La ciudad es una cuestión política, una cuestión ciudadana

Apuntes para el debate sobre la Nueva Constitución de Chile.

N. de la R.: Esta nota reproduce el texto de las autoras para Ciudades posibles. Apuntes para el debate sobre la Nueva Constitución de Chile. Maricarmen Tapia Gómez (Coord.). Crítica Urbana, septiembre 2020. “Ante la imperiosa necesidad de cambiar la Constitución, redactada durante la dictadura, Chile está viviendo un momento histórico del cual todos podemos ser partícipes. Esto implica cambiar las reglas del juego; es un momento de intenso aprendizaje y debate acerca de cuáles deben ser los fundamentos sobre los que se ordenará el país. Pensar en el país que se quiere y se anhela. Desde Crítica Urbana -revista internacional de estudios urbanos y territoriales- hemos querido contribuir a este debate desde un tema en concreto: la ciudad. El libro está pensado para todas las personas que, como habitantes, tienen algo que decir sobre cuáles son sus necesidades y cómo debiera ser su hábitat.”.

Una nueva Constitución, basada en los derechos de las personas, el bien común y la protección y conservación de la naturaleza, permite cuestionar los cimientos sobre los que se han construido nuestras actuales ciudades y territorio. Contar con estos contenidos constitucionales permitiría un sustento legal explícito que facilitaría la exigencia de estos derechos en la legislación existente y su relación vinculante con nuevas leyes, de manera que se puedan superar los obstáculos creados hasta ahora por falta de sustento legal o por reclamaciones de inconstitucionalidad. Este sustento legal explícito será posible en la medida en que se haya construido desde el debate público, el reclamo y la exigencia de cada principio y cada derecho sobre la base de la dignidad humana en la ciudad y el territorio.

El 18 de octubre de 2019, a partir de las intensas y masivas movilizaciones, marcadas por una violenta represión, se inicia un cambio cultural y político en nuestro país. Es el estallido de diversas demandas relacionadas con derechos básicos y la dignidad humana. “Basta de abusos”, “Chile despertó” señalan el necesario y profundo cambio social. Por ello no es de extrañar que las demandas desembocaran en la exigencia de una Nueva Constitución, en una necesaria refundación de principios, valores, derechos y deberes en los que se organiza nuestra sociedad.

El actual modelo de desarrollo -con la privatización de los bienes comunes, la desregulación, las distintas formas de abuso y la neutralización de lo político- incide en una insostenibilidad social y ambiental de los territorios y de las ciudades. Comprender y analizar nuestra realidad desde los derechos humanos nos permite repensar la forma en que nos hemos organizado para vivir. Implica otras lógicas de ocupación del suelo y de habitar nuestros territorios. Pensando en la necesidad de vivienda, en nuestras ciudades y territorio, tenemos la oportunidad y el desafío de instalar en el debate constitucional los temas sustanciales que afectan a nuestra forma y entornos de vida.

Existe una amplia bibliografía sobre causas y conflictos para la comprensión crítica de nuestras ciudades, entre los cuales:

• la falta de marco legal que asegure los derechos humanos y los derechos sociales y ambientales;

• numerosos conflictos socio-ambientales relacionados con el modelo productivo, en los que los principales sectores económicos implicados son energía, minería y saneamiento ambiental, que afectan a los sistemas naturales y a la salud de las personas (una relación actualizada de los conflictos socioambientales en Chile se encuentra en la web del Instituto Nacional de Derechos Humanos)

• una larga tradición de centralismo, donde las regiones no cuentan con capacidad de incidencia en su ordenamiento territorial y donde las áreas metropolitanas carecen de mecanismos de gestión integrada;

• la especulación del uso del suelo, con escasas herramientas y con obstrucción política para revertir los efectos sociales y urbanos de la segregación socioespacial;

• la inequidad territorial de acceso a bienes y servicios públicos de calidad como educación, salud, seguridad, áreas verdes y transporte;

• los conflictos por el uso del agua privatizada y manejada por intereses mercantiles especulativos;

• el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda, ahora más visible en tiempo de pandemia, por la multiplicación de la precariedad habitacional y del hacinamiento, en los condominios sociales, en las poblaciones tradicionales, en los cités, los nuevos conventillos, los campamentos y las tomas, y en viviendas de 20 metros cuadrados en edificios de 40 pisos de altura.

Todo ello ha dado lugar a ciudades profundamente desiguales, con un déficit de calidad de la vivienda y urbano. Los efectos económicos y sociales del 18 de Octubre, de la pandemia y de la futura recesión mundial presagian mayores niveles de desigualdad. Sin la oportunidad de un cambio fundacional que permita redefinir y regular la ciudad y los territorios, todo indica que los conflictos se multiplicarán en complejidad y urgencia, entre otros: la tendencia sostenida de aumento del valor del suelo, de la compra y del arriendo de la vivienda; la extensión de la cesantía y de la pobreza; las insostenibles condiciones de arriendo y subarriendo impuestas a la mayoría del millón y medio de migrantes en Chile.

El aprendizaje de los derechos humanos

Experiencias internacionales, especialmente en las recientes constituciones latino americanas, nos han enseñado que es posible incluir principios y valores referidos al territorio en una Constitución. Proponemos recoger estos precedentes para ayudar a pensar los contenidos de la Nueva Constitución.

La necesidad de referir explícitamente a estos derechos humanos no sólo se desprende del estudio comparado y la evidencia de los conflictos existentes. Buscamos, ante todo, elevarlos a partir de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, y de los derechos civiles y políticos, DCP, que son partes indivisibles, inalienables y universales. La intención es plasmar la gran conquista del reconocimiento pleno de estos derechos humanos, suscritos por el Estado de Chile, para revisar un derecho de carácter derivado, excluyente y privativo, actualmente consagrado: el derecho de propiedad. Se trata de situar y comprender el derecho de propiedad a partir de su función social y ambiental. En otras palabras, el ejercicio ciudadano consiste en identificar los valores emanados del bien común y de la protección y conservación de la naturaleza para delimitar el derecho de propiedad.

En nuestro país se han realizado diversas iniciativas en torno a la implicancia de los derechos humanos en los principios, derechos y obligaciones constitucionales que afectan a cuestiones urbanísticas y territoriales, en las que nos hemos ido encontrando los y las autoras que se reúnen en este libro. Entre esas iniciativas destacan las realizadas por el Comité Hábitat y Vivienda y el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile (ver material de la campaña y artículo de Tapia y Sugranyes, 2015). En la línea de la sensibilización se encuentra la Campaña por el derecho a la ciudad y el territorio (ver material gráfico y videos para la discusión), así como la Declaración Sí se puede. Por un territorio seguro y sano para todos y todas (2017), firmada por profesionales del área. Esta Declaración plantea la necesidad urgente de incorporar integralmente en la planificación urbana y en todo asentamiento humano las áreas de riesgo por amenazas de origen natural y antrópico, con normativa apropiada y programas de relocalización para las personas en peligro. Así como una regulación que exija que toda actividad en el territorio, incluyendo la económica, se desarrolle responsablemente y asuma debidamente sus efectos negativos, tanto sociales como ambientales.

Principios y derechos con incidencia directa en la regulación del territorio

La relación entre los derechos humanos, el territorio y la ciudad es amplia. Es posible identificar valores que guardan una relación directa con la regulación del territorio y que forman parte de diversas constituciones y tratados internacionales. Seleccionamos algunos de estos contenidos para contribuir al debate en Chile. Cada uno podría ampliarse a través de temas transversales, como género, pueblos indígenas, inmigrantes y la conservación de la naturaleza.

El Estado de derecho y su rol como garante de los derechos humanos. Asimismo, promover las condiciones de igualdad y no discriminación de los individuos. Ello permitiría al Estado contar con las atribuciones, instituciones e instrumentos necesarios. En este sentido, el Estado debe contar con la competencia exclusiva para ordenar, regular y planificar el territorio y las ciudades.

La no discriminación y la igualdad para asegurar el uso y goce del patrimonio, bienes y servicios urbanos, recursos o espacios naturales en igualdad de condiciones. La segregación socio espacial debiera ser revertida y revisadas las políticas de vivienda que mantienen una estructura urbana y territorial basada en la capacidad adquisitiva de las familias. Ello exige políticas que respeten la diversidad de género, cultura y las diversas necesidades de las personas en sus distintas edades: niñez, adultez y vejez. Todo ello, aplicado al ordenamiento territorial y urbanístico, implica un desarrollo territorial que vele por estos derechos mediante la distribución equitativa de los bienes y servicios públicos relacionados con la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, las áreas verdes o el transporte.

La protección y conservación de la Naturaleza, garantizada por el Estado y como deber de todo individuo, que incluye la recuperación de áreas dañadas o en peligro, la prevención de posibles daños y la creación de nuevas áreas protegidas. Ello implica planificar adecuadamente el territorio y las ciudades, como manera de no comprometer la biodiversidad y la calidad de vida de las personas y de las generaciones futuras.

La función social y ambiental de la propiedad, un carácter crucial en el modelo territorial, el urbanismo y la vivienda, ya que actúa como principio regulador del uso del suelo. Se trata de que la propiedad, sin cambiar su naturaleza, tiene limitaciones basadas en el bien común colectivo. Una de las consecuencias de esta delimitación es establecer la función social y ambiental del suelo.

Regulación de las actividades económicas, lo que significa que toda actividad económica o científica deberá ser respetuosa con la naturaleza y los sistemas de vida, así como con la seguridad y salud de las personas.

El derecho a participar en las plusvalías, como mecanismo de desarrollo local, justicia social y de control de la especulación.

El derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones que afectan al entorno en que se habita. Implica revisar estructuralmente los débiles mecanismos existentes, evitando las situaciones de infracción de derechos humanos que se realiza por usos y actividades que afectan negativamente a las personas y al medioambiente.

El derecho a una vivienda adecuada, cuyo cumplimiento guarda una relación directa con la segregación y exclusión social. Permite refundar la naturaleza del actual marco legal urbanístico y de las políticas de vivienda, en cumplimiento de los siete atributos definidos por Naciones Unidas. Ello implicaría, entre otros cambios, que la planificación urbana debiera incorporar mecanismos para la integración de los actuales condominios sociales y de poblaciones tradicionales, con actuaciones de reversión de la segregación y mejora de calidad urbana de la ciudad construida. Asimismo, iniciar la creación de vivienda pública como mecanismo de regulación del mercado de la vivienda.

El derecho al agua y al saneamiento. Dada la actual privatización de los recursos hídricos y de los servicios básicos, el agua debe ser declarada bien nacional de uso público. Es necesario incorporar explícitamente la responsabilidad del Estado en la recuperación, administración y asignación de los recursos hídricos, otorgando prioridad de uso al consumo y saneamiento de las personas en concordancia con la continuidad de los ciclos naturales y la subsistencia de la biodiversidad nativa.

Derecho al uso y goce de los del patrimonio natural, se relaciona con el derecho al disfrute de los bienes y recursos naturales, su protección y asegurar su goce colectivo, como, por ejemplo, el disfrute colectivo de las playas, bordes de lagos o pie de montaña. Derecho al patrimonio cultural, como elemento sustancial de la memoria e identidad de los pueblos, que debiera formar parte en toda su complejidad (material e inmaterial) de los derechos constitucionales, con el fin de asegurar su protección, acrecentamiento y disfrute.

Derechos de los pueblos indígenas. Es necesario el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de sus derechos y el respeto a su patrimonio cultural y natural.

Derecho a un medioambiente sano y seguro, afecta directamente a cómo se usa el suelo, es decir, al tipo de actividad que se realiza en un lugar, asegurando que los usos o actividades, no atenten a los derechos de las personas ni al medioambiente. Esto significa garantizar condiciones como que los usos sean compatibles entre sí o la localización adecuada de la vivienda en lugares libre de riesgos y de contaminación. También implica reformular el modelo de organización espacial y movilidad urbana, atendiendo a la alta exposición de la población a la contaminación atmosférica.

La discusión sobre una nueva constitución no acaba en lo que se llegue a pactar y a escribir finalmente en la carta magna. Los principios y derechos aquí expresados requieren una presión social constante para hacerlos efectivos, porque implican cambiar el modelo económico y territorial, lo que encontrará fuertes opositores entre quienes vean disminuidos sus beneficios. Este momento es el resultado de un largo anhelo de cambio, que requiere aún de muchas fuerzas para avanzar.

MT y AS

Maricarmen Tapia Gómez es Arquitecta y Doctora en urbanismo. Dirige la revista Crítica Urbana.

 Ana Sugranyes es Arquitecta, Doctora en urbanismo y Defensora de derechos Humanos.

Ciudades posibles. Apuntes para el debate sobre la Nueva Constitución de Chile. Edición a cargo de Maricarmen Tapia Gómez. Crítica Urbana 1ª edición, Coruña, septiembre 2020. ISBN: 978-84-09-22858-4.
Escriben: Alfredo Rodríguez, Ana Sugranyes, Ángela Erpel, Aníbal Venegas, Camila Díaz, Carlos Aguirre, Carlos Lange, Fernando Atria, Francisco Vergara, Ismael Toloza, José Bengoa, Juan Correa, Miguel Lawner, Pablo Trivelli, Raquel Águila, Víctor Orellana ,Campaña por el Derecho a la Ciudad y el Territorio, Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental. CACh.

Las postales que ilustran la nota son material de discusión de la Campaña para la Nueva Constitución de Chile Por el derecho a la ciudad y el territorio.

Sobre el proceso iniciado con los sucesos del 18 de octubre de 2019 en Chile ver también en nuestro número 181 La ciudad es la protesta. Una crónica de la revuelta chilena, por Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez, y en nuestro número 177/8 No es por los 30 pesos. Causas y riesgos del descontento chileno, por Raquel Rolnik.

Sobre ciudad y territorio en Chile, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 19 | Economía 
El problema de los "con techo"... | Alfredo Rodríguez describe las paradojas del subsidio habitacional en Chile. | Alfredo Rodríguez

Número 95 | Ambiente y Política de las ciudades 
Fenómenos naturales, negocios inmobiliarios | Sobre el terremoto y la reconstrucción en Chile | Alfredo Rodríguez Arranz

Número 151/2 I Economía y Política de las ciudades
La planificación urbana importa I El caso Caval, las catástrofes y las políticas de suelo y ciudad en Chile I Por Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez

Número 157/8 I Política y Planes de las ciudades
La recuperación demográfica de la comuna de Santiago I Volver al centro: razones e interrogantes de una política pública exitosa. I Marcelo Corti (con entrevista a Pablo Trivelli).

Número 172 I Política
Declaración contra la iniciativa de ley sobre integración social y urbana I “Detrás de un conjunto de premisas correctas se esconde una nueva incongruencia política”. I Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile.

 

La reconstrucción de los vínculos entre el campo y la ciudad

La definición del Suelo Periurbano en el Área Metropolitana de Rosario.

Mirta Levin

El destino del Delta e Islas del Paraná. Reflexiones y propuestas

Regeneración territorial (V).

Alejandro Jurado

Córdoba: ¡paren de quemar!

Al ecocidio se le suma el culturicidio.

Fernando Díaz Terreno

¿Qué es el AMBA? (III y última) Región, regionalización y conurbación de Buenos Aires.

Región, regionalización y conurbación de Buenos Aires. Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Acuerdo de Escazú

El reconocimiento de derechos humanos ambientales.

Alejandro Jurado

“Cada metro cuadrado es de alguien y si no es de nadie es del Estado”

Introducción a “El Derecho y la gestión urbana”.

Hernán Petrelli

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