Hace unos días se han publicado notas en diferentes medios
periodísticos sobre el crecimiento del fenómeno de villas
y asentamientos (VyA) en el Área
Metropolitana de Buenos Aires. En ellas se cita como fuente,
además de estimaciones de funcionarios provinciales, los resultados
de una publicación del año 2008 del equipo Infohabitat:
“Los mil barrios
(in)formales. Aportes para la construcción de un
observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de
Buenos Aires”.
Si
bien la cita de los datos ha sido en general correcta, se
han vertido una serie de interpretaciones sobre las causas
del fenómeno con las que no acordamos y que además no forman
parte de la publicación mencionada. Con el fin de expresar
nuestra opinión sobre las causas reales y complejas que explican
el fenómeno, decidimos realizar desde Infohábitat
una serie de aclaraciones, intentando sumar otra perspectiva
al debate sobre las causas del crecimiento de la informalidad.

Algunas
aclaraciones sobre los números
Intentar
llegar al número exacto de la población que vive en villas
y asentamientos es una empresa de imposibilidad fáctica. Nuevas tomas de
tierra y la llegada
de nuevas familias a las villas y asentamientos existentes
se producen continuamente en el Área Metropolitana, por
lo que el dinamismo del fenómeno hace imposible cualquier
intento de obtener el número “mágico”. Sin embargo, estimar
una cifra que se acerque a la realidad fue un desafío que
asumimos y como se ha demostrado, fue posible hacerlo, aunque
no sin dificultades y contratiempos.
Los
resultados obtenidos se basan en la recopilación de una cantidad
de fuentes secundarias que se encontraban dispersas y que
luego de un proceso de estandarización y ajuste, además de
las visitas a funcionarios municipales y estimaciones propias
en base a encuestas realizadas en diferentes barrios, nos
permitió llegar al número de 819 villas y asentamientos en los que viven
estimativamente 1.065.884 personas, ocupando 6.484 hectáreas.
Esto significa que el 8% de la población vivía al año 2006,
ocupando el 2,3% del territorio del AMBA.
Además,
en las notas se hace referencia al crecimiento de las villas
y asentamientos a tasas mayores de las que crece la población
total del Conurbano en el período 2001-2006, cosa que es cierta
y así está mencionada en el trabajo, aunque no se aclara lo
que sí aclaramos en el capítulo 4 del libro, referente a que
para las comparaciones utilizamos como base los datos del
Censo 2001, donde el
fenómeno de villas y asentamientos quedó claramente subregistrado,
razón por la cual los resultados obtenidos para el período
2001-2006 muestran una dinámica de crecimiento mayor a la
efectivamente ocurrida.

Pobreza
e informalidad. Informalidad y pobreza
A
partir de esos números y de la proyección realizada por funcionarios
provinciales acerca de que la población en villas y asentamientos
llega en la actualidad a 2 millones de habitantes, se han
realizado una serie de aseveraciones y vinculaciones que,
desde nuestro punto de vista, no responden del todo a la realidad.
Así, se dice que el incremento de población en villas y asentamientos
se explica por el crecimiento de la pobreza. Pero más grave
aún es la afirmación de que ese crecimiento genera mayor inseguridad,
relacionando de manera
irresponsable a la población pobre con la inseguridad.
Por otro lado, la respuesta oficial dada por el gobernador
de la provincia de Buenos Aires asegura que el crecimiento
de la inmigración es la explicación del crecimiento del fenómeno.
La
vinculación directa del crecimiento de la informalidad a la
pobreza no es de reciente aparición en el debate, sino que
ha estado presente desde tiempo atrás. Sin embargo, esa afirmación
se desvanece cuando se
observan en numerosos países tasas importantes de disminución
de la pobreza al mismo tiempo que se produce un crecimiento
de la informalidad. Y Argentina es un ejemplo de ello,
ya que desde 2003
a la fecha, y más allá de las dudas
que arrojan los datos del INDEC, resulta evidente que la pobreza
ha disminuido. Al mismo tiempo, todo indica que la informalidad está siendo de manera cada
vez más frecuente, la forma de acceso de los sectores populares
al mercado de suelo. Según nuestros registros, en los
24 municipios que forman el Área Metropolitana de Buenos Aires
(exceptuando la Ciudad de Buenos Aires) entre 2001 y 2006 la población
en villas y asentamientos aumentó en poco más de 342 mil personas.
Al
mismo tiempo, se hace cada vez más evidente que la
informalidad es generadora de mayor pobreza, al sentenciar
a los pobres a pagar algunos mayores costos por la precaria
condición urbana y en muchos casos por su localización: el
“alquiler de domicilios” (es decir, pagar para obtener una
dirección en la ciudad “formal”) para poder acceder a un trabajo
o la discriminación laboral que muchos trabajadores sufren
por vivir en una villa son consecuencias de la informalidad.
Los graves problemas de salud asociados a las precarias condiciones
del hábitat son otra evidencia de esa condena.

Las
complejas causas que explican el fenómeno y su crecimiento
Por
lo expuesto anteriormente, asociar el crecimiento de las villas
y asentamientos sólo al crecimiento de la pobreza y/o de la
inmigración carece de fundamentos serios. No negamos que ambas
sean causas que influyen en el fenómeno, pero no
constituyen las causas principales. Aún en un escenario
en el que el país continuara con las altas tasas de crecimiento
económico que ha evidenciado en el período 2003-2008 y suponiendo
que ello fuera acompañado por una paulatina disminución de
la pobreza, el acceso
al suelo para los sectores populares seguirá siendo un problema
grave en el Área Metropolitana si persisten las condiciones
actuales de construcción de la ciudad. Es que allí radican
los motivos principales que dificultan gravemente el acceso
al suelo, ya no sólo para los sectores populares, sino también
para sectores medios de la población.
En
la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente el Decreto
Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Buenos Aires.
Las exigencias que plantea la ley prácticamente han congelado
desde 1977, año en que fue sancionada, la apertura de nuevos
loteos (a excepción de las urbanizaciones cerradas) al plantear
estándares inalcanzables para que sectores socioeconómicos
medios y bajos puedan acceder a tierra urbana. Si en aquel
momento existía una gran cantidad de tierra vacante, en la actualidad la tierra ociosa se está agotando. Y cuando existe,
la falta de sanciones a quienes la detentan sin utilizarla,
constituye el marco ideal para generar una escasez
“artificial” de suelo urbano.
En
los últimos 7 años se ha producido un alza generalizada y fuerte de los precios
de la tierra y la vivienda (y consecuentemente los alquileres),
que ha sido significativamente más fuerte que el incremento
de los salarios, lo que dificulta cada vez más la posibilidad
de comprar una vivienda o el suelo donde construirla. Si históricamente
la estrategia de los sectores populares había sido acceder
a la tierra ubicada en la periferia a cambio de pagar menos
por la tierra, la localización de las urbanizaciones cerradas
en este sector de la ciudad ha obligado a los sectores populares
a competir con las elites por la tierra periférica, de manera claramente
desventajosa a aquellos. La ausencia de medidas fiscales que
sancionen la especulación y la elitista política urbana desarrollada
dificultan aún más la situación.
Suele
argumentarse que la falta de regulación del mercado de suelo
constituye una situación que agrava el problema. Muchos preferimos
postular que la inadecuada
regulación, situación muy diferente a “la falta de”, constituye
el principal problema. Por otra parte, el
derecho reconocido o el derecho oficial desconocen las formas
jurídicas de adquisición, uso y transferencia de la propiedad
que operan, en los hechos, en las villas y los asentamientos.
En la práctica, coexisten un orden jurídico social y un orden
jurídico formal. Éste último impide, aún en el supuesto de
existir voluntad política de hacerlo, avanzar en la regularización
de la informalidad. Y ello sucede tanto en las formas (el
traspaso de los títulos de propiedad) como en la sustancia.
Así, por ejemplo, el Plan de Mejoramiento de Barrios, más
conocido como PROMEBA, tiene como condición de los organismos
internacionales que lo financian, la previa o pasible regularización
dominial de los barrios para su provisión de servicios y equipamiento.
Dicho de otro modo, el orden jurídico formal u oficial impide
la realización de procesos de regularización y urbanización,
basándose en normas que no sólo dan cuenta en forma limitada
de la realidad jurídica, sino que además y sobre todo, por
su basamento civil privatista, despejan cualquier posibilidad
de integración a la ciudad. Regulaciones vigentes existen varias (Decreto-Ley
8912, códigos de planeamiento municipales, leyes y ordenanzas
que gravan la tierra vacante), el
problema es que en muchos casos son tímidas, cuando no directamente
inadecuadas.

La
incapacidad estructural del Estado (en todos sus niveles)
de producir suelo urbanizado bien localizado y accesible para
los sectores populares a través del mercado formal (ya sea
por su bajo precio o por las facilidades de pago), hace que
la única manera de que los sectores populares accedan al suelo y la vivienda
sea o bien a través de la informalidad, localizándose
en villas y asentamientos existentes o
bien tomando tierra vacante cada vez en peores condiciones
ambientales (ya que las mejores son destinadas a barrios
cerrados) y/o a través
de la localización a través de la construcción de vivienda
por el Estado (cuya capacidad de construcción se ha mostrado
hasta ahora insuficiente para resolver el problema en un plazo
razonable).
Finalmente,
resta decir que la acción pública en tierra, vivienda y hábitat
ha destinado en los últimos 5 años más recursos, ejecutado
más soluciones habitacionales y alcanzado a más familias que
la suma de toda la intervención del Estado en los últimos
30 años. Los impactos son múltiples y variados: hay
villas y asentamientos que se regularizan y formalizan, miles
de familias que mejoran sus condiciones habitacionales y también
surgen nuevas situaciones de segregación socio territorial
derivadas de las localizaciones y de la calidad de las
nuevas urbanizaciones. Será necesario estudiar la evolución
del fenómeno en los próximos años, ya que se podrá medir de
manera más certera el impacto de las actuales intervenciones
públicas para mejorar las condiciones urbanas en 80 barrios,
en lo cuales se encuentran en ejecución proyectos (algunos
a punto de finalizar), y los recientes anuncios de intervención
en la totalidad del fenómeno.
EI
Infohabitat
es un equipo de investigación interdisciplinario
que trabaja sobre la temática de la cuestión urbana (hábitat
popular, políticas públicas, mercado de l suelo, la ciudad
metropolitana, etc.). Lleva a cabo proyectos de investigación,
participa en instancias de articulación y construcción de
conocimiento con organizaciones barriales y con diferentes
organismos públicos. Integran el equipo:
María Cristina Cravino,
Soledad Arenaza, Clarisa Bettatis,
Juan Pablo del Río, Juan Ignacio Duarte, Raúl Fernández Wagner,
María Ignacia Graham, Valeria Mutuberría
Lazarini, Omar David Varela.
Sobre el tema, ver también la página del Instituto
del Conurbano de la Universidad Nacional
de General Sarmiento y entre otras notas en café
de las ciudades:
Número 75 | Política de las ciudades (II)
El
estigma de vivir en la villa | “Los mil barrios (in)formales” de Buenos Aires, en dos libros recientes
y un seminario | Marcelo
Corti
Sobre
el Decreto Ley 8912 de la
Provincia de Buenos Aires, ver en café
de las ciudades las notas respectivas de
la serie Un análisis crítico de la legislación argentina:
Número 85 I Planes de las ciudades
El
Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del
Suelo en la Provincia de Buenos Aires I Un análisis crítico de la legislación argentina
(IV) I Marcelo
Corti
Número
89 I Planes de las
ciudades (II)
Reglamentaciones
y contradicciones de “la 8912”
I Un análisis crítico de la legislación argentina (VIII) I
Por Marcelo Corti