción del hábitat como parte del PMV. A continuación, examinaremos dichos factores.

Una fachada de una vivienda refaccionada en la manzana Galpón 1 del sector Playón Oeste durante obra. Foto del autor 15.06.17.

En primer lugar, el PMV contempla el mejoramiento de viviendas por cooperativas que, en muchos casos, carecen de experiencia de construcción en el sector formal y/o con algunos de los materiales de construcción que se utilizan como parte de este programa, tales como el Durlock (Toland 2019). Por otra parte, debe tenerse presente que se trata de un barrio autoconstruido y que muchos de los vecinos ya tienen experiencia en la construcción de viviendas y, en la mayoría de los casos, de sus propias casas.

En segundo lugar, el PMV marca un importante hito en cuanto a la comercialización de las actividades laborales de las cooperativas. Como se ha destacado en otras investigaciones (Rossi 2017) las cooperativas en el Barrio 31, bajo el famoso Plan de Mejoras y otras políticas que han canalizado recursos hacia el barrio, han participado en varias obras de construcción, incluyendo mejoras de infraestructura, calles y otros espacios públicos. No obstante, el PMV implica un masivo incremento en la cantidad de los recursos materiales y de las actividades gubernamentales en el Barrio 31 y, por ende, un aumento significativo en la participación de las cooperativas en estas actividades. En el actual proyecto de urbanización, en lugar de participar en obras de infraestructura –las cuales se realizan mediante empresas constructoras contratadas por el gobierno– la mayoría de las actividades de construcción llevadas a cabo por las cooperativas consisten en mejoras de viviendas y de espacios públicos recreativos, tales como plazas.

En tercer lugar, las intervenciones en el hábitat se derivan de las interacciones entre los agentes del gobierno, las cooperativas y los propietarios a quienes se destinan las mejoras habitacionales. Esta novedad implica que, mientras algunos vecinos ganan acceso a nuevas oportunidades laborales vinculadas a las políticas del hábitat implementadas por el Estado y financiadas en gran parte por organizaciones multilaterales de desarrollo, otros constituyen los beneficiarios de los frutos de estas actividades laborales.

En suma, los recientes esquemas en planificación urbana que dan una mayor (aunque no necesariamente suficiente) prioridad a la participación local en la implementación de las políticas públicas en entornos de informalidad, sumado al peso local de los actores del barrio, afectaron el diseño del PMV. Tres factores que son claves para entender la trayectoria de este programa son: la falta de experiencia de las cooperativas en proyectos como el PMV, la mayor comercialización de las actividades laborales de las cooperativas y unas nuevas intervenciones del hábitat que derivan de la participación de actores locales y estatales por medio de oportunidades habitacionales, por un lado, y laborales, por el otro. En este contexto surgieron las experiencias locales de los propietarios, las cooperativas y los empleados del gobierno que articularon el PMV.

Experiencias Locales  

1. La tensión entre las oportunidades laborales y la construcción de una vivienda digna

Como hemos observado, el PMV canaliza recursos hacia el barrio, destinados tanto a las cooperativas que realizan mejoras a casas existentes, por un lado, como a los propietarios que tienen la oportunidad de recibir dichas mejoras, por el otro. Naturalmente, este programa ha atraído a diferentes vecinos, ya sean cooperativistas o propietarios, en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida por medio del PMV. Al preguntarle acerca de las razones por las que se interesó por el PMV, Diego, un obrero residente del Barrio 31, explica:

Primero, porque los trabajos que yo tenía primero eran por acá cerca y después cada vez eran más lejos. Yo viajaba en tren, tenía que ir afuera de Capital Federal y costaba mucho, me levantaba muy temprano y todo eso. Cuando yo me enteré que iban a empezar las obras acá y como María es como la líder de acá, yo dije “bueno, María está teniendo obras, yo le voy a preguntar”. Fui a su casa, le dije “mirá, María, yo trabajo, viajo mucho lejos, ¿tenés algún trabajo?”… Lo fundamental era no viajar y no levantarme tan temprano. Me levantaba a veces cuatro y media, cinco, para ir a trabajar lejos, para entrar siete, ocho de la mañana, dependiendo de qué trabajo (en entrevista con el autor 22.06.17).

No obstante estas oportunidades laborales más cercanas a su lugar de residencia, esta situación nos invita a preguntarnos hasta qué punto resulta plausible la construcción de una casa digna por medio de las políticas del PMV. Como destaca el obrero, las cooperativas son armadas por agentes locales del barrio  para poder participar en el PMV y realizar las mejoras a viviendas existentes. Sebastián, el arquitecto de la Secretaría, se explaya sobre las implicaciones de este modo de organizarse:

Al no tener una estructura ya armada la cooperativa, se fue armando para las obras y eso nos generó por ahí ciertas complejidades durante la obra a la hora del avance de obra y a la hora de poder cumplir con las fechas, a la hora de trabajar de manera organizada. Entonces, yo lo que rescato es que las cooperativas dentro de esa como informalidad que tienen son más flexibles, pero tal vez son más como desorganizadas, les cuesta tener la estructura que tendría una empresa constructora (en entrevista con el autor 19.06.17).

Asimismo, en algunos casos se observa también una falta de experiencia por parte de los obreros. Como nos explica Eduardo, un propietario del Galpón 1 donde se comenzó la implementación del PMV en 2017:

La intención del Gobierno desde un principio fue apoyar el barrio, incentivar al barrio y dar oportunidad al barrio, a la gente del barrio… Estoy de acuerdo, primero, pero el tema está acá: cada cosa tiene su proceso. Un profesional está bien, perfecto, si está en condiciones de trabajar, bueno, que le den trabajo, que no vaya a buscar trabajo afuera; y si uno que no está, que no tiene capacidad o que no está capacitado profesionalmente para trabajar, que le den cursos… Si una persona no está capacitada para cada cosa, sería bueno primero capacitar y después darle la herramienta de trabajo (en entrevista con el autor 19.06.17)

De manera similar, en una reunión entre algunos empleados de la Secretaría y los que habían participado en una de las primeras rondas de implementación del PMV, estos últimos propietarios lamentaron la falta de experiencia por parte de las cooperativas que les habían tocado sus casas:

Propietaria 1: Lo que yo tengo entendido es que nosotros hoy estamos haciendo es reclamar nuestros derechos… Acepté [el proyecto del PMV] porque durante catorce años nunca me vinieron a ofrecer esto que me están ofreciendo hoy, contentísima estaba; pero hoy en día lo que estamos reclamando es nuestro derecho porque en el contrato estaba todo, yo tengo el plano y no sé por qué, discúlpenme los arquitectos, no sé por qué motivo los arquitectos permitieron a las cooperativas que no saben, que vienen a practicar directamente, son practicantes. Lo que hacen no les sale bien porque una persona que sabe poner bien este piso, no se va a quedar mal.

Propietario 2: Esto es una estafa para todo porque dentro de diez años qué va a ser de nuestra casa…

Propietario 3: Se siente la humedad y al lado de la pared, como trabajan del otro lado, rompen, rompen todo, se me cae mi pared abajo.

Propietario 4: Nosotros dejamos la casa ocho meses, no estuvimos en la casa, nos fuimos a vivir ahí sin baño y sin agua porque decidimos abandonar la casa a ver si podía mejorar más rápido. Yo me baño hoy en el baño y el agua me va a la cocina; yo me baño y el agua sale de la cosita ésa y se me va a la cocina. (durante observación participante con el autor 17.06.17)

Considerando estas experiencias y con respecto a la tensión entre las oportunidades laborales y las soluciones habitacionales, es esencial resaltar que el conflicto no parece ser inherente a la coexistencia de estos dos objetivos (anhelados por todos los vecinos) sino que más bien proviene del hecho de que dichos objetivos sean perseguidos por medio de una política que no concibe prioritariamente el mejoramiento de vivienda como una herramienta de capacitación.

2. El desarrollo social local por medio de las oportunidades laborales y la resolución de problemas habitacionales

Dadas las dificultades para garantizar al unísono las oportunidades laborales y las mejoras habitacionales como parte del PMV, la Secretaría elaboró algunos programas de control y monitoreo para las cooperativas, así como talleres participativos para los vecinos. Las experiencias destacadas en el territorio, surgidas de estos programas, parecen poner en evidencia esta tensión entre el desarrollo social local, por un lado, y a la resolución de los problemas habitacionales, por el otro. Sebastián, el arquitecto del gobierno, revela la lógica del sistema de puntajes:

La idea del puntaje es simplemente que ellos vayan mejorando, que ellos vayan viendo cómo fue su desempeño y sí, la idea, y a mí me gustaría que se aplique, es que las cooperativas que no se esforzaron o que no demostraron un buen desempeño que tengan menos cantidad de obras, porque la idea es que las obras sean buenas, sean de calidad, que las viviendas queden bien y que el proceso de obras sea bueno (en entrevista con el autor 19.06.17).

En este sentido, Jorge, empleado contratado por la Secretaría para implementar un sistema que monitoree las actividades de los obreros, explica:

Tenemos un libro de actas donde todos los días nosotros en “Seguridad” ponemos qué vimos, qué cosas buenas y malas para mejorar. Por ejemplo, hoy vi a tres cooperativas que tenían distintas observaciones de seguridad; entonces, yo voy a ese libro de acta, que está certificado por el gerente, digamos, del proyecto, y pongo, “la cooperativa tal se la encontró realizando una tarea sin los elementos”, o, “la cooperativa equis incorporó ropa nueva al personal”, como para mostrar el avance que están haciendo las cooperativas y las empresas y de ahí pautar, poner en el libro de actas cuántas observaciones hay… Ahí es donde marcamos la diferencia para ver qué cooperativa le pone más interés en mejorar en lo que es seguridad; por eso hacemos nosotros una valoración de cooperativas, del uno al diez, de distintos puntos la vamos valorando. Si nuestro equipo de seguridad e higiene en todo un mes le tuvo que decir a una cooperativa veinte veces lo mismo, no va a tener un diez como nota, va a tener un cuatro y eso después va a afectar a la hora de que le tengan que dar otra obra para ver si la empresa cumple o no cumple (en entrevista con el autor 28.06.17)

Los trabajadores sociales, por su parte, regularmente convocan reuniones y talleres que tienen como objetivo fomentar el desarrollo social local. En palabras de Adriana, la trabajadora social de la Secretaría:

Entonces, el proceso para entrar era, había un arquitecto y un trabajador social que trabajaban juntos en el relevamiento de la familia y el relevamiento de la casa. Luego estábamos nosotros que nos encargamos de las instancias de participación de las familias, de temas, digamos, de asambleas y encuentros y talleres colectivos (en entrevista con el autor 20.07.17).

De manera similar, Trinidad, otra trabajadora social, explica:

Sí, como que es respetar todo lo que es el proceso comunitario de la gente y que la gente no únicamente se le mejore la vivienda, sino que también tenga un espacio vivido en comunidad y un proceso vivido en conjunto, entonces, por ejemplo, si el vecino únicamente lee la carta con el arquitecto en su vivienda, la va a firmar como que quizás, no sé, sin un montón de preguntas o cuestiones. En cambio, si el vecino leyó la carta frente a todos sus vecinos, se lee, o sea… se llega, o sea… en grande, la carta se le entrega a cada uno, se lee punto por punto y se responden a todas las preguntas. Lo que se busca ahí es que cada uno tenga su espacio en comunidad para hacer todas las preguntas que quiera y que también pueda como que escuchar las preguntas y la reflexión de sus vecinos, como que sea vivido en comunidad y no individualmente (en entrevista con el autor 07.08.17).

En cuanto a los resultados de estos talleres, tal vez uno de los testimonios más notables es el de Eduardo, un propietario que participó en el PMV y reflexiona sobre los futuros pagos al gobierno por los terrenos, su casa y los servicios urbanos en el contexto de su rol como ciudadano:

Y es una oportunidad que, bueno, obviamente que el Gobierno de alguna manera esto va a recaudar de vuelta, va a cobrar, ¿entendés? Pero, se podía pagar para tener una vida diferente, una vida, diría yo, una vida digna, una casa completa, infraestructura, una plaza, las calles, de todo a mejorar, que sea una ciudad. Así los pobladores tenemos nuestra obligación y nuestro compromiso… la urbanización, el proyecto, nos ofrecieron que íbamos a tener a futuro medidor de luz, medidor de agua, entonces, por ahí, algún problema de luz, ya tenemos a quién recurrir, a quién llamarle, a quién reclamarle. O sea que, en ese caso, como poblador, ya tenemos nuestro derecho y nuestro compromiso, nuestra obligación (en entrevista con el autor 19.06.17).

En conjunto, estas experiencias locales nos sugieren que el PMV comprende las soluciones habitacionales y el empleo como un vehículo por medio del cual se fomenta el desarrollo social local.

Vista de la calle desde la escalera tradicional en el Barrio 31. Foto del autor 14.06.17.

3. Espacio público y espacio privado: nuevas disputas    

La última experiencia destacada que quisiera resaltar tiene que ver con las complicaciones que rodean los límites entre el espacio público y el espacio privado, particularmente cuando las intervenciones deseadas por algunos actores afectarían al espacio privado del otro vecino o al espacio público en general. Como muchos vecinos han expresado, y como se sostiene también en la Ley 3343, la urbanización e integración del Barrio 31 implica que hay que facilitar y garantizar el acceso a los servicios urbanos y sociales. En este sentido, Rodolfo, el presidente de una cooperativa que ha estado llevando adelante obras en el PMV, considera el significado del concepto de urbanización teniendo en cuenta los recientes proyectos en el barrio:  

La urbanización sería más de fondo, está hermoso lo que se está haciendo, pero no alcanza con una mejora; bueno, que hay calles más abiertas, van a abrir más calles, pero vamos a ver cómo sigue todo esto. Hasta ahora venimos bien, pero hace falta un poco más de amplitud, yo diría, sacar las escaleras que hay, viste que hay muchas escaleras en la calle donde ocupan mucho lugar, donde el espacio es muy reducido, donde no entra una ambulancia, donde no entra un bombero, donde no entra una persona con un aparador, con un ropero para meter en su casa; y hay pasillos tan angostos que no entra una persona. Así tienen que entrar, así es, un pasillo de acá hasta allá y casas y casas y casas y puerta, puerta, puerta, puerta… ni el aire entra. Entonces, ahí tenemos que enfocar la urbanización (en entrevista con el autor 02.08.17).

Se observa aquí una preocupación respecto del acceso colectivo a servicios por medio de espacios públicos más adecuados. No obstante, dada la irregularidad morfológica del Barrio 31, una sola intervención suele convertirse en un asunto bien complicado. Como explica Amalia, una arquitecta de la Secretaría,

Lo que surgió es, o sea… cosas puntuales que ellos planteaban era la cuestión del baño y la cuestión de la escalera, eran como los dos puntos que ellos más necesitaban. Y puntualmente con la escalera nos surgió esto de que al poner, la escalera que ellos tienen es chica, aparte que está en mal estado es chica, entonces para poner una escalera que sea un poco más cómoda, tenés que modificar un montón de cosas de la planta baja y de las de arriba. Entonces, bueno, ahí estamos un poco, todavía en tentativas, tanto con él como con los vecinos y todo, para ver si vamos a cambiar todas las escaleras o no, si vamos a ocupar un poco del espacio público para hacer una escalera que a ellos les permita subir más cómodamente. Pero bueno, también el espacio público siempre es acotado y es espacio público, entonces, no deberíamos ocuparlo pero en la vivienda no tienen lugar. Como en general son muchos factores que tenés que ir viendo con todos los que, porque son los vecinos, un montón de actores también; son un montón de factores con un montón de actores, que tenemos que ir como negociando con todos para que en el momento de cerrar el proyecto y que venga la cooperativa y lo ejecute (en entrevista con el autor 07.08.17).

De modo similar, Adriana, la trabajadora social de la Secretaría, reflexiona sobre la complejidad del proceso social que dichas intervenciones implican:

Y el de los vecinos, yo creo que es un compromiso más subjetivo que es de cuidado de aquello que el Estado está entregando; o sea, empezar a cuidar ese mejoramiento que se les hace y de empezar a hacer de ese mejoramiento como un cómplice en las mejoras en la relación con sus otros vecinos porque el mejoramiento hace muchas cosas que son compartidas, empiezan a compartir algunos el patio, algunos las escaleras… Entonces, hacer de eso que simplemente es un mejoramiento de vivienda una herramienta para mejorar la convivencia es una tarea de ellos; ahí sí nosotros podemos dar dos o tres talleres, o sea, acompañar, pero sin duda es una voluntad que tienen que poner ellos indiscutiblemente. Yo creo que ésos son como los compromisos a futuro de cada uno (en entrevista con el autor 20.07.17).

Tal vez uno de los casos más emblemáticos de las disputas que han surgido de la reformulación del espacio privado y del público tuvo lugar en Galpón 1, un sector del barrio donde Magdalena, una propietaria, inició una denuncia contra el Estado después de que las obras en su casa la dejaron sin una escalera (la cual estaba anteriormente por fuera de la casa), en parte porque el vecino de la vivienda adyacente no accedió al PMV y no quería compartir su escalera con la vecina en cuestión (Toland 2019). En sus palabras:

Hay una linda terraza, dijeron que hicieron una linda terraza; eso sí hicieron ellos, pero no puedo ver todavía mi terraza porque estoy sin escalera… En realidad esto fue lo que me hizo, pero si me va a poner acá, mi escalera va a agarrar espacio desde acá hasta acá y ahí yo voy a perder mi espacio… Tampoco quieren dejar afuera ni un escaloncito, ésa es la regla, porque éste va a ser un pasaje supuestamente. Yo tengo, el que repartió todo el gobierno, que éste va a ser un pasaje porque por acá no entran ambulancias, no entra nada acá por la escalera, de este lado y el otro lado, y en realidad cuando se refacciona todo, cuando se urbaniza todo, éste va a ser un pasaje y el pasaje tiene que estar libre y tiene que tener cloacas buenas (en entrevista con el autor 26.06.17).

Estas experiencias nos ponen de relieve como se articula el espacio público y privado en el contexto de intervenciones en entornos de informalidad. Más aun, sugieren que lo privado prima, aún en situaciones de precariedad. 

Cocina de una vivienda refaccionada en la manzana Galpón 1 del sector Playón Oeste durante obra. Foto del autor 26.06.07

A Modo de Cierre

Hasta este punto, hemos procurado describir el modo en que el PMV se extiende más allá de los problemas habitacionales para englobar también las oportunidades laborales locales, el desarrollo social local y las disputas entre el espacio público y el privado. ¿Cuáles son las lecciones más amplias que se pueden extraer de estas experiencias?

En primer lugar, la implementación del PMV pone de relieve las dificultades que se presentan al modificar cómo la gente vive, no sólo en términos de los materiales que se utilizan para construir una casa sino también por los procesos de construcción, particularmente cuando implican la transición de la autoconstrucción por parte de los propios habitantes hacia la provisión de servicios de construcción articulados por el Estado. En segundo lugar, el PMV representa una solución habitacional que avanza con cierta lentitud dada la confluencia de actores involucrados que negocian sus intereses y articulan la implementación. Justamente por esta razón la Secretaría ha elaborado otros programas de hábitat (tales como los que responden más puntualmente a emergencias, entre otros) para responder a las demandas de los residentes (Toland 2019). Por último, estas experiencias sugieren que las disputas locales sobre el espacio público y el privado pueden llegar a socavar los objetivos de la política pública, particularmente cuando dichos objetivos apuntan a urbanizar un barrio carenciado, con el objetivo de que los residentes tengan acceso a los servicios básicos garantizados en otras partes de la ciudad.

MJT

Licenciado en Ciencias Políticas, Yale University. Maestrando en Planificación Urbana y Regional, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA.

Todos los nombres mencionados en este artículo son seudónimos

Ver la Ley 3343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Urbanización del Polígono Villas 31 y 31 bis”.

Sobre la urbanización del Barrio Carlos Mugica de Retiro, ver también la Terquedad de lo que se vota, la Terquedad 2-13-31 y entre otras notas en café de las ciudades:

 Número 70 | Política de las ciudades (I) 
La urbanización del Barrio Carlos Mugica, de Retiro | Un debate recurrente y la opinión de Jorge Jáuregui | Marcelo Corti

Número 96 | Economía de las ciudades 
Mercado Informal de Alquileres en las Villas 31 y 31bis (Barrio Padre Carlos Mugica, de Retiro) | Y algunas conclusiones sobre calidad de vida y políticas públicas | Kelly Olmos

Número 110 | Proyectos de las ciudades (I) 
Barrio 31 Carlos Mugica | Fernández Castro, Cravino, Trajtengartz y Epstein exploran las posibilidades y límites del proyecto urbano | Marcelo Corti

Bibliografía

Di Virgilio, Mercedes. 2016. «Las luchas por el derecho a la ciudad. Derivas a partir de la lectura.» Quid 16 (6): 121-130.

Lindert, Paul van. 2016. «Rethinking urban development in Latin America: A review of changing paradigms and policies.» Habitat International (54): 253-264.

Rossi, Danilo. 2017. «Dimensiones sociales de la reproducción habitacional en la Villa 31” .» Tésis de licenciatura en ciencias antropológicas, Universidad de Buenos Aires, Facultad .

Toland, Matthew Jeffrey. 2019. «The Transformation of Villa 31: Local Politics and Urban Development Policy in Buenos Aires’ Most Emblematic.» Journal of Politics & Society, Columbia University .

La entrada Respuestas habitacionales y oportunidades laborales se publicó primero en Cafe de las Ciudades.

Poco después, la llamada Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro, 1992) adoptaría un plan de acción, la Agenda 21, dirigido a avanzar hacia dicho “desarrollo sostenible”, dando inicio a un proceso de casi tres décadas de inflación semántica que ha culminado con la adopción en 2015 del nuevo mantra del siglo XXI: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Tal es la interpretación expansiva que se ha hecho del desarrollo sostenible que, en la actualidad, parece ser aplicable a prácticamente cualquier desafío del mundo globalizado de hoy. Incluyendo, por supuesto, los relacionados con las ciudades.

Así se puso de manifiesto en 1996, cuando el segundo gran encuentro mundial organizado por las Naciones Unidas sobre cuestiones urbanas  pasó de girar en torno a los principales retos de los “asentamientos humanos” en sentido amplio (Habitat I) a tratar más específicamente sobre “vivienda y desarrollo urbano sostenible” (Habitat II). La diferencia no es meramente terminológica, sino que responde más bien a una estrategia política de situar lo urbano dentro del marco del crecimiento.

¿Por qué? La noción de desarrollo sostenible fue acuñada a finales de los años ochenta en un momento de conservadurismo político (los gobiernos de Thatcher y Reagan dominaban la política internacional). Este contexto impregnó el Informe Brundtland con ideales basados en el crecimiento económico (por más aditivos eco-friendly y equitativos que se le quieran añadir), que siguen primando a día de hoy. El ODS 8 es especialmente elocuente en este sentido cuando establece, como meta para alcanzar el deseado desarrollo sostenible, la necesidad de “promover  el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo digno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Así, pues, detrás del concepto del “desarrollo sostenible” se esconde la difícil ecuación entre crecimiento económico, mejora de la calidad de vida y protección del medio ambiente. Sin embargo, ya desde los años noventa este horizonte ha sido ampliamente cuestionado por científicos y ecologistas: no es posible desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente porque, a mayor producción y consumo, mayor gasto energético y emisiones en la atmósfera.

El desarrollo sostenible es, por consiguiente, un objetivo difícilmente realista en el actual contexto de agotamiento del planeta. ¿Se ha convertido, acaso, en una cuestión de fe? ¿Cómo se explica, sino, la preeminencia acrítica que ha adquirido este principio en las últimas décadas? Ecologistas y expertos en la materia lo tienen claro: su amplia aceptación tiene que ver con su grado de complicidad con el sistema económico actual, un modelo basado en el crecimiento como elemento indispensable. Y es aquí es donde la entrada de las ciudades resulta tan estratégica.

El crecimiento urbano constituye actualmente una de las condiciones de expansión más importantes de la maquinaria capitalista. Crecimiento que puede traducirse de formas diversas: construcción de infraestructuras urbanas y viviendas (urbanización nueva), reurbanización de determinadas áreas degradadas, promoción del turismo urbano de masas, de un estilo de vida basado en el consumo o mercantilización de los bienes materiales de las ciudades, entre otros.

En el momento histórico en que tiene lugar Habitat II (después del despliegue de los acuerdos derivados del Consenso de Washington), este rol funcional de las ciudades respecto al sistema económico adquiere una renovada importancia como consecuencia del repliegue del Estado del Bienestar después de décadas de políticas sociales. El vacío del Estado pasa, entonces, a ser ocupado por el mercado como proveedor de vivienda y de servicios urbanos. Y ello tiene como consecuencia un mayor interés económico por las ciudades. O, mejor dicho, por el desarrollo urbano como importante fuente de lucro.

Más allá de las críticas medioambientales y de corte económico que pueden aducirse, es importante destacar otra cuestión clave: situar los términos del debate urbano dentro del marco del “desarrollo urbano sostenible” significa entender la urbanización del planeta como un fenómeno inexorable frente al cual la única respuesta realista consiste en tratar que sea sostenible.

¿Queremos más ciudades (aunque sean sostenibles) o garantizar que, en las que ya existen, se goza de buena calidad de vida? ¿Queremos las ciudades aun más extensas (megapolización) o que las ciudades intermedias, pequeñas o la vida en el campo aseguren los medios y oportunidades necesarios para el desarrollo de una vida digna?

La sostenibilidad urbana no pasa por el crecimiento o el incremento de la urbanización, sino más bien por avanzar hacia una transición ecológica, garantizar que el agua y la energía sean gestionadas como bienes comunes, promover un estilo de vida que no esté basado en el consumo y la acumulación, y tejer vínculos solidarios e inclusivos con el campo, entre otros.

Todas estas cuestiones son fundamentales. Pero es necesario ir más allá: el debate sobre lo urbano no puede empezar y terminar en la sostenibilidad. Debe formularse también en términos de equidad y justicia social, de calidad democrática, de reconocimiento y valorización de las diferencias, de acceso a una vivienda digna, así como a la sanidad, a la educación y a la cultura. Y este es un debate que no se formula en términos de sostenibilidad, sino en términos de derechos.

Múltiples actores de la sociedad civil, de la academia, de sectores profesionales e, incluso, de instituciones gubernamentales lo llevan reivindicando desde hace 50 años bajo la bandera del derecho a la ciudad. Esta alianza devino especialmente visible durante el proceso de elaboración de la Nueva Agenda Urbana (NAU) adoptada en Habitat III en 2016. A través de una intensa labor de incidencia política, esto grupo de actores consiguió que la NAU incluyera una referencia al derecho a la ciudad. Pero el texto (como había sucedido poco antes con los ODS) está fuertemente influenciado por la idea de crecimiento.

Se necesitan, por consiguiente, más esfuerzos en este campo. Porque, a no ser que consigamos transgredir el paradigma del crecimiento, el camino hacia unas ciudades sostenibles difícilmente dejará de ser una mera cuestión de fe.

EGC

La autora es Investigadora Sénior y coordinadora científica del programa Ciudades Globales del CIDOB. Es Doctora en Poscolonialismos y Ciudadanía Global por la Universidad de Coímbra (Portugal). Tiene un Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política por la Universidad de Barcelona (2010) y un Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización por el European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (2005), que realizó en Italia y Dinamarca. Es Licenciada en Derecho por la UB (2004). 

Sobre el tema, ver también la nota Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. Demandas de operatividad sobre un concepto ambiguo, por José Manuel Naredo en nuestro número 51.

La entrada Hacia ciudades sostenibles, ¿cuestión de fe? se publicó primero en Cafe de las Ciudades.