conocimiento,  reflexiones  y miradas sobre la ciudad
revista digital - aparece el primer lunes de cada mes

año 4- número 36 - Octubre 2005

Por la reforma urbana en Argentina

• Pese a que desde hace 50 años esta protegido en la Constitución Nacional el derecho a la vivienda digna, aun no cuenta con un marco jurídico ni con políticas que garanticen su protección en el nivel nacional y provincial.
• Aunque nuestro país incorporó a la Constitución la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que por el artículo 21 establece "la propiedad tiene una función social", aún no es considerado en los fallos judiciales.
• Cada vez se vuelve más difícil el acceso al suelo urbano y a la vivienda adecuada para gran parte de la población, por falta de políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación y favorezcan la recuperación de tierras vacantes con finalidad social.
• Las ciudades de Argentina son un espacio de segregación y marginalización de los pobres, a quienes no se les reconoce su papel como constructores sociales del hábitat. La planificación urbana esta postergada en la agenda pública, es tecnocrática y la sociedad civil, con sus organizaciones, tiene escasos espacios para decidir cómo se construyen las ciudades.
• Existe un aumento creciente de los desalojos, que ponen en evidencia la falta de adecuación de nuestros códigos de procedimientos a los estándares internacionales en materia de desalojos forzosos, y la utilización del poder judicial y las fuerzas de seguridad para realizar actos que vulneran la dignidad humana.
• Continúan realizándose planes de renovación urbana que expulsan a los pobres de los centros urbanos, segregándolos en ciudades o localidades lejos de las redes sociales de supervivencia, negándoles el derecho a la ciudad, encontrando en algunos casos metodologías similares a las aplicadas durante la dictadura militar.
• Los servicios públicos -mayormente privatizados- tienen tarifas crecientemente inaccesibles para los pobres, y promueven ejecuciones judiciales de propiedades para la cancelación de deudas.
• No existe en Argentina aún una política de vivienda que supere el incentivo al sector empresarial de la construcción, que sea descentralizada, que articule los recursos locales, que contemple la integralidad del hábitat y que favorezca los esfuerzos comunitarios.

1- Protección legal del derecho a la vivienda y a la ciudad. Se promueve el dictado de normas en el nivel federal que, respetando la autonomía de las provincias y los municipios, establecen un marco jurídico mínimo que proteja los derechos humanos en el ámbito de la ciudad. Es necesario que se provean instrumentos y herramientas jurídicas que faciliten la regularización de barrios informales y de conjuntos habitacionales construidos por el estado, que establezcan el derecho subjetivo de exigir ante el Poder Judicial la implementación de estas herramientas conforme lo establecido por el Comité de DESC de la ONU en su Observación general nº 4.

2- Democratización del acceso a la tierra e inmuebles urbanos. Se promueve la implementación de políticas de recuperación de los inmuebles urbanos (tierra y edificios) ociosos y sanciones contra la especulación inmobiliaria, a través de impuestos progresivos.

3- El derecho a la regularización. Establecer un procedimiento de regularización dominial y urbana de tierras aptas, que contemple la integralidad de los procesos, que establezca plazos y que en caso de mora, inacción estatal o peligro de desalojo, los pobladores de asentamientos informales puedan reclamar judicialmente la regularización de sus viviendas.. Para el caso que sea urbana o ambientalmente imposible la regularización, deben impulsarse políticas de relocalización a tierras aptas, urbanizadas y cercanas al lugar de origen. Debe incluirse en los presupuestos recursos para la compra de tierras ocupadas y libres, y asignar fondos a las leyes de expropiación sancionadas y no implementadas. Además se deben actualizar la usucapión urbana e incorporar la usucapión colectiva.

12- Modificación de la Ley Federal de Vivienda. Ley que fuera diseñada para asignar los recursos estatales en función del sector financiero deberá transformarse en una ley que garantice priorizar la solución habitacional de los sectores populares.

ASFAR – Arquitectos sin fronteras

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales

COHRE – Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos

FECVI – Federación de Cooperativas de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires

FVC – Fundación Vivienda y Comunidad

IIED-AL – Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo

MOI – Movimiento de Ocupantes e Inquilinos

SEDECA – Secretaría de Enlace de Comunidades Autogestionarias

UNGS – Universidad Nacional de General Sarmiento

Adhieren: Organizaciones sociales / Entidades sin fines de lucro / Organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo / Cooperativas / Organismos públicos

Para sumar adhesiones personales o institucionales: porlareformaurbana@yahoo.com.ar

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