Riachuelo, una deuda sin fin

Años de frustración y desesperanza.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ninguna otra parte del territorio de la República Argentina ha sido tan devastada –en términos ambientales, por la acción humana– como la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR). Y podemos afirmar también que nunca la humanidad ha fracasado tanto y tantas veces a lo largo de más de dos siglos en reparar el daño que han causado sus actividades como en el caso mencionado.

No habíamos terminado de liberarnos de España, en plena guerra de la Independencia, y el Riachuelo ya era un problema desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con los parámetros de la época. En 1810, la Primera Junta encomienda los primeros trabajos de canalización del Riachuelo y, producto de la aparición de hedores y sustancias en descomposición dada la localización de saladeros y curtiembres, la Asamblea del año XIII ordena la expulsión de dichas actividades de las márgenes de éste.

Algunos (pocos) años después, en 1822, siendo Rivadavia Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se refuerza esta prohibición ordenando dejar 40 varas (unos 33 metros) libres sobre las márgenes. No obstante, la actividad de saladeros, jabonerías, curtiembres, etc. –alojadas entre el actual Puente Pueyrredón y la desembocadura– no cesaría en su permanente degradación, como continúa ocurriendo hasta nuestros días.

Como esto no es un ejercicio histórico ni pretende serlo, antes de dar un “pequeño” salto en el tiempo de apenas doscientos años sólo recordaremos dos cosas. En primer lugar, la Ley 2797, del año 1891, que prohibía el volcado a ríos de líquidos cloacales e industriales sin ser previamente “purificados”. En segundo lugar, todo el proceso de radicación de frigoríficos, curtiembres y demás establecimientos industriales durante el siglo XX y que llega atenuado (víctima de diversos planes económicos) hasta nuestros días, que no ha hecho más que potenciar el fenómeno descripto.

Últimamente se dice por ahí que si alguien se va de la Argentina 20 días cuando vuelve le parece que todo está cambiado, pero si se va 20 años todo estará igual que como lo dejó... Así que imaginemos qué pasa en 200 años.

En el año 2004, un grupo de vecinos y organizaciones sociales presentaron una acción de daño ambiental colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ). Resumiendo, el reclamo (que da origen a la conocida actualmente como Causa Mendoza) consistía en la reparación de dicho daño y en la creación de un fondo para llevarlo a cabo. Recién el 8 de Julio de 2008 la CSJ dicta un fallo que –en ese momento– adquiere características históricas al responsabilizar al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el deterioro de la cuenca, e intima al conjunto de las jurisdicciones a presentar un Plan de Saneamiento que recomponga el ambiente y mejore la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca.

La CSJ identifica a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) –creada por Ley 26.168– como el organismo obligado a realizar el saneamiento ambiental de la Cuenca, sin perjuicio de las responsabilidades que le caben a los tres estados mencionados en términos de la gestión de la cuenca hídrica y de las obligaciones que en materia ambiental establece la Constitución Nacional reformada en 1994.

El Plan de Saneamiento (PISA) constará de tres ejes u objetivos estratégicos;

  1. La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca;
  2. La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo);
  3. La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.

La CSJ, además, establece un Diseño Institucional para lo que debería ser la participación ciudadana, el control y el seguimiento de las acciones desarrolladas y a desarrollar. En ese marco, confiere a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a cinco organizaciones de la sociedad civil la tarea de constituir un cuerpo colegiado que, en la práctica y dada la capacidad de recursos y técnica disponible, tendrá una “densidad” muy alta en todo lo que la Defensoría del Pueblo pueda aportar y colaborar en dicha tarea.

A más de diez años de la sentencia, sólo podemos hablar de frustración y desesperanza. Frustración, porque no se ven avances que hagan pensar que se está caminado hacia algún horizonte de atenuación previa a la remediación de semejante desastre ambiental. Desesperanza, porque –por muy diferentes motivos– ninguno de los dispositivos creados ha logrado hacer efectivamente “pie” ni en la resolución del problema ni en su control y seguimiento.

Hace pocos días se desarrolló una Audiencia Pública donde ACUMAR puso en debate un documento titulado “Tres Líneas de Acción para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Un título muy ambicioso pero cuyo contenido se queda muy atrás. ¿Por qué? Al día de la fecha es imposible contar con una serie histórica y homogénea de contaminación y concentración de contaminantes en suelo, aire y agua en puntos destacados de las sub cuencas alta, media y baja que permitan evaluar la eficacia de las acciones desarrolladas.

Un breve repaso acerca de que estamos hablando cuando referimos a la CMR;

  • Posee una superficie aproximada de 233.800 hectáreas.
  • Habitan en ella unos 5 millones de personas, el 95% de las cuales vive en un ambiente insalubre y un alto porcentaje es pobre o indigente.
  • Es asiento del Polo Petroquímico Dock Sud, uno de los mayores del país.
  • Alberga a más de 10.000 establecimientos industriales de los cuales alrededor de 1.400 han sido declarados agentes contaminantes.
  • Atraviesa 17 jurisdicciones diferentes a lo largo de sus aproximadamente 70 km de extensión.
  • Es el escenario de la mayor cantidad de delitos ambientales del país.  

Por todas estas características es que fue incluida por el Instituto Blacksmith y la Cruz Verde Suiza dentro de las 10 áreas más contaminadas del planeta junto –por ejemplo– a Chernobyl.

Además de los efluentes químicos que todos conocemos y nos imaginamos –metales pesados, hidrocarburos, cromo, etc.– recibe 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales –según algunos organismos controladores– sólo el 5 por ciento recibe tratamiento específico.

En sus márgenes, donde llegan a vivir quienes no acceden a la vivienda en ninguna de las formas que el Estado debería propender como derecho consagrado, se han detectado casos de niños con plomo en sangre, según informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a partir de casos tratados en el Hospital Argerich.

Agua, suelo y aire contaminados. La contaminación enferma y, en el mediano o largo plazo, mata. La contaminación no sabe de jurisdicciones, de límites, de leyes ni de diferencias administrativas ni políticas. La política ambiental en un territorio en emergencia debe ser única y contundente.

Podemos afirmar entonces que el cauce de agua que hace de límite a la Ciudad de Buenos Aires –y atraviesa además los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente– hace de columna vertebral de una unidad territorial de más de 2.000 Km2 que debe ser imperiosamente saneada a los efectos de terminar con una de las más fuertes agresiones al planeta, llamado por el Papa Francisco “la casa de todos” en su encíclica “Laudato Si”.

¿Cómo llevar adelante esto? Creo que hay que trabajar sobre algunos grandes ejes que deben ser innegociables si se pretende cumplir con aquello que ordenara la Justicia. Esto es, establecer la Autoridad de Cuenca con las máximas funciones para intervenir en el territorio, desde la conformación de planes de reordenamiento territorial en conjunto con las jurisdicciones (algo que o no hace o hace en forma parcial) hasta las autorizaciones de volcado cuya facultad reconoció en la Audiencia Pública que es de naturaleza local, siendo ACUMAR quien controla el cumplimiento de las mismas.

De la misma forma, es imperioso un plan único de gestión de residuos sólidos al que adhieran las jurisdicciones, pero cuya responsabilidad recaiga en la autoridad de la cuenca. El paso de macro basurales a micro basurales, a montañas de basura en cualquier lugar en la ribera de ambas márgenes, nos da cuenta de lo poco y atrasados que estamos, a nivel mundial, en tratamiento de residuos Da cuenta también de la aún permanente disociación de los problemas ambientales respecto de los urbanos.

La CMR constituye una única unidad de análisis Urbano Ambiental y así debe ser tratada si se espera algún tipo de resultados.

En relación con lo anterior –poseer la capacidad presupuestaria que el problema amerita– hoy estamos en un círculo vicioso de recorte y subejecución que sólo permite tareas administrativas o de control (cuya laxitud conocemos) de la contaminación. Decisión es asignación constante de recursos a lo largo del tiempo.

Dejar de contaminar, esto que parece una perogrullada, es inmediata consecuencia de los ejes mencionados. Lo hacen los ingleses con el Támesis desde hace más de un siglo cuando decidieron sanearlo (política solo interrumpida por las guerras mundiales) y lo hacen los brasileños en el Tité en la región metropolitana de San Pablo, que involucra una cantidad muy importante de municipios, con las dificultades que esto implica. En este caso, según el experto José Galizia Tundisi de la Universidad de San Pablo, un paso decisivo fue “transferir la autoridad a comités de cuenca constituidos con participación de la comunidad

Y esto último da lugar a pensar el rediseño institucional como otro de los grandes ejes a abordar. Hoy el Cuerpo Colegiado se ve con enormes dificultades para realizar su función y no por causas propias. Esto ocurre como producto, entre otras cosas, de la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación que lo coordinaba, la cual se encuentra vacante desde el año 2009. Ante esto, con fecha 1º de noviembre de 2016, la CSJN se pronunció disponiendo que el Cuerpo Colegiado conformado por diversas ONGs comience a tomar decisiones por mayoría absoluta de sus miembros hasta tanto el Congreso de la Nación designe a un nuevo Defensor del Pueblo. La CSJ también realizó, como lo hace todos los años, una nueva exhortación dirigida a ambas Cámaras legislativas.

No parece ésta la forma de garantizar, y mucho menos de potenciar, la participación de organizaciones de la sociedad civil en todo lo referido a la llamada Causa Mendoza. Hay que ampliar la participación, reformular sus mecanismos, sumar organizaciones no gubernamentales y dar lugar a las diversas Defensorías del Pueblo locales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y municipios de la cuenca), tal como lo vienen reclamando, para cumplir las funciones de articulación y legitimación en el control y seguimiento de las políticas que se desarrollen.

Como puede verse, la magnitud del problema es exageradamente grande y la suma de actores sociales e institucionales especializados en la defensa de derechos –tanto individuales como colectivos–, lejos de ser obstáculo debería ser una oportunidad para barajar, dar de nuevo y ponerle fin a esta deuda de más de dos siglos.

FF

El autor es Ingeniero. Es Coordinador Operativo de Planeamiento Urbano del área de Derechos Urbanos y Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la CABA.

ffimognare@defensoria.org.ar / @monosimio en Twitter

 

Sobre ACUMAR y el Riachuelo, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

 Número 153 I Ambiente y Política de las ciudades
¿Cuánto queda de la ACUMAR? I Cuando el riesgo Riachuelo-Matanza persiste I Por Artemio Pedro Abba

Número 124 | Terquedades 
Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad de ACUMAR en movimiento (lo duro, lo blando, lo lateral) | Mario L. Tercco

Número 89 | Terquedades 
Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad (optimista) del Riachuelo | Mario L. Tercco

 Número 88|Planes de las ciudades (II) 
La actualización del Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca Matanza Riachuelo | Hacia la reversión de una deuda ambiental y social | Grisela García Ortiz

 Número 87 | Ambiente y Política de las ciudades 
Amanece, que no es poco | La autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y la institucionalidad metropolitana en Buenos Aires | Artemio Pedro Abba

Número 32 | Recorridos 
El Riachuelo recobrado | La ilusionada navegación de una utopía urbana. | Marcelo Corti

Número 3 I Ambiente
La cuenca del Riachuelo | Consensos para la acción en el sector más postergado de Buenos Aires. | Marcelo Corti

 

 

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