Ideas para una agenda urbana de transformación social-ecológica

Fragmento de Otra ciudad es posible. Los retos del desarrollo urbano en América Latina.

N. de la R.: El texto de esta nota es un fragmento del libro de reciente aparición Otra ciudad es posible. Los retos del desarrollo urbano en América Latina, de Alfonso Iracheta (con el apoyo de José A. Iracheta). Friedrich-Ebert-Stiftung - Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica, Ciudad de México, 2021. Será presentado por el autor el próximo 4 de marzo  a las 11:00 hs de México con la participación de Carolina Hidalgo Herrera (Diputada  del Partido Acción Ciudadana de Costa Rica), Dr. Fernando Carrión (Investigador de FLACSO Ecuador) y Mtra. Carmenza Saldias  Barreneche (Economista, ex Secretaria de Hacienda de Bogotá); modera Dr.  Álvaro Calix. Registro. Transmisión en vivo

Los principios y prioridades de una transformación social-ecológica de las ciudades latinoamericanas son el resultado del análisis de su caracterización y de los problemas que enfrentan, así como de las explicaciones esbozadas sobre sus principales causas. Las propuestas de agenda para avanzar hacia una transformación social-ecológica de las ciudades y su entorno rural deben distinguirse de las políticas y estrategias ya conocidas —cuyos limitados resultados e impactos hemos intentado evidenciar— ya que, en general, no han logrado dar pasos firmes para reducir los excesos y defectos del modelo neoliberal capitalista y extractivista que se ha impuesto en el proceso de urbanización de la mayoría de los países de la región latinoamericana.

En muchos casos se trata de desconsiderar o “despensar” políticas y estrategias claramente opuestas a un proyecto de transformación social-ecológica; en otros es necesario elaborar nuevas políticas públicas y estrategias de acción, y en otros más se trata de recuperar el discurso de políticas y estrategias para darle un nuevo significado. Desde tal perspectiva, en este acápite se adelantan algunas ideas de propuesta para enfrentar los retos observados en el análisis de la urbanización latinoamericana. Se intenta que dichas propuestas tengan un carácter estratégico, es decir que estén orientadas a lo importante, lo causal o lo que encadena procesos y problemas, con el fin de evitar el riesgo ya adelantado desde el inicio de este ensayo por Martner y Mora (2017, p. 16) con respecto a las acciones y cambios que pudieran tener resultados contraproducentes y transformar las intenciones de dichas acciones precisamente en su contrario. Una forma de evitar este riesgo es a través de visiones integrales y sistémicas: partir del reconocimiento de la ciudad —y el territorio— como una totalidad conformada por un sinfín de elementos interrelacionados y sujeta a “leyes” de configuración y funcionamiento para que así las propuestas se dirijan a dichos elementos en el entendido de que las acciones en cada uno de ellos impactan —en mayor o menor grado— al resto de los componentes y, por ende, a la totalidad socioespacial. Una nota importante es —como asevera Carrión (2013)— que cada ciudad es peculiar y diferente del resto, por lo que las políticas para su ordenamiento y desarrollo no necesariamente deben ser las mismas. Sin embargo, en el conjunto de ciudades latinoamericanas se observan ciertos retos y problemas similares que requieren visiones integrales, participativas y de largo plazo; por ello es posible proponer agendas con alto grado de especificidad que atiendan estos retos y problemas considerando que, en el proceso de diseño y ejecución de las políticas, estrategias y proyectos específicos, podrán precisarse las peculiaridades de cada caso. Sin pretender ser exhaustivos, se proponen las siguientes ideas para conformar una agenda de transformación social-ecológica urbana que sea aplicable en lo general a las ciudades de América Latina:

Garantizar el derecho a la ciudad en la legislación nacional y local de los países a partir de lo consignado en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, comprometiendo en las políticas y en los presupuestos públicos acciones que contribuyan a reducir sensiblemente la desigualdad y la pobreza socioespacial con el fin de dignificar el hábitat de los grupos sociales de menor ingreso y mayor vulnerabilidad.

 • Recuperar políticas de cultura cívica urbana mediante el desarrollo de programas educativos y campañas orientadas al compromiso de los ciudadanos con la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la sustentabilidad y resiliencia de la ciudad en todas sus funciones. Esto implica promover la adecuación y/o creación de programas educativos orientados, por una parte, a la educación cívica de los niños y jóvenes y, por la otra, a la formación profesional en las universidades para multiplicar el número de profesionales involucrados en el desarrollo urbano socialmente equitativo y ambientalmente sustentable; así como para desarrollar programas para impulsar los temas prioritarios de la agenda urbana de transformación. Los acuerdos transversales de los ministerios de educación y universidades con los ministerios de desarrollo urbano y vivienda son instrumentos fundamentales para lograr estas políticas.

• Garantizar por ley que los planes y programas de desarrollo urbano representen grandes acuerdos sociopolíticos, alianzas o pactos y que en ellos se defina, de manera concertada con la sociedad, un proyecto de ciudad para el largo plazo como condición para avanzar hacia un modelo compacto y consolidado de ciudad con el fin de detener las tendencias actuales de ocupación dispersa e insustentable del territorio urbano y periurbano, y así crear —desde la legislación— las condiciones, la planificación y la acción política para que las decisiones de urbanización representen un ahorro de suelo, energía y materiales, así como la preservación de los sistemas agrícolas y naturales del entorno urbano. Es prioritario que se determine dónde no se debe urbanizar por tratarse de espacios de interés público, con alto valor patrimonial —natural y construido— o con riesgos, y dónde sí se debe urbanizar, reconociendo que el aprovechamiento del suelo vacante dentro del tejido urbano y el control de la expansión en las periferias de las ciudades debieran ser políticas prioritarias y que cada plan y programa de desarrollo urbano debe contener los acuerdos en el tiempo y en el espacio para definir dónde se urbanizará, en qué momento, y dónde no, así como los instrumentos de todo tipo que incentiven la urbanización donde se debe y la desincentiven donde no, para fomentar en estos casos usos no urbanos.

• La movilidad es un ámbito transversal que cubre toda la ciudad y está indisolublemente ligada al desarrollo urbano. La principal estrategia de movilidad es la de usos del suelo: las ciudades requieren incrementar la accesibilidad a través del “acercamiento de los usos del suelo” bajo el principio de que lo adecuado es llevar el empleo, las funciones urbanas y los servicios adonde vive la gente. También, las ciudades deben reestructurar las políticas de movilidad ofreciendo a los ciudadanos sistemas de transporte público y no motorizado de manera prioritaria y, contrario sensu, reduciendo los apoyos al automóvil individual mediante la desincentivación de su uso e incluso su penalización, además de la promoción de alternativas de tecnologías “limpias” para el transporte de personas y bienes. Todo esto se debe reflejar en los proyectos y los recursos de inversión públicos y privados.

Crear más espacio público en las ciudades y preservar y mejorar el que ya tienen; considerando como premisa y fundamento que el espacio público es la ciudad, por lo cual es prioritario concentrar y orientar los recursos públicos y privados para que los ciudadanos en cada barrio y asentamiento de las ciudades accedan a los parques, espacios educativos, culturales, recreativos, deportivos, de salud, abasto y otros espacios comunitarios en condiciones óptimas de localización, dosificación y superficie.

Desarrollar políticas integrales de suelo urbano a fin de desmercantilizarlo desde tres perspectivas:
1. Ofrecer a los más pobres suelo habitacional bien localizado en relación con las funciones urbanas, los servicios y equipamientos sociales fundamentales para una vida urbana digna, productiva y sustentable como condición sine qua non para reducir y controlar los asentamientos precarios e irregulares (favelas, barrios de rancho o colonias populares) que caracterizan las periferias urbanas en América Latina. La clave son las políticas de acceso a suelo urbano bien localizado y el financiamiento, que podrían implicar un subsidio al suelo habitacional social, acciones de expropiación de tierras, procesos de urbanización asociada, porcentajes obligatorios de vivienda social en desarrollos urbanos de mediano y alto ingreso, y políticas de fiscalización inmobiliaria, entre otras medidas. En el mismo sentido, regularizar y recuperar los asentamientos existentes introduciendo los servicios y equipamientos sociales que la población requiera, y siguiendo los principios propuestos para una nueva estrategia de vivienda social.
2. Recuperar las plusvalías urbanas generadas por la acción pública a través de la inversión en obras de infraestructura y equipamientos urbanos y por decisiones de planificación de usos del suelo mediante una nueva política fiscal inmobiliaria.
3. Reducir la especulación con el suelo urbano y urbanizable capturando las rentas monopólicas y diferenciales mediante políticas de control del crecimiento de las ciudades, transparencia y máxima difusión de la información sobre las características y comportamiento de los mercados de suelo urbano y edificios, y mediante políticas fiscales inmobiliarias.

• Desarrollar una nueva estrategia de vivienda social con cinco grandes ejes:
1. Integrar las políticas de vivienda social a las de desarrollo urbano, movilidad e infraestructura urbana.
2. Impulsar con todo el apoyo del Estado la producción social de vivienda.
3. Localizar los nuevos desarrollos dentro del tejido urbano y en la primera periferia de la ciudad con acceso directo a transporte público; integrar desde su diseño usos mixtos con espacio público y con suelo para oferta de empleo y para los equipamientos sociales fundamentales; y ofrecer servicios de telecomunicación. En el mismo sentido, evaluar integralmente los conjuntos de vivienda social que han caído en la crisis de los “con techo” a fin de resolver —en conjunto con sus ciudadanos y autoridades locales— las carencias y problemas detectados, destacando la promoción de oferta de empleo dentro de los conjuntos y en su entorno inmediato para atender las necesidades de los residentes, reducir sus necesidades de movilidad y ampliar la base económica local; además de instalar los equipamientos sociales y los servicios que requiere la población asentada.
4. Desarrollar estrategias de regeneración de la vivienda social y su hábitat con la participación corresponsable de los gobiernos locales, la iniciativa privada y los residentes.
5. Desarrollar políticas de incentivo y subsidio a la vivienda social en renta.

• Desarrollar estrategias de mejoramiento ambiental urbano, enfatizando los asentamientos precarios, los barrios deteriorados y los conjuntos de vivienda social. El enfoque debe considerar, en primer lugar, la localización de los usos del suelo bajo el principio de la sustentabilidad del ambiente, así como la generalización de ecotécnicas y materiales de construcción ambientalmente benéficos, el aceleramiento del cambio tecnológico en la movilidad y el consumo energético y la limpieza y mantenimiento de vialidades, espacios públicos y predios vacíos. En segundo lugar, debe priorizar el reciclaje y manejo de residuos sólidos y de agua, y la arborización del espacio urbano a fin de reducir la emisión de GEI y avanzar en la descarbonización urbana.

• Desarrollar sistemas integrales de información e indicadores para el desarrollo urbano que incluyan los registros de vivienda, suelo, movilidad, equipamientos sociales, espacio público, infraestructuras urbanas, etcétera, como plataforma para la planificación participativa y para la evaluación de las políticas públicas. El papel de los observatorios urbanos, los consejos ciudadanos y los institutos de planificación participativa será de gran utilidad para estas acciones.

• Reestructurar las instituciones responsables de las políticas urbanas a partir de cinco ejes:
1. Optimizar el financiamiento para el desarrollo urbano considerando que la principal fuente de recursos es la economía de y en la ciudad, y que se requiere una nueva política tributaria.
2. Reducir las barreras administrativas para impulsar la transformación del hábitat popular.
3. Atacar la corrupción asociada a la urbanización.
4. Enfrentar la financiarización urbana con acciones de impulso a las actividades productivas y desincentivo a los excesos y el extractivismo inmobiliarios.
5. Elevar la eficiencia en la generación y mantenimiento de las infraestructuras urbanas y el funcionamiento de las ciudades a través de la profesionalización de los servidores públicos y la modernización de los procesos técnicos y administrativos asociados.

La concreción de estas ideas de propuesta requerirá políticas públicas que vayan más allá de lo que ya han intentado los gobiernos en la región latinoamericana —incluyendo aquellos denominados progresistas— a fin de dar pasos firmes hacia una transformación social-ecológica urbana. Ejecutar estas ideas de agenda implica profundizar, replantear y reestructurar las políticas ya conocidas o crear nuevas, bajo el principio de que los modelos económico-políticos vigentes en los países de la región ofrecen estas posibilidades. Sin embargo, es necesario lograr avances democráticos en la política con enfoques progresistas que permitan controlar y reducir las acciones extractivistas en el territorio y también es fundamental ampliar la participación social efectiva en el desarrollo de las ciudades de los grupos sociales de bajo ingreso tradicionalmente marginados de este derecho, así como de las organizaciones sociales comprometidas con la transformación social-ecológica.

AI

El autor es Coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio Mexiquense y ex presidente de la misma institución; director general de Centro Eure, asesor principal del Índice de Prosperidad Urbana para México de ONU-Hábitat, investigador nivel II del Sistema Nacional de Investigadores y consultor nacional e internacional en temas de planeación territorial y políticas públicas. Es doctor en Estudios Regionales. Ha publicado 29 libros (como autor, coautor, editor o coeditor) y cerca de 180 artículos y capítulos. Ha dictado más de 950 conferencias en México y otros países. Ha coordinado 140 estudios, investigaciones, planes y programas de desarrollo territorial.

Otra ciudad es posible. Los retos del desarrollo urbano en América Latina, de Alfonso Iracheta (con el apoyo de José A. Iracheta). Friedrich-Ebert-Stiftung - Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica, Ciudad de México, 2021. 
Será presentado por el autor el próximo 4 de marzo  a las 11:00 hs de México con la participación de Carolina Hidalgo Herrera (Diputada  del Partido Acción Ciudadana de Costa Rica), Dr. Fernando Carrión (Investigador de FLACSO Ecuador) y Mtra. Carmenza Saldias  Barreneche (Economista, ex Secretaria de Hacienda de Bogotá); modera Dr.  Álvaro Calix. Registro. Transmisión en vivo

Referencias:

Carrión, Fernando (2013). “El desafío político del gobierno de la ciudad metropolitana en América Latina”, en Iracheta, Alfonso (2013) (Coord.), Reflexiones sobre política urbana. El Colegio Mexiquense. Zinacantepec, México, pp. 17-46.

Martner, Gonzalo y Mora, Henry (2017). “Marco conceptual para la Transformación Social-Ecológica en América Latina” (borrador). Fundación Friedrich Ebert.

 

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